El entierro del caso SQM IV: la formalización de Longueira, el “perdonazo” del SII y la renuncia de los fiscales

Aunque la inacción del SII logró bloquear el avance de la Fiscalía durante gran parte de 2015, al inicio del año siguiente el financiamiento ilegal de la política volvió a remecer a la opinión pública con la irrupción de los correos entre Pablo Longueira y el gerente general de SQM, Patricio Contesse. Los mensajes pusieron el cohecho en la primera línea de la agenda del Caso SQM: la Fiscalía formalizó al ex ministro por ese delito y a Contesse por soborno en la tramitación de la Ley de Royalty Minero. Esta decisión del Ministerio Público reactivó con mayor brío la presión para cerrar los juicios. Así, el SII permitió que varias empresas solo pagaran multas, librándose del juicio penal y del escrutinio público: todo se hizo en secreto. Los “perdonazos” y salidas alternativas se multiplicaron en 2018, gatillando la renuncia de los fiscales que desde el comienzo empujaron la investigación: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Vea las entregas anteriores:

• El entierro del Caso SQM I: así se fraguó la impunidad para el financiamiento político ilegal
• El entierro del Caso SQM II: Gajardo y Chahuán resisten la presión de La Moneda
• El entierro del caso SQM III: La caída de Peñailillo y el frustrado proyecto de amnistía encubierta

Vea aquí la línea de tiempo de esta entrega

Después de la explosión de revelaciones sobre el Caso SQM en el primer semestre de 2015, una cosa quedó clara: los aportes ilegales de la minera habían cooptado a un amplio arco de políticos y los frenéticos intentos por impedir que esos delitos se investigaran incluyeron operaciones desplegadas desde La Moneda para bloquear a la Fiscalía. Sin embargo, en los meses siguientes el proceso entró en un letargo. El resto del año 2015 no hubo grandes novedades debido principalmente a la inacción del Servicio de Impuestos Internos (SII). A pesar de los informes que recibía desde la Fiscalía con nuevos antecedentes de financiamiento político ilegal, el SII no presentó querellas o denuncias, neutralizando así todo avance del Ministerio Público.

La dura pero soterrada pugna entre el SII y la Fiscalía se quebró en enero de 2016. El 28 de ese mes, la revista Qué Pasa reveló los correos que en 2010 habían intercambiado el gerente general de SQM Patricio Contesse y el líder de la UDI, Pablo Longueira. Lo más delicado era la fecha en que se escribieron esos correos: cuando Longueira era senador y en el Congreso se tramitaba la ley del Royalty Minero, cuyo articulado podía beneficiar directamente a la minera que administraba Contesse.

La prueba del objetivo principal del intercambio de correos en esos días entre Contesse y Longueira la aportó CIPER semanas después. El 7 de marzo, CIPER reveló que Contesse envió a Longueira un correo que contenía un párrafo que SQM quería incluir en un artículo de la Ley de Royalty. El texto se estampó en la nueva norma casi con la misma redacción con que salió del computador del gerente de SQM en dirección a Longueira.

Patricio Contesse

El cambio sugerido por Contesse ingresó al debate legislativo y le permitió a la empresa acceder a beneficios tributarios con potencial millonario. Para cerrar el círculo, Longueira ya era ministro de Economía cuando esa secretaría de Estado firmó con SQM los contratos para acceder a los beneficios del royalty.

Las evidencias que se habían acumulado hasta ese momento en torno a los pagos ilegales recibidos por Longueira y su entorno desde SQM, hizo que la investigación del posible cohecho se impusiera como la principal línea de investigación en la Fiscalía. Una de las evidencias hablaba por sí sola: Longueira había sido, por lejos, el político que recibió más dinero de SQM.

En la investigación del Ministerio Público, así como en la que realizó CIPER, la relación de hechos indica que el ex senador y ministro recibió por distintas vías, a través de su entorno más cercano, más de mil millones de pesos de aportes ilegales de SQM (la cifra crece si se agrega el financiamiento que recibió de otras empresas a través de una red de boleteros que organizó la asistente histórica de Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso).

