Este 3 de enero 270 mil estudiantes recibirán los resultados de la PSU y decidirán qué futuro seguir. La periodista Patricia Politzer, miembro del directorio de Educación 2020, los llama a tener cuidado al elegir: “Para este 2012 se aumentó el financiamiento pero nada se hizo para velar por aranceles razonables, ni tampoco –lo que es dramático- por la calidad en la educación que se está financiando. En síntesis, hay más plata para comprar cartones caros y muchas veces inservibles”.

Esta es la presentación del director del CEP ante la Comisión de Educación del Senado sobre el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior. El académico manifiesta su decepción con la iniciativa, pues no prohibe a las universidades mantener vínculos comerciales con empresas relacionadas, sino que “regula” esos nexos y los permite bajo ciertas condiciones. Fontaine duda que puedan cumplirse esas limitaciones: “Este procedimiento, tal como está, no asegura suficientemente el cumplimiento de la ley orgánica que prohíbe el lucro abierto y encubierto”.

Haciendo oídos sordos al movimiento social, en la Cámara de Diputados se discuten dos proyectos que aumentan las exigencias a las escuelas municipales y benefician al sector particular subvencionado. “El desinterés de los actuales gobernantes por la educación pública, reflejado en estos dos proyectos de ley, da cuenta de su total sordera frente a las demandas del movimiento social. Cuando se mantiene en el tiempo, la violencia que engendra el sordo que no quiere oír se vuelve insoportable”, afirma Patricia Politzer, miembro del directorio de Educación2020.

Singapur es uno de los países modelo a nivel mundial en la enseñanza de las Matemáticas. Una de sus principales fortalezas es que su método de educación asegura que todos los niños aprendan esta disciplina, y no solo los más hábiles con los números. La garantía de que nadie se va a quedar atrás es uno de los grandes logros de este pequeño país que transformó la Educación en su principal producto de exportación. En esta columna, Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011, llama la atención sobre cómo Singapur invirtió en sus habitantes para, luego, lograr el desarrollo. Eso, mientras en Chile la promesa va en la dirección opuesta: “hay esperar el desarrollo (…) para tener una educación de calidad para todos”.

El alcalde Labbé se niega a reintegrar a las alumnas de liceo Carmela Carvajal pese a la orden de la Corte Apelaciones, pues quiere dar una señal estricta a los jóvenes de su comuna, de cara a este año que parece otra vez activo en materia de movilizaciones. Quienes creen que esa es una estrategia política tan válida como cualquier otra, olvidan el contexto: estamos hablando de educación, de alumnas en formación, de mensajes que enseñan o mal enseñan. Juan Eduardo García-Huidobro S., decano Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, reflexiona en esta columna sobre el mensaje educativo que se transmite con la expulsión. Afirma que en este caso, “en vez de trabajar los disensos como oportunidad de profundización y diálogo, se pretende educar en el silencio”.

Una de las convicciones más arraigadas entre los economistas es que quien llega a la educación superior necesariamente mejora sus ingresos. Sostenida como verdad incuestionable, esa idea ha servido para implementar políticas como el Fondo Solidario y el CAE y para alegar que el estudiante universitario debe pagar. Un reciente estudio del CEP puso en duda esta afirmación, mostrando que la promesa de mejores ingresos no se está cumpliendo. En este interesante texto el sociólogo José Ossandón va un paso más allá. Sostiene que la convicción económica de “más estudios igual más ingresos” llevó al fisco a diferenciar entre los pobres y los que eran pobres hoy pero mañana, gracias a sus estudios, se podrían volver de clase media o alta. A estos últimos se los dejó solos, por la probabilidad estadística de que dejaran de ser pobres. Pero no han dejado de serlo. Y peor, están endeudados a 25 años. Para Ossandón con el CAE podemos estar presenciando los efectos de la peor política pública jamás diseñada: la que hace más pobres a los pobres.

Nicolás Grau fue presidente de la FECH en 2006 y se opuso al CAE que por entonces el Presidente Ricardo Lagos y su ministro Sergio Bitar presentaban como el único camino para incorporar a los jóvenes más pobres a la Educación Superior. Ayer el ministro Harald Beyer clavó un puñal en el corazón de ese sistema, anunciando que los bancos no participarán más del CAE. La salida de la banca, dice Grau, es un gran avance, “gran triunfo del movimiento social”, pero apenas nos devuelve al escenario de 2005, cuando la educación ya era desigual y un gran negocio. Con todo, la decisión del Presidente Sebastián Piñera deja abierta una paradoja: la derecha ha terminado poniendo Estado donde la Concertación puso mercado. A Grau le parece que “la Concertación, como en tantas otras áreas, le debe una explicación al país”.

