Justicia investiga irregularidades en licitación de carros bomba que involucra hasta US$ 180 millones

Entre US$ 90 millones y US$ 180 millones. En ese rango se mueve la cifra que desembolsará la Junta Nacional de Bomberos (JNBC) para la adquisición de carros bomba en los próximos cuatro años. El monto definitivo dependerá de los modelos de carros que resulten favorecidos por la licitación pública que la misma Junta convocó en 2011. Pero todo indica que el resultado no se conocerá pronto, pues el proceso se encuentra paralizado por una orden judicial. El dinero en juego es de todos los chilenos, pues proviene de los aportes que hace el Fisco a la Junta, y su buen uso se suponía asegurado por el proceso de licitación. Pero la transparencia de la multimillonaria operación está en duda y la licitación bajo la lupa de los tribunales, debido a la denuncia de irregularidades que han hecho dos de las empresas que se presentaron al concurso: Crimson y Gimaex.

Desde 2003, el dinero destinado a la compra de carros bomba por parte de JNBC se reparte por medio de licitaciones públicas. La fórmula se adoptó después de las denuncias hechas por el entonces diputado y hoy senador Alejandro Navarro, quien reveló la extraña relación entre la Junta Nacional y la familia Durand, que desde 1969 ejercía un verdadero monopolio sobre las ventas de estos vehículos en Chile a través de su empresa ETS Normandie-Camiva. Para asegurar la transparencia y evitar “tratos directos”, como los que  favorecieron a Camiva hasta hace algunos años, ahora es obligatorio que la provisión de carros se entregue a tres empresas, las que deben surgir de la licitación.

Las empresas favorecidas inicialmente por la licitación que partió en 2011 y que aún no culmina fueron Rosenbauer, Jacinto MAN y, nuevamente, la de Michel Durand Quesnel: Camiva. Ellas desplazaron a otros siete oferentes. Pero el problema se desató porque, según la denuncia presentada por Crimson y Gimaex, las tres ganadoras se mantuvieron en competencia a pesar de que no cumplieron con especificaciones requeridas en las bases, lo que debió haber sido penalizado, de acuerdo con el mismo reglamento de la licitación, con su eliminación del proceso. Además, la acusación ante tribunales señala que Jacinto MAN y Camiva ocuparon los puestos 5 y 8 en la clasificación final tras el análisis de las ofertas y que fueron impulsadas hasta los primeros lugares por la descalificación -bajo “subterfugios formalistas”- de los restantes oferentes.

En abril de este año, Crimson y Gimaex, representadas por el estudio de abogados Carey y Cía., solicitaron al 12º Juzgado Civil de Santiago una medida precautoria destinada a evitar que la Junta firme los contratos resultantes de esta licitación mientras se investigan las eventuales irregularidades. La medida fue aceptada por el tribunal y, posteriormente, el 1 de junio, los denunciantes presentaron una demanda, a objeto de que se indaguen las acusaciones y, de existir mérito, se anule o corrija la licitación. La resolución judicial añadió una nueva polémica a las que ya suma el cuestionado manejo administrativo de la JNBC y que fueron acreditadas en el reportaje de CIPER “La Junta Nacional de Bomberos bajo fuego cruzado”, publicado el pasado 25 de junio.

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS

El proceso de licitación consta de dos fases: una Oferta Técnica, que constituye el 65% de la ponderación final, y una Oferta Económica, que supone el 35% restante. Al final, las tres empresas que consiguieran el mayor puntaje, en la ponderación total, serían las beneficiadas con el negocio.

De acuerdo con la información proporcionada al tribunal por los denunciantes, los puntajes ponderados finales ordenaron a las empresas oferentes de la siguiente manera:

Los tres beneficiados, como se aprecia en la tabla anterior, ocuparon los puestos 3, 5 y 8. La acusación presentada en los tribunales alega que dos de las empresas favorecidas debieron ser eliminadas antes de la primera fase de la licitación (Rosenbauer y Camiva), debido a que incumplieron las bases al presentar ofertas incompletas o “deficitarias”. Los mismos denunciantes alegan que dos empresas (Camiva y nuevamente Rosenbauer) debieron ser excluidas al término de la primera fase “por haber violado las bases administrativas y técnicas”.

Como condición expresa, las bases indicaban que los postulantes debían cumplir todos los requisitos de la Oferta Técnica para que se sometiera a análisis su Oferta Económica. Es decir, sólo si  cumplían correctamente la primera fase, podían pasar a la segunda. De no ser así, se procedería a “la eliminación inmediata de la Licitación”. Según la denuncia de Crimson y Gimaex, esto no se cumplió.

En la Oferta Técnica, los participantes debían presentar todas las condiciones de equipamiento y capacidades de sus carros; mientras que en la oferta económica se consignaba el precio con que postulaban sus vehículos. Cada empresa estaba obligada a presentar una oferta que incluyera cinco modelos de carros -para distintos tipos de emergencias-, todos del mismo fabricante. A esto se le llamó “oferta completa” y si no se cumplía con ese requisito, el oferente sencillamente debía ser eliminado.

Los denunciantes aseguran que Rosenbauer presentó una oferta con dos fabricantes distintos, sin alcanzar a conformar “dos ofertas completas”, lo que constituiría una violación flagrante de las bases que ameritaba su eliminación. Pero la JNBC, dicen los acusadores, habría decidido convertir la doble oferta en una única, denominada “Rosembauer-USA”, corrigiendo de oficio el error de la empresa.  Exactamente lo mismo, alegan, habría pasado con Camiva, que presentó una sola oferta con dos fabricantes distintos.

Pablo Ríos, gerente general de Rosenbauer en Chile, rechaza la acusación y asegura que su empresa hizo sólo una oferta completa con modelos de un mismo fabricante, aunque provenientes de plantas ubicadas en distintos países.

– Es una sola oferta completa de la misma empresa matriz. Lo que no permitía la licitación era presentar fabricantes distintos. Rosenbauer es una sola empresa, con su base en Austria y con diferentes plantas productivas. Tiene estas plantas en los cinco continentes. Lo que se ofrece son opcionales de carros fabricados en distintos continentes, pero la empresa es la misma y la boleta de garantía es la misma. Lo que cambia es la planta productiva, no la empresa ni el fabricante. Lo que me molesta es que dicen que lo arreglamos todo. Yo no me he puesto en contacto con nadie de la Junta, sólo tengo un correo en el que dicen que nos la han adjudicado (la licitación), pero que no se pueden celebrar los contratos porque hay una medida prejudicial.

CIPER intentó contactarse con Michael Durand, representante de Camiva, pero declinó hacer declaraciones.

CASILLAS EN BLANCO

Iniciada la licitación, le correspondía a la Comisión Administrativa determinar que las ofertas estuviesen en regla para permitirles participar en la primera fase de evaluación técnica. Evidentemente, consideró completas las ofertas de Rosenbauer y Camiva, a pesar de las protestas de los denunciantes. Para ser evaluados técnicamente, como requisito indispensable, las empresas debían rellenar “todas las celdas del formulario”. Camiva, acusan los denunciantes, dejó en blanco cerca de 250 elementos técnicos. De esos 250 incumplimientos, dicen los acusadores, 40 eran sustanciales y de fondo, por tratarse de información técnica específicamente requerida en las bases. Jacinto Man habría hecho lo mismo con 80 omisiones.

Sobre este punto, el gerente de la empresa que representa a Jacinto en Chile, Santiago Olivera, señaló que su oferta estaba “absolutamente completa”.

-Lo que dice Crimson es una falsedad absoluta, yo tengo todos los puntos que pedía la Junta Nacional. Me gustaría saber qué documentos tienen ellos, porque yo tengo mis documentos. También los tiene la Junta Nacional. De Camiva no sé, pero me parece raro que una empresa tan grande, que lleva tantos años vendiendo sus vehículos, haya podido omitir 200 ítems. De hecho no creo ni que haya 200, ni siquiera 80. El Tribunal acogió todo lo que dijo Crimson y Gimaex, pero es falso. Tienen que demostrarlo y eso es lo que vamos a ver, porque cuando resuelva el tribunal vamos a demandar a estas empresas por falsedad -sostuvo Olivera.

Consultado sobre la posibilidad de que se hayan “rellenado” casilleros de los formularios con posterioridad a la entrega de las ofertas, Ricardo Fernández, miembro de la misma Comisión Técnica que debía evaluarlas, señaló: “A mí me llamó mucho la atención que todas las carpetas, con los antecedentes técnicos, no quedaran bajo llave. Eso se presta a una fácil manipulación. Yo regresaba a la provincia, pero habían dos o tres personas que se quedaban en Santiago, con el poder de seguir evaluando”. Fernández, que es director de la Segunda Compañía de Bomberos de Iquique, dice que se siente “indignado porque todo el trabajo profesional que hizo la Comisión Técnica, los esfuerzos personales, se ven tirados a la basura”.

La Junta Nacional también fue consultada sobre esta posible irregularidad y, a través de su abogado Fernando Recio, respondió lo siguiente: “Los encargados de revisar las bases técnicas procedieron a llenar una plantilla Excel con los antecedentes técnicos de todos los oferentes, los cuales venían dispersos en distintos documentos. Se procedió a un ordenamiento de la información para establecer una base, a partir de la cual se pudiera revisar el nivel de cumplimiento”.

El procedimiento de evaluación, en todo caso, no estuvo restringido a los cuatro integrantes de la Comisión Técnica, sino que fue sometido a una curiosa “supervisión” que no estaba estipulada en las bases. Los integrantes de la Comisión Técnica eran Gérman Hoffmeister, Atilio Bagnara, Mauricio Bernabó y Ricardo Fernández. Sin embargo, a sus sesiones más importantes, las del 10 y el 14 de febrero de 2012, asistieron una serie de directivos de la Junta, sin ninguna función oficial en la evaluación, bajo la etiqueta de “ministros de fe”. Según la denuncia presentada en tribunales, éstos no tenían ninguna facultad legal para oficiar como tales.

Los “ministros de fe” eran Claudio Miranda (director y vicepresidente nacional de la Junta), José Echiburú (secretario nacional), Fabián Bustamante (contralor), Alejandro Mansilla (jefe de operaciones) y Alejandro Figueroa (miembro del Departamento Jurídico). La duda planteada al tribunal es si estos supervisores se limitaron a autorizar lo obrado por la Comisión Técnica o, más bien, influyeron en el resultado de la evaluación.

VIAJE A PORTUGAL

La denuncia también establece que durante 2011, ya publicadas las bases, el vicepresidente nacional de la Junta, Marcelo Zúñiga, junto con otros dos directores, realizaron un viaje especial a Portugal para visitar la fábrica de Jacinto (vea un video de la visita a una de las plantas de esa compañía). Esta visita privada sólo se hizo a la fábrica de Jacinto, a ninguna más.

Cuánto costó y quién financió ese viaje es otro debate. Qué se habló y qué se pactó es lo que se pide investigar, pues finalmente Jacinto salió vencedora en la licitación, a pesar de quedar quinta en el ranking total. Crimson y Gimaex sostienen que la Junta, además, accedió a que Jacinto realizara una presentación exclusiva, a puerta cerrada, en su sede, lo que podría constituir una transgresión al punto de las bases que estipuló que habría “una única oportunidad oficial” para presentar la oferta.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia presentada a la justicia indica que el día en que se asignaron los puntajes técnicos oficiales se habría cometido una irregularidad gravísima. Crimson y Gimaex aseguran que en esa jornada clave sólo estaban presentes dos de los cuatro miembros de la Comisión Técnica, opuestamente a lo exigido por las reglas. La firma de los dos restantes, no obstante, aparece en el acta como si hubiesen estado presentes. Los denunciantes sostienen que Hoffmeister y Fernández se encontraban fuera de Santiago al momento de firmar el acta. Respecto de esta acusación, Germán Hoffmeister, dijo a CIPER: “Yo me ciño a lo que se pone en el acta. Lo que tenga que hablar, será en los tribunales”.

Los puntajes resultantes de la evaluación técnica dejaron en los últimos lugares a dos de las empresas favorecidas finalmente con la licitación. Si bien Rosenbauer quedó en primer lugar, Jacinto-MAN clasificó en el séptimo puesto y Camiva en el noveno (y penúltimo). Así quedaron ordenadas las ofertas tras la evaluación técnica:

Si Jacinto-MAN y Camiva se encontraban tan por debajo de las tres primeras clasificadas al iniciarse la evaluación económica, ¿cómo fue posible que salieran finalmente ganadoras? Por la eliminación de las otras siete. Descalificándolas, además, por errores que los denunciantes consideran meramente “formales”. En el caso de Gimaex y Crimson, fueron eliminadas por no llenar el ítem “volumen” en la Oferta Económica, dato que ya venía en la Oferta Técnica y que pareciera ser irrelevante para calificar el precio.

Aún cuando la justicia determine que las siete empresas merecían la descalificación, las bases indicaban que “la obligación de la Junta es declarar las plazas desiertas si ello es lo que más conviene a los intereses de los cuerpos de bomberos de Chile”. En consecuencia, habría que revisar si no perjudica los intereses de los bomberos chilenos la adquisición del segundo peor instrumento técnico (Camiva, en la novena posición) evaluado en el proceso. Tanto el abogado jefe de la Junta, Fernando Recio, como el contralor, Fabián Bustamante, confirmaron a CIPER que recomendaron dejar desierta la licitación. Es decir, la opinión de los dos encargados de velar por la legalidad del proceso no fue considerada por la JNBC.

CONFLICTO DE INTERESES

Ricardo Fernández, miembro de la comisión que hizo la evaluación técnica, agrega otra arista polémica: “A mí sinceramente me parecía raro ver a tres personas de la junta, con influencia, comprometidas con uno de los proveedores. En más de una ocasión se les vio reunidos y cenando juntos”. Fernández mantiene bajo reserva la identidad de estas personas y dijo a CIPER que prefiere entregar esa información al tribunal cuando se le llame a declarar.

La posibilidad de un conflicto de interés también debe ser abordada por el tribunal. Un vínculo que puede caer bajo la lupa de la justicia es el de José Matute Mora (tesorero nacional, director y miembro del Consejo Ejecutivo de la Junta) y Michel Durand, representante de Camiva-Normandie. Matute fue jefe de contabilidad de Normandie y, en vista del potencial conflicto de intereses, solicitó que se señalara en acta que él “se retiró de la sesión mientras se trataba el punto del material mayor (la adquisición de carros bomba)”. Pero no queda claro si también se inhabilitó de votar o de participar en otros aspectos relacionados con la licitación.

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Después de la publicación del anterior reportaje de CIPER, la JNBC envió una circular a los cuerpos de bomberos que contiene una nueva estrategia de acción comunicacional. La política para el futuro será la de “conversar al interior de la Institución cualquier aspecto divergente que pueda existir”, pues “hiere el alma de nuestra Institución tratar temas sensibles por canales externos y ajenos, exponiendo injustamente a los miles de hombres y mujeres que son voluntarios”.

Estas nuevas directrices surgieron en la sesión ordinaria de la Junta del viernes 22 de junio de 2012 (ver acta de esa reunión). El primer punto era “el análisis de las publicaciones aparecidas en dos medios de comunicación” (entre ellos, CIPER) y se proponen “distintas formas para responder a estas imputaciones, pero el sentido común aconseja otro tipo de estrategia”. Así pues, el sentido común de la Junta fue pagar 399 UF más IVA a la empresa de comunicaciones Comunnet, con el fin de realizar “un estudio de las críticas que se han deslizado en las antedichas publicaciones”. El servicio que prestará Comunnet contempla asesoría permanente durante 90 días.

En el acta se asegura que la decisión fue “por unanimidad” del directorio, pero CIPER confirmó que tres de los 15 consejeros regionales votaron en contra. Fernando Recio, abogado de la Junta, consultado por este detalle, afirmó que “tan solo se trata de un borrador de acta, por lo que cualquier error puede ser subsanado en la próxima sesión ordinaria”.

CAMIVA DESEMBARCA EN PERÚ

De las tres empresas beneficiadas por la Junta en la licitación de los carros bomba, llama la atención el caso de Camiva. Dada su larga y estrecha relación con la JNBC, se ha adjudicado compras directas y licitaciones, ininterrumpidamente, desde el año 1969. Este récord nacional en materia de licitaciones se ha saldado con el siguiente resultado: más del 90% de los carros bomba que hay en Chile son de Camiva, y su representante Normandie, encabezada por Michel Durand.

Mientras aumenta el revuelo por la licitación estancada, Michel Durand Quesnel ha empezado a mirar más allá de las fronteras. Concretamente a Perú. Pero su desembarco en ese país también ha levantado polvareda. En Perú se han publicado versiones de prensa que apuntan a que la licitación pública convocada el 28 de junio de este año, para la compra de carros bomba, habría sido manipulada para favorecer a Michel Durand. Según informó el diario La Razón, la licitación estaría basada en especificaciones técnicas “entregadas por los propios representantes del Consorcio Iveco-Magiruz-Camiva”.

De acuerdo con estas versiones, Michel Durand y Antonio Vásquez Ríos, como representantes de la empresa chilena, y Daniel Palomares Rossi, jefe de la V Comandancia Departamental Callao de los bomberos, habrían coordinado todo. Vásquez Ríos fue Vicepresidente Nacional de la Junta Nacional de Bomberos chilenos durante el periodo en que fue presidida por Octavio Hinzpeter.

La Razón ha informado que los contactos transfronterizos se iniciaron el año pasado con la intención de conocer los planes de adquisición del cuerpo de bomberos peruano. El 8 de diciembre de 2011 los empresarios de Camiva invitaron a Chile al comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Antonio Zavala, y a Daniel Palomares Rossi. Tras este encuentro, la empresa de Durand habría enviado a Perú las bases técnicas para ser utilizadas por el CGBVP en la Licitación Pública. El mismo diario afirma que “las especificaciones remitidas desde Chile fueron incluidas en el texto publicado por el CGBVP para la licitación, con mínimas variaciones de redacción y contexto”.

El jefe de bomberos peruano, Antonio Zavala, ha negado que el concurso “esté direccionado”, aunque admitió que tuvo una reunión privada en Lima con los representantes de Camiva y que viajó a Chile invitado por ellos, pero pagando su propio pasaje. Eso sí, “allá me pueden haber invitado a todo lo demás”, dijo.

Las sospechas de “direccionamiento” de las bases técnicas también se dieron en Chile. En la licitación nacional se estableció que la “jaula de seguridad”, equipamiento indispensable para la cabina de los carros contra incendios forestales, “debe estar a la vista”. Todos los fabricantes tratan de poner sus jaulas escondidas tras el tapizado de la cabina, pues es más estético. La única empresa que las coloca a la vista es Iveco-Camiva. El abogado de la Junta Nacional, Fernando Recio,  ante esta cuestión planteada por CIPER, dijo que “si bien es verdad que aparece en los requerimientos del proceso de licitación que la jaula sea exterior, no es condicionante para la elección final del modelo, si este presenta una jaula interior”.

En la Comisión Técnica que analizó las ofertas se abordó esta curiosa coincidencia. Ricardo Fernández, integrante de esa comisión, señaló: “Lo comenté, porque me parecía que se estaba segregando; como en el caso de la jaula externa, que sólo la tiene el vehículo francés. El problema no es de la evaluación técnica que se hace, sino que está en la misma concepción de las bases técnicas. ¿Por qué se tienen que cumplir ciertas características en el chasis, cuando sabes que solamente un proveedor en el mundo las cumple?”. Otra pregunta que tal vez sea resuelta en el tribunal.