Los hombres de Ponce Lerou investigados por estrujar las arcas de SQM con boletas falsas

A más de $1.000 millones podría llegar el monto obtenido desde Soquimich (SQM) por un grupo de personas de confianza de Julio Ponce Lerou a través de boletas y facturas presumiblemente falsas, el mismo método que utilizó la minera para financiar ilegalmente a políticos de un amplio espectro. Se trata de la arista menos mediática de la indagación a SQM, pues involucra a un grupo de hombres de negocios de bajo perfil, pero que también integra el elenco que está siendo investigado por el entramado ilícito del llamado caso Cascadas, por el cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ya aplicó las multas más altas de la historia de la institución.

Desde que en febrero pasado comenzaron a destaparse los pagos irregulares hechos a través de SQM, sólo tres personas han sido formalizadas en esta hebra de la investigación. La audiencia tuvo lugar el 30 de abril y los imputados por delitos tributarios fueron Patricio Contesse González, ex gerente general de SQM; el abogado Roberto Guzmán Lyon y el contador Luis Saldías Varas. Mientras el primero manejaba la caja de las asesorías fantasmas de la empresa y quedó con arresto domiciliario total, los dos últimos son dueños de sociedades que emitieron facturas para la minera no metálica y se les aplicó arresto domiciliario nocturno.

Patricio Contesse

Al igual que Contesse, Guzmán Lyon y Saldías Varas tienen una larga trayectoria al alero de SQM y del hombre que mueve sus hilos a través de una cascada de sociedades, Julio Ponce Lerou. A ellos se suma José Guerrero Zamorano, quien también recibió pagos por facturas cuestionadas, pero no ha sido formalizado. Son los vínculos que los unen a Julio Ponce Lerou los que abren interrogantes acerca del verdadero objeto de los millonarios pagos que recibieron y que podrían constituir una forma encubierta de drenar dinero de la compañía gracias a la caja de US$20 millones que Contesse manejaba a discreción.

Durante la investigación de Cascadas, la SVS identificó a Saldías y Guerrero como personas que desempeñaban funciones de confianza de Ponce Lerou y Guzmán Lyon. Estos dos últimos recibieron multas por US$70 millones y US$22,5 millones respectivamente.

Las últimas decisiones del fiscal nacional Sabas Chahuán indican que los nombres y datos que ligan las dos investigaciones que lleva el Ministerio Público sobre Soquimich –la del caso Cascadas, a cargo desde septiembre de 2013 del fiscal José Morales; y la indagación que él mismo Chahuán encabeza por delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política y que surgió del caso Penta– son relevantes.  Eso explica que a comienzos de junio el fiscal nacional le pidiera  a la SVS que le diera acceso a las carpetas reservadas de la investigación que esa institución hizo sobre Cascadas, donde aparecen detalles de las funciones reservadas que cumplía Guzmán Lyon para Ponce Lerou. La segunda decisión se conoció este miércoles 22 de julio cuando el caso Cascadas quedó en manos del fiscal regional Andrés Montes, dejando fuera de la investigación el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, quien había acumulado quejas por el lento avance de la indagatoria.

En la arista Penta-Soquimich, el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó más de $1.000 millones en pagos de boletas y facturas a personas y sociedades ligadas directa o indirectamente a Guzmán, Saldías y Guerrero. A esta conclusión preliminar se llegó luego de que SQM presentara un listado de pagos por servicios que no tenían respaldo en su contabilidad. Es decir, había sospechas fundadas de que esos trabajos no se realizaron. Tras analizar los datos y tomar declaraciones, el SII ingresó dos denuncias al Ministerio Público –el 24 de marzo y el 2 de abril–, que entregaron insumos para la formalización de Contesse, Guzmán y Saldías.

EL ABOGADO DE PONCE LEROU

“Roberto Guzmán Lyon es un amigo mío, no hay una relación laboral y no tiene relación alguna con Soquimich”, respondió Julio Ponce Lerou a los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias el 23 de marzo pasado. La afirmación es, cuando menos, una media verdad. Si bien efectivamente ambos son amigos de larga data, Guzmán es un personaje esencial en la historia de negocios de Julio Ponce Lerou y la relación comercial entre ambos es imposible de negar.