Para la economista de la Universidad Diego Portales, Claudia Sanhueza, la salida de los bancos del financiamiento de la educación superior constituye un paso significativo, “aunque 30 años de políticas equivocadas no serán fáciles de borrar”. Para no creer que el tema esta solucionado o siquiera cerca de estarlo, Sanhueza enumera problemas acuciantes, como le hecho de que el mercado educativo está absolutamente desregulado y “tendió a un crecimiento exagerado de los aranceles, provocando alto endeudamiento y baja rentabilidad en varias carreras de diversas universidades en Chile”. Tal vez el defecto más importante, dice la economista, es “el paradigma sobre el cual se funda el actual sistema de financiamiento: que el retorno a la educación superior es privado y la educación es una inversión individual”.

El CAE, sostiene el sociólogo José Ossandón, fue una solución de mercado para un sistema educativo que se veía como un mercado. Ahora que el CAE ha muerto y sobre su lápida se ha escrito que fue una pésima política pública, cabe la pregunta de si las propuestas gubernamentales para su reemplazo no se nutren del mismo viejo principio que dio vida al CAE: “para problemas de mercado nuevos mercados”. Ossandón analiza en esta interesante columna la historia del “capital humano”, uno de los conceptos que influyó en la idea –hoy en cuestión- de que organizar la educación como un mercado terminaría por producir bienes de mejor calidad y distribuidos de manera más eficiente.

La segregación social denunciada en el reportaje de Canal 13, censurado por René Cortázar, tiene uno de sus orígenes en la inexorable muerte a la que está siendo sometida la educación pública. Patricia Politzer, miembro del directorio de Educación 2020, afirma que esa muerte es parte del empeño del gobierno y que si el ministro Beyer no corrige el rumbo, lo lograran: “en un par de años las escuelas públicas se convertirán en una especie de hogar diurno donde irán sin esperanza los más pobres de los pobres, los niños vulnerables que los demás colegios habrán despreciado por falta de méritos o falta de recursos”.

La ley SEP, que busca mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos más pobres y entrega más de US$ 650 millones al año a las escuelas publicas, enfrenta hoy su más duro cuestionamiento: Contraloría detectó que cerca de 1/3 de los recursos entregados a los municipios que ellos fiscalizaron fueron desviados a otros gastos. Gonzalo Muñoz, investigador de Fundación Chile, ahonda aquí en los éxitos y fracasos de una de las más importantes políticas públicas diseñadas por la Concertación para terminar con la desigualdad. Insiste que pese a los problemas, la ley SEP está dando los resultados esperados y que el problema no es su diseño sino la precariedad de los municipios y la falta de fiscalización.

El escándalo de la Universidad del Mar ofrece múltiples aristas entre las que destacan el contrato poco ético -y tal vez ilegal- entre la Universidad y un funcionario encargado de acreditarla; y el persistente fracaso formativo en las áreas de la salud y de educación (que son las únicas que tienen algún tipo de medición). Según Miguel Crispi, Coordinador Nacional del movimiento Revolución Democrática, por debajo de estos hechos hay un mismo cuestionamiento que se expande a todo el sistema de educación superior: es el principio de que “los ciudadanos han dejado de ser sujetos de derechos de servicios básicos como el de la educación, pues con todo, literalmente con todo, se puede lucrar u obtener una “legítima ganancia”.

El próximo lunes 18 de junio a las 12.30 horas Fundación CIPER lanzará el libro “La mala educación: ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile”, del abogado Fernando Atria. Algunos de los textos incluidos en esta edición, como la estupenda serie “10 lugares comunes falsos sobre la educación chilena” fueron conocidos y disfrutados por los lectores de CIPER. Ahora llegan en formato libro junto a otras imprescindibles reflexiones de este autor que, como explica Giorgio Jackson, ayudó a los estudiantes a comprender dónde estaban las trampas lógicas que se usan para defender el lucro en el actual sistema educativo. El libro será presentado por Arturo Fontaine, Francisco Figueroa, Hernán Larraín, Mónica González y Giorgio Jackson. De este último es el texto que les ofrecemos a continuación y que tiene el gran mérito de ser una buena síntesis de los aciertos y de los errores cometidos por el movimiento estudiantil.

