¿Por qué ahora son inaceptables prácticas corruptas con las que hemos convivido tanto tiempo?

En las redes sociales la corrupción se rechaza sin matices, pero en la vida real cientos buscan trabajo y beneficios en la oficina del alcalde, mientras la clase media y la elite usan el pituto y el amiguismo para conseguir puestos o aceitar gestiones. ¿Por qué este intercambio de favores del que participan todas las clases ahora sabe tan mal? En el coro que ha vuelto a la corrupción el gran tema de nuestros días, los autores notan -entre otros elementos- la voz de un grupo que se siente perjudicado: una clase media muy capaz, que no encuentra espacio en instituciones capturadas por elites políticas.

Quienes piensan que la corrupción es cosa de siempre, tienen algo de razón. Pero en esta columna revisaremos cómo ella parece haber ganando mucho terreno en los últimos años, aunque en términos comparativos Chile sigue siendo un país bastante probo. Mostraremos, también, que la renovada indignación que este viejo tema despierta tiene que ver, en parte, con la aparición de una nueva generación mesocrática, muy bien formada, que se siente frustrada porque no encuentra espacio en un estado que algunos grupos han capturado.

Comenzaremos no por la teoría, sino por cómo funciona la política real en Chile, esa que lidia con las necesidades de los sectores medios y populares, donde las “malas prácticas” se confunden con la ayuda, sin que nadie se escandalice (salvo cuando la mala práctica la realiza un poderoso).

Esa política real es muy difícil de domar no solo porque conviene a los políticos, sino porque la exigen los votantes, que no logran soluciones a problemas cotidianos. Las observaciones que hemos hecho muestran, por ejemplo, que a través del intercambio de favores, los partidos pueden haber neutralizado en parte el desafío de transparencia que les planteaba la Comisión Engel con el refichaje.

NECESIDAD Y NEUTRALIZACIÓN MORAL

Entre el 2016 y el 2018 realizamos 150 entrevistas en terreno a políticos y candidatos, a personas instaladas hace poco en todo tipo de cargos y a autoridades con trayectorias continuas desde la vuelta a la democracia. Nuestros entrevistados se desempeñaban en las regiones I, V, VI, VIII, Metropolitana y XII y representaban a todo el arco políticos (ver tabla de entrevistas en la columna anterior).

Contra la extendida idea de que los políticos no hacen nada y cobran mucho, observamos que parlamentarios, alcaldes y concejales entre otras autoridades suelen tener un ritmo de vida que pocos aguantaríamos: desde la salida a terreno, a pasar horas en la oficina recibiendo a los vecinos; desde atender asuntos públicos a visitar centros de adultos mayores y ferias; un trabajo de contacto con la comunidad que es de todos los días, fines de semana incluidos, hasta altas horas de la noche. Un exalcalde nos relató que contrató a una persona parecida a él y la hacía pasear por la ciudad en una van en la mañana, como si estuviera en visita de terreno, mientras resolvía asuntos en la municipalidad.

Nuestro trabajo de campo nos permitió observar también que muchas de las autoridades en ejercicio tenían prácticas que podrían calificarse de clientelares o de amiguismo. Pero no las veían como algo tan negativo y menos aún corrupto. Respecto de la entrega de beneficios, apoyos y trabajos (que claramente puede entenderse como favores a cambio de fidelidad electoral), respondían que eso era lo que gran parte de sus electores esperaban de ellos. Lo hacían porque “la gente lo necesita”. El clientelismo (pedir el voto o una firma de apoyo a cambio de beneficios sociales) es legalmente corrupción; pero socialmente, desde quienes lo practican, no se piensa así. Se argumenta en términos de necesidades mutuas.

