Basura y SQM: dos investigaciones judiciales que acechan al alcalde de Colina Mario Olavarría

El alcalde de Colina Mario Olavarría se convirtió en el último año en uno de los líderes -junto a otros alcaldes gremialistas – de un sector disidente de la UDI. El temor que los une a todos ellos es que la forma en que su partido ha enfrentado el escándalo del financiamiento ilegal de la política, afecte su desempeño en las elecciones municipales de 2016. Olavarría ha amenazado hasta con renunciar a la colectividad si no hay un esfuerzo por desacoplar a la UDI de los problemas judiciales en que se han visto involucrados varios de sus militantes y dirigentes. Hoy, dos investigaciones de alta connotación pública se acercan peligrosamente a él.

La investigación del Ministerio Público que partió indagando las irregularidades en la licitación de la extracción y la disposición final de la basura ha ido ampliándose desde Maipú y Cerro Navia, hacia la Municipalidad de Colina. La semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva de Marcelo Torres Ferrari, concejal de Maipú y secretario general de la Corporación Municipal de Cerro Navia, quien es sindicado como el líder de una red que involucra en serias irregularidades a funcionarios de ambos municipios. Uno de ellos es Marcela Morales Aliste, a quien se acusa de haber ayudado a Torres a ocultar los dineros obtenidos de los ilícitos a través de la compra de departamentos. Y es Morales la principal pieza que podría hacer encajar a la Municipalidad de Colina en el puzzle judicial de la basura que hoy configuran Maipú y Cerro Navia.

Pero ya en abril pasado los problemas judiciales habían comenzado a rondar el entorno de Olavarría. Fue el momento en que aparecieron nuevos pagos de Soquimich (SQM) a personas cuyos trabajos no tenían respaldo contable en la minera, por lo que la empresa hizo la rectificación respectiva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). CIPER confirmó que en esa nómina de 172 contribuyentes que figuran en la ampliación de la querella del SII contra SQM, aparecen personas ligadas al círculo más estrecho y personal de Mario Olavarría, incluyendo a su secretaria privada.

FINANCIADOS POR SQM

En la extensa lista de personas bajo la lupa del Ministerio Público por emitir boletas a SQM sin respaldo contable y bajo la sospecha de ser receptoras de dineros para políticos, figuran seis personas vinculadas al alcalde de Colina, Mario Olavarría (ver diagrama en Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos). Dos de ellos son hermanos: Gustavo Adolfo y Alejandro Wolfgang Urra Lorca. Gustavo aparece con una boleta por $5 millones y Alejandro, por $ 4,3 millones. Este último es el que tiene el nexo directo con Olavarría: abogado de la Universidad Católica y licenciado en Historia y Geografía, era el encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, organización que preside Olavarría y que reúne a los alcaldes de derecha que se desvincularon de la Asociación Chilena de Municipalidades. Además, Alejandro Urra es asesor jurídico de la Municipalidad de Colina, contratado a honorarios por $933 mil mensuales.

Mario Olavarría

Pero la relación de Alejandro Urra con el alcalde se extiende aún más allá. El abogado trabaja para Olavarría en dos de sus empresas: “TESI Chilean Products” y “Sociedad de Profesionales INNOVA Limitada”. La primera, fue constituida por Olavarría a través de una empresa creada en el paraíso fiscal de Islas Caimán, T.E.S.I. S.A., y que se protocolizó en Chile el año 94. La segunda, la creó en 1991 junto a Alejandro Braulio Vargas Vergara, para realizar todo tipo de asesorías. Ambas empresas tienen la misma dirección: Dr. Sótero del Río 326, oficina 903, en el centro de Santiago.

La oficina privada de Olavarría en la calle Sótero del Río es un pequeño cuarto de paredes gastadas, que conecta con dos piezas que pasan la mayor parte del tiempo vacías. Una es del abogado Urra, y la otra de la abogada Ruisa Arias Wall, quien también figura en la denuncia presentada por el SII en abril de este año por una boleta por $4,3 millones emitida a SQM. En la recepción, una mesa y una pequeña estufa a gas acompañan a la secretaria Viviana Mora Godoy, quien confirma que ahí trabajan ambos abogados, pero asegura que casi siempre están “en terreno”. Viviana Mora también está incluida en los antecedentes que investiga la Fiscalía por emitir una boleta a SQM por $33 millones. Consultada por CIPER, la secretaria de Mario Olavarría se negó a entregar cualquier información sobre estos pagos.

Pero estas no son las únicas empresas de Olavarría bajo la lupa del Ministerio Público. Viviana Pavone Ferrer y su marido Víctor Krefft Marín (ex presidente del Consejo Metropolitano Poniente de la UDI), dos de los socios del alcalde en “Consultores Integrados Limitada”, también emitieron boletas que fueron cuestionadas por el SII. Pavone recibió pagos de SQM por $10 millones, mientras que Víctor Krefft emitió boletas para la sociedad de Jovino Novoa, “Inversiones y Mandatos”, por $4 millones. El hijo de ambos, Francisco Krefft Pavone, también hizo boletas para SQM por $13,5 millones. Con todo esto, los montos recibidos por socios y cercanos al alcalde Olavarría a través de boletas bordean los $70 millones.

A todas estas boletas de personas relacionadas con el alcalde Olavarría y bajo investigación de la Fiscalía, se suma una arista extraña que fue informada por El Mostrador el jueves 10 de septiembre. Allí se detallan los destinatarios de numerosas transferencias desde la cuenta corriente de Giorgio Martelli, el dueño de la empresa Asesorías y Negocios, que gestionó las platas para la pre campaña de Michelle Bachelet. Y curiosamente, aparece un pago por $40.000 a Viviana Pavone Ferrer, socia del alcalde Olavarría en la empresa “Consultores Integrados Limitada”. En los registros de esa cuenta, Pavone es la única que no figura con su nombre real, el que fue reemplazado por las siglas “MCP”.

CIPER intentó en reiteradas oportunidades obtener una versión del alcalde Olavarría, pero no obtuvo respuesta.

CONTRATOS INTERMUNICIPALES CUESTIONADOS

Uno de los hechos que ha mostrado la investigación del denominado “Caso Basura” es que entre los involucrados se configura una red de nexos personales y políticos que se traducen en contrataciones cruzadas entre los municipios de Maipú y Cerro Navia. De esta forma, algunos de los imputados habrían aumentado sus ingresos a través de pagos por servicios que en realidad nunca se realizaron. Nuevos antecedentes indican que esta práctica podría ser aún más generalizada de lo que se conoció al momento de la masiva y larga audiencia de formalización que tuvo lugar en agosto pasado.

Christian Vittori y Luis Plaza

En esa oportunidad, los alcaldes de Maipú y Cerro Navia –Christian Vittori (DC) y Luis Plaza (RN), respectivamente – fueron formalizados por delitos asociados a actos de corrupción (ver reportaje “Las evidencias contra los alcaldes Vittori (DC) y Plaza (RN) por millonarios negocios irregulares en Maipú y Cerro Navia”). Entre otras cosas, a Vittori se lo acusa de que mientras era concejal por Maipú recibía honorarios de Cerro Navia sin que hubiera realizado los trabajos por los que se le pagaba. En la misma situación se encuentra el también ex concejal por Maipú, Carlos Richter (RN). En esos momentos el administrador municipal de Cerro Navia era otro concejal de Maipú, Marcelo Torres Ferrari, a quien la Fiscalía identifica como la cabeza de una asociación ilícita y se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber.

El ex director de la Dideco de Cerro Navia, Alberto Lastra, declaró ante el Ministerio Público que Vittori y Richter nunca realizaron los trabajos y que quien presionó para que se les contratara fue la entonces directora de la Secretaría de Planificación y actual administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales Aliste (RN).La orden habría provenido de Marcelo Torres y el alcalde Luis Plaza. Al igual que ellos, Morales se encuentra formalizada en la investigación del “Caso Basura”, donde se le imputan malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Nuevos antecedentes apuntan a que, en paralelo a sus labores en Cerro Navia, la misma Marcela Morales Aliste fue contratada por la Municipalidad de Colina para realizar trabajos que una fiscalización de la Contraloría no pudo certificar como efectivamente realizados. Durante 2014, dicho organismo puso dos veces la lupa auditora en los contratos de Marcela Morales y volvió sobre ellos en 2015. Primero investigó su rol en Cerro Navia y luego indagó cómo, al mismo tiempo, prestaba servicios a la Municipalidad de Colina. En ambas ocasiones instruyó sumarios administrativos, los que se encuentran actualmente en curso.

Marcela Morales

El primer informe de Contraloría tiene fecha 11 de julio de 2014 (ver informe) y determina que durante tres meses del año 2013, Marcela Morales trabajó a contrata para Cerro Navia, pero al mismo tiempo tenía un contrato a honorarios en el mismo municipio. En sus observaciones, el organismo hace ver que las actividades por las que recibía honorarios correspondían al seguimiento de las subvenciones municipales, una labor que por su naturaleza Morales debía realizar dentro de su jornada de 44 horas como coordinadora de las áreas de salud y educación del municipio de Cerro Navia. Al tener dos contratos, y sumando ambas remuneraciones, Morales incrementó sus ingresos desde $2,2 millones a $3,2 millones.

Ese primer informe no detectó que al menos desde 2010 Morales Aliste también prestaba servicios a honorarios a la Municipalidad de Colina: su sueldo hasta 2011 fue de $1,4 millones y entre 2012 y 2014 fue de $888 mil. Pero en su segundo informe, emitido en octubre de 2014, la Contraloría sí cuestionó las labores paralelas realizadas por Marcela Morales en ambos municipios (ver informe). En primer lugar, concluyó que “resulta dudoso” que las labores para las cuales Marcela Morales fue contratada por la Municipalidad de Colina fueran efectivamente realizadas dado que debía cumplir su horario laboral en Cerro Navia. Y determinó que, en cualquier caso, “no existe constancia de su materialización efectiva”.

En concreto, la Contraloría no pudo acreditar que efectivamente Marcela Morales realizara los trabajos por los cuales el municipio de Colina le pagó, pero no fue la única irregularidad detectada. Como agravante, a partir de febrero de 2014, cuando ella asumió como administradora municipal de Cerro Navia (con un sueldo de $2,7 millones), le estaba prohibido tener otro empleo en la Administración del Estado.

Los problemas de Morales no son sólo administrativos. Según publicó El Mercurio el pasado 30 de agosto, la Fiscalía también se encuentra indagando sus contratos en Colina. La extensión de las indagaciones del Ministerio Público hacia la comuna que encabeza Mario Olavarría fue esbozada por la fiscal Tania Mora durante las audiencias de formalizaciones del Caso Basura, cuando, según El Mercurio, señaló que la red de Maipú y Cerro Navia «ha emprendido una nueva alianza territorial en la comuna de Colina».

El vespertino La Segunda consignó que en una audiencia por el Caso Basura la fiscal Solange Huerta dijo que, entre 2010 y 2014, Marcela Morales tuvo contratos por $49 millones en Colina y que «no existe justificación» de por qué los servicios no fueron prestados. Huerta agregó que por ello Morales sería «autora de seis delitos reiterados de malversación de caudales públicos».

Uno de los antecedentes que tiene en sus manos la Fiscalía es que, a los contratos de Marcela Morales en Colina se suman los de César Vidal Vega con el mismo municipio. Vidal Vega es el actual director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Cerro Navia y el Ministerio Público también estaría indagando la naturaleza de sus contratos paralelos en Colina.