El debate sobre la educación superior –sobre su calidad, sobre los millones que produce y las frustraciones que está creando- ha hecho emerger las ideas de fondo sobre las cuales se ha construido Chile durante los últimos casi 40 años. En este artículo Francisco Figueroa (ex vicepresidente de la FECH y director de la fundación Nodo XXI) sostiene que hay que dejar de ser ecuánime frente a esas ideas, dejar de verlas como puntos de vista y tomar partido. Precisamente eso es lo que rescata de los textos de Fernando Atria: es un intelectual que “se la juega por demostrar que siempre habrán ideas verdaderas que defender e ideas falsas que atacar mientras ello aporte a que el bienestar, la felicidad y el desarrollo pleno de unos no dependa de la miseria, la infelicidad y la ignorancia de otros”. Esta columna es uno de los prólogos del libro de Fernando Atria “La mala educación: ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile” que CIPER presentará el lunes 18 de junio a las 12.30 en la sede de Santiago del Congreso Nacional.

“Vamos a tener un enorme ejército de profesionales que, en el fondo, creyeron que eran licenciados reales, pero son licenciados de papel”. Esta es una de las duras afirmaciones que hizo Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, durante la presentación del libro de Fernando Atria “La Mala Educación”. En estos días en que los estudiantes de las universidades privadas se suman a las manifestaciones callejeras y una comisión de diputados acusa a varias instituciones de lucrar, Fontaine hace un descarnado análisis sobre el sistema que tenemos: “lo que se ha hecho es lucrar y engañar a la juventud -sobre todo a la más modesta- con una promesa que la universidad en muchos casos no puede cumplir”.

Según una reciente investigación del Centro de Estudios Públicos la promesa de que la educación universitaria produce una mejoría económica, debe ser cuestionada. Debido a la baja calidad de muchos establecimientos y a la falta de información de las familias, varias instituciones están produciendo que los alumnos pobres que entran a ellas, salgan más pobres, pues quedan fuertemente endeudados y adquieren cartones que en el mercado valen poco. Para los universitarios que hoy marchan, este terrible resultado es fruto del lucro con que operan muchas universidades. En esta columna el presidente de la FEUC Noam Titelman dirige sus dardos al Estado que no ha hecho cumplir la ley que expresamente les prohíbe a las universidades lucrar. “Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación”, argumenta.

“En el ámbito de la educación superior, la institucionalidad vigente no permite una correcta supervisión de las instituciones que componen el sistema”. El reconocimiento del ministro Harald Beyer da cuenta de un problema central que vive el sistema educación chileno y que puede explicar casos como el de la universidad del Mar. La solución ofrecida por el gobierno es una superintendencia de educación superior, cuya normativa se tramita con urgencia en estos días. Los estudiantes consideran, sin embargo que tal como está diseñado este organismo no cautelará el interés público sino que está pensado para “blanquer el lucro”. Así lo plantea Esteban Serey, Miembro de la Comisión de Estudios para Proyectos de Ley de la FECH: “El organismo que se está creando es una institución “de papel” y que blanquea el lucro en las Universidades Privadas”.

La más fuerte crítica que recibe la prueba PSU es que ahonda la inequidad pues, por cómo está diseñada, resulta más fácil de aprobar para los jóvenes más acomodados. Por ejemplo, hay alumnos de colegio municipal que obtienen un 6,5 de promedio en la enseñanza media y dan una peor PSU que alumnos de 5,5 de colegios particulares pagado. Resulta evidente que dejar afuera a alguien de 6,5 es castigar a alguien que se esforzó y usó los pocos recursos que tenía a mano. Una de las propuestas para corregir ese problema es el “ranking de notas”, que consiste en premiar el lugar que ocupan los jóvenes dentro de su generación. Las universidades del CRUCH decidieron implementar este sistema para la selección universitaria de este año, dándole al ranking una ponderación del 10%. El CEP criticó la decisión argumentando que falta evidencia. Aquí el economista Sebastián Gallegos aclara que este sistema ya se aplica y los datos disponibles muestran que los alumnos talentosos -que obtienen bajo PSU- lo hacen al menos tan bien como el resto.

Los rectores del CRUCH han anunciado cambios a la selección de ingreso a la universidad. A partir de 2013, junto al puntaje de la PSU se consideraran las notas obtenidas por los alumnos en la enseñanza media, de acuerdo a un mecanismo que busca premiar talento y a los que han aprovechado las pocas oportunidades a las que accedieron. El nuevo sistema ha sido bautizado como un ranking, aunque en realidad no lo es. Para Fernando Atria, abogado, autor de “La mala educación” (Catalonia/Ciper) el gran peligro es que el sistema evolucione hacia un ranking de verdad, como parece desearlo el Ministerio de Educación. En ese sistema, “el éxito de los compañeros será una amenaza. La situación sería peor que la más descarnada competencia en el mercado, porque en el mercado a cada agente le es indiferente el éxito de los demás y sólo importa el propio”, explica Atria.

