
A cinco meses de que un tsunami golpeara las costas de la VII y la VIII Región, provocando cerca de 150 muertes, autoridades navales y civiles persisten en culparse mutuamente de los errores en la información entregada la noche del terremoto. En la región del Bío Bío, el ex intedente Jaime Tohá comunicó a tempranas horas que la ocurrencia de un maremoto estaba descartada. Argumenta que sólo se limitó a transmitir al pie de la letra la información proporcionada por el jefe de la Armada de Talcahuano, contralmirante Roberto Macchiavello, lo que éste desconoce. Sin embargo, los testimonios recogidos en terreno por CIPER lo comprometen: no sólo Carabineros y Bomberos contradicen su versión, sino también operadores del puerto y pescadores que esa madrugada se guiaron por la información errónea proporcionada por la radio de la Capitanía de Puerto. La controversia es objeto de una investigación del Ministerio Público que podría topar con la potestad de la justicia naval.
Poco después de finalizado el terremoto del 27 de febrero, miles de chilenos debieron asumir un nuevo temor: a la horda que vendría a saquear sus hogares. El rumor del peligro inminente se esparció como una nueva onda sísmica por los barrios de las zonas más afectadas. Los pasajes se blindaron con improvisadas barricadas y rejas mientras los vecinos se armaban con lo que encontraban a mano para defender sus casas. Aunque muchos vivieron esos días como una película de horror, lo cierto es que no hay registro de saqueos a hogares. Es más, en algunos lugares fueron las autoridades las que provocaron más terror.
Un mito y un halo de terror han rodeado la casa en que Mariana Callejas vivió desde 1975 hasta los ’90 en Lo Curro. Primero con Michael Townley, quien preparaba desde ese secreto cuartel de la DINA acciones terroristas que estremecerían al país mientras Callejas desplegaba sus talleres literarios y en sus patios se ensayaban gases letales y se hacían fiestas con disputas memorables. Como la que protagonizó Nicanor Parra para un “18”. Hablan los protagonistas más cercanos a Callejas en esos años, “mis chiquillos”, como los llamaba: los escritores Gonzalo Contreras, Carlos Franz y Carlos Iturra.
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Acaba de conocerse el contenido de las grabaciones secretas de las conversaciones sobre Chile entre el ex Presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Las cintas dan cuenta del grosero lenguaje con el que tramaban el derrocamiento de Salvador Allende, a quien trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”. Aunque impreciso en las fechas, uno de los diálogos podría constituir el primer reconocimiento del rol de la CIA en el asesinato del general René Schneider.
La última encuesta CASEN mostró que la pobreza golpea con más fuerza a los niños: 18,2% de los menores de 3 años es pobre y otro 6,3% es indigente. Juan Eduardo García Huidobro, quien presidió el Comité Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación que convocó Michelle Bachelet y hoy es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, analiza en esta entrevista las implicancias que tiene para esos niños un sistema educativo basado en la segregación social y que tiende a perpetuar la desigualdad. Cree que “semofarizar” las escuelas sólo empeorará la situación y, aunque considera que la comisión de “expertos” convocada por el ministro Joaquín Lavín estuvo en realidad conformaba por políticos, cree que sus propuestas son un avance.
Luego del escándalo de 2008, la nueva licitación del Registro Civil tenía que ser impecable, pero los participantes no están conformes. Hay US$ 300 millones en juego para la fabricación de cédulas y pasaportes que nadie está dispuesto a perder. Dos empresas ya reclamaron al Tribunal de Contratación Pública y otras estudian impugnar la eventual adjudicación a la española Indra, que ya obtuvo la máxima calificación. En una declaración judicial, Andrés Contardo, quien fue condenado como doble asesor del Registro Civil y TATA, ya había intentado involucrar a Indra en irregularidades.
La nueva suspensión de cuatro meses que solicitó HidroAysén para responder a los cuestionamientos de los servicios públicos a su estudio de impacto ambiental postergó un debate aún pendiente: qué postura adoptará el Gobierno de Sebastián Piñera frente a las irregularidades que comunidades, ONGs y parlamentarios han denunciado durante la tramitación de este proyecto. Una larga red de relaciones familiares y laborales entre la empresa y los nuevos responsables de evaluarla abre un conflicto con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que les exige evitar “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Los vínculos con la empresa afectan desde autoridades locales hasta al propio Presidente, cuyo cuñado es director suplente de HidroAysén.