Así lo describe un consejero regional de la Nueva Mayoría, usando como ejemplo la entrega de un beneficio (en este caso, participar en un programa pro-empleo) a vecinos de un sector empobrecido. La autoridad acude junto con los intermediarios políticos quienes registran a las personas, (“las datan” según la jerga de los operadores) y cierran todo con un “ya ok, estamos listos, estamos ok”, lo que significa que los vecinos anotados recibirán lo que necesitan. Tiempo después, los intermediarios políticos vuelven para la devuelta del favor. Según el relato del consejero regional, “llegan con la petición y dicen: “¿saben qué? necesitamos apoyo, porque vamos a tener proceso de elecciones el próximo año”. O dicen, “necesitamos apoyar… ustedes saben que la persona que ayudó en esto fue tal persona y necesitamos apoyarla, necesitamos votar por él, así que por favor necesito que me ayuden en esto, y la forma de ayudar es que se inscriban en el partido y punto, y les pasan la ficha respectiva”.

El consejero explica que esto fue lo que se hizo para el proceso de refichaje de los partidos en 2017. Esa política, que fue propuesta por la Comisión Engel para transparentar los padrones de los partidos, se enfrentó en parte haciendo que se ficharan como militantes personas que habían recibido favores.

Un administrador municipal de derecha que se desempeña en una comuna populosa del sur de Chile relata la ayuda que entregan y “que no cuesta mucho”. Explica que el intermediario del municipio en los barrios (“el territorial”, según la jerga de los operadores) “va, contiene, resuelve y todo eso. Cuestiones así rápidas, que no cuestan nada, “don Ernesto [seudónimo], necesitamos ir a no sé qué, ¿nos puede dar petróleo?”, “ni un problema, yo les doy petróleo”, punto”.

Las “malas prácticas” también se justifican relativizando el fenómeno: lo que se llama la neutralización moral. Por ejemplo, un destacado experto de derecha, refiriéndose a la compra de los votos, dijo que se lleva adelante a través de operadores que son “pequeños grupitos en las regiones que son capaces de mover mil, dos mil, tres mil personas” y que “representan inquietudes, intereses, situaciones económicas muy diferentes”. Estos grupos conectan las necesidades de los grupos de votantes con los beneficios disponibles. Agrega: “yo no encuentro eso necesariamente una forma de corrupción o necesariamente una cosa tan negativa”. Aunque reconoció algunos problemas como resultado de esta práctica, finalmente neutraliza esos aspectos negativos: “en cierta manera hace a los partidos un poquito más rehenes de esos grupos […], porque esas personas van a votar por beneficios. Uno podría pensar que puede ser una forma de populismo, pero también yo creo que son por, no sé, por una carretera que pase por un determinado lugar, por una fuente de trabajo, por un hospital, por una escuela, no sé, cómo intereses locales”.

Es claro que muchas veces los políticos no ven sus prácticas como corruptas, neutralizándolas moralmente con discursos de necesidad o costumbre generalizada (Granovetter, 2004). Pero ¿no será también que quienes criticamos estas prácticas, no tenemos tantas necesidades?

Volvamos un rato a las oficinas parlamentarias o a las de los alcaldes en regiones, en las comunas menos acomodadas de Santiago, o a las Oficinas de Intermediación Laboral o a la antesala en las estrechas oficinas de los concejales. Lo habitual es ver filas de personas en esos lugares atiborrados de fotos que retratan la vida colectiva del lugar, diplomas de la junta de vecinos o del centro de madres, galvanos de madera con aires ochenteros y muebles precarios.

Las personas esperan desde tempranas horas para que la autoridad les ayude a conseguir un trabajo para el tío que tiene problemas, a obtener una silla de rueda para la abuela, etc. Estamos en el nivel de la necesidad más dura y el ritual es claro: la autoridad, con grandes gestos de amistad pregunta por el entorno del “vecino” y la salud de sus cercanos. Ante este rito de afecto, se despliega la necesidad por el lado del vecino, lo que permite identificar el problema y luego activar los equipos o los contactos para resolver la situación.

Esto se repite en todos los niveles, incluso entre personas que “por necesidad” requieren un trabajo para su hijo profesional en la corporación municipal, en la empresa del amigo; o una beca para la hija.

Nadie ve reparos en esos rituales, hasta que se trata del hijo del ministro o la hija del amigo del presidente.

¿NADA NUEVO BAJO EL SOL?

Desde una mirada de más largo aliento, “el cuestionamiento de la burocracia tiene una larga trayectoria en Chile” escribe la historiadora Elvira López dando cuenta de dos siglos de malestar con la expansión del aparato estatal.

Lo cierto es que hoy nos parece un reclamo nuevo en contra de la elite política en realidad no es más que una réplica de un movimiento secular, quizá amplificado por la ensordecedora caja de resonancia de las redes sociales.

Francisco Antonio Encina, historiador conservador, denunció la empleomanía cuando comenzaba la expansión del sector público al inicio del siglo XX. Hoy los discursos habituales que escuchamos en los medios de comunicación, si bien aún no llegan al “que se vayan todos”, sí dejan a los políticos como uno de los grupos que más rabia genera en Chile por recibir ingresos altos, no recibir castigos si no cumplen y llenar el Estado con sus cercanos.

En resumen, la clase política es vista “como un grupo simbólicamente contaminado, sobre el que se concentra el malestar respecto de aquellos que reciben ‘lo que no merecen’, ya sea porque no trabajan o porque abusan de su posición”, según consigna un estudio del PNUD (Frei, 2016).

Pero ¿podemos hacer política sin políticos y sin partidos? Por contraste, nadie parece gastar la misma energía en exigir la salida de gerentes de prestigiosas empresas o militares luego de los reiterados escándalos de colusión en el sector privado o en las fuerzas armadas y de orden, donde las ganancias ilegales y los desfalcos han sido mayores.

Para evitar unirnos al coro de lamentaciones de populistas y tremendistas, pero tampoco caer en el cinismo de decir que siempre ha sido así y que no hay razones para que cambie, debemos distinguir con mayor claridad en estas prácticas políticas qué de ellas es corrupto.

También debemos entender qué parte de estas prácticas responden a formas de supervivencia y reproducción en el mundo político, de coordinación de la vida política, de distribución de recursos escasos o simplemente formas de jugar el juego de la política.

Al final del día, no cabe olvidar que, en su versión más cruda y sencilla, la política consiste en conquistar el poder para administrarlo, sea para hacer cambios o para mantener el statu quo. A la fecha, no hemos inventado sistemas mejores que la democracia representativa para ello. Esto se da además en el caso de Chile en una sociedad muy segregada y con una elite poco dispuesta a compartir su hegemonía, por lo que claramente las reglas del juego se definen y se aplican fuera de un contexto de igualdad.

Cabe por lo tanto observar si en este contexto prácticas como nepotismo, cuoteo, amiguismo y otras constituyen corrupción lisa y llana, y también entender qué resortes sociales se activan una y otra vez y hacen fracasar los esfuerzos por asegurar transparencia y buena conducta.

¿EXCEPCIONALIDAD CHILENA?

Si salimos del área de la indignación viralizada por redes sociales, veremos que académicos y analistas respetados han demostrado con datos que, a pesar de los recientes escándalos, Chile sigue siendo un país bastante probo. Según Transparencia Internacional, por ejemplo, aunque Chile ha bajado algunos puestos en el Índice de Percepción de Corrupción 2018, se encuentra en la parte alta de la tabla (en el 27 de 180 países).

Además, según estándares internacionales, Chile reacciona, en general, bien y rápido frente a la corrupción. Luego de los escándalos Caval y Penta en 2015, la respuesta institucional fue rápida, contundente y transversal, lo que no que no se observa en el continente.

En el libro La República Virtuosa (Ediciones UDP, 2018), el historiador Patricio Silva repasa las razones históricas de la “excepcionalidad chilena”. Atribuye sus bajos niveles relativos de corrupción a cuatro factores: el impacto de la Guerra de Arauco que llevó a una militarización del Estado y un fuerte disciplinamiento del aparato público; también a la pobreza y al alejamiento del Reino de Chile, que limitaron la concupiscencia de los dirigentes europeos y locales, pues para enriquecerse, Chile no era el mejor destino en la región; también cierto orden aristocrático de casta nobiliaria y finalmente un patriotismo que estaría a la base de cierta virtud cívica.