Su convicción de que, “salvo cambios sustanciales”, el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior “legitimará el statu quo”, es la base de este impactante análisis de Arturo Fontaine sobre cómo funciona el lucro en las universidades y la filosofía del modelo que impera en Chile. Apoyado en datos como la estimación de que “el mercado de las universidades privadas mueve entre US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones anuales” o los “US$ 3.82 billones” que pagó KKR & Co LP (KKR.N) por Laureate, en EE.UU., Fontaine compara nuestro marco legal con el estadounidense, en donde 21 fiscales generales investigan denuncias de fraudes e ilegalidades de universidades con fines de lucro. Cita al prestigioso hedge fund manager de Wall Street, Steve Eisman -las universidades con fines de lucro “son socialmente tan destructivas como la industria hipotecaria sub-prime”-, cuyas practicas deslegitiman a la empresa privada y “tienden a producir un efecto dominó”. Esa “visión fabril de de la universidad y de la vida” lo provoca a decir: “No debemos doblegarnos. A nosotros nos toca estar a la altura de esa promesa. ¡Non serviam!”.

La Fiscalía Oriente investiga los contratos de asesorías que 6 universidades firmaron con Eugenio Díaz cuando éste era presidente y consejero de la entidad que las evaluaba: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). La suma de ellos le reportaron a Díaz ingresos por $290 millones. A ello se agrega un informe entregado por la misma CNA al MINEDUC sobre millonarios traspasos desde la Uniacc y la Universidad Santo Tomás a inmobiliarias. Estos antecedentes agravan la grave crisis ética y de credibilidad del sistema de educación superior privado y obligan a una urgente intervención de la autoridad pública.

La decisión del Ministerio de Educación de pedir al Consejo Nacional de Educación (CNED) el cierre definitivo de la Universidad del Mar (UDM), abre un cuestionamiento de fondo: ¿Es la UDM la manzana podrida de un sistema que funciona bien o es sólo un ejemplo de cómo funcionan muchas instituciones que hoy educan a los universitarios de Chile? Noam Titelman, presidente la FEUC, piensa que es un engaño creer que todo se enriela cerrando la UDM. El real problema, dice, es el triste rol que ha jugado el Estado “como garante de una educación de calidad para todos”. Para el dirigente estudiantil no necesitamos un sheriff que busque chivos expiatorios, sino autoridades que se pongan al día con lo que la mayor parte de la sociedad está pidiendo: un sistema educativo de calidad y sin fines de lucro.

En octubre la Corte de Apelaciones acogió un recurso para desalojar un liceo en “toma” de la comuna de La Florida. El gobierno considera que, de esta manera, se asegura “el derecho a la educación”. El autor de la siguiente columna, secretario ejecutivo del Foro Educación de Calidad Para Todos, concuerda con que el Estado debe garantizar ese derecho. Sin embargo, se pregunta: “¿Es suficiente con que “proteja” que los liceos hagan clases para que cumpla con su mandato? ¿Qué ocurre con todas las otras dimensiones del derecho a la educación que el Estado vulnera con las actuales políticas educativas?”. Y, en respuesta, concluye: “Lo que dice el gobierno sobre lo que es el derecho a la educación no es lo planteado por -e incluso se contrapone a- los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado de Chile”.

La caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.

Anticipándose al año electoral, Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), prevé que la Concertación convocará pronto al movimiento estudiantil a “enfrentar a la derecha”. El dirigente contesta desde ya que a los que hay que enfrentar es a los defensores del lucro en la educación, que están en todos los sectores, pues asegura que “la derecha y la Concertación, que en las elecciones se presentan como alternativas distintas, en los hechos han convivido pacíficamente administrando el negocio de la educación”. Fielbaum llama a no confundir las prioridades, porque es el lucro el tema que está en la raíz del problema actual en educación y que, según sus estimaciones, tiene en la incertidumbre a unos 200 mil estudiantes de universidades que hoy son investigadas por lucro o por pagar sobornos o cuya calidad ha sido puesta en duda por diversas pruebas.

El fin de la Universidad del Mar -y la investigación que afecta a otras seis casas de estudio-está cerrando con escándalos un ciclo centrado en la expansión de la matrícula, que llegó a su clímax cuando el Presidente Ricardo Lagos constató que siete de cada 10 estudiantes eran los primeros de su familia en entrar a la universidad. En esas palabras parecía asomarse un nuevo país, donde los jóvenes pobres y de sectores medios-bajos daban un salto hacia una vida mejor. El cierre de la U. del Mar, dice el economista Nicolás Grau, ha pulverizado ese sueño: “Hoy sabemos que muchos no terminaron la universidad, que para más de un tercio no era rentable económicamente el haber estudiado y que miles han sido estafados”. Para Grau, el desastre tiene varias moralejas claras. Una de ellas, que hoy se omite, es “la incompatibilidad entre los objetivos educacionales y las dinámicas de mercado”.