El asesor del Minvu que instaló “leyes de amarre” que favorecen negocios inmobiliarios

El viernes 13 de diciembre los titulares de la prensa especializada en economía y negocios anunciaban que el Banco Central había decidido mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, que CorpBanca había informado a la SVS que analizaba una posible fusión y que el agro había perdido casi 76 mil puestos de trabajo por las heladas. No hubo información sobre el importante decreto promulgado por el Ministerio de Vivienda (Minvu) el día anterior. En apenas dos páginas la nueva norma abrió el camino legal a negocios inmobiliarios por cientos de millones de dólares. Uno de ellos es la edificación de un complejo de 11 edificios en el cerro San Luis de Las Condes, una operación que incluye a protagonistas tan disímiles como el Club de Golf Los Leones, la cadena hotelera internacional Four Seasons y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº 1 de 2013 del Minvu pasó inadvertida para casi todo el mundo, pero no para los inversionistas inmobiliarios que operan en el rubro de los malls ni para los directivos del Club de Golf Los Leones. Tampoco para el Colegio de Arquitectos, el que junto a un grupo de decanos de Arquitectura emitió una declaración con ácidas críticas a la nueva norma.

Vista aérea del Club de Golf Los Leones en Vitacura. A la derecha detalle de la intervención.

El decreto es de carácter “misceláneo”, una suerte de popurrí de reformas sin un eje conductor aparente, que modificó diversos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Los urbanistas y arquitectos advirtieron de inmediato que el decreto contiene una reforma que parece hecha a la medida, pues permite la aprobación de los resistidos malls de Castro y del Muelle Barón, y deja la puerta abierta para la instalación de otros centros comerciales del mismo estilo en barrios residenciales. Pero los críticos no repararon en que el decreto del Minvu también dejó a tiro de piedra la instalación de otro megaproyecto: el complejo hotelero de la cadena Four Seasons en los cotizados campos del Club de Golf Los Leones.

Las críticas iniciales al decreto podrían dar paso a una situación más compleja en virtud de dos antecedentes nuevos: su “toma de razón” por parte de la Contraloría demoró apenas algunas horas y han emergido denuncias de que su tramitación adolece de vicios administrativos.

ASESOR BAJO LA LUPA

Tras la severa crítica del Colegio de Arquitectos al Decreto Nº 1, seis profesionales del Ministerio de Vivienda firmaron una carta que sacudió a las jefaturas de esa cartera. El texto está fechado el 13 de enero y fue suscrito por los arquitectos del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, que son los encargados de una tarea clave: redactar los decretos y proyectos de ley que modifican las reglas de desarrollo urbano, además de interpretar las normas vigentes cuando un particular pide aclaraciones sobre lo que se puede o no edificar. En otras palabras, de su labor dependen inversiones inmobiliarias que se cuentan en millones de dólares.

La carta, a la que CIPER tuvo acceso, indica que se han impulsado normas que atentan contra el bien público y la calidad de vida de los ciudadanos, con el único propósito de apalancar proyectos inmobiliarios de “grandes empresas”.

J. R. Ugarte - segundo de derecha a izquierda - acompañando al Presidente Piñera en el lanzamiento de la nueva política urbana.

Aunque en su carta los seis arquitectos no lo mencionan, funcionarios del Minvu señalaron a CIPER que el principal responsable de estos cambios es José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos (2002–2004) y asesor del ministro Rodrigo Pérez. En su investigación, CIPER detectó que existen proyectos particulares de Ugarte o de personas de su entorno profesional que se habrían beneficiado con reformas que él impulsó desde su estratégica posición ministerial. El arquitecto reconoció que ha participado en la redacción y tramitación de modificaciones a las normas, pero descartó la existencia de “conflictos de interés”. Sin embargo, al menos en un caso, las reformas favorecen directamente un proyecto en el que Ugarte figura como arquitecto y que posibilitaría un multimillonario negocio de Cencosud: la ampliación del mall Alto Las Condes.

