Comisión Ingresa pone en duda dineros CAE para Arcis y pediría reintegro de fondos 2014

La situación financiera de la Universidad Arcis podría empeorar aún más en los próximos días, luego de que la Comisión Ingresa, que administra el sistema de créditos para la educación superior, decidiera congelar la entrega de los Créditos con Aval del Estado (CAE) que debían pagarse en junio. Peor aún: evalúa exigir la restitución de parte de los préstamos desembolsados en 2014 para pagar los estudios de alumnos que finalmente no tuvieron clases. Para una universidad que no tiene caja ni para cancelar los sueldos de sus profesores, perder el CAE podría dejarla en una situación crítica.

La decisión final se tomará luego de conocer el resultado de una investigación del Ministerio de Educación (Mineduc), que se haría pública próximamente. Si bien la Universidad Arcis es la que vive una situación más grave y por lo tanto requiere de una salida urgente, el ministerio también tiene bajo la lupa al menos a otras cinco instituciones de educación superior: las universidades de Las Américas, Andrés Bello, Santo Tomás, Central y Gabriela Mistral. Esta última vive además un complejo proceso interno, luego de que su fundadora anunciara la venta del campus donde funciona la universidad, que hoy está en manos el movimiento católico de los sodalicios.

La actuación de la Comisión Ingresa respecto a la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS comenzó a gestarse a fines del año pasado, ante la evidencia de que estaba envuelta en una crisis que le impedía cumplir con sus compromisos académicos. El 28 de octubre, el Mineduc terminó una investigación sin poder concluir si la universidad había lucrado o no, pero ordenó el cierre de la carrera de Música, que ya estaba en estado terminal. Dos días después, los salarios de los académicos no se pagaron, evidenciando que los problemas estaban lejos de finalizar.

Pocos días más tarde, el 6 de noviembre, la Comisión Ingresa comenzaba a actuar para resguardar el uso de los recursos del CAE, que para 2014 superaron los $1.700 millones. En su sesión número 72, el organismo autorizó que los alumnos de la Universidad Arcis pudieran cambiarse por segunda vez de universidad sin perder el crédito. Además, decidió “requerir por oficio a la institución, que detalle la situación académica de cada una de sus carreras, en particular lo concerniente a la prestación del servicio educativo, dotación de profesores, recursos disponibles, entre otros antecedentes, todos los cuales permitirán a Comisión Ingresa adoptar decisiones acerca de los créditos cursados a los beneficiarios CAE matriculados en 2014 en la universidad” (Ver acta).

La información enviada por Arcis llegó incompleta a la Comisión Ingresa. No estaba, por ejemplo, el registro de notas de los alumnos, con lo que era imposible determinar si se hicieron actividades y evaluaciones o no y, por lo tanto, no se podía saber a ciencia cierta para cuántos alumnos el CAE fue bien o mal utilizado. Por eso, en enero de este año decidieron hacer una fiscalización en terreno. La misión era determinar si los estudiantes tuvieron clases durante el segundo semestre del 2014, para así ver la posibilidad de pedir la devolución del 50% del CAE.

Según cuenta Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, se hicieron tres visitas a la universidad entre abril y mayo. “Resultados aún no tenemos, pero las autoridades de Arcis nos confirmaron que toda el área de Música no tuvo segundo semestre, como tampoco la carrera de Pedagogía en Inglés. Si bien igual vamos a revisarlo materialmente, ya hay una primera presunción fuerte de que esos alumnos tendrían derecho a una restitución del 50% de sus créditos”, explica. Tanto en esas como en las otras carreras impartidas por la universidad, en que la institución no ha explicitado si hubo o no clases el segundo semestre, la Comisión Ingresa revisará RUT por RUT para determinar los montos que Arcis debería devolver por concepto de CAE. El dinero se utilizaría para prepagar el crédito a los bancos y así disminuir las deudas que arrastran los alumnos.

Según dijo a Radio Bío Bío la rectora Elisa Neumann, la suspensión del pago de créditos CAE pone en riesgo la viabilidad del plan financiero diseñado para sacar a la universidad de la crisis.