De esa cifra, la mayor parte proviene del aporte mensual que SQM les hizo a dos fundaciones que armó Longueira como plataforma política y que suman un total de $630 millones (entre 2007 y 2013); y otros $345 millones de los pagos que recibieron familiares, amigos y cercanos al ex ministro sin haber prestado ningún trabajo que los justificara (precisamente por ello fueron rectificados por SQM).

Los últimos aportes ilegales que hizo la minera a Longueira se realizaron en 2013, cuando el líder de la UDI se bajó de la carrera presidencial a pesar de haber ganado la primaria de la derecha. Entonces, SQM derivó los pagos que le hacía a sus fundaciones hacia una nueva sociedad que Longueira creó con su esposa: Asesorías LB (pagos por $65 millones rectificados ante el SII por la minera). En enero de 2014, SQM firmó un contrato con Asesorías LB, por $5 millones mensuales, el mismo monto que antes le daba a una de sus fundaciones: Chile Justo. Pero solo existe respaldo de trabajos efectivamente realizados a partir de octubre de 2014 (ver reportaje de CIPER).

Carmen Luz «Titi» Valdivielso

Tal como había ocurrido en marzo de 2015 con la audiencia de formalización que terminó con los controladores de Penta en prisión, la jornada del 22 de junio de 2016 en los tribunales monopolizó el interés público. Ese día la Fiscalía formalizó a Longueira por cohecho y a Contesse por soborno en la tramitación del royalty.

Como los ilícitos imputados a Longueira y Contesse no son tributarios, no se requería una querella del SII, por lo que el Ministerio Público pudo sortear el bloqueo de Impuestos Internos. Pero la tensión siguió escalando: antes de que comenzara la revisión de medidas cautelares para el ex ministro, los abogados del SII se retiraron de la audiencia.

La potente acusación contra el líder histórico del gremialismo, ex senador y ex ministro de Economía, fue una nueva campanada que alertó a todos los empresarios y políticos involucrados en financiamiento ilegal. La máquina que se había puesto en marcha en el verano de 2015 para ahogar la investigación volvería a activarse.

OFERTA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL

Dos meses después del férreo tratamiento que se dio a Longueira, el fiscal Pablo Gómez, responsable de la investigación a SQM, ofreció una salida alternativa a tres imputados que sí habían sido querellados nominativamente por el SII: Hugo Miranda, Osvaldo Opazo y Marisol Toro aceptaron la suspensión condicional del procedimiento. Los tres formaban parte de una red de boleteros que organizó el abogado Roberto Guzmán Lyon, hombre de antigua confianza del controlador de SQM: Julio Ponce Lerou.

Roberto Guzmán Lyon

Hasta hoy se desconoce el destino de los $584 millones que la red del abogado Guzmán Lyon cobró a SQM con boletas falsas (vea reportaje de CIPER).

El acuerdo con la Fiscalía, en la práctica, garantizó que nunca se conocerá el paradero de esos $584 millones, porque la salida alternativa se convierte en los hechos en un borrón y cuenta nueva. Y ello, porque la suspensión condicional le permite a los imputados librar del juicio sin asumir ninguna responsabilidad en los delitos ni aclarar los flecos sueltos en la investigación.

“Cada vez que se presenta una querella, razonablemente se espera la obtención de una condena penal”, dijo uno de los abogados del SII al finalizar la audiencia en que se benefició con la salida alternativa a Miranda, Opazo y Toro. Si lo afirmado por ese abogado fuese cierto, los niveles de frustración en Impuestos Internos habrían sido muy altos: a octubre de 2016, de los 112 formalizados que llevaba la causa, 58 ya habían sido suspendidos condicionalmente.