¿Tiene el Presidente un terminal en su escritorio en La Moneda que le permite estar informado permanentemente del pulso de la Bolsa pudiendo incluso efectuar transacciones? La pregunta, explosiva por sus implicancias, la generó un conceptuoso artículo sobre Piñera publicado en el periódico inglés Financial Times el miércoles 21 de julio, donde se afirma que el Presidente tiene en su escritorio un terminal de Bloomberg. Esta empresa lo desmintió. Jude Webber, periodista que escribió la nota, me aseguró que fue el propio Presidente quien le dio la información publicada. La controversia pone en el tapete la urgencia de que el Ejecutivo y el Parlamento solucionen la ausencia de una institucionalidad, como el fideicomiso ciego, que garantice que un Presidente, acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones, cumplirá con su deber y pondrá una muro entre él y sus negocios.
El monto que Chile gasta en transferir directamente dinero para combatir la pobreza es bajísimo en comparación con otros países de igual nivel de desarrollo. Durante la última década, la porción del PIB destinada al gasto social tampoco ha aumentado. Se culpa a la ineficiencia de los planes sociales del aumento de la pobreza, pero lo que hay que revisar es cuánto se está invirtiendo para combatirla.
El aumento de la pobreza que mostró la última encuesta CASEN ha sido atribuido por el Presidente a la dilapidación de recursos públicos, programas sociales ineficientes y la corrupción. Los datos conocidos hasta ahora no entregan argumentos para sustentar esa tesis, sino que más bien apuntan al impacto del alza del valor de los alimentos y la crisis internacional. Lo que parece una estrategia para desprestigiar a la administración de Bachelet demuestra falta de rigor del mandatario y pone en riesgo su credibilidad.
La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y CEMEX anuncia los nominados del Premio Nuevo Periodismo en la categoría fotografía. El galardón de periodismo más importante de América Latina recibió 407 trabajos fotográficos y 963 de texto para un total de 1.370 piezas.
Acerca de nuestro financiamiento y la campaña difamatoria en contra de Ipys Venezuela. En Venezuela no constituye delito alguno trabajar con aportes de la cooperación internacional. Nuestra organización, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), registrada públicamente como Asociación Civil, cumple con la normativa venezolana y además se rige por los estándares que siguen Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de todo el mundo en sus relaciones con fuentes de financiamiento.
“Rastro en los huesos”, reportaje publicado en Gatopardo por la argentina Leila Guerriero, es el ganador del Premio Nuevo Periodismo Cemex+FNPI. Este año postularon 963 trabajos de toda Iberoamérica y el jurado estuvo integrado por Ambar de Barros de Brasil, Juan Villoro de México y Sergio Dahbar de Venezuela. Una serie de CIPER está entre los cinco nominados al premio.
CIPER es una institución independiente y sin fines de lucro que desarrolla reportajes de investigación usando sistemáticamente las leyes chilenas de libre acceso a la información.
Pese a que el Ministerio de Justicia había sistematizado los datos oficiales de indultos, retrasó innecesariamente su entrega, recurriendo a resquicios de la Ley de Transparencia. A la luz del anuncio sobre nuevos indultos presidenciales casos a caso y con causales restingidas, resulta interesante constatar que de los 343 indultos otorgados por Frei, 14 corresponden a homicidios, 8 a parricidios y 56 a delitos ligados al tráfico de drogas. Los más comunes son por manejo en estado de ebriedad. Un documento obtenido tras un fallo del Consejo para la Transparencia permite revisar los argumentos caso a caso.
El Consejo para la Transparencia escuchó este viernes 22 los argumentos de la Fundación Futuro, el Ministerio de Justicia y CIPER para determinar si las memorias y balances de la fundación que preside Sebastián Piñera y que se encuentran en manos del gobierno para su fiscalización constituyen información pública o no.
Marcelo Simonetti y César Olmos rescatan fragmentos dispersos del balompié chileno para rendir culto a un deporte y retratar el carácter tragicómico de una nación.
La fotógrafa Kena Lorenzini reúne un conjunto de imágenes capturadas durante sus años como reportera gráfica para medios de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet.
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