El Ministerio de Educación abrió en enero una segunda investigación –de carácter reservado– para analizar la situación económica de la universidad, además de revisar conflictos denunciados sobre la Escuela de Cine. Este lunes terminó el plazo probatorio. En este proceso, el Mineduc recogió documentos oficiales, testimonios e hizo visitas a terreno; y se espera que la próxima semana se publique una resolución de la subsecretaría en que se indiquen los pasos a seguir. La Comisión Ingresa espera conocer los resultados de esa investigación antes de decidir qué pasará con los créditos de 2015, correspondientes a alumnos que obtuvieron el beneficio en años anteriores, ya que debido a su precaria situación la Arcis no participó en el último proceso de acreditación, por lo que los estudiantes que ingresaron este año no pudieron postular al CAE. En total, son unos $948 millones los que están en juego.

A diferencia de la investigación anterior, el proceso que el Mineduc está a punto de concluir se inició cuando ya estaba vigente la Ley 20.800 de Administrador Provisional, que busca asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos y el buen uso de los recursos de la institución. En abril terminó la etapa inicial de la indagatoria y la autoridad educacional recomendó aplicar esta figura por primera vez. La propuesta de un administrador provisional fue rechazada por la universidad, que aseguró que tendría acceso a nuevas fuentes de financiamientos y propondría un plan al Mineduc.

A partir de los antecedentes recopilados desde entonces, el Ministerio de Educación puede mantener su propuesta de nombrar un administrador provisional, sugerir la elaboración de un plan de recuperación o, en caso extremo, proponer un administrador de cierre para la institución. Luego de esto, la universidad tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición. La decisión final sobre el destino de la universidad Arcis, luego de todo este proceso que se prevé terminará durante junio, la tiene el Consejo Nacional de Educación, el que puede aceptar las propuestas ministeriales u ordenar otro curso de acción para la universidad. No tiene plazo para decidir.

Por ahora la incertidumbre es total. La universidad inició sus clases el 13 de abril pasado con la planta docente incompleta, profesores trabajando gratis y con la expectativa de un préstamo por más de $1.500 millones, que le ayudaría a solucionar algunos de sus problemas. Las protestas de académicos y alumnos que no saben si podrán terminar su carrera en esa universidad han sido una constante.

Recientemente La Tercera dio a conocer que el propio fiscal de la institución se negó a visar contratos para nuevos profesores, luego de que 90 académicos se “autodespidieran” porque no les pagaban. La resolución del fiscal alerta de la ilegalidad en que incurriría la universidad si contrata nuevo personal sin tener la certeza de que podrá pagarles. Con los dineros del CAE en riesgo, esa certeza se aleja aún más.

La crisis económica ya se arrastra por varios años y al menos a partir de mayo de 2014 los pagos de los sueldos de los académicos se hicieron irregulares. En agosto, CIPER investigó el historial financiero del Arcis y determinó que el Partido Comunista, que controló la universidad por una década hasta 2013, replicó el modelo de negocio de otras instituciones privadas, con una inmobiliaria que compra inmuebles y gestiona los dineros. Un año antes de que el PC dejara Arcis, los dirigentes de ese partido que participaban en el directorio de la inmobiliaria acordaron retirar fondos de esa sociedad por $530 millones (Ver reportaje de CIPER Crisis en la Universidad ARCIS: cómo entró y salió el Partido Comunista del negocio de la Educación Superior).

Incluso la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, que debía indagar sobre la cuestionada acreditación de la Universidad Arcis, su situación financiera, la eventual relación de autoridades y funcionarios de gobierno con esa casa de estudios y la situación laboral de sus trabajadores. El informe final descartaba irregularidades y liberaba al PC de responsabilidad en los problemas financieros de la universidad, pero en abril pasado fue rechazado en la sala de la cámara por falta de quórum (ver informe).

