El gráfico que aparece en el informe de la auditora estadounidense Shearman & Sterling sobre Pablo Longueira (UDI) es revelador. La tarea que se le encargó al estudio fue medir la frecuencia y magnitud de los pagos irregulares de Soquimich (SQM) asociados al entorno de distintos dirigentes políticos, para evaluar el riesgo de que la minera haya cometido el delito de soborno. Basta una mirada para concluir que el gráfico dedicado a Longueira es el que muestra el mayor monto de pagos irregulares desde la empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou.

La auditoría que le encargó la propia minera a Shearman & Sterling concluye que entre 2009 y 2014, SQM entregó $730 millones a sociedades y personas relacionadas con el ex senador y ex ministro de Economía. Pero SQM no es la única empresa que ha aparecido en las indagatorias por las platas políticas ilícitas entregando dinero a cambio de boletas o facturas sin respaldo contable a personas asociadas al entono político y familiar de Longueira. Hasta ahora, testimonios recogidos por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos (SII) dan cuenta de al menos otras 13 empresas que pagaron dinero a personas que han reconocido no haber realizado ningún trabajo que los justifique y que las boletas eran solicitadas desde el entorno del dirigente gremialista.

En total, el cálculo hecho por CIPER es que durante todo ese período las fundaciones y personas naturales o jurídicas vinculadas a Longueira recibieron pagos bajo investigación de Impuestos Internos y del Ministerio Público por más de $900 millones.

CIPER recopiló los testimonios que se encuentran en esas investigaciones y revisó las rectificaciones de pago de impuestos que han realizado algunas empresas mencionadas. El resultado es que existe una línea continua de pagos irregulares, los que se mantuvieron mientras Longueira ejerció como senador, que continuaron cuando pasó a ser ministro del gobierno de Sebastián Piñera y que no se detuvieron cuando anunció que se retiraba de la política, al declinar su campaña presidencial a mediados de 2013. Los pagos que asocian a Longueira al financiamiento ilegal de la política están hoy diseminados en los tres expedientes abiertos en el Ministerio Público: Penta, SQM y Corpesca. Pero muy pronto debiera abrirse una carpeta especial y que debiera llevar el rótulo: investigación por el delito de cohecho.

LOS PAGOS A LONGUEIRA, EL SENADOR

Hasta el 18 de julio de 2011, Pablo Longueira ejerció como senador por Santiago Oriente. Según la información sistematizada por CIPER, desde 2009 y hasta esa fecha personas ligadas al líder gremialista recibieron al menos $200 millones desde empresas como SQM, Pesquera El Golfo y el Centro de Estudios Nueva Minería. El cálculo considera los registros disponibles, pero debiera crecer, ya que existen pagos cuya fecha se desconoce, como las donaciones de SQM a dos fundaciones de Longueira: $360 millones a la Fundación WEB y $75 millones a la Fundación Chile Justo, los que aparecen consignados en el estudio de Shearman & Sterling.

La primera boleta asociada a Longueira y cuyo monto fue rectificado por SQM, fue de Ana Carolina Palacios Silva y data de junio de 2009.Palacios recibió $45 millones de la minera, a través de ocho boletas emitidas entre junio de 2009 y septiembre de 2012 (cuando Longueira ya era ministro). Su testimonio fue clave para entender la operación que el entorno de Longueira realizaba para recaudar fondos. Ante el SII, Palacios declaró que es cuñada de Carmen Luz Titi Valdivielso, la principal colaboradora y asesora histórica de Longueira, a quien le entregó su talonario de boletas: “No presté los servicios que se señalan en esas boletas, no conozco a nadie de SQM, nunca he estado en el edificio de SQM y no tengo idea dónde queda”.

A través de Palacios, no solo se recibieron dineros desde SQM. Ocupando la misma fórmula, Ana Carolina recibió $7 millones de Cencosud y $8 millones del Banco BCI, entidad financiera que ya rectificó esa boleta ante Impuestos Internos.

Otro de los testimonios clave obtenidos en la indagatoria, es el del ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nicolás Guíñez, quien el 18 de diciembre de 2015 declaró en la Fiscalía que fue Titi Valdivielso quien recibió los dineros obtenidos gracias a la emisión de 12 boletas falsas: “Las boletas que emití por servicios que no presté a las empresas SQM, Copec, Senexco, Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio, Compañía de Inversiones Río Bueno, Pesquera El Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, las envié a la dirección electrónica de titivaldivielso@chilejusto.cl por instrucciones telefónicas del junior de la Fundación Chile Justo”.