Claramente mucha agua ha pasado bajo ese puente. Como señala el autor, un momento clave de ruptura simbólica con ese orden austero fue el descubrimiento, en 2004, de las cuentas secretas de la familia Pinochet. Ya se sabía del nepotismo y de la cleptomanía del clan, pero en ese momento se rompió con el mito nacional de la probidad de sus dirigentes y de su entrega al ejercicio del poder sin buscar en enriquecimiento personal.

Desde la vuelta a la democracia y los Pinocheques de 1990, regularmente han ocurrido escándalos político-financieros: DIGEDER en 1992, ENAP al año siguiente, el Davilazo un año más tarde (aunque esta última fue una estafa privada, demostró la vulnerabilidad de la principal empresa pública). Luego se sucedieron las casas Copeva, EMPREMAR y nuevamente ENAP en 1995. La presión sobre los gobiernos se acrecentó durante la administración de Lagos a partir del “Caso Coimas”, y llegó a un clímax en el caso MOP-Gate en 2003, donde se investigó el pago de sobresueldos para financiar campañas políticas de la Concertación; lo siguió el caso Inverlink en el Banco Central.

El primer gobierno de Bachelet tampoco estuvo ajeno a este tipo de situaciones: Chile Deportes en 2006 y Publicam en paralelo confirmaron el aforismo de que muchos años en el poder incrementan la probabilidad de corrupción. Esta situación fue una de las razones de la alternancia política con la derecha en 2010.

La agenda, a partir de ese momento se orientó a los conflictos de interés del presidente Sebastián Piñera y de su equipo, una problemática mirada con ojos nuevos, a la luz de la integración en la gestión del Estado de personas con cercanía con el sector privado.

Más recientemente, el doble estallido de los Casos Caval y Penta no sólo enlodó el conjunto de la clase política, sino que mostró la profundidad de las redes de financiamiento ilegal de la política. También develó la colusión de intereses privados y públicos, con empate entre las dos coaliciones, en el momento de la revelación de los casos Soquimich y Corpesca.

Mucho antes de la Comisión Engel nombrada por la presidenta Bachelet a principios de 2015, desde la vuelta a la democracia hubo esfuerzos sostenidos y fructíferos de lucha contra la corrupción: la Comisión Nacional de Ética Pública conformada en 1994, la integración de Chile a Transparencia Internacional en 1996, los Acuerdos Político-legislativos para la Modernización del Estado, la Transparencia y el Crecimiento de 2003 (Rehren 2008) y posteriormente la Comisión Ferreiro en 2006. Como lo reconocen los integrantes de la Comisión Engel, ellos retomaron muchas propuestas no aplicadas de sus antecesores.

Se debe reconocer, sin embargo, que la amplitud y profundidad del trabajo de la Comisión Engel no tiene parangón, fundamentalmente por el número de integrantes, la cantidad de propuestas, las metodologías de trabajo, el seguimiento realizado y sin lugar a dudas, la profundidad de la crisis desatada en 2015 (ver libro Reformas anticorrupción en Chile 2015-2017. Cómo se hizo para mejorar la democracia (Aris, Engel y Jaraquemada 2019).

Ya sea bajo el lema de la modernización del Estado o de la transparencia, se creó y perfeccionó durante todos estos años la Ley de Alta Dirección Pública, se generó un sistema de compras públicas, se mejoró el acceso a la información pública mediante la Ley N° 20.285 y se ampliaron las funciones de la Controlaría.

POR QUÉ EL ESCÁNDALO AHORA

Claramente el trabajo de las comisiones y la legislación asociada no ha erradicado las “malas prácticas”. Parte de la última campaña presidencial giró en torno a transparentar el funcionamiento de la vida política y su financiamiento.

Los lectores recordarán que José Antonio Kast, basó en gran parte su campaña presidencial en la promesa de expulsión del Estado de todos los operadores políticos. A pesar de que no se supiera bien ni quiénes eran ni cuántos[1], su propuesta caló hondo en la opinión pública. El mismo Sebastián Piñera criticó fuertemente durante la campaña a Carolina Goic, senadora y candidata de la DC por la presencia de familiares en el aparato público.

¿Por qué siendo tan comunes y frecuentes estas malas prácticas nos escandalizan ahora?