MOP, CLUB DE GOLF Y FOUR SEASONS

El Decreto Nº 1 del Minvu establece que los proyectos destinados a alojamiento (como hoteles y apart hoteles) y que antes solo se admitían en zonas residenciales, ahora podrán ser emplazados en áreas destinadas a equipamiento. El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, sostiene que esta modificación es “un traje a la medida” para el megaproyecto hotelero de Four Seasons en el Club de Golf Los Leones. La obra, diseñada por el mismo arquitecto del mall de Castro, Rodolfo Miani, considera 11 torres de cinco pisos y ocho subterráneos cada una, ubicadas en los faldeos del Cerro San Luis. El 13 de mayo de 2013 la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó el anteproyecto, con una superficie a edificar de 25.691 metros cuadrados.

-Se alteró el artículo 2.1.25  de la OGUC para posibilitar la ejecución de proyectos hoteleros y de apart hotel en áreas verdes, destinos que antes eran considerados “residenciales” y ahora son “equipamiento”. Con este traje a la medida los socios del club de golf podrán arrendar por 99 años una fracción de su área verde para que se construyan 11 torres, ahora singularizadas como equipamiento, cuyo acceso está previsto en la estrecha calle Luz -sostiene Herman.

En todo caso, la modificación a la OGUC sería apenas uno de los engranajes que se movieron en una compleja operación destinada a materializar este proyecto. En la cuenta anual 2011 del Club de Golf Los Leones, su presidente, Sergio Urrejola Monckeberg, informó que se había firmado un protocolo de acuerdo con el MOP para aprobar la construcción de un túnel bajo la avenida Kennedy, entre Américo Vespucio y la Rotonda Pérez Zujovic.

En su cuenta, Urrejola afirmó que el club aceptó la construcción del túnel en su subsuelo, evitando la expropiación de una franja a todo lo largo de su límite con avenida Kennedy. A cambio, explicó Urrejola, el MOP aprobó un plano que permite al club obtener una vía de ingreso vehicular de dos pistas, entre calle Luz y Vitacura, para acceder a sus diez hectáreas del Cerro San Luis:

“Un grupo de inversionistas (…) presentó un anteproyecto de construcción de un hotel en el cerro. Este anteproyecto fue aprobado en octubre del 2010 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de las Condes, teniendo en consideración el protocolo de acuerdo entre el MOP y el club a que me he referido anteriormente y en el cual es de la esencia de él el acceso (vehicular) que hemos obtenido”, dijo Urrejola, quien también preside el Consejo de Defensa del Estado.

UN TÚNEL PARA PAULMANN

José Ramón Ugarte asegura que durante su asesoría nunca actuó con intención de favorecer grandes negocios inmobiliarios. Según señaló a CIPER, sólo trabajó como asesor y nunca tuvo la calidad de funcionario público, por lo que no contó con facultades o prerrogativas que permitan señalarlo como principal responsable de las reformas. Pero una presentación Power Point de uso interno del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, indica que ya en 2011 Ugarte estaba integrado a ese equipo por sobre los coordinadores de las áreas de Política Urbana y Agenda Legislativa (que definía los proyectos de ley y modificaciones a la OGUC). Además, los registros del Congreso Nacional muestran que el mismo asesor del ministro Pérez concurrió en diversas ocasiones al parlamento como representante del Minvu para promover la aprobación de reformas.

Sobre sus eventuales nexos con la industria de los malls, Ugarte aseguró que no ha tenido vínculos profesionales con ese rubro, salvo por una actuación puntual que ocurrió hace unos cinco años, según recuerda, cuando tramitó una ampliación del Parque Arauco para acogerla a la Ley de Copropiedad.

Con una ayuda memoria de CIPER, Ugarte finalmente recordó que sí tiene un vínculo con este sector, relacionado con un ambicioso proyecto de Cencosud. La compañía de Horst Paulmann adquirió un terreno en la esquina nororiente de avenida Kennedy con Padre Hurtado. Allí, según publicó El Mercurio en junio de 2010, Paulmann planea edificar un centro comercial complementario al mall Alto Las Condes, uniendo ambos inmuebles mediante un túnel. El proyecto, según las cifras de El Mercurio, tendría un costo de US$ 120 millones (adicionales al pago del terreno).

Mall Alto Las Condes

El propietario original del paño era Carlos Celle, quien en 2000 consiguió un permiso de edificación para construir 270 mil metros cuadrados, según consta en los registros de la Dirección de Obras de Vitacura, donde se emplaza el terreno. El arquitecto que tramitó ese permiso fue José Ramón Ugarte, quien consiguió sucesivas prórrogas que han mantenido con vida esa autorización. Lo que Celle le vendió a Paulmann en US$ 50 millones fue el terreno más el valioso permiso de edificación. Por eso, otra publicación de El Mercurio, también de junio de 2010, informaba que “ahora Paulmann deberá trabajar con el arquitecto que diseñó la iniciativa sobre la que se otorgaron los permisos a Carlos Celle, José Ramón Ugarte, para tener la misma constructibilidad en el terreno que compró”.

Ugarte reconoce que, ya como asesor del Minvu, participó en la redacción del Decreto Nº 25 de 2012. Funcionarios del ministerio dicen que ese decreto fue presentado para solucionar problemas del edificio Moneda Bicentenario que se construye en la esquina surponiente de Moneda con Teatinos, frente al Palacio de Gobierno. Entre otras modificaciones a la OGUC, la norma permite la construcción de túneles como el que requiere el proyecto de Cencosud: “Asimismo, la Municipalidad podrá autorizar conexiones subterráneas bajo la vía pública entre distintos inmuebles, de acuerdo con las normas pertinentes”, establece esa reforma.

El arquitecto sostiene que esta norma solo regulariza algo que los municipios ya hacían mediante la fórmula de “permisos precarios”. Ugarte indicó a CIPER que, aunque efectivamente es el profesional del proyecto que ampliaría el Alto Las Condes, no tiene “conflicto de interés”. Esto, porque asegura que al inicio de su asesoría le entregó a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda una carpeta con todos los proyectos en los que participaba.

-¿Y con eso consideró que estaban resueltos sus posibles conflictos de interés?
-Sí, porque está todo informado.

-¿No le pareció inapropiado participar en la redacción de este decreto?
-No, porque son normas generales para todo el país, no se hacen por un interés particular.

AL OTRO LADO DEL MESÓN

Uno de los problemas frecuentes del negocio de los malls es que para ampliar o modificar sus instalaciones se necesita la aprobación de la asamblea de copropietarios (locatarios) y algunos de ellos rechazan las remodelaciones, ya sea porque se les reasignan espacios que consideran mal ubicados o porque se integran nuevos competidores. En 2007 y 2008 José Ramón Ugarte, en calidad de profesional del área privada, dirigió consultas a la DDU con el evidente objetivo de evitar este problema a los desarrolladores inmobiliarios de centros comerciales. Las respuestas, en ambos casos, mantuvieron a firme las normas que incluyen la aprobación de las asambleas.

En 2010, Ugarte se puso al otro lado del mesón y se convirtió en parte del equipo ministerial que redacta las reformas normativas y las respuestas a los consultores privados. En esa calidad impulsó un proyecto de ley que está a punto de ser promulgado y que, precisamente, introduce modificaciones en los artículos 13 y 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que permitirían no considerar a las asambleas de copropietarios en caso de remodelaciones o ampliaciones, tal como lo refleja un documento de análisis comparado utilizado por los parlamentarios que revisaron el proyecto. En la tramitación de esa iniciativa, el arquitecto Ugarte se presentó ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados como representante del Minvu.

Ugarte señaló a CIPER que la norma no busca “saltarse” las asambleas de copropietarios: “Lo que hace este proyecto es reconocer que el mandato de la asamblea esté reflejado en el reglamento de copropiedad”.

José Ramón Ugarte no fue contratado por el ministerio, sino por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor dentro de un convenio de cooperación entre esa entidad y el Minvu (vea en la web del PNUD el registro Nº 039/2013). Su asesoría se extendió desde 2010 hasta diciembre de 2013. En el último año su contrato le reportó un pago de $18 millones por seis meses de trabajo y estableció que se desempeñaría como asesor de la DDU del Minvu “en aspectos de legislación urbana referidos a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumentos de planificación territorial y otros aspectos relativos al ámbito del urbanismo”. De hecho, Ugarte fue el secretario ejecutivo de la comisión que preparó la PNDU, cuyo texto fue promulgado en octubre del año pasado y que fija los lineamientos del desarrollo urbano futuro.

El 7 de marzo de 2013 la Contraloría General de la República recibió una denuncia del arquitecto Andrés Vásquez Carreño, quien acusó a Ugarte de ir más allá de lo estipulado en su contrato con el PNUD al ejercer labores propias de un funcionario público sin tener esa calidad, por lo que consideró ilegal su participación en la redacción y tramitación de modificaciones a la normativa. La Contraloría solicitó al Minvu que aclarara el rol de Ugarte, lo que la cartera hizo mediante un oficio de abril de 2013. Aún se espera el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora.

BATERÍA DE REFORMAS

Los decretos Nº 1 y Nº 25, así como el proyecto de reforma a la Ley de Copropiedad, son apenas una parte de las modificaciones que han flexibilizado las normas de desarrollo inmobiliario en los últimos dos años. La ofensiva que desde las alturas del Minvu, bajo la coordinación de Ugarte, ha debilitado las regulaciones urbanas para poner luz verde a negocios inmobiliarios de alto impacto, quedó en evidencia con la carta que firmaron los seis arquitectos del Ministerio de Vivienda el pasado 13 de enero:

“Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, dice la carta dirigida a la jefa del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, Ángela Prado, y a su superior inmediata, la jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU), Pilar Giménez.

Lo que describe el texto de los funcionarios es una batería de normas ya promulgadas o que están al final de su trámite legislativo, y que propiciarán la instalación de grandes proyectos inmobiliarios en zonas residenciales y vías públicas menores, además de regularizar urbanizaciones que no cumplían con la ordenanza.

Entre estas modificaciones los seis arquitectos mencionan las que flexibilizan las áreas de riesgo para la construcción, como zonas de borde costero bajo peligro de tsunami; las que suprimen la facultad de los planes reguladores intercomunales de fijar usos de suelo en áreas rurales y las que restringen facultades del Ministerio de Salud para calificar proyectos industriales que podrían afectar la salud de la población. A ellas se agrega el proyecto de Aportes al Espacio Público, cuyo efecto práctico sería la eliminación de la evaluación obligatoria del impacto vial provocado por grandes proyectos inmobiliarios y la disminución de áreas verdes, equipamientos y vialidad. Por último, se señala el proyecto que reforma la Ley de Copropiedad y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que facilitaría la ampliación de malls, eliminaría la obligación de las copropiedades de urbanizar áreas de utilidad pública y constituiría una “ley del mono” permanente para normalizar urbanizaciones irregulares.

APURO EN LA CONTRALORÍA

Ugarte es parte de una familia de arquitectos. Su padre, del mismo nombre, fundó el estudio José Ramón Ugarte y Asociados y dos de sus hermanos comparten la misma profesión. Uno de ellos, Juan José Ugarte, fue decano de Arquitectura de la PUC y luego jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), cargo que dejó en mayo de 2013 en medio de críticas por la omisión de esa repartición en la investigación de las denuncias de lucro en las universidades Santo Tomas y Uniacc realizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Durante su gestión también fue fustigado por su desempeño como representante del Mineduc en la misma CNA. En esa entidad, Juan José Ugarte se opuso a utilizar las “minutas financieras” para evaluar universidades, documentos que indicaban que en algunos centros de Educación Superior se desvió patrimonio a sociedades comerciales (vea el reportaje de CIPER “Lucro en la Universidad Santo Tomás: Los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió”).

A la derecha, el arquitecto José Ramón Ugarte.

El arquitecto José Ramón Ugarte es descrito como un hombre de trato afable y acogedor. De ideas liberales, quienes trabajaron con él en el Minvu no le conocieron militancia política. Lo que sí destacan es que la impronta de su trabajo fue flexibilizar las normas que regulan el mercado inmobiliario.

Entre las reformas más controversiales que impulsó se cuenta la que terminó con la obligación de que los proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas) enfrenten vías expresas y troncales. Ahora, en virtud del ya mencionado Decreto Nº 1, los malls podrán ubicarse en una calle menor que solo debe estar relacionada, a una distancia de hasta 300 metros, con una vía importante. Esta modificación es la  que se interpreta como una solución “por secretaría” para los polémicos malls de Muelle Barón y Castro.