NUEVA INVESTIGACIÓN POR LUCRO EN U. SANTO TOMÁS

Otra institución que está en la mira del ministerio es la Universidad Santo Tomás, controlada por el grupo Hurtado Vicuña y el fondo de inversión Linzor Capital. Ya había sido investigada por lucro en 2012, cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) descubrió que había prestado más de $13 mil millones a empresas relacionadas con sus dueños, entre ellas la Inmobiliaria Rádices -dueña de más de la mitad de los edificios en que está instalada-, la que usó $11 mil millones para comprar inmuebles que luego le arrendó a la misma universidad.

Esa investigación se cerró luego de que la UST declarara que los préstamos resultaron beneficiosos para ella (Ver reportaje de CIPER Lucro en la Universidad Santo Tomás: los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió). El ministro de Educación de ese entonces, Harald Beyer, declaró la indagatoria como sobreseída, dando por terminado ese capítulo y ganándose las críticas de distintos sectores, entre ellos las del ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso.

Luego de poco más de dos años, una nota publicada el 8 de mayo por El Mostrador reveló que el Ministerio de Educación había iniciado en enero una nueva investigación, otra vez por lucro. Esta indagatoria habría sido iniciada a partir de información enviada por la CNA. El informe de acreditación de la UST indica que la inmobiliaria Radices obtiene una plusvalía por el arriendo de la infraestructura que no beneficia a la universidad, entidad que además garantiza el pago de las obligaciones de la inmobiliaria a la banca. Esto pondría en riesgo a la institución educacional en caso de que la empresa tenga problemas financieros. La CNA no encontró una explicación válida que justifique este esquema (ver informe de acreditación).

El ministerio de Educación hace la investigación amparado en la Ley de Administrador Provisional y en el artículo 64 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Mineduc, en que se estipula que puede cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una universidad si se sospecha que la institución no hace fiel cumplimiento de sus objetivos estatutarios, que en este caso sería ser una institución sin fines de lucro.

Pese a las nuevas atribuciones que le otorga la Ley 20.800, el ministerio podría encontrarse con los mismos problemas que ha enfrentado en otras investigaciones. Tanto el Banco Central como el Servicio de Impuestos Internos no pueden entregar información financiera o tributaria de las instituciones indagadas, por lo que según reconocen en el Mineduc, dependen de la información que presente la universidad, para cruzarla con los informes financieros y así poder sacar conclusiones. 

DISPUTA POR EL PRINCIPAL CAMPUS DE LA UGM

“Hemos cerrado un acuerdo con la señora Alicia Romo, representante de la Universidad Gabriela Mistral quien gentilmente nos ha permitido concretar la ampliación de nuestra clínica con esta compra. Ellos tienen hasta fines de 2016 para buscar un lugar que les acomode, mientras tanto nosotros ya estamos trabajando en el anteproyecto», anunciaba el lunes 19 de mayo al Diario Financiero el presidente de Empresas MasVida, Claudio Santander.

La publicación sacó a la luz la controversia existente entre Romo, fundadora de la universidad, y el movimiento Sodalicio de la Vida Cristiana, que tomó el control de la casa de estudios en 2013, cuando la UGM vivía su peor momento. En diciembre de ese año, la Comisión Nacional de Acreditación decidió no acreditarla, lo que significó un duro golpe para una universidad que ya había registrado una caída de 31,4% en su matrícula luego del escándalo de las acreditaciones irregulares (ver reportaje CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades). Además, la CNA remitió en enero de 2014 los antecedentes de la transacción con los Sodalicios al Ministerio de Educación, que inició una investigación para determinar si en el traspaso se habían cumplido los requisitos legales.

Mientras dicha investigación sigue en curso, el anuncio de venta del campus de Providencia abre un nuevo signo de interrogación sobre el alcance del acuerdo entre Romo y los sodalicios. Tras la publicación del Diario Financiero, el rector de la universidad, Aldo Giacchetti, emitió un comunicado reconociendo que mantiene “asuntos legales y financieros no resueltos con las sociedades relacionadas con la familia Merbilhaá Romo, anterior sostenedora” (ver reportaje La red de empresas de Alicia Romo que ha crecido junto a la Universidad Gabriela Mistral).