El shock producido por la revelación de una red de financiamiento ilegal de la política en Chile en 2015 encendió las alarmas. También, el entorno de corrupción galopante en varios países de la región ha acrecentado la preocupación en el nuestro, que hasta hace poco suponía estar ajeno a un mal endémico en el continente.

Pero más allá del contexto regional, podemos argumentar otras razones. Primero, desde que Chile ingresó a la OECD en 2010, tuvo que ponerse a la par de sus nuevos socios desarrollados respecto de los estándares de transparencia. La presión de la buena imagen internacional y la existencia de ONGs que fiscalizan no ha sido menor en este nuevo contexto.

También una nueva generación de políticos y periodistas, junto con el ingreso a la arena política de la nueva generación del Frente Amplio, ha permitido establecer un escrutinio mucho más fuerte sobre la vida política, apoyados por el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación.

Igualmente, nos parece muy relevante que nuevas generaciones de profesionales formados bajo el lema de un Chile mesocrático y meritocrático ven cómo a pesar de esta promesa, a nivel más alto, las puertas siguen cerradas y solo los hijos de la elite acceden a los cargos y capturan el Estado a su favor. Esto genera sin duda una mayor presión respecto de los estándares de reclutamiento. Como lo señala un informe del PNUD en 2015, la creciente relevancia de los criterios ético-morales en la vida social y política, da cuenta de un giro: “la suficiencia del principio institucional para dotar de legitimidad a la acción hoy está cuestionada en los discursos públicos. Precisamente, una de las formas que asume la politización es la diferenciación de los criterios ético-morales e institucionales empleados por la sociedad chilena para evaluar y valorar las prácticas” (ver informe, página 84).

Pero, al criticar al nepotismo y las prácticas de las autoridades, ¿realmente miramos Chile cómo es? ¿Quién en su lugar de trabajo no trata de meter al primo, a la cuñada o al amigo?

¿Y QUÉ PASA A NIVEL LOCAL?

Si han cambiado los estándares morales respecto de la clase política a nivel nacional, ¿por qué no indignan de la misma manera los nombramientos sin control a nivel regional o local ni la compra de los votos ni los acarreos de votantes por autoridades en elecciones locales, ni tampoco son objeto de escrutinio público?

Se ha señalado reiteradamente que la débil institucionalidad a nivel local y la falta de controles es un caldo perfecto para “malas prácticas”. Si bien se encuentran denuncias en periódicos o medios locales o hechos por algunas figuras mediáticas nacionales[2], no llegan a sacudir la política chilena como cuando su elite nacional es denunciada por sus prácticas de amiguismo y favoritismo o mantención en el poder mediante prácticas poco democráticas.

Sin embargo, ¿qué pasa con los miles de cargos nombrados a todos los niveles regionales y locales? El financiamiento de $ 40 millones en El Mostazal de parte del Consejo Municipal para filmar una versión local de Jesucristo Superstar con el alcalde y el secretario municipal como parte del elenco sacudió unos días los periódicos, con denuncias más burlonas que realmente preocupadas de cómo tales cosas pueden ocurrir, y luego cayó en el olvido.

Lo que uno debiera concluir es que quizás el Estado está más preocupado de los escándalos nacionales que de sus expresiones locales. De hecho la Comisión Engel y varios de los expertos que entrevistamos reconocen que la mayor parte de las situaciones de corrupción se refieren al ámbito municipal, pero en concordancia con la minimización del fenómeno que describimos al inicio de esta columna, estas cuestiones se dejaron para más adelante por no ser prioritarias. O se considera que es parte de una cultura difícil de modificar con normativas o que, después de todo, no es tan grave.

Claramente los estándares se han transformado, pero no para todos, ni en todos los niveles.

En la próxima columna abordaremos el nepotismo y el amiguismo, dos de las malas prácticas más vilipendiadas en los medios de comunicación en el último tiempo. Buscaremos entender por qué, pese a la crítica, siguen saludables; y qué parte de ellas responde a formas de supervivencia, de coordinación de la vida política, de repartición de recursos escasos o formas de enfrentar el juego político.

REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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