Para algunos arquitectos y urbanistas esta reforma conlleva el riesgo de que se construyan megacentros comerciales en calles ubicadas al interior de barrios residenciales, provocando la saturación de las vías aledañas. Al amparo de esta reforma podrían reflotar proyectos como el mall que intentó edificar Cencosud en la calle Martín de Zamora y que fue desestimado por la Municipalidad de Las Condes en 2010, debido al resultado adverso de un plebiscito realizado entre sus vecinos.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, denuncia que la tramitación del controversial Decreto Nº 1, adolece de graves vicios administrativos. Para corroborar lo anterior exhibe dos documentos. El primero es una copia del Decreto Nº 1 tal como fue enviado originalmente por el Minvu al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en junio de 2013, para la firma del Presidente Sebastián Piñera, luego de lo cual debía ir al trámite de “toma de razón” en la Contraloría. El segundo es el mismo decreto, ya tramitado por la Contraloría, de diciembre de 2013. Herman repara en que ambos documentos son sustancialmente distintos.

Del decreto original solo se conservó la primera hoja y la última. Todo el contenido interior, cuatro páginas, fue cambiado. Por eso, en la versión final del documento, cada una de estas cuatro páginas interiores lleva un timbre que indica “hoja rectificada”. Es habitual que cuando un ministerio tramita un decreto y la Contraloría le pone reparos, la cartera retire el documento, lo corrija y vuelva a ingresarlo indicando los cambios con el logo de “hoja rectificada”. También es usual que este procedimiento se utilice solo para correcciones menores.

Cuando los cambios son sustantivos, lo que procede es reiniciar todo el trámite: se hace otro decreto, identificado con un número nuevo, que se vuelve a presentar a la firma del Presidente de la República para su posterior envío a la Contraloría. En el caso del Decreto Nº 1, que es una modificación a un Decreto Supremo, la reforma es una facultad privativa del Presidente. Por eso, si los cambios al Decreto Nº 1 fueron de fondo y esas correcciones sólo se hicieron en el Minvu, sin pasar nuevamente por el despacho presidencial, existe la posibilidad de que La Moneda no haya estado en conocimiento del tenor de las modificaciones. Eso es precisamente lo que teme Patricio Herman, quien ya puso en antecedentes a diputados de la Comisión de Vivienda de la Cámara para que oficien al Minvu y a la Presidencia en busca de respuestas.

Lo más grave es que de la comparación del decreto original con el que finalmente salió de la Contraloría el 6 de diciembre pasado, se aprecia que la modificación que precisamente permite aprobar proyectos de equipamiento mayor (como malls o edificios de oficinas) en vías menores ubicadas a menos de 300 metros de vías expresas o troncales, se introdujo en el Minvu mediante las “hojas rectificadas”. Es decir, no estaba en el decreto original que se envío a La Moneda.  “Cabe la posibilidad de que la Presidencia nunca haya sabido de esto”, dice Herman.

Otro dato peculiar es que, al revisar los timbres que lleva la carátula del Decreto Nº 1, queda en evidencia que fue ingresado tres veces a la Contraloría y que, de acuerdo a ese registro, en su último envío a “toma de razón” fue tramitado en tiempo récord. El primer ingreso fue el 25 de junio de 2013 y se retiró “sin tramitar” el 18 de julio. Luego fue reingresado el 22 de agosto y nuevamente se retiró el 9 de septiembre. Esto indicaría que los reparos de la Contraloría pudieron ser sustantivos o, al menos, persistentes. Por eso, causa extrañeza que finalmente el decreto se ingresara a la Contraloría el 6 de diciembre y que ese mismo día finiquitara su “toma de razón”. Tres días después, la Subsecretaría del Minvu le puso el timbre de “decreto tramitado” y seis días más tarde, el 12 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial.

ESTACIONAMIENTOS Y APORTES

Otra reforma en la que participó Ugarte, contenida en el Decreto Nº 25 de 2012, y que también facilitaría la instalación de grandes proyectos inmobiliarios, es la que permite reducir a la mitad los estacionamientos que deben habilitarse si la construcción se ubica a no más de 300 metros de una estación de metro, en el caso de proyectos de vivienda, y hasta 600 metros si es un proyecto de equipamiento de servicios.