EL PRINCIPIO DEL FIN

En 2017,con la campaña electoral presidencial y parlamentaria ya en desarrollo, la prisa por cerrar la causa se hizo evidente al arrojar sus primeros condenados: Humberto de la Maza, ex presidente del PRI, por emitir boletas falsas y conseguir boleteros para así canalizar el dinero de SQM hacia el partido del fallecido senador Adolfo Zaldívar; Clara Bensan, por gestionar aportes ilegales de la minera para la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009;  Patricio Rodrigo, por emitir facturas a SQM para financiar al PPD, y Giorgio Martelli, recaudador de la campaña de Frei en 2009 y por los $338 millones que obtuvo de SQM, a través de facturas falsas emitidas por su empresa Asesorías y Negocios, para la última precampaña de Michelle Bachelet.

Nuevamente, el acuerdo político trasversal apuró la máquina: para no enturbiar la campaña había que acelerar el cierre de las causas por el financiamiento político ilegal. La cúpula del SII fue la primera en mover sus piezas. En abril, el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, inició un masivo proceso para beneficiar a distintas empresas que habían aparecido en la investigación de la Fiscalía haciendo aportes ilegales a políticos. Por la vía administrativa se les cobraron los impuestos no pagados y multas, dejando su situación tributaria al día. Ya no podrían ser perseguidas penalmente por los mismos ilícitos.  

Fernando Barraza

Así, en abril de 2017 algunas de las empresas más importantes del país fueron liberadas de ser perseguidas en tribunales por el financiamiento ilegal para políticos y por los beneficios que obtuvieron gracias a esos pagos. Y lo más importante: a esas empresas se les aseguró un proceso completamente cerrado al escrutinio público, porque el acceso a las audiencias del Tribunal Tributario y Aduanero está restringido solo a las partes involucradas.

Desde otras instituciones del Estado se hizo evidente el malestar: la Contraloría emitió un dictamen cuestionando la decisión del SII. Entre los que se beneficiaron de los aportes ilegales y que ya habían sido sancionados, también hubo indignación. Humberto de la Maza, el primer condenado de la causa, sacó la voz: “Aquí hay una fractura a los principios democráticos, a la igualdad ante la ley (…). Yo acepté lo que pasó y pagué los platos rotos. Aquí no hay que esconder nada ni tapar la mugre bajo la alfombra”, dijo a La Segunda.

Las críticas arreciaron. Fernando Barraza negó en radio Cooperativa que su decisión de ofertar una salida administrativa implicara impunidad:

“El sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos tributarios dos procedimientos –penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar sanciones legales. Incluso, en los casos en que no existen antecedentes con méritos suficientes se aplica el procedimiento administrativo y, cuando corresponde, los contribuyentes deben igualmente rectificar sus declaraciones tributarias y pagar con reajustes, multas e intereses, los impuestos evadidos”.

La operación “vía administrativa” -aplicada a través del SII- le permitió a otros boleteros, y a los políticos que por su intermedio recibieron ese dinero “negro”, librar sin condena. Solo bastó con que la empresa cancelara los impuestos no pagados y las multas correspondientes. Esa fue una de las primeras paladas del entierro.

La lista oficial de las empresas que zafaron de sanciones mayores al acceder a la vía administrativa no se conoce, por la reserva de los procesos tributarios. Pero sí se sabe que es extensa.

Alberto Espina, ministro de Defensa

El diario La Tercera publicó una nómina con sociedades cuyos nombres emergieron de la indagatoria judicial en los casos Penta y SQM. Del Grupo Angelini figuran: Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible y Forestal Arauco. Del Grupo Said aparecen: Inversiones Caburga e Inversiones Newport. También están Eccsa (Ripley), Banco BCI, Watt´s y CorpBanca. A esa nómina se agrega Aguas Andinas (ver reportaje de CIPER).