César Vidal Vega

Al igual que Morales, César Vidal ya fue cuestionado por la Contraloría el año pasado. En su caso, el organismo ordenó un sumario administrativo debido a que emitía “reportes que informan actividades que, en la práctica, no se realizaron”. Y aunque éste declaró que los días miércoles concurría a Colina después de las 19:00, sus registros de asistencia en Cerro Navia dan cuenta de que habitualmente esos días realizaba labores extraordinarias hasta “altas horas de la noche”.

Al revisar los contratos de Vidal Vega en la Municipalidad de Cerro Navia, es posible concluir que durante tres meses de 2013, mientras era director de Dideco con un sueldo de $2,2 millones, recibió en paralelo otros $930 mil mensuales a través de un contrato a honorarios. Sus ingresos se incrementaron aún más, ya que en ese mismo periodo ya estaba boleteando para la Municipalidad de Colina.

Una reciente auditoría realizada por la Contraloría a los contratos a honorarios de la Municipalidad de Colina en 2014 (ver informe), vuelve a toparse con la situación de Morales y Vidal. Fechada el 7 de septiembre de 2015, dicha auditoría cuestiona que ninguno de los dos contratos tuviera una cláusula señalara expresamente que sus labores debían realizarse fuera de la jornada ordinaria (que ellos ya realizaban en Cerro Navia). Adicionalmente, esta nueva revisión confirmó que los trabajos por los que se les contrató “se encuentran insuficientemente acreditados” pues no se encontraron documentos que certifiquen las tareas realizadas. En total, Vidal Vega recibió $17,3 millones en 2014, mientras que Morales obtuvo pagos por $7,2 millones ese año. Contraloría formuló un “reparo” por ambos montos y envió los antecedentes para que se agregaran a los sumarios que ya estaban en curso.

Hay otro cruce entre los municipios de Cerro Navia y Colina y que está ligado a Marcelo Torres Ferrari: su hermano Gonzalo es paralelamente jefe de gabinete del alcalde Luis Plaza en Cerro Navia y concejal de la Municipalidad de Colina. El domicilio de Gonzalo Torres Ferrari fue uno de los allanados en abril pasado en las indagatorias realizadas por la Fiscalía por los ilícitos de la basura, pero no se le formularon cargos.

Gonzalo Torres es muy cercano al secretario general de RN, Mario Desbordes, quien lo contrató como su asesor en la Subsecretaría de Investigaciones durante la administración de Sebastián Piñera (ver Los nexos entre el secretario general de RN y los involucrados en las coimas por la basura). Anteriormente se había desempeñado como jefe de gabinete del ex alcalde de Maipú, Roberto Sepúlveda, mientras su hermano Marcelo era director jurídico.

Esta no es la primera vez que la Municipalidad de Colina y su alcalde Mario Olavarría están bajo la lupa de una investigación de alta connotación pública. Olavarría fue formalizado por la Fiscalía en 2010 tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, los que se presumía habían provenido de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales (ver reportaje de Ciper). Luego de una controvertida suspensión condicional de la causa, propuesta por la misma Fiscalía en abril del 2011, la Corte de Apelaciones obligó a retomar la investigación respecto a los tres principales acusados: Mario Olavarría, su ex jefe de gabinete y el agente inmobiliario Nabil Mansour. Según Alma Sánchez, abogada del CDE en ese juicio, el alcalde no tenía cómo explicar el origen de los casi $130 millones que ingresaron a su cuenta corriente entre 2006 y 2007. Más aún considerando que su sueldo de alcalde era de $2,8 millones y que debía pagar una pensión alimenticia de $2 millones.

En 2014 el Juzgado de Garantía de Colina absolvió al alcalde y a los dos imputados restantes, asegurando que “no había pruebas suficientes para hacerse la convicción que la autoridad comunal hubiese recibido algún tipo de coimas para concretar el arriendo” (según publicó La Segunda).