Asimismo, Ugarte trabajó en la elaboración del proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público que autorizará a los urbanizadores a sustituir las cesiones de terreno que deben hacer a los municipios -para desarrollar equipamiento de servicio a la comunidad- por un pago en dinero o por una cesión en otro sector. Aunque esta iniciativa ofrece la ventaja de proveer recursos frescos a los municipios, sus detractores temen que termine por sustituir los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), que establecen las mitigaciones viales que obligatoriamente deben ejecutar los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios.

El arquitecto Juan Pablo Vigneaux publicó en CIPER una detallada columna de opinión criticando esta misma iniciativa legal y otras reformas previas porque, entre otros efectos negativos que menciona, abrirían la puerta a regularizar urbanizaciones y condominios ABC1 que se desarrollaron de manera ilegal en suelos agrícolas. La normativa, argumenta Vigneaux, en los hechos invalida lo dispuesto en los planes reguladores comunales, metropolitano, intercomunales y regionales, convirtiéndolos en “letra muerta”.

LOS PROBLEMAS DEL DUOC

En 2012 el Minvu respondió una consulta de la Subsecretaría de Transportes que pedía aclarar si correspondía hacer un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) cuando se amplía o remodela un proyecto que ya tiene aprobado un estudio de ese tipo. Aunque no lo mencionan los documentos, los funcionarios del Minvu señalan que la consulta se originó porque el Instituto DUOC construyó una sede junto al mall Plaza Norte, en Huechuraba, y presentó su edificio acogiéndolo al EISTU del centro comercial que ya estaba aprobado. Con ello, el DUOC evitaba hacer un nuevo Eistu, el que podía dar origen a onerosas mitigaciones viales y más estacionamientos. En los registros de la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba consta que la Seremi de Transportes pidió que se aclarara si esta sede del DUOC efectivamente era una ampliación del mall o debía ser considerada un proyecto independiente.

En la redacción de la respuesta del Ministerio de Vivienda a la Subsecretaría de Transportes participó José Ramón Ugarte, quien no se inhabilitó a pesar de tener un vínculo comercial con la oficina de arquitectos que tramitaba el proyecto del Instituto Profesional DUOC.

Duoc, sede Huechuraba

El arquitecto del nuevo edificio del DUOC es Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura 2002, quien también es el principal responsable del proyecto City Park, un gran desarrollo inmobiliario de oficinas de lujo ubicado en la misma comuna de Huechuraba, en avenida El Salto frente a Espacio Riesco. José Ramón Ugarte figura como “asesor urbano” de City Park, un negocio de Inversiones Urbanas, empresa inmobiliaria vinculada a la cadena de farmacias Cruz Verde.

Funcionarios de la Dirección de Obras Públicas de Huechuraba señalaron a CIPER que el año pasado el propio Juan Sabbagh, acompañado de la ex seremi metropolitana de Vivienda, Marisol Rojas, se reunió con el jefe de esa repartición municipal para intentar resolver los problemas del proyecto DUOC. En ese momento, Marisol Rojas -quien fue seremi desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2012- se desempeñaba junto a Ugarte como asesora del Minvu para la implementación de la PNDU, labor que ejerció hasta enero de este año.

Consultada por la reunión con el director de Obras de Huechuraba y por sus vínculos con Ugarte, Marisol Rojas respondió por escrito: “Sobre la reunión que plantea, no tengo ninguna relación con el proyecto DUOC de Huechuraba. No he asesorado dicho proyecto. Y sobre mi relación con el Sr. José Ramón Ugarte, se enmarca en aquellas materias que él como asesor del ministro ha desarrollado y que por mi parte se vincularon a las tareas de la PNDU”.

El arquitecto Ugarte señaló a CIPER que en este caso tampoco ve “conflicto de intereses”:

-No tengo nada que ver con el proyecto del DUOC. Juan Sabbagh ha sido el arquitecto histórico del DUOC, pero el único proyecto que yo tengo con él es el de City Park.

-¿No le pareció inconveniente, por su nexo comercial con Sabbagh, participar en la elaboración de la respuesta sobre la obligación de realizar o no un Eistu?
-Pero es que yo no tenía idea de que este tema (el oficio de respuesta del Minvu) tenía relación con lo del DUOC. Me enteré ahora.