Fue Guzmán quien creó la cuestionada estructura societaria de las cascadas (ver reportaje publicado por La Tercera en 2013). Los registros del regulador de valores estadounidense dan cuenta de que Guzmán Lyon ha sido representante de Julio Ponce Lerou y gerente general de Inversiones SQ Holding S.A., Pacific Atlantic Trading Corporation, S.Q. Grand Cayman Corp. y The Pacific Trust, todas sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales Ponce Lerou invierte en las cascadas.

El propio Guzmán reconoció ante la SVS en marzo de 2013 que su relación con Ponce Lerou es personal y profesional: “Lo conozco hace 27 años por intermedio de un muy amigo mío, cliente y empresario Rubén Cruz Ponce, tío de Julio, hoy fallecido. Soy su abogado personal en algunas materias”.

Roberto Guzmán Lyon

A través de Guzmán y Compañía Abogados Limitada, Guzmán Lyon facturó $20 millones que fueron rectificados por SQM, pues no se encontró documentación de respaldo que justificara los pagos. De acuerdo a la información recabada por el Ministerio Público, la empresa tenía prohibido realizar pagos al abogado Guzmán Lyon a través de su fiscalía. Al menos así se desprende de la declaración de Patricio Matías Astaburuaga Suárez, quien se identifica como abogado jefe de todas las empresas del grupo Soquimich en Chile y en el extranjero:

“No supe que (Roberto Guzmán Lyon) hubiera prestado servicios a SQM, en estos últimos cinco años. Yo no he autorizado ningún pago de sus servicios. Él se encuentra, de acuerdo a mi conocimiento, dedicado al tema de las sociedades pampas calicheras, es decir, de aquellas que se conocen públicamente como las ‘cascadas’. Creo que sería incompatible que en ese rol de abogado de Pampa Calichera prestara servicios en la fiscalía de SQM. Nosotros hemos hecho una muralla china entre ambas empresas y no tenemos ninguna relación con ellos ni ellos con nosotros”, declaró Astaburuaga, quien dijo que los pagos hechos a Luis Saldías y sus sociedades serían igualmente incompatibles, pues también se desempeñaba en las sociedades calicheras.

Pero Guzmán Lyon tuvo otras vías para recibir dinero de SQM. Además de su estudio de abogados, el SII identificó a 28 contribuyentes que estarían ligados a él y que emitieron boletas presumiblemente falsas a la empresa por $584 millones (ver lista). La mayoría no ha sido citada a declarar o, cuando han concurrido a la Fiscalía, se han acogido a su derecho a guardar silencio, pero ya existen testimonios que dejan en evidencia cómo se triangularon dineros para esconder los pagos a Guzmán.

El 9 de junio pasado, Carlos Mario Manríquez Guerra reconoció que él y sus hijos emitieron boletas por al menos $182 millones, un monto aún mayor que el identificado originalmente por el SII. “No son servicios prestados a SQM S.A., eran dineros para Roberto Guzmán”, reconoció Manríquez Guerra. Conoció a Guzmán cuando estudiaban Derecho en la Universidad Católica y Manríquez dice deberle muchos favores a su amigo, los que le pagó prestándole las boletas. La “deuda” se origina en que entre 1989 y 1997 Guzmán le prestó un espacio en su oficina de calle Moneda sin nunca cobrarle arriendo y, aún más importante, le pagó una cuenta de la Clínica Santa María cuando su hijo tuvo un grave accidente.

Por eso, cuando en 2007 se le acercó Jorge Araya –entonces gerente general de las cascadas y uno de los ideólogos de la estructura societaria, fallecido en 2009– para pedirle las boletas, Manríquez Guerra no dudó en aceptar:

“(Araya) era muy amigo de Roberto y me dijo que tenía un problema y si yo lo podía ayudar. Me dijo que la empresa Soquimich quería pagarle a Roberto Guzmán Lyon un honorario superior a lo que era habitual y normal, y para no despertar las envidias de los demás abogados, quería hacerlo a través de personas de confianza que recibiéramos la plata y se la entregáramos (…). Me dice que le consiga el mayor número de personas de confianza que pudieran boletearle a Soquimich para hacerle llegar este dinero a Roberto Guzmán. Yo pensé inmediatamente en mis hijos y les pedí que dieran boletas”, contó a los fiscales.