El problema de fondo es que los Sodalicios tomaron el control de la Universidad Gabriela Mistral, pero la familia Romo se quedó con la propiedad del campus. Firmaron un contrato para arrendar las instalaciones por 20 años, acuerdo que por alguna razón los Romo no estarían dispuestos a cumplir. Los Sodalicios se habrían enterado por el diario del cierre del acuerdo con Más Vida y estarían evaluando los pasos a seguir.

CIPER pudo confirmar que ya el año pasado la familia Romo vendió los terrenos ubicados en calle Las Violetas, donde antiguamente funcionaron instalaciones como el Centro de Atención Psicológica y los departamentos de Deportes e Inglés. Se trata de tres propiedades que estaban en manos de la sociedad Servicios Generales Limitada y que en mayo de 2014 adquirió Inmobiliaria Actual Las Violetas SpA, por un total de 176 mil UF. Servicio Generales aún posee otras de las instalaciones de la universidad, aunque la mayoría está en poder de la Sociedad Inmobiliaria y Administradora de Establecimientos Educacionales o GABMI Ltda (ver el esquema de sociedades de la familia Romo Merbilháa).

Si las ventas de Las Violetas les reportaron $4.200 millones, unos US$ 7 millones, se habla de que el resto del campus podría venderse por un monto diez veces superior, debido al tamaño del paño y su estratégica ubicación en Lyon, en la comuna de Providencia. Así, las propiedades que por décadas Alicia Romo arrendó a sus propias empresas, podrían coronar su carrera de empresaria con un suculento negocio, dejando sin infraestructura a la casa de estudios que fundó en 1981, cuando se convirtió en la primera universidad privada del país.

DOCUMENTOS CUESTIONADOS EN LA U. CENTRAL

La supuesta falsificación de las actas de exámenes de los estudiantes de Derecho de la Universidad Central hizo que esta institución se sumara el 3 de marzo pasado a la lista de indagatorias del Ministerio de Educación, que también incluye a las universidades De Las Américas y Andrés Bello. Respecto de estas dos últimas, no se conocen detalles de la investigación que les sigue el Mineduc.

En el caso de la Universidad Central fue una denuncia presentada por sus profesores ante la Corte Suprema, dada a conocer por Radio Bío Bío, la que indicaba que los directivos de la Facultad de Derecho habrían falsificado cerca de 400 actas de exámenes de pregrado y de alumnos convalidados de esa escuela.

Según la denuncia, hecha por Carolina Venegas, directora del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo, y por Christian Merino, ex director del Departamento de Ciencias del Derecho, el 23 de junio del año pasado la directora de Memorias y Grados, Giannella Sonatore comunicó que, por indagatorias hechas por el director del Departamento de Derecho Procesal, Jorge Correa Selamé, la Corte Suprema tenía nuevas exigencias para investir del título de abogados a los nuevos licenciados de la carrera.

Con este correo se inició una nueva política de revisión de los expedientes de los egresados que venían de otras universidades o carreras, a quienes se les había convalidado asignaturas. Fue durante ese análisis de archivos que, según la denuncia, “advertimos que se nos estaban presentando para su firma actas de exámenes de pregrado, en donde el interesado aparece cursando un ramo determinado en nuestra escuela como si hubiese sido alumno regular nuestro en una época precisa, en circunstancias que no lo era y la cátedra respectiva la había cursado en otra universidad” (ver denuncia ante la Corte Suprema).

Así, los académicos de la Universidad Central comenzaron a dudar sobre la legitimidad de este proceso, ya que en varios casos de estudiantes que estaban convalidando ramos se les pidió que firmaran actas con fechas de cuatro, cinco, ocho y hasta doce años de antigüedad.

Con esto, el Mineduc abrió una investigación a través de su resolución 682 del 2015, bajo la figura de la Ley 20.800 de Administrador Provisional.