Uno de los grandes beneficiados con esta amnistía encubierta fue el Grupo Angelini. El Ministerio Público acreditó sus aportes ilegales a la campaña de Bachelet (vea el reportaje que publicó CIPER), al entorno del senador Felipe Harboe (PPD) y también los que gestionó el ex senador y ahora ministro de Defensa, Alberto Espina (RN). Nada de eso se pudo perseguir penalmente porque el SII nunca se querelló. La Fiscalía también confirmó los pagos que hizo la pesquera del Grupo Angelini, Corpesca, a la ex diputada Marta Isasi y al ex senador Jaime Orpis cuando se tramitaba la cuestionada Ley de Pesca.

El presidente de Corpesca, Roberto Angelini, en su carta a los accionistas contenida en la Memoria 2017 de la compañía, intentó soslayar la responsabilidad de la empresa en los pagos que investiga la Fiscalía. La base de su argumento, aunque no lo menciona abiertamente, es endosar todo a la actuación personal del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica:

“La reciente acusación judicial del Ministerio Público a Corpesca, por hechos ocurridos entre diciembre de 2009 y mayo de 2013, respecto de los cuales la empresa como tal es totalmente ajena, es una de las situaciones adversas que se está enfrentando”, se lee en la carta de Angelini.

IMPUNIDAD EN LA CORTE SUPREMA

Pocos días antes de conocerse la decisión del SII de cerrar la puerta a investigar penalmente a otras empresas, la participación de todo el engranaje institucional en el camino hacia la impunidad quedó reflejada en una decisión de la Corte Suprema. El 28 de marzo de 2017 el máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que sobreseyó al senador Patricio Walker (DC). En esa causa, Walker fue acusado de recibir para terceros financiamiento ilegal de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes). Fue un fallo dividido: tres a dos.

El voto de minoría, redactado por Milton Juica y que también lleva la firma del ministro Jorge Dahm, fue categórico para calificar como “impunidad” el sobreseimiento del senador Walker:

Senador Patricio Walker

“El necesario corolario de lo planteado por los recurridos (los ministros de Coyhaique que sobreseyeron al senador Walker) no es otro que la impunidad, y de ahí la extrema gravedad del error cometido, pues impide al Ministerio Público investigar los hechos como le ordena la Constitución y la ley bajo el expediente de aplicar una institución -el sobreseimiento- que resultaba a todas luces inaceptable, apresurada e inoportuna en el momento procesal en que se decreta, bajo justificaciones equivocadas y carentes de todo sustento fáctico y jurídico”.

El voto a favor del sobreseimiento emitido por el ministro Lamberto Cisternas se entendió perfectamente: su hijo, el abogado Gonzalo Cisternas Sobarzo, es controlador del bufete Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, del que es socio el senador Alberto Espina (RN). El bufete recibió $18,7 millones de Inversiones Siemel, empresa del Grupo Angelini, la que rectificó ese pago por no tener respaldo de los trabajos supuestamente hechos por el estudio jurídico.

SALIDA ALTERNATIVA PARA SQM

El 17 de noviembre de 2017, justo en medio de la primera y segunda vuelta presidencial, el fiscal Pablo Gómez dio el paso que definitivamente libró de responsabilidad penal a la empresa SQM, al menos como persona jurídica: junto con solicitar fecha para formalizar a la minera, explicitó que en esa misma audiencia se vería la posibilidad de darle una salida alternativa.

Julio Ponce Lerou

El acuerdo entre los fiscales y la empresa cerraba definitivamente la causa por cohecho contra la minera. Un delito que la Fiscalía comenzó a investigar cuando tuvo acceso a los correos electrónicos que intercambiaron Contesse y Longueira durante la tramitación de la Ley de Royalty Minero. Y esa era la causa que SQM más temía: la única que podía sancionar a la minera como persona jurídica. Un disparo al corazón de los negocios internacionales de la compañía.

El argumento del fiscal Gómez fue el mismo que el de los directivos del SII para cerrar los casos por la “vía administrativa”: es la única forma de conseguir más dinero para el Fisco.

