Lucro en la Universidad Santo Tomás: los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió

Vea además:
– Entrevista a Patricio Basso: «En la CNA sabían que varias universidades privadas facilitan el lucro de sus socios controladores»
– Entrevista a Fernando Bravo, asesor externo del MINEDUC: “Los préstamos sin intereses provocaron daño patrimonial a las utilidades de la UST”

Hace tres meses y sin dar detalles a la opinión pública el Ministerio de Educación (MINEDUC) cerró una de las investigaciones más delicadas surgidas durante la prolongada crisis que vive la educación superior chilena. Se trata de la denuncia hecha por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en contra de la Universidad Santo Tomás (UST), institución que educa a más de 27.000 jóvenes de sectores medios y bajos y que es controlada en un 60% por el grupo Hurtado Vicuña y el fondo de inversión Linzor Capital (vea además Rectificación Hecho Esencial).

La denuncia de la CNA se refiere a una serie de préstamos por más de $13.000 millones otorgados entre 2003 y 2010 a empresas pertenecientes a los mismos dueños de la UST. Las condiciones fueron extremadamente favorables para los deudores pues no se les cobraron intereses ni se fijó un plazo para la devolución. La empresa más beneficiada fue Inmobiliaria Rádices S.A. que recibió más de $11.000 millones de la UST y los usó, según determinó una investigación del propio MINEDUC, para comprar inmuebles que luego arrendó a la universidad.

La operación descrita es similar a lo que ocurría en la Universidad del Mar (UDM), entidad que arrendaba todas sus sedes a inmobiliarias controladas por sus dueños. Uno de los casos más cuestionados fue el de la sede de Reñaca que la UDM arrendaba en UF 4.000 mensuales a las inmobiliarias “del Mar” y “Rancagua”, ambas controladas por los dueños de la UDM. Estas inmobiliarias, a su vez, estaban comprando la sede vía leasing a un banco y pagaban UF 2.000 mensuales.

Eso quiere decir que al mismo tiempo que de las arcas de la UDM salían recursos para comprar dos sedes como las de Reñaca, pero no se quedaba con ninguna, los dueños de la UDM aumentaban su patrimonio gracias al financiamiento que sus inmobiliarias obtenían de una entidad sin fines de lucro (ver reportaje)

Respecto a la denuncia sobre lucro en la UST, el jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, decidió sobreseer la investigación estimando que, aunque las operaciones detectadas por la CNA sí ocurrieron, no causaron daño al patrimonio de la UST (ver informe completo). Sin embargo, los antecedentes reunidos en esta investigación de CIPER muestran que la autoridad no tuvo a la vista antecedentes fundamentales y, a la vez, no consideró la opinión de un especialista convocado por el propio ministerio (Fernando Bravo) quien sostuvo que las operaciones de préstamo descritas sí dañaron el patrimonio de la UST.

El dictamen muestra, además, que la forma en que el MINEDUC entiende el lucro, deja una puerta abierta para que los dueños de las universidades usen recursos de éstas en beneficio de sus empresas.

DAÑO PATRIMONIAL

La denuncia en contra de la UST surgió en julio de 2011 cuando esa casa de estudios envió sus antecedentes a la CNA para acreditarse. Los documentos financieros presentados mostraban un saldo por cobrar a tres empresas relacionadas por un monto de $13.096 millones, según el siguiente desglose: Sociedad Inmobiliaria Rádices S.A., $11.260 millones; Centro Nacional de Estudios Paramédico y Agropecuarios Propam S.A., $ 1.632 millones; Santo Tomás S.A, $ 203 millones.

Según afirmó la CNA en su denuncia, estos saldos por cobrar  no estaban “sujetos a reajustes ni intereses” y la devolución se había establecido en el largo plazo.  Concluye la CNA que, por las condiciones fijadas, estos préstamos son un “traspaso neto de patrimonio de la UST a estas tres empresas relacionadas… y es de toda evidencia que esta transacción es más favorable para los deudores que cualquier préstamo disponible en el mercado financiero”.

En el balance de la UST, la CNA detectó también una “contingencia” de monto desconocido “a causa de garantías entregadas a la empresa relacionada Sociedad Inmobiliaria Rádices S.A.”.  Las mencionadas garantías consistían en que la UST era aval y codeudor solidario de los créditos que la Inmobiliaria mantenía con el sistema financiero. Es decir, la UST, además de prestarle dinero, le sirvió de aval a Rádices para sus operaciones inmobiliarias.

Patricio Basso, secretario ejecutivo de la CNA al momento de la denuncia, explicó a CIPER que, para que se produzca el lucro que la ley prohíbe, tiene que haber una “transferencia de patrimonio en forma directa o indirecta” de la universidad a las empresas relacionadas. En su opinión, lo detectado en la UST corresponde a esta figura: “Lo que transforma una transacción en lucro es la circunstancia que ésta no se efectúe a valores de mercado, pues implica que la empresa relacionada obtiene de la universidad condiciones más favorables de las que hubiese obtenido en una transacción con un tercero no relacionado.  En el caso de la UST los préstamos sin intereses ni reajustes son claramente más convenientes para las  empresas relacionadas, especialmente la Inmobiliaria Rádices S.A., que cualquier préstamo que hubiese podido obtener en el mercado financiero.  En el caso de la inmobiliaria la situación es aún más ventajosa para ésta, porque además cuenta con el aval de la UST y con contratos de arrendamiento de largo plazo que le permiten, si lo desea, endeudarse con la banca a mejores tasa de interés pues el riesgo se traspasa a la UST”.

En ese contexto, explica Basso, las operaciones con Rádices S.A. hicieron que “el patrimonio de la UST disminuyera cada año en el monto de los intereses no cobrados, a la vez que el patrimonio de sus empresas relacionadas aumentaba en igual cantidad.  En otras palabras, existió una transferencia de patrimonio desde la Universidad Santo Tomás a sus empresas relacionadas cada uno de los años en que la primera efectuó préstamos sin intereses a las segundas.  Eso significó que la universidad sirvió de medio para que estos socios lucraran y se hicieran de las utilidades que la universidad dejó de percibir”. (Ver entrevista)

La investigación que realizó el MINEDUC tras la denuncia de la CNA incluyó un informe del economista de la Universidad de Chile, Fernando Bravo, quien indicó que lo que correspondía era que se cobrara intereses por esos traspasos, tal como sucede entre las empresas relacionadas de un mismo holding.

-La lógica que opera en la gestión financiera de estos grupos es que si a una empresa le sobra plata y a otra le falta, lo que suele hacerse es traspasar dineros. Pero se da al costo de captación, que es el que se maneja en el mercado, equivalente al que aplica el intermediario financiero normal que son los bancos. El punto es que yo les dije: una institución sin fines de lucro no le puede prestar plata sin intereses a una con fines de lucro, porque se está debilitando financieramente –explicó Bravo a CIPER:

-¿Hay un daño patrimonial?

– Total y absoluto a las ganancias del patrimonio. Segundo, por esa vía de sacar plata estoy faltando a la obligación de que no se puede perder nada de lo que se genere en esa institución sin fines de lucro, que por ley, debe reinvertirse dentro. Estoy pasando las utilidades a otra empresa del grupo y la plata se está escapando.

Para Bravo, además, el hecho de que estos préstamos no tuvieran un plazo asignado los transforman en un “cuasi aporte”: “Le prestan plata a largo plazo y eso sirve para financiar activos fijos que, en este caso, son los mismos edificios que la inmobiliaria del grupo construye para la universidad y que después además, le arriendan de vuelta. Entonces, tienen beneficio doble asegurado”. (Ver entrevista )

La argumentación anterior no fue recogida por el MINEDUC según el dictamen que sobresee la investigación. Por el contrario, determina que no hubo lucro en los préstamos otorgados por la UST, recogiendo íntegramente el argumento de Jaime Vatter, rector de la UST. Vatter afirmó que los préstamos entregados por su casa de estudios eran parte de un plan de inversiones mayor que le permitió a la UST obtener más beneficios que los que habría obtenido cobrando intereses. Explicó que la UST forma parte del Sistema Educacional Santo Tomás (SEST) el cual incluye también un Instituto Profesional, un Centro de Formación Técnica y varios colegios, que en conjunto ofrecen matrícula a unos 100.000 alumnos.

Según el rector de la UST, este conglomerado educacional definió un plan de desarrollo para 2004-2011 que requirió de una inversión de $100.000 millones y que le permitió a la UST expandirse por todo Chile, creando en cuatro años 13 sedes. Ello le habría reportado a la UST “beneficios que superan por amplio margen el costo de no haber recibido aproximadamente $300 millones anuales por concepto de intereses financieros”.

Entre los beneficios que Vatter destacó está el haber podido incorporar 24.000 metros cuadrados de instalaciones y el aumento de las reservas de la UST que pasaron “de $9.683 millones a $29.350 millones”.

El dictamen del ministerio, que no recoge la opinión crítica de Fernando Bravo, sí considera su parecer cuando este confirma lo sostenido por el rector y escribe que: “ha habido ventajas recíprocas” entre la UST y sus empresas relacionadas.  Entre las ventajas, Bravo remarca “el fuerte crecimiento de la UST en el periodo 2004-2011”, el aumento de su matrícula “y una muy sana situación financiera”.

El Ministerio de Educación sobreseyó la investigación afirmando que “se logró establecer que el préstamo efectuado por la UST a sus empresas relacionadas le permitió a ésta poder concretar su plan de expansión, situación que trajo aparejada importantes ventajas y mejoras para la institución”.

Lo complicado en este argumento es que la UST no aportó a Bravo antecedentes de que ese plan de inversión se realizó en los términos descritos por Vatter. Es decir, el argumento central que permitió desvirtuar la acusación de la CNA no fue chequeado por el especialista designado por el ministerio.

-¿Usted tuvo acceso al detalle de ese plan estratégico al momento de elaborar su informe? -consultó CIPER a Fernando Bravo.

-No, en este caso uno hace fe de lo que están declarando. En otros aspectos requerí la información necesaria.

La falta de documentos concretos llama la atención sobre todo porque hizo cambiar la opinión de Bravo: “Yo hice un planteamiento inicial que proponía una tasa de interés más alta, manteniendo siempre el mismo criterio de que acá debía aplicarse interés por esos préstamos. En eso no hubo variación. Sin embargo, cuando entregué mi primer informe, se le entregó al rector de la UST, Jaime Vatter, para que respondiera. Él argumentó de vuelta que con estos dineros en el grupo, se había logrado un plan de crecimiento y expansión con capacitación de profesores en el extranjero, etc. Y a mí me pareció razonable, bajo ese contexto, proponer una tasa más baja”.

Para Patricio Basso, el argumento del rector Vatter es en sí  “falaz, pues lo que el rector debería haber probado es que si el plan de inversión se hubiese realizado con cualquier otra empresa del mercado, no habría podido obtener los mismos beneficios. Si tomamos las relaciones comerciales con Rádices S.A., el rector debería haber probado que no existe en el mercado ninguna empresa constructora o inmobiliaria que hubiese podido construir para la universidad los 24.000 m2 que se incorporaron en el año 2011, bajo las mismas condiciones que se otorgaron a la Inmobiliaria Rádices. No es necesario ser experto para saber que la universidad habría obtenido un muy buen precio si hubiese llamado a una licitación para dichas construcciones ofreciendo: préstamos de más de $ 13.000 millones sin reajustes ni intereses; ser aval de la empresa constructora y contratos de arrendamiento a largo plazo.  El punto es, entonces, que el rector debió haber demostrado que los precios pagados a la Inmobiliaria Rádices S.A. fueron más bajos que los que hubiese pagado a cualquier otra empresa, pero por cierto bajo las mismas excepcionales condiciones otorgadas a ésta, lo cual es imposible que demuestre sin efectuar la licitación que he mencionado. Más aún, resulta difícil pensar que alguna empresa ofrezca las tres condiciones que he señalado a una empresa que no sea relacionada o familiar”.

Basso opina que el MINEDUC dejó en evidencia en este caso que opera con “una equivocada manera de entender el lucro: el patrimonio de la UST se dañó a causa de los intereses no cobrados a las empresas relacionadas. Esa es una verdad indesmentible que no necesita de 152 días de investigación, que es el tiempo que se tomó el MINEDUC en emitir un pronunciamiento”.

EL GRUPO HURTADO

La UST es hoy una de las más grandes casas de estudio privadas de Chile. Sus 27.000 alumnos son formados por cerca de 4.000 docentes de los cuales 3.100 son profesores por hora y solo 480 de jornada completa. Según las datos del Consejo Nacional de Educación (CNED) de los 6 mil alumnos que ingresaron a primer año en 2012, 2.800 provenían de colegios subvencionados y 1.800 de colegios municipales.

Dado el origen social al que apunta, la UST es una de las grandes beneficiarias del Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2010 recibió $8.057 millones por 5.290 alumnos que estudiaron con ese crédito. En 2011 la cifra bajó a $7.988 millones. Con todo, la UST es la tercera institución que más dineros recibe del CAE, detrás del DUOC ($11.997 millones) y de la Universidad Andrés Bello ($8.525 millones).

En la prueba Inicia -que mide los conocimientos de los egresados de Pedagogía y que es voluntaria-, los alumnos de la UST quedaron en el lugar 13 entre 24 instituciones que la rindieron: 57% de los alumnos alcanzó un nivel aceptable; 39% quedó en el rango insuficiente; y 5% obtuvo una puntuación sobresaliente.

Fundada en 1988 por Gerardo Rocha y su esposa Carla Haardt, la UST tuvo una fuerte expansión tras conseguir su autonomía en 2003. En solo cuatro años abrió 13 nuevas sedes en todo Chile. El impulso financiero que permitió ese crecimiento provino del ingreso al negocio del fondo de inversiones Halcón. Representado por José Ramón Valente, el fondo Halcón compró en 2005 el 15% de la Corporación Santo Tomás (que controlaba la universidad), en $ 3.516. Al retirarse, en 2009, vendió su parte en el triple: $ 10.640 millones.

Tras la muerte de Gerardo Rocha (quien en 2008 asesinó a una persona y quedó él mismo gravemente herido), sus herederos y los representantes del grupo Halcón optaron por vender el 57% de Santo Tomás a Juan Hurtado Vicuña y Linzor Capital. El precio: $38 mil millones. Sobre esa millonaria compra, Rodrigo Alarcón, ex presidente ejecutivo de la Corporación Santo Tomás S.A., dijo a CIPER:

-¡La plata que le metieron los Hurtado y Linzor Capital es una locura! Y como corrieron muchos riesgos, legítimamente deben estar aspirando a obtener una tasa de rentabilidad un poquito más grande que la del Banco Central: 8,5%. Y es lógico, porque si a un privado yo le digo “ponme dos millones de dólares para hacer un edificio”, y yo instalo ahí una universidad o una institución de educación superior cualquiera, el tipo obviamente espera su retorno. O si no, ¿por qué me va a pasar el dinero? ¿Por filántropo? No, así no funcionan las cosas.

¿Pueden ser los préstamos sin intereses y sin plazo la forma que encontraron Hurtado y Linzor de tener la rentabilidad que esperaban? “No sé, no puedo juzgar a nadie”, dijo a CIPER Fernando Bravo, el economista que analizó la denuncia de lucro en la UST. Y agrega: “No creo que no supieran que deberían haber cobrado intereses, no creo que ellos sean personas inocentes o ingenuas”. Y acota: “Pero dentro de todo creo que a pesar de que ganan plata, ofrecen un buen producto, no como en otros casos, como la U. del Mar que ganando plata ya vemos lo que ofrecían”.

El dictamen del MINEDUC que sobreseyó la investigación estableció, sin embargo, que de ahora en adelante los préstamos entre universidades y empresas relacionadas deben cumplir las condiciones del mercado.

-Yo creo que el gran logro es haber conseguido que de ahora en adelante sí se cobren intereses. Eso sentará un precedente para todo el resto de las universidades que hayan operado de esta manera. Hay un cambio para todos, sin necesidad que haya tanta sangre -dijo Bravo a CIPER.

Un dato adicional ilustra la finalidad que cumplían los préstamos que entregaba la UST a sus empresas relacionadas. En 2011, cuando la universidad, coincidentemente con el inicio de la investigación del MINEDUC,  comenzó a cobrar intereses por los préstamos que había dado, la Inmobiliaria Rádices decidió subir el monto de los arriendos de los inmuebles a la UST y fijar contratos de más largo plazo. El rector explicó al ministerio que estos cambios se debía a una adecuación a los precios de mercado (ver informe). Para Patricio Basso, sin embargo, se trata de una estrategia para mantener los flujos de recursos hacia la inmobiliaria tal como estaban antes de que la denuncia de la CNA desordenara todo:

-Dado que la UST comenzó a cobrar intereses, muy probablemente a tasas de mercado para evitar la acusación de lucro, la Inmobiliaria Rádices perdió la fuente de financiamiento que había tenido hasta esa fecha por lo que posiblemente debería recurrir a la banca para obtener capital de trabajo para sus nuevos proyectos. Es este nuevo escenario el que hace que la extensión de los contratos de arrendamiento sean una ventaja e, incluso, una necesidad de la Inmobiliaria, más que de la UST.

PERSIGUIENDO EL LUCRO

Es necesario precisar que, hasta 2011, la CNA nunca había analizado en detalle los antecedentes financieros de las universidades que buscaban acreditarse. Sólo lo empezó a hacer como resultado de la presión pública que ejerció el movimiento estudiantil para que se cumpliera la ley que impide a las universidades lucrar. De hecho, los préstamos que obligaron a la CNA a denunciar a la UST, ya estaban en su conocimiento desde 2006 por los balances que esa institución presentó al momento de acreditarse. El giro se produjo con la llegada a la CNA de Íñigo Díaz como presidente (en reemplazo de Eugenio Díaz, hoy en prisión preventiva y acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos,) y de Patricio Basso como secretario ejecutivo. Este último comenzó a elaborar minutas financieras para que los integrantes de la comisión tuvieran un panorama de la situación económica de la institución que buscaba acreditarse.

Tomar en cuenta los antecedentes financieros hizo que el proceso de acreditación se volviera más complicado para muchas instituciones. La primera  que tropezó con esta valla fue la UNIACC, cuya acreditación fue rechazada en noviembre de 2011. Tras revisar los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, la CNA concluyó que el patrimonio de la UNIACC sufrió un fuerte descenso pasando de $ 8.037 millones (2009) a $ 3.938 millones (2010), lo que implica una baja de un 51% en sólo un año. Esta súbita pérdida llamó la atención de la CNA pues la UNIACC hizo traspasos de dinero por un monto similar ($5.507 millones) a una sociedad anónima relacionada: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC). La CNA entendió ese traspaso como una deuda del instituto con la universidad, dinero que fue entregado -al igual que en el caso de la UST- en condiciones perjudiciales para la UNIACC pues no genera intereses y no incluye plazos de devolución.

“La deuda del Instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)”, se lee en el dictamen de la CNA. Y reitera: Las condiciones del préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.

Este análisis no sólo le impidió a la UNIACC acreditarse. La CNA incluyó a esa universidad junto con la UST en la denuncia por lucro que hizo al ministerio. Siete meses después haber iniciado una investigación, aún no hay una respuesta lo que tiene en la incertidumbre a alumnos y trabajadores.

Otra institución que ha pasado por un serio período de incertidumbre debido al examen de su situación financiera es la Universidad SEK, propiedad de Jorge Segovia Bonet. La minuta hecha por la CNA (ver minuta)  estableció que la SEK “tiene un comportamiento muy debilitado en comparación con las universidades privadas acreditadas que están en su nivel (entre 3 mil y 7 mil alumnos). Tiene un capital de trabajo negativo y un creciente deterioro en su liquidez y solvencia financiera”. Aunque se califica como una buena señal el aumento en activo fijo (infraestructura), la universidad presenta un alto endeudamiento con empresas relacionadas. Según el informe de la CNA, “al cierre del ejercicio 2010, la universidad es aval y codeudor solidario por $43 mil millones, lo que representa 1,76 veces su patrimonio, colocando a la institución en una posición de peligrosa dependencia”.

En la minuta se precisa que los pasivos de largo plazo de la SEK están constituidos exclusivamente por cuentas por pagar a empresas relacionadas (Segovia tiene 14 empresas relacionadas en la propiedad de la Universidad SEK). Al calcular el saldo neto que la universidad debe pagar a esta empresas, el monto es de $1.322 millones, “siendo sus principales acreedores Club Deportivo Unión Española SADP ($ 495 millones); Blue Marbel ASS SL ($542 millones) y el ISEK Costa Rica ($358 millones)”.

Cuando estos antecedentes financieros fueron puestos en conocimiento de los consejeros de la CNA, Eugenio Díaz  se opuso a que fueran tomados en cuenta para definir la acreditación de la SEK. Hoy se sabe, gracias a la investigación de la Fiscalía Oriente, que la opinión de Díaz estaba teñida por su intento de ser contratado por la SEK como encargado de acreditación. (Un detallado relato de cómo actuó Eugenio Díaz en la acreditación de la SEK)

En la CNA, la posición de Díaz contra las minutas financieras sólo consiguió el respaldo del jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC,  Juan José Ugarte, quien las rechazó cuando asistió a la acreditación de la UST. Y pidió que se dejara por escrito su posición en el acta: “El comisionado Juan José Ugarte deja constancia de su objeción de forma y de fondo sobre la inclusión al proceso final de análisis por la Comisión de la ‘minuta financiera’ elaborada por el secretario ejecutivo, ya que esta no ha sido conocida previamente por la institución correspondiente ni ha sido realizada por un tercero especializado en la materia, lo que a su juicio puede vulnerar las garantías de un debido proceso”.

Al día siguiente de la sesión, Eugenio Díaz le escribió un email a Ugarte felicitándolo por su postura y manifestándole su preocupación por la inclusión de estos antecedentes en el análisis de las universidades. El correo fue incautado por la Fiscalía Oriente en el curso de la investigación que tiene a Diaz en prisión. (Ver email)

Lo cierto es que las minutas financieras, elaboradas con los antecedentes entregados por las propias universidades, abrió un nuevo y complejo escenario para las universidades en la CNA.

Para Basso, no hay duda en que “el haber hecho público la existencia de lucro en la UST fue el detonante de mi exoneración del cargo de Secretario Ejecutivo de la CNA. Aníbal Vial, ex rector de la UST y asesor del actual rector, fue quien primero solicitó mi renuncia porque, según dijo, yo había ‘perdido la confianza de la institución que represento’. Requerido por mí si se refería a la UST o a las universidades privadas que lo habían elegido a él, no respondió.  Pese a que yo solicité que quedara en acta lo dicho por Vial, ello no fue aceptado por la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, porque ‘el acta debe reflejar consensos generales acorde al reglamento interno de funcionamiento de la CNA’, según me señaló en carta del 22 de noviembre de 2012”.

-¿Cree que Aníbal Vial actuó en representación de los intereses de la UST al pedir que usted saliera de la CNA?

-Como dicen los juristas: a confesión de parte, relevo de pruebas.

-¿Cree que Juan José Ugarte también actuó en representación de los intereses de la UST al pedir que usted saliera de la CNA?

-No sé si la actuación de Ugarte respondió a su cercanía con el mundo de las universidades privadas, particularmente la UST –ya que a la UNIACC no la ha defendido- o a sus propias convicciones.  En todo caso, me resulta imposible no sentir que su defensa de la UST va más allá de lo razonable, especialmente si se analiza el informe que la División de Educación Superior preparó como respuesta a la denuncia de lucro que envié el pasado 14 de junio de 2012 al ministro. La simple lectura de ese documento permite percibir un claro sesgo en la investigación que no apuntó a demostrar que existía lucro sino, más bien, a justificarlo con argumentos que no resisten el menor análisis.  Aceptar y avalar las razones que entregó el rector de la UST y las conclusiones del consultor externo Fernando Bravo, en cuanto a que “ha habido ventajas recíprocas en el área de empresas relacionadas y la Universidad Santo Tomás”, es un prueba irrefutable de que no se investigó el fondo del asunto.

CIPER intentó obtener la versión de la UST y del Ministerio de Educación sobre este punto pero en ambas entidades no quisieron referirse al tema.