
A más de dos semanas del terremoto, y del consecuente tsunami que asoló las costas del sur del país, aún no hay claridad acerca del número total de víctimas fatales. El último reporte del gobierno saliente daba cuenta de 506 muertos y 167 desaparecidos, aunque estos últimos casos han tendido a estrecharse notoriamente con el correr de los días. Las cifras ya habían sido objeto de polémica y ahora el gobierno entrante las pone en duda y decide, en voz del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, “recorrer el proceso completo” para identificar a la totalidad de los fallecidos. La tarea fue delegada a los jefes de plaza de las regiones más afectadas, quienes trabajan contra el tiempo, asistidos por las policías y el Ministerio Público, en la elaboración de un registro fidedigno y definitivo que ahuyente de una buena vez el fantasma de personas sin paradero conocido. Mientras tanto, crece el descontento de familiares de víctimas que denuncian falta de ayuda de las nuevas autoridades.
Además lea la entrevista a Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior: “Nuestro objetivo es tener una lista de los desaparecidos reales”
En todo Chile son miles las familias que han quedado a la intemperie. No todas pueden culpar a la naturaleza. Porque al horror que emergió con el terremoto y el posterior tsunami, no son pocos los que hoy deben agregar la ira por haber quedado sin casa a causa de una construcción con serias deficiencias. Tras una recopilación de datos en todas las comunas del Gran Santiago, CIPER confirmó en terreno 27 edificios con daños severos y que ponen en riesgo a sus moradores. La mayoría de estos inmuebles ya fueron evacuados y varios ya cuentan con decreto de inhabitabilidad. Mientras sus propietarios se preparan para una larga batalla legal contra los responsables de haber edificado y comercializado estos inmuebles con errores que expertos y los tribunales deberán dilucidar, CIPER presenta la nómina de las constructoras e inmobiliarias involucradas y los socios que participan en estas empresas. Versión actualizada
Los 22 municipios de la Región Metropolitana que renovaron un contrato con la empresa KDM para el manejo de su basura deberán desembolsar más de US$ 240 millones durante los próximos 16 años, alargando hasta 2027 el efecto de una licitación que se realizó en 1995. El acuerdo fue impugnado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por considerar que establece barreras de entradas a un mercado donde KDM tiene 58% de participación. La Contraloría también expresó sus reparos porque el contrato se renovó automáticamente y con dos años de anticipación. El tema ha generado polémica en varios municipios y tiene reminiscencias de la “guerra de la basura” que vivió Santiago la década pasada.
El 27% de las licencias médicas son rechazadas por las isapres. Una de cada cuatro. La cifra dobla las estadísticas del sistema público y da cuenta de uno de los mayores cuestionamientos a las aseguradoras privadas, por cuanto son juez y parte interesada a la hora de autorizar o rechazar los días de reposo. La Superintendencia de Salud ha establecido sanciones por irregularidades que apuntan a rechazos masivos que no son visados por médicos, tal como lo establece la ley. Testimonios recogidos por CIPER apuntan a los mismos vicios, que reportan un ahorro millonario para las isapres. Pese a ello, el gobierno acaba de enviar un proyecto de ley que endurece las penas contra médicos y pacientes que hagan mal uso de las licencias, manteniendo intacto el poder de las isapres para decidir cuánto reposo deben guardar sus enfermos para mejorarse.
El viernes por la tarde, a 24 horas de asumir el cargo, el subsecretario del Interior concedió una entrevista a CIPER en sus nuevas oficinas de La Moneda. Además de dar a conocer la decisión de “recorrer todo el proceso” para identificar a muertos y desaparecidos por efectos del terremoto y el tsunami, Rodrigo Ubilla se refirió a los planes del gobierno respecto al Programa de Derechos Humanos, que depende del Ministerio del Interior.
A dos semanas del terremoto, las constructoras e inmobiliarias de edificios dañados por el sismo comienzan a mostrar las cartas que jugarán en las negociaciones destinadas a llegar a acuerdos con los residentes. El objetivo común de las empresas es evitar que el conflicto llegue a tribunales. Las firmas de espaldas más anchas se han abierto a devolver lo invertido por los afectados o la entrega de nuevos departamentos, pero otras batallan para pagar sólo la reparación de los daños. Algunas, incluso, presionan a los propietarios asegurándoles que financiarán las obras bajo la condición de que renuncien a ejercer acciones legales.
En Chile existen mapas que muestran hasta dónde puede llegar el mar en caso de tsunami en las zonas de relevancia portuaria y urbana. Aunque resulte insólito, hasta el año 2005 esos mapas eran confidenciales. Hoy pueden consultarse, pero no se toman en cuenta para definir los asentamientos urbanos. El doctor en Ciencias Ambientales y Geógrafo Físico Marcelo Lagos lleva años estudiando los tsunamis y explica que el que azotó las costas chilenas el 27 de febrero era previsible, pero nadie se preocupó de preparar a la ciudadanía.
Sebastián Piñera asume con una limitación diseñada por sus propios partidarios, un contrapeso al poder presidencial que limitará su capacidad de tomar decisiones. La Constitución fue pensada para que la mayoría que fue opositora al régimen militar no pudiera gobernar sin la venia de sus partidarios. Pero ahora que un presidente de derecha vuelve a ocupar La Moneda, su precariedad parlamentaria se transformará en un problema debido a los “amarres” que quienes lo apoyan dejaron.
Me dice un dirigente de la Concertación: “Nos costó tan caro conquistar la democracia para que un populista de derecha gane las elecciones”.
Le respondo que en la actual coyuntura hay muchos factores que inciden en la derrota de la coalición que poco tiene que ver con el sacrificio de tantos chilenos que murieron ejecutados, fueron torturados, exiliados. O en el mejor de los casos fueron exonerados.
La caza de votos ya partió. Un millón de sufragios separa a Sebastián Piñera de Eduardo Frei, pero tanto la derecha como el oficialismo -en muy distinta cantidad- requieren sumar si quieren llegar a La Moneda. Un clima triunfalista se ha expandido entre los partidarios de Sebastián Piñera, mientras que en el comando de Eduardo Frei, entre otros movimientos, se apela a los matemáticos para un juego de ajedrez incierto. Frente a la encrucijada inédita que plantea la segunda vuelta de esta quinta elección presidencial desde la recuperación de la democracia, el cientista político Genaro Arriagada analiza los resultados del domingo pasado y hace una radiografía de los desafíos que ellos plantean para ambos candidatos
En su momento, al ser publicado en la edición dominical de El Universal de Caracas, el reportaje pasó casi inadvertido. No hubo escándalo, pronunciamientos ni explicaciones por parte de la autoridades aludidas. Cuanto más, el trabajo del periodista Joseph Poliszuk sobre actos de corrupción en la administración del ex alcalde del municipio de Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, fue replicado por un canal de televisión venezolano sin mencionar la fuente. La denuncia quedó en el limbo y casi un año después, cuando ya parecía olvidada, obtuvo un valioso reconocimiento que lo sitúa en un lugar de privilegio.
La Unidad de Investigaciones Periodísticas de FOPEA concluyó su segundo trabajo. Bajo el título “El día después de las minas – Peligro sin control”, el segundo equipo de investigaciones abordó el tema de la herencia que deja la actividad minera una vez que las explotaciones que se dan en distintos lugares del país son abandonadas y sólo queda desolación, pueblos que desaparecen, contaminación y enfermedades en su población. El documento hace hincapié en la falta de controles por parte del Estado nacional, una vez que estos establecimientos dejan de funcionar y su indiferencia ante más de 70 explotaciones que ya han sido abandonadas. Se trata de una investigación sin precedentes en el periodismo argentino.
Con un detallado reportaje sobre irregularidades en la compra de camiones para el transporte de tropas (que involucrarían un sobreprecio cercano a los US$ 2 millones) fue inaugurado en Lima el centro de periodismo de investigación IDL-Reporteros. La iniciativa se concretó esta semana con el lanzamiento de su sitio web.
CIPER es una institución independiente y sin fines de lucro que desarrolla reportajes de investigación usando sistemáticamente las leyes chilenas de libre acceso a la información.
El Consejo para la Transparencia escuchó este viernes 22 los argumentos de la Fundación Futuro, el Ministerio de Justicia y CIPER para determinar si las memorias y balances de la fundación que preside Sebastián Piñera y que se encuentran en manos del gobierno para su fiscalización constituyen información pública o no.
CIPER realizó cinco solicitudes de acceso a la información pública sobre gasto electoral al Servel, que publicó algunos documentos en su página web, otros los entregó fotocopiados y un último documento se envió en un CD.
24 historias escritas por periodistas de Chihuahua presentan una visión crítica sobre la estrategia gubernamental para enfrentar a los carteles de la droga, exponen los orígenes del narcotráfico y narran la tragedia de los juarenses.
En 2007, al conmemorar un siglo de la matanza obrera, la Universidad Arturo Prat de Iquique organizó un encuentro de historiadores cuyas presentaciones se seleccionan en el presente libro.
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