En su declaración, Manríquez Guerra reconoce haber emitido cinco boletas por $8 millones cada una en 2008 y menciona más por el mismo monto en 2007, pero no dice cuántas, por lo que al menos suman $48 millones.  Luego, en 2009 entregó otra boleta por $6 millones, que según él era un préstamo que le pidió a Guzmán y que finalmente éste le pasó con platas de Soquimich. Lo justifica como pagos que la empresa le debía por servicios prestados en 1995 y 2001.

Sus hijos Juan Antonio y Mario Santiago Manríquez Santa Cruz también se presentaron ante el Ministerio Público, admitiendo cada uno haber entregado boletas por $64 millones. Los dineros eran cobrados con un vale vista y luego pagados a Roberto Guzmán Lyon a través de un cheque.

En 1996 Manríquez Guerra había constituido junto a Guzmán la sociedad Servicios Profesionales Guzmán y Manríquez Limitada, pero se retiró cuatro años más tarde. Roberto Guzmán Lyon permaneció como el socio principal y de acuerdo a una lista publicada por T13.cl, entre 2009 y 2013 Servicios Profesionales Guzmán y Manríquez recibió pagos por $155 millones por parte de SQM, los que no figuran en las denuncias presentadas por el SII.

Quienes sí aparecen mencionados en la denuncia de marzo junto a Guzmán Lyon son Osvaldo Francisco de Borja Opazo Lira y su esposa Marisol del Rosario Toro González. El matrimonio Opazo Toro entregó su testimonio tanto a funcionarios de Impuestos Internos como a la PDI. Ambas declaraciones difieren en detalles. Ante el SII, Opazo dijo que conocía a Guzmán Lyon hace más de 40 años, mientras que cuando declaró en el Cuartel Borgoño fijó la fecha en los ´90, aunque en ambos casos dijo que el contacto fue el también abogado Luis Valentín Ferrada. “A ambos los asesoraba contablemente en la confección de sus declaraciones de impuestos, lo cual aún hago”, contó a la policía el 19 de febrero.

En esa ocasión, dijo que desde 2008 Guzmán le pidió que emitiera “una boleta por una parte de los honorarios que él recibía de Soquimich S.A., lo cual acepté como forma de pago de mis remuneraciones.  Como una forma de repartir los ingresos en el hogar, mencioné la posibilidad de emitir boletas de mi señora”. A Soquimich, dijo, él nunca le prestó servicios. Lo mismo reconoció su esposa.

Ante la PDI, Opazo aseguró que Guzmán le pagaba en efectivo “el monto íntegro de la boleta”, pero un mes más tarde relativizó el dato al declarar ante el SII. Allí señaló que el abogado Guzmán Lyon le prestó $11 millones y que no estaba seguro de que siempre le pasara el monto total de la boleta que emitía, pues “puede haberse usado también para rebajar esa deuda”. Agregó además que no tenía respaldo de los servicios realizados: “Nuestra relación fue siempre muy informal, no hay respaldo y yo creo que ni él sabe cuánta plata me prestó, ni si le devolví todo, es una persona de mucho dinero”.

En total, en 2009 Opazo Lira emitió siete boletas a Soquimich por $3,8 millones, mientras que en 2012 su esposa entregó once boletas, por las que recibió $12,2 millones. La naturaleza de la relación de Opazo con Guzmán Lyon quedó en evidencia cuando el contador dijo no saber que figuraba en las escrituras de de dos de las sociedades del abogado: Walk Servicios Ltda. y Silvestre Corporation Chile. “Me dijo que formaría una sociedad y que me iba a poner como socio, no recuerdo la fecha, en realidad desconozco de qué se trataba, porque si él me decía firma aquí, yo lo hacía. En realidad, confiaba plenamente en él”, declaró el contador.

LA RED DE SALDÍAS

En la lista de emisores de facturas incluida en las denuncias del SII, Luis Saldías es quien tiene sociedades con mayores montos involucrados. Inversiones Enjoy S.A., empresa de la que es socio con su esposa, Myriam De Las Mercedes Cofré Pino, y el hijo de ambos, Diego Alejando Saldías Cofré, emitió 35 facturas a SQM por $458 millones entre 2009 y 2014. Luis Saldías declaró ante el SII que se trataba de pagos para obtener derechos de agua que serían transferidos después a SQM, lo que para el Ministerio Público convierte a las facturas en ideológicamente falsas.

Luis Saldías

El SII denunció que durante ese mismo período, Dasco Tecnologías S.A., también de propiedad de Saldías y de su hijo Diego, emitió dos facturas por $4,7 millones. Luego, en un escrito judicial, la Fiscalía sumó otras cuatro facturas, con lo cual el montó subió a $16,6 millones. En el mismo documento se cita una declaración de Saldías, quien dice que en realidad se trató de pagos por otra de sus sociedades, Somyl, lo que nuevamente para la Fiscalía confirma que son facturas ideológicamente falsas (ver escrito publicado por The Clinic).

Además, la esposa de Saldías, Myriam Cofré Pino, recibió pagos como persona natural por más de $ 73,3 millones durante el mismo periodo. En una revisión preliminar, el dinero recibido en total por la familia Saldías y sus empresas suma $548 millones.

Sin embargo, la segunda denuncia del SII contenía además los nombres de al menos 28 personas que se presumían ligadas a Roberto Guzmán Lyon. En esa nómina se contaban la ya mencionada esposa de Luis Saldías, Myriam Cofré, y tres personas que la investigación del Ministerio Público ha permitido dilucidar que están relacionadas con su secretaria, Eva Mujica Ladrón de Guevara. Aunque ella no aparece boleteando, sí figuran dos de sus hermanos: Marcia e Israel Mujica Ladrón de Guevara, que de acuerdo a sus perfiles de Linkedin son profesora de alemán e ingeniero informático, respectivamente. Entre ambos, suman pagos por más de $29 millones.

Otro vínculo escondido en esa nómina del SII fue descubierto el 16 de abril pasado, cuando el administrador Jaime Andrés Gallardo Cornejo declaró en Concepción ante el fiscal Emiliano Arias. Gallardo relató que tuvo una relación amorosa con Eva Mujica a partir de 2007, cuando ella se desempeñaba como secretaria en SAC S.A., la empresa que administra las cascadas de SQM y cuyo gerente general era Luis Saldías. “(Eva) me señaló que me quería ofrecer un negocio que más que un negocio era un favor. Me preguntó si tenía boletas y me informó que ella trabajaba con empresarios que para irse de vacaciones necesitaban que se le emitieran boletas por servicios que no le hubiesen prestado”, afirmó Gallardo ante el fiscal.

El método, dijo Gallardo, era el siguiente: Eva Mujica le enviaba un correo electrónico con los datos que debían aparecer en la boleta, él emitía la boleta y luego iba a buscar un vale vista a un banco. El dinero debía depositarlo en la cuenta de Mujica. Para probar sus dichos, Gallardo entregó al fiscal los correos electrónicos y chats que intercambió con Eva Mujica. En ellos se percibe un trato muy cariñoso al principio, el que cuando la relación termina se vuelve frío, pues Gallardo lleva un buen tiempo cesante y le debe dinero a Mujica. Al parecer, la deuda se origina en un departamento de la hermana de Luis Saldías que Gallardo arrendó a través de Mujica.

Las boletas de Gallardo abren nuevas interrogantes. A los $8,2 millones que le pagó SQM que registra la denuncia del SII ($9 millones brutos), se suman $2,7 millones de Pampa Calichera y $6,4 millones de SQM Industrial. Mientras la primera empresa había sido mencionada sólo en el caso de pagos al ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, la segunda no había aparecido en la investigación del Ministerio Público. La declaración de Gallardo es probablemente el inicio de una nueva arista en las indagatorias, pues según publicó La Tercera el 10 de julio pasado, SQM Industrial realizó una rectificación tributaria por pagos sin respaldo y al parecer, entre ellos también hay facturas y boletas relacionadas con políticos.

Pero la declaración de Gallardo arroja más sorpresas. A los $18,1 millones que suman los desembolsos que le hicieron empresas ligadas a SQM, se agregan $1,7 millón pagado por Inversiones Intercorp Limitada, una sociedad de Julio Ponce Lerou, aunque en el papel es controlada por Inversiones Flowry, que a su vez es propiedad de Flowry Company, asentada en Montevideo y representada por Roberto Guzmán Lyon.

En noviembre de 2009, SAC S.A., la misma empresa donde Eva Mujica era secretaria de Saldías, le pagó a Gallardo $2,5 millones. Ese mismo mes, otra boleta por $1,8 millones fue pagada por Servicios Financieros G & G, propiedad de José Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque. Guerrero Zamorano es otro cercano a Ponce Lerou que habría recibido pagos por servicios no prestados, aunque no ha sido formalizado El total de lo recibido por Andrés Gallardo y devuelto a Eva Mujica suma $24,1 millones.

Servicios Financieros G & G Ingenieros Limitada ya figuraba en la carpeta investigativa, pues recibió pagos de SQM denunciados en abril por el SII. La empresa emitió dos facturas por un total de $19,2 millones.

EL FACTOR CASCADAS

Los documentos con los cargos formulados en septiembre de 2013 por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) durante la investigación por las operaciones con acciones de las Cascadas –que terminó con las mayores multas de la historia en septiembre de 2014– permiten dimensionar los vínculos de Guzmán, Saldías y Guerrero, con Julio Ponce Lerou. Los tres representan o son parte de sociedades que participaron de las transacciones que fueron cuestionadas por la SVS, lo que en el caso de Guzmán Lyon significó una multa por UF 550 mil (US$22,5 millones). Se le acusa de haber efectuado transacciones por medios engañosos o fraudulentos y de haberlo hecho para provocar una variación artificial de los precios de las acciones, todo a través de un esquema gestado por Ponce Lerou.

Julio Ponce Lerou

El organismo basa su acusación en que se realizaron compras y ventas de acciones de las sociedades cascadas que perjudicaron al resto de los accionistas. Para explicar cómo operó este esquema fraudulento, la SVS hace una división didáctica del rol de cada una de las sociedades que tuvieron algún grado de participación y describe los vínculos que tienen con Ponce Lerou. Es esa descripción la que ayuda entender la importancia en primer término de Guzmán Lyon, pero también de Saldías y de Guerrero.

José Osvaldo Guerrero Zamorano ha sido representante de las cascadas Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, sociedades que tienen registrado como contacto ante las distintas corredoras de propiedades el correo electrónico de Luis Saldías en SAC S.A. A su vez, las sociedades que las controlan fueron creadas o representadas por Guzmán Lyon.

De acuerdo a los documentos del Registro de Comercio, SAC S.A. nace en 2002 a partir de una transformación de Inversiones La Compañía Ltda., cuyo principal socio es Inversiones del Sur Ltda., empresa que la SVS identifica como controlada por Julio Ponce Lerou a través de dos sociedades panameñas que tienen al abogado Guzmán Lyon como apoderado. El directorio Inversiones del Sur en 2010 estaba integrado por Julio, Francisca y Daniela Ponce Pinochet –hijos del matrimonio de Ponce Lerou con una hija del ex dictador Augusto Pinochet–, además de Luis Saldías, quien oficiaba de gerente general.

Al momento de crear SAC, el representante de Inversiones del Sur era Guerrero Zamorano, quien asumió como director y gerente general. Renunció en septiembre de 2009 y en la gerencia general fue reemplazado por Luis Saldías, mientras que su puesto en el directorio fue asumido por Julio Ponce Pinochet.

Ante la SVS, Guzmán Lyon asumió la responsabilidad de SAC: “Yo la creé y tenía por objeto prestar los servicios administrativos y de registro de accionistas del grupo Cascadas y también a clientes individuales”.  La definió como una entidad no lucrativa, sino operacional. Afirmó además, que es propietario nominal, pero no retira utilidades ni recibe remuneración.

Este relato se contradice con los datos del Registro de Comercio. En ese registro oficial, el dueño de SAC no es Guzmán Lyon sino Inversiones del Sur, que a su vez es de Ponce Lerou.  Al formular los cargos, la SVS reparó en la incongruencia, pero no logró resolverla. En cambio, se concentró en dilucidar con el mayor detalle posible los lazos entre ambos y los distintos actores:

“Las sociedades del señor Julio Ponce Lerou y del señor Roberto Guzmán compartían personal en común, tales como los señores José Guerrero Zamorano y Luis Saldías Varas. En virtud de los antecedentes expuestos, el señor Luis Saldías Varas se ha desempeñado en funciones de confianza en las sociedades cascada, en diversas sociedades relacionadas al señor Julio Ponce Lerou, como también en aquellas de propiedad del señor Roberto Guzmán. En efecto, el señor Luis Saldías se desempeñaba ante diversas corredoras de bolsa como representante de  las sociedades cascada, Inversiones SQYA, Inversiones del Sur, Inversiones Silvestre, Inversiones Jaipur e Inversiones del Parque (…).  En consecuencia, el señor Luis Saldías sería, de manera similar al señor Roberto Guzmán, una persona de confianza del señor Julio Ponce Lerou y del propio Roberto Guzmán”.