Nicolás Guíñez ya había revelado el 3 de agosto de 2015, ante detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), que un compañero de universidad de la Finis Terrae lo reclutó como boletero al servicio de las fundaciones de Longueira. El compañero –dijo- se llama Fabián Quezada (afirmó no estar seguro de su apellido) y le solicitó “que yo le prestara boletas para emitir en nombre de un tercero, es decir a una empresa, agregando que la retribución económica en mi beneficio sería la devolución del impuesto a la renta”. Ante la policía afirmó que también dio dos boletas por $4,7 millones en total a Inversiones Afa.

Nicolás Guíñez integró a su hermano, Gustavo, a esta estructura de defraudación. Y cuando declaró ante los fiscales, Nicolás agregó que varios de sus compañeros que participaron en ese esquema han aparecido en la prensa relacionados con boletas irregulares, como Sebastián Prat, Juan Pablo Destuet y Gustavo Alessandri (los tres tienen boletas rectificadas por SQM).

La declaración de otro estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Ricardo Jorquera Gutiérrez, confirmó la existencia de una red articulada por Titi Valdivielso. Jorquera compareció ante el SII el 26 de marzo de 2015, y también reveló que fue un compañero de carrera de nombre Fabián el que le ofreció emitir boletas y quedarse con la devolución de impuestos. “No presté esos servicios que dice la boleta que me exhiben, la emití por internet usando mi clave del servicio y se enviaba a un correo de una persona conocida como Titi Valdivielso”, respondió cuando le mostraron la boleta que emitió a SQM el 25 de noviembre de 2009 por $6,6 millones.

Y agregó: “Son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de diez, pero ellos no han sido citados para venir al servicio”. Jorquera registra otra boleta a Metalpar por $6 millones el 25 de noviembre de 2009; y una tercera al Centro de Estudios Nueva Minería por $1,8 millón, el 11 de enero de 2010.

Nicolás Guíñez profundizó en el mecanismo utilizado para entregar los dineros de esas boletas a las fundaciones de Pablo Longueira: “En contacto con Fabián, me señaló que desde la Fundación Chile Justo se comunicarían con nosotros de forma telefónica (…) para coordinar la emisión de las boletas, es decir, monto, tercero o destinatario, glosa y fecha”. Un junior de la fundación lo acompañaba a los bancos a cobrar los cheques:

“El junior llevaba el maletín, como siempre, ya que cada vez que nos juntábamos a retirar el valor del cheque o del vale vista él llevaba y me entregaba el documento a cobrar, o lo tenía el banco y me daban la colilla. Y el junior siempre estaba a mi lado. El dinero nunca pasó por mis manos, él siempre tomó el dinero de la ventanilla y lo guardaba en el maletín”, declaró Nicolás Guíñez.

Los hermanos Guíñez fueron boleteros clave de Longueira entre 2009 y 2011, cuando éste era senador. Nicolás emitió 12 boletas falsas a ocho empresas entre el 15 de octubre de 2009 y el 19 de enero de 2011, las que suman $42,4 millones. Su hermano Gustavo registra seis boletas falsas entre el 29 de octubre de 2009 y el 25 de junio de 2010 a las empresas SQM, Pesquera El Golfo, Centro de Estudios Nueva Minería y a la Inmobiliaria Lomas de Quelén, por un total de $25,1 millones.

El 23 de diciembre de 2015 la fiscal Carmen Gloria Segura le envió un oficio al SII con los antecedentes relacionados a los pagos irregulares recibidos por los hermanos Guíñez. El 10 de febrero, la Fiscalía le solicitó a la Superintendencia de Bancos informar en qué bancos tiene cuentas Valdivielso y cuáles son sus productos financieros. También ha oficiado a distintos bancos pidiendo esa misma información.

Otro de los boleteros relacionados con Longueira, Patricio Lazcano –quien figura con dos boletas falsas a SQM, en junio y agosto de 2009, por $11 millones– declaró que en realidad él realizó trabajos para la Fundación Chile Justo, pero que en esa entidad le solicitaron emitir las boletas a SQM, empresa que pagó sus servicios. También registra pagos desde Copec ($15 millones).

Otra boletera clave de Pablo Longueira en este periodo es Solange Hermosilla Chandía, quien declaró que la boleta que emitió el 23 de noviembre de 2009 a Pesquera El Golfo es falsa: “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que llamaban Titi Valdivielso”.

Cecilia Morel, Sebastián Piñera, Cecilia Brinkmann y Pablo Longueira

El 25 de noviembre de 2009, Hermosilla entregó otra boleta, esta vez a SQM, por $5 millones. En su testimonio dijo que ese dinero lo transfirió a la cuenta de Carmen Gloria de Castro, mujer clave en la campaña senatorial de Longueira en 2005, a quien le encargó la instalación de las fundaciones que más tarde serían usadas como plataforma de su frustrada campaña presidencial: Chile Justo, Web y Chile Cultura. De Castro también ha sido una asesora clave en la carrera de otro militante de la UDI, Pablo Zalaquett. Ambos están formalizados por pagos irregulares desde distintas empresas.

En este mismo período, la indagatoria del Ministerio Público ha identificado a otros emisores de boletas a SQM, sin respaldo contable, asociadas al ex senador de la UDI: Rubén Carvacho (ahijado de Longueira) y su señora, Carolina Chamorro, con boletas por $5 millones cada uno en octubre y noviembre de 2010; Karin Grollmus, con $3 millones en agosto de 2009; el hijo de Longueira, José Tomás, con $4 millones también en agosto; María Paz Schuster, con $1 millón en septiembre de 2009 y Víctor Krefft Marín, con $4 millones, en octubre de 2009 (revise el listado de personas asociadas a Longueira que emitieron boletas irregulares durante su periodo como senador).

LOS PAGOS AL MINISTRO LONGUEIRA

Entre el 18 de julio de 2011  y el 29 de abril de 2013 Pablo Longueira ejerció como ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera. En ese período, su red de boleteros continuó recibiendo pagos de empresas, aunque los nombres cambiaron (revise los pagos recibidos por el entorno de Longueira en el periodo en que fue ministro). Los hermanos Guíñez ya no figuran, pero ahora aparece Loreto Undurraga Castelblanco, esposa del cuñado de Longueira (Francisco Brinkmann), quien registra tres boletas rectificadas por SQM entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, por $14 millones. A su vez, y tal como informó CIPER en abril de 2015, Undurraga registra pagos desde la Corporación de Asuntos Públicos (vinculada a la UDI) y el Centro de Estudios Nueva Minería (ver reportaje “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”).

En ese mismo periodo, Loreto Mora Domínguez, sobrina de Longueira en segundo grado, aparece con tres boletas rectificadas por la minera por $16 millones. Lo mismo ocurre con su hermano, Alfonso Mora Domínguez, quien recibió de SQM $12 millones por dos boletas emitidas en octubre de 2011 y agosto de 2012. Este último también recibió pagos que hoy son investigados desde el Centro de Estudios Nueva Minería y de la Asociación de Industriales Pesqueros.

El informe de Shearman & Sterling identifica a Carmen Gloria de Castro y a Cristián Leay Morán, socio histórico de Longueira y actual director de TVN, dentro de la red que habría beneficiado al ex senador UDI. La primera aparece recibiendo de SQM $5 millones en enero de 2012. Respecto a Leay, el mismo informe incluye a su nuera, Trinidad Subercaseaux, quien recibió $5 millones de SQM en septiembre de 2012.

Cristián Leay

En su declaración ante Impuestos Internos, Subercaseaux reveló que no prestó ningún servicio a SQM. Interrogada sobre quién le solicitó efectuar esa maniobra fraudulenta, señaló: “Lo más probable es que haya sido por parte de la familia de mi marido, que tiene afinidad con el partido UDI (…) El dinero si lo recibí mediante un vale vista y luego se lo entregué a mi suegro (Cristián Leay)”.

Otra persona cercana a Leay que figura con ocho boletas rectificadas por SQM, es María Alejandra Bórquez Cousiño, pareja y socia del director de TVN en Inversiones y Asesorías Maqui. Bórquez recibió $40 millones de la minera, entre noviembre de 2010 y abril de 2013. Según información recabada por CIPER, Bórqueztambién recibió pagos de dos empresas de Leay: el Centro de Estudios Nueva Minería e Inversiones Santa Mané.

Las boletas pagadas por SQM al ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda -y a dos de sus hijos, Antonia y Gustavo-, fueron rectificadas por la minera y también son parte de los dineros que el informe de Shearman & Sterling atribuye a Longueira. Alessandri Balmaceda ha sido director en las fundaciones del ex ministro de Economía y emitió dos boletas a SQM -abril de 2010 y julio de 2011- por $10 millones. Su hijo Gustavo hizo lo propio con cinco boletas por $23 millones, entre octubre de 2009 y febrero de 2012; y las boletas de Antonia son cuatro –entre enero de 2011 y noviembre de 2012- y suman $17 millones.

Alessandri Balmaceda (quien es socio comercial de Titi Valdivielso) dijo a CIPER en abril de 2015: “No hay aportes a la política. No fue así ni es así. Los ingresos recibidos tienen certificados de donaciones” (ver “Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira”). Sin embargo, los pagos recibidos por él y por sus hijos desde SQM sí fueron a través de boletas de honorarios que la minera rectificó. Puede que Alessandri se haya confundido, porque la Fundación Chile Justo, de la cual fue director, también registra donaciones desde SQM por $75 millones, dineros que fueron por otro carril. Otra fundación de Longueira, Fundación Web, recibió otros $350 millones vía donaciones de la minera, según estableció el informe de la auditora Shearman & Sterling.

El mismo informe, para cuya realización la firma estadounidense accedió a documentos internos de Soquimich, menciona otros receptores de dinero de la minera asociados con Longueira, pero cuyos vínculos con el ex senador no quedan claros. Gabriel Jiménez Celsi recibió $5 millones en diciembre de 2009 y Esteban Gal Oliva, emitió una boleta por $3,8 millones en junio de 2013. En este mismo grupo figura la ex periodista de la UDI, Lily Zúñiga, quien tiene dos boletas rectificadas por SQM por $3,1 millones cada una, en octubre y noviembre de 2012. Aunque ella ha reconocido su cercanía con Longueira, en su declaración judicial señaló que esas boletas se las habían solicitado en la UDI por petición de Jovino Novoa.

El 29 de abril de 2013, Pablo Longueira renunció a su cargo de ministro y fue proclamado precandidato presidencial de la UDI. Pero los pagos desde SQM no cesaron. Existen desembolsos rectificados por la minera a su red de boleteros en 2014 y también pagos directos a una empresa de Longueira: Asesorías e Inversiones LB, sociedad que constituyó junto a su esposa Cecilia Brinkmann el 16 de diciembre de 2013, que recibió $60 millones desde SQM durante 2015 (ver listado de pagos asociados a Longueira luego que declinara su candidatura presidencial).

MILLONES DESDE PENTA

El primer indicio de que Pablo Longueira estaba implicado en el financiamiento irregular de la política lo entregó Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta, quien señaló que durante 2013 se le habían entregado más de cien millones de pesos en efectivo para su campaña presidencial de ese año. Antes de contarlo a los fiscales, Bravo se lo recordó a uno de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, cuando éste lo visitó en su departamento luego de que fuera desvinculado de la empresa. Bravo grabó esa conversación, la que después se hizo pública.

“En efectivo (dinero) fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones”, se escucha a Hugo Bravo decirle a Lavín en la grabación. En esa misma conversación, Bravo le recuerda a Lavín que esos dineros los cobró en efectivo y los sacó del Banco Penta. “Ningún otro banco me entrega $50 millones (en billetes) sin preguntar”, le puntualiza Bravo, quien luego le enumera los dineros del grupo que habían ido a manos de personeros de la UDI.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las posteriores declaraciones de Hugo Bravo y de los controladores de Penta a la Fiscalía proporcionaron más detalles de esas entregas de dinero. El 2 de octubre de 2014, Bravo relató cómo desde el holding se le entregaron $100 millones a Longueira en un maletín:

“Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín y Délano lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara (el dinero) a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina. Para ello llamé por teléfono al gerente general del banco, Andrés Chelchenisky, indicándole que necesitaba en efectivo $50 millones de mi cuenta. Subió a una oficina una cajera y un guardia con el dinero y una máquina para contar billetes. Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Carlos Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina. A la semana se repitió la operación por $50 millones más. Finalmente, cuando Longueira ya se había bajado, creo que le entregaron al mismo contacto otros $35 millones, que eran para que Longueira viviera después que se bajara como candidato. El depósito no sé quién lo hizo, pero me lo contaron Délano y Lavín”.

El desarrollo de esa investigación permitió determinar que esos dineros provinieron de contratos forwards irregulares que Penta firmó con la empresa VSA, de Roberto Carrasco, el empresario y amigo de Laurence Golborne que abrió una nueva arista del caso al revelar cómo otras diez grandes empresas donaron plata a políticos por la vía ilegal.

En su declaración ante la Fiscalía, Carlos Eugenio Lavín confirmó los $100 millones en efectivo que el Grupo Penta le donó a Longueira: “Respecto de Pablo Longueira, sé que aprobamos para su campaña junto a Carlos Alberto (Délano) un aporte de 100 millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo. Por lo que me contó en agosto o septiembre de este año, Hugo Bravo habría hecho unos forwards para disponer de efectivo. Para eso hizo cuatro contratos entre Empresas Penta y una sociedad VSA”.

Cuando declaró el otro controlador de Penta, Carlos Alberto Délano (5 de enero de 2015), ratificó lo dicho por su socio: “Respecto de Pablo Longueira señalo que  no nos ha pedido ningún aporte, sino que nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se le aportó alrededor de 100 millones de pesos y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo”.

LAS REDES TRANSVERSALES DE LONGUEIRA

Aunque los millonarios pagos a su red de boleteros desde SQM son los que más complican a Pablo Longueira, en las distintas aristas de la investigación de la Fiscalía se han ido recogiendo nuevos antecedentes sobre aportes políticos asociados al ex senador desde otras empresas.

Recapitulando las empresas mencionadas más arriba, la red de boleteros vinculada al ex ministro incluye a Copec, del Grupo Angelini y el Banco BCI, de la familia Yarur. Ambas empresas rectificaron los pagos. No hay información respecto de si ocurrió lo mismo con el dinero que entregó vía boletas la empresa de Horst Paulmann, Cencosud. Tampoco se sabe si rectificó  Metalpar, la sigla de Metalúrgica Paredes, que se dedica a la fabricación e importación de buses para el transporte público.

Otra empresa que registra un pago vinculado a Longueira es Senexco, parte del grupo inmobiliario Sencorp, propiedad de Abraham Senerman Lamas, cuyos proyectos han dado forma a Sanhattan y dueño del 50% de Valle Nevado. Hasta fines de 2013, Senexco era manejada por su hijo, Ricardo Senerman Volochinsky. No hay información disponible sobre si rectificó en el SII esos pagos y canceló los impuestos y multas correspondientes.

Más desconocida es la Inmobiliaria Lomas de Quelén, vehículo de inversión de la familia Pérez Cruz,integrada por diez hermanos liderados por Andrés Pérez Cruz. Este grupo tiene una participación relevante en Gasco y un porcentaje menor en la CMPC.

Casi anónima es Inversiones Afa, propiedad de Álvaro Fischer Abeliuk, quien presidió la Fundación Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Desde 2014, Fischer es director de Copec (propuesto por AFP Provida), y es uno de los fundadores de Resiter, empresa que se dedica al negocio de la basura industrial.

También figura un pago de Inversiones Río Bueno, de propiedad de los ex presidentes de la Sofofa, Bruno Philippi y Andrés Concha (fallecido). Río Bueno ha participado en la empresa eléctrica Pilmaiquén, en el Grupo Security y en Puerto Ventanas con porcentajes menores.

Otra empresa que registra pagos asociados a Longueira, esta vez directos, es Aguas Andinas. La sanitaria comenzó a pagarle mensualmente $3 millones en abril de 2014 a Asesorías e Inversiones LB, la sociedad de Longueira y su esposa. Hasta enero de 2015 esos pagos continuaron, sumando $27 millones y no fueron rectificados por la sanitaria.

El entorno de Longueira también registra otros pagos investigados desde dos pesqueras: la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes) y Pesquera El Golfo, que perteneció al grupo Yaconi-Santa Cruz hasta que en 2011 se fusionó con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A., una de las empresas que se benefició con la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso mientras Longueira era el ministro del ramo.

Un caso aparte es Corpesca, la empresa del Grupo Angelini que protagoniza la tercera arista de la indagatoria por las platas políticas ilegales y que registra en 2012 dos pagos, por un total de $18 millones, al Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, rectificados por la pesquera. Esa sociedad fue constituida el 26 de enero de 2009 por uno de los colaboradores más cercanos al ex senador gremialista, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, en asociación con Darío Chacón. Cornejo asesoró a Longueira en el Ministerio de Economía entre julio de 2011 y mayo de 2012.

Arturo Lavín Aliaga, quien era representante legal del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos cuando Corpesca realizó esos dos pagos, declaró ante la Fiscalía el 21 de agosto de 2015 que el contacto con Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, se lo hizo Carlos Feres, asesor de Longueira durante la tramitación de la Ley de Pesca (recientemente fallecido y cuyo hijo, Carlos Feres Ducci, registra dos boletas rectificadas de SQM por $12 millones).

Lavín Aliaga declaró: “Conocí a Francisco Mujica a través de un amigo, Carlos Feres, con quien estaba tomándome un café frente al Ministerio de Economía”. Y agregó que en mayo de 2012 Feres le dijo: “Mujica se acordó de ti y me pidió que le prepares una propuesta”. Esa propuesta se tradujo en un estudio sobre los actores y sus mensajes en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, un trabajo con el que justificó parte de los $18 millones que recibió de Corpesca. Si bien hay una copia de dicho estudio en la carpeta del expediente Corpesca, recientemente Mujica declaró que no conocía a Arturo Lavín Aliaga.

Sobre estos pagos y otros antecedentes que figuran en el expediente Corpesca, Pablo Longueira debía declarar como “testigo” este 8 de marzo ante la fiscal Ximena Chong. No se sabe qué fue lo que motivó al ex senador a postergar una semana su cita con el Ministerio Público.

INVESTIGADO POR COHECHO

Al día siguiente que CIPER revelara el intercambio de correos electrónicos entre Pablo Longueira y el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el que incluyó el traspaso de información privilegiada sobre un proyecto de ley de royalty minero que en 2010 preparaba el gobierno de Sebastián Piñera, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien está a cargo de la investigación de los pagos ilícitos de SQM a políticos, confirmó lo publicado por CIPER. Gómez informó, además, que desde enero Pablo Longueira está siendo investigado por el posible delito de cohecho.

Fiscal Pablo Gómez

Y se entiende. Porque el contenido de los correos revelados por CIPER indica que Pablo Longueira no se limitó a mostrarle a Patricio Contesse lo que el gobierno preparaba para aumentar temporalmente el royalty a la minería y así recaudar dineros para la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Longueira le entregó a Contesse -casi un mes antes de que el proyecto ingresara al Congreso- la información clave de ese proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de Soquimich, y luego el entonces senador sirvió de trampolín para recibir la contrapropuesta que elaboraron en la propia minera (vea reportaje de CIPER: “Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse”).

Los adjuntos a esos correos que entregó CIPER a sus lectores, indican que la redacción que le envió de vuelta Contesse a Longueira, fue finalmente la que se impuso en la ley que se aprobó. Contesse logró modificar un artículo del borrador del proyecto sobre royalty minero, lo que le permitió a SQM acceder a la invariabilidad tributaria. Será ahora la justicia la que deberá determinar qué perdida representó esa modificación para el Estado (respecto del proyecto original) y quiénes le ayudaron a obtener ese beneficio tributario interviniendo en la redacción de la ley.

Una vez promulgada la ley, en 2011 fue en el mismo Ministerio de Economía, del cual era titular Pablo Longueira, que se firmaron los contratos que incluían las nuevas cláusulas con las filiales SQM Salar y SQM Nitratos.

Con la información entregada por el fiscal Pablo Gómez, ahora deberá reunirse en una sola y cuarta carpeta, la indagación de Pablo Longueira. En ella se acumularán todos los antecedentes que arroja la investigación de los pagos ilícitos efectuados y rectificados por Soquimich, y también los recogidos en esta investigación y que incluyen las boletas por pagos de trabajos no realizados de al menos 13 empresas a su extensa red de boleteros y fundaciones.