El acuerdo de la Fiscalía con SQM implicó que la minera cancelara una multa de $2.550 millones (US$4,3 millones). El pago se concretó a comienzos de marzo pasado: $900 millones para el Fisco y $1.650 millones para instituciones de beneficencia ($650 millones a la Fundación Debra, que atiende a niños con piel de cristal; $550 millones al Hospital Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar; $250 millones a la Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos y $200 millones a la Escuela Toky de Rapa Nui).

La multa de US$4,3 millones es ostensiblemente más baja que la que debió pagar SQM en Estados Unidos por los mismos ilícitos de los que se le acusaba en Chile: US$30 millones. Esa fue la sanción que se le impuso tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y el regulador de valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

SQM reconoció ante las autoridades de Estados Unidos que hizo pagos indebidos a políticos. La SEC detalló, en un documento interno al que CIPER tuvo acceso, la forma en que la minera hizo esos pagos ilegales. Y, aunque no los identifica con nombre y apellido, de su lectura fluye que entre los beneficiados estaban Pablo Longueira, el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner (UDI), el ex presidenciable Marco Enríquez Ominami y el senador Jaime Orpis (UDI, acusado de cohecho y fraude al Fisco en el caso Corpesca y para quien la fiscalía pide 21 años de cárcel).

Pablo Gómez

A la decisión del fiscal Gómez de acordar con la minera una salida alternativa, siguió una nueva victoria para SQM, esta vez en otro escenario clave. Solo un mes después se destrabó el litigio entre Corfo y SQM por el millonario negocio de la explotación de litio en el Salar de Atacama, que se arrastraba por cuatro años. Para posibilitar ese acuerdo, Julio Ponce Lerou aceptó ceder el control de la minera hasta 2030. Una decisión que muy pocos le creyeron. Muy pronto quedaría en evidencia que Ponce Lerou seguía siendo quien digitaba todos los hilos de las grandes decisiones de la compañía, incluyendo cuándo y qué declararía Patricio Contesse en la investigación por financiamiento político y cohecho. Ambos son ex compañeros de universidad y socios históricos en la minera desde los tiempos en que Ponce Lerou se apoderó de ella, cuando el poder total del país lo tenía su suegro: Augusto Pinochet.

Así, enero de 2018 fue un mes de oro para SQM: el 17 firmó el acuerdo con Corfo, asegurando la explotación del Salar de Atacama hasta 2030 y triplicando su cuota de extracción; el 26, el Tribunal de Garantía aceptó el pago de $2.550 millones para que la minera evitara ir a juicio por cohecho, lo que fue ratificado el miércoles 14 de febrero por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Esto (…) es la reafirmación, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, de que si SQM necesita ventajas, paga. Si SQM tiene problemas judiciales, paga”, afirmó la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre, al rechazar el acuerdo que le dio una salida alternativa a la minera.

RENUNCIAN GAJARDO Y NORAMBUENA

Lo resuelto por los tribunales ese miércoles 14 de febrero, librando a SQM del juicio que más perturbaciones económicas le podía ocasionar a la minera, fue otro hito de la cadena alimentada por un amplio arco político para ponerle fin a las causas por el financiamiento ilegal de la política. Otros dos eslabones fueron la suspensión condicional para el senador Iván Moreira (UDI) en el Caso Penta (aceptada por el tribunal el 30 de enero pasado) y la solicitud del fiscal Gómez para sobreseer por prescripción a otros 58 imputados del Caso SQM, la que fue concedida por el Juzgado de Garantía el jueves 22 de marzo.

Senador Iván Moreira

En el paquete de las 58 prescripciones figuran personajes que hicieron boletas para la campaña de Sebastián Piñera en 2009 (María Inés Alliende Barbera, socia de Pandemia Producciones); para la de Michelle Bachelet en 2013 (Diego Perry, de Publicidad La Clínica); un hermano de Eduardo Frei (Francisco Frei, de Inversiones San Nicolás) y un hijo de Pablo Longueira (José Tomás Longueira Brickmann).

Así, el beneficio al senador Moreira con la suspensión condicional en el Caso Penta, la prescripción masiva en el Caso SQM y la salida alternativa que se ofreció a la minera, terminaron sellando el retiro de los mismos que desde 2014 agotaron esfuerzos para investigar el financiamiento político ilegal y su efecto más corrosivo en el sistema: a fines de enero pasado, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron al Ministerio Público.

Los ahora ex fiscales Gajardo y Norambuena concedieron una extensa entrevista a La Tercera del 8 de abril. En ella Gajardo sostuvo:

“Renunciamos no solo por la decisión respecto del senador Moreira. A eso se suma la decisión de renunciar al reproche penal en (…) el caso SQM. Ahí el fiscal Pablo Gómez da una suspensión condicional a la persona jurídica de la empresa SQM. Esa dos decisiones daban cuenta de un giro radical en la política de persecución que tenía la Fiscalía y que iba a repercutir en las decisiones que a futuro deban tomarse y que iban a favorecer a otra serie de imputados de todo el abanico político: al senador Jorge Pizarro, al ex senador Fulvio Rossi, a Laurence Golborne y ya está pasando con Pablo Zalaquett”.

Y agregó: “(El fiscal nacional Jorge Abbott) ha actuado sin dimensionar la gravedad que tiene para la democracia que estas conductas terminen sin reproche penal”.

Pablo Norambuena y Carlos Gajardo

El escenario descrito por el ex fiscal Gajardo había comenzado a plasmarse un mes antes. El 1 de marzo se dictó la suspensión del proceso contra el ex jefe de finanzas del PPD, Sergio Ortega, quien en su momento declaró que la entonces presidenta de ese partido, Carolina Tohá, estaba al tanto del financiamiento procurado por SQM. Ortega libró con una indemnización al Fisco de $2,5 millones.

En la misma fecha se aprobó la suspensión para el abogado Alejandro Alegría Tapia, vinculado a RN.

El pasado 28 de marzo El Mercurio informó que la Fiscalía se alistaba a ofrecer una suspensión condicional al ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI), quien fue formalizado en junio de 2015 por la facilitación de boletas y facturas por un monto total de $71 millones emitidas a Penta, SQM, Eccsa (Ripley), La Manada, Corpbanca y Alsacia.

Dos días después, el 30 de marzo, El Mercurio reveló que la Fiscalía ofreció una salida alternativa al ex diputado Cristián Leay (UDI), socio histórico de Pablo Longueira. En marzo de 2017 Leay fue formalizado en la arista por cohecho en la Ley de Royalty –que involucra a Longueira– por facilitación de boletas ideológicamente falsas. Entre los antecedentes que se tuvieron en consideración para acusarlo figuran documentos extendidos a SQM por su esposa y su nuera por un total de $49 millones. A pesar de la evidencia, siguiendo el mismo patrón que ha utilizado con Pablo Longueira, el SII jamás se querelló contra Leay.

Jorge Abbott, fiscal nacional

La oferta de la Fiscalía para Leay considera que el ex diputado firme mensualmente durante un año. En la misma nota de El Mercurio, su abogado, Sergio Rodríguez, admitió que el ex diputado había recibido recursos de SQM para financiar actividades políticas: “Una salida de este tipo es adecuada para personas como nuestro cliente que no obtuvieron beneficio alguno personal y que se limitaron a financiar diversas actividades políticas del modo que siempre se había hecho”.

Otro factor grave es que no hay ningún organismo judicial ni de fiscalización independiente que acredite los dichos del abogado Rodríguez, es decir, que efectivamente compruebe que los dineros sirvieron para financiar campañas políticas y que identifique qué parlamentarios u otras autoridades recibieron esos dineros. Borrón y cuenta nueva.

Próxima entrega: las declaraciones “selectivas” de Contesse, el SII se reactiva solo para acusar a Marco Enríquez, la salida alternativa para los dueños de Penta y la encrucijada de Longueira: aceptar su responsabilidad por las boletas falsas o dejar que su histórica asistente personal, “Titi” Valdivielso, cargue con la culpa.

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