El interés de la SVS en Guerrero Zamorano y Saldías Varas se debe a que sociedades en las que ellos tres son socios, directores o ejecutivos, compraron y vendieron acciones de las cascadas como parte del esquema fraudulento investigado por la superintendencia. Así ocurre con Inversiones Enjoy de Saldías, con SAC S.A. donde es gerente general, y de Inversiones del Sur, en la que Guerrero Zamorano actuó como representante.

El gran protagonista es, de todos modos, el abogado Guzmán Lyon, pues la SVS determinó que las sociedades vinculadas a él obtuvieron ganancias por US$128 millones, mayoritariamente a través de Inversiones Silvestre Corporation.  Una sociedad que tuvo un rol relevante en el esquema fraudulento de las cascadas de SQM, el que según la acusación de la SVS fue orquestado por Ponce Lerou para su beneficio y pese a que iba en contra del interés social de las cascadas. Para conseguir su objetivo fue clave la participación de Guzmán Lyon, quien también se vio beneficiado por las operaciones, pues lograba vender las acciones a precios mayores de los que las había comprado:

“Las actuaciones de las sociedades controladas por el señor Roberto Guzmán fueron funcionales al esquema que habría desarrollado o gestado el señor Julio Ponce Lerou, dado que ellas fueron parte de los ciclos de transacciones (…). Esta participación en el esquema y su subordinación al interés social de las sociedades relacionadas, le significó al señor Roberto Guzmán recibir oportunidades de negocios que no estaban disponibles para todo el mercado”.

El Servicio de Impuestos Internos decidió incluir dentro de la nómina de grandes contribuyentes a todos los actores del caso Cascadas. Eso significa que tanto el abogado Guzmán Lyon, como Saldías y Guerrero, más las sociedades a las que están ligados (Silvestre, SAC, Enjoy, Guzmán y Manríquez, Inversiones del Sur, entre otras) tienen una fiscalización especial en términos tributarios.

Fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, José Morales.

Tras el cierre de la investigación administrativa de la SVS, la indagación la siguió el Ministerio Público para identificar los eventuales delitos que se habrían cometido con las operaciones a través del esquema fraudulento de cascadas, especialmente aquellos que habrían perjudicado a los accionistas minoritarios de las sociedades de SQM. Fueron precisamente abogados que representan los intereses de algunos de estos últimos accionistas –AFP Habitat y Administradora Moneda- los que formularon los primeros cuestionamientos a la labor del fiscal que lideraba la indagatoria: José Morales, jefe de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

Al cuestionamiento por el lento avance de una investigación que involucra a actores relevantes del mercado bursátil local, se sumó un nuevo factor que complicó más el  escenario: la candidatura del mismo José Morales al cargo de fiscal nacional, cuyo titular termina su periodo en noviembre. Según trascendió, Morales era el candidato de un grupo del PS y PPD para suceder a Sabas Chahuán. La entrevista del fiscal Morales con revista Qué Pasa del viernes 17 de julio precipitó los cambios. El lunes 20, se designó a las fiscales adjuntas Tania Sironvalle y Macarena Cañas para fortalecer la indagatoria en su etapa crucial. Y el miércoles 22, Chahuán puso a la cabeza de la investigación al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

Una de las primeras medidas que se espera es que se cite a declarar a Julio Ponce Lerou, un paso previo para su formalización, la misma que el fiscal Morales rechazara.  En tanto, el abogado Roberto Guzmán Lyon deberá enfrentar al Ministerio Público en dos frentes: Cascadas y boletas de SQM. Mientras tanto, el cruce de datos que emergen de las dos indagatorias a SQM continúa arrojando sorpresas.