Las dudas que contaminan el último paraíso inmobiliario de Viña del Mar

Vea además la entrevista al ex jefe de la Unidad de Control de Contaminación de la Conama de Valparaíso, Rodrigo Jerez: “El suelo de Las Salinas tiene contaminación desde la capa superficial hasta las aguas subterráneas”.

La millonaria batalla entre las grandes empresas inmobiliarias por la compra del último terreno costero sin construir en Viña del Mar, podría culminar en breve plazo con el pitazo inicial para edificar el gigantesco complejo residencial, hotelero y comercial que se levantará en los codiciados 178 mil metros cuadrados que unen la Ciudad Jardín con el camino a Reñaca, bordeando la playa. La misma zona donde durante más de un siglo sus dueños, las petroleras Copec, Shell, Esso y Sonacol, almacenaron contenedores de hidrocarburos, pesticidas y otros compuestos químicos altamente tóxicos para la salud.

El problema es que, de acuerdo a la investigación realizada por CIPER, los estudios de impacto ambiental para determinar cuán profunda debía ser la obligada descontaminación de esos terrenos antes de ser habitados, han experimentado sucesivas modificaciones e irregularidades, las que culminaron con la calificación de «Parques y Jardines» para un área que -según los estudios encargados por las petroleras- podría contener el cancerígeno benceno y otros compuestos similares más abajo de un metro de profundidad.

Así, de no mediar una intervención de las autoridades, en el gran espacio ubicado frente al Pacífico, entre el Regimiento Coraceros y terrenos de la Armada, miles de viviendas podrían ser compradas por quienes ignoran que el saneamiento que están dispuestas a pagar las petroleras Copec, Shell, Esso y Sonacol, de sólo un metro de profundidad, y aceptado por la autoridad ambiental, encierra un peligro de incalculables proporciones para sus moradores. Un precedente que sirve de ejemplo es la pesadilla que se vivió a partir del 2001 en Paulínia, Brasil, error que les significó a las petroleras perder millones de dólares.

Pero de todo aquello no se habla. Porque desde que las petroleras acordaron con las autoridades viñamarinas abandonar el terreno donde por casi un siglo operaron plantas de almacenamiento de combustibles, fábricas de lubricantes y agroquímicos, la atención se concentró en los cerca de US$ 60 millones que salieron al ruedo en la disputa inmobiliaria por la adquisición del paño más grande y mejor ubicado de la ciudad: las 17,8 hectáreas ubicadas en la recta Las Salinas. En una comuna donde ya casi no queda suelo para construir, todos comenzaron a llamarlo «el último filete».

Desenredando la madeja

Acceder a los voluminosos legajos que conforman los estudios de impacto ambiental del terreno en cuestión fue fácil. Muy distinto fue entender la lógica del itinerario que siguió su aprobación. La aceptación de «buena fe» por parte de la autoridad de informes pagados por los mismos dueños del terreno que se exigía descontaminar; parámetros para medir tóxicos potencialmente cancerígenos que fueron reemplazados por otros más permisivos y autoridades que presionaron para apurar la aprobación de un proceso sin el saneamiento que garantice la salud de la población, son sólo un ejemplo de las múltiples irregularidades detectadas por CIPER en el «Proyecto de Recuperación Terreno Las Salinas».

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso, al invalidar una norma dictada por el Ministerio de Vivienda. Ésta eximió a las empresas de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Así se llamó la evaluación de impacto ambiental a la que debieron someterse entre el 2002 y el 2007 Copec, Shell, Esso y Sonacol para poder desocupar y vender los 178 mil metros cuadrados junto a la playa, en la Ciudad Jardín, contaminados por hidrocarburos, pesticidas y varios compuestos peligrosos. Un desconocido proceso que resolvió la primera experiencia en Chile de reconversión de extensos suelos degradados por uso industrial para destinarlos a la actividad inmobiliaria.

En esos cinco años, en una batalla silenciosa y de escritorio, las petroleras lograron «bajar» los estándares de descontaminación a los mínimos necesarios y no para zonas residenciales, sino para áreas verdes. Así, Copec, Shell, Esso y Sonacol ganarán millones de dólares con la venta del terreno y ahorrarán otros tantos al sólo cumplir con una descontaminación que alcanza un metro de profundidad en los 13 puntos del terreno (según los estudios hechos por las mismas petroleras) que tienen contaminantes en una proporción que pone en riesgo la salud.

Para el cierre definitivo del negocio hoy sólo falta un trámite: la designación de la empresa auditora ambiental que fiscalizará la limpieza del terreno y que saldrá de una terna propuesta por las mismas petroleras. Pero un reciente dictamen de la Contraloría puso en tela de juicio gran parte del proceso. El ente fiscalizador invalidó una norma urbanística dictada por el Ministerio de Vivienda durante los momentos más críticos del conflicto, y que eximió a las petroleras de la obligación de limpiar el paño para que quedara apto para proyectos inmobiliarios, traspasando tal responsabilidad a los futuros compradores.

Fue precisamente esa resolución de Vivienda la que le despejó el camino a la Municipalidad de Viña del Mar para modificar el uso de suelo del sector y decretarlo como «zona de riesgo» por contaminación, pero permitiendo que el saneamiento definitivo se postergue incluso hasta el momento en que deba tramitarse la recepción final de lo que allí se construya. Es decir, cuando las torres de departamentos y hoteles ya estén terminados. La colisión de normas generada por el dictamen de Contraloría generó preocupación en las autoridades locales, empresas inmobiliarias y petroleras. Y ello porque el dictamen abrió una brecha que algunos expertos en medio ambiente pretenden aprovechar para exigir revisión del hasta ahora desconocido proceso ambiental, mientras que organizaciones vecinales locales estudian recurrir a la justicia.

La revisión hecha por CIPER de las decenas de documentos que se acumularon desde el 2002, más entrevistas con varios de los especialistas y ex autoridades que estuvieron involucrados en un proceso asumido desde un comienzo como el precedente para futuros casos similares, permitió establecer, primero, los principales puntos de fricción. Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno.

El resultado indica que las petroleras impusieron su parecer en ambos frentes de conflicto. Pero la investigación de CIPER descubrió informes y recogió testimonios inéditos que cuestionan tanto la transparencia del proceso como los estudios que sirvieron para la aprobación del tipo de descontaminación a la que estaban obligadas Copec, Shell, Esso y Sonacol antes de vender. Entre ellos, borradores que la consultora contratada por las petroleras olvidó accidentalmente, filtraciones de hidrocarburos en las inmediaciones de la playa y la opinión del Instituto de Salud Pública, que no participó en el proceso conducido por la Conama.

Qué hay bajo tierra

El apelativo de «filete» que se le dio al codiciado terreno de las petroleras en la Quinta Región tiene asidero. A comienzos de esta década los analistas del sector calculaban que la plusvalía del terreno se dispararía por lo menos a las 60 UF por metro cuadrado cuando se retiraran las instalaciones, y a mucho más con el terreno construido. Eso hizo que inicialmente las petroleras pensaran en urbanizar ellas mismas el paño. Pero las complicaciones ambientales posteriores hicieron que abandonaran la idea. Poco después anunciaron que lo venderían. Y en ningún caso por menos de US$ 60 millones, una cifra que sigue sobre la mesa hasta hoy.

Ahí el problema se traspasó a los posibles compradores. Para dimensionar la rentabilidad del negocio era requisito previo sincerar cuán contaminado estaba el paño. Eso lo resolvería la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desarrollaría el 2002. Como las petroleras ya estaban trabajando con la filial chilena de la consultora holandesa Arcadis Geotécnica, la contrataron como su interlocutor ante la Conama. Arcadis elaboró durante el 2001 dos informes iniciales: «Estudio de Suelos» y «Estudio de Evaluación de Riesgos».

Para el primer estudio examinaron el lugar, practicaron calicatas o excavaciones de prospección, y recogieron 1.594 muestras del terreno, de las cuales 233 fueron analizadas por reconocidos laboratorios holandeses, según Arcadis. Los resultados arrojaron la presencia de más de 240 sustancias derivadas o relacionadas con la actividad de hidrocarburos y otros contaminantes, en distintas cantidades y valores, que sirvieron de base para todo el proyecto. El informe también describe las condiciones generales del terreno y sus antecedentes históricos.

El segundo estudio «de Evaluación de Riesgos», concluyó en lo que muchos temían: tanto el suelo como el agua del terreno presentaban grados de contaminación que superaban lo admitido en 13 puntos de los 165 que se examinaron. Entre varios otros contaminantes detectados figuraban «concentraciones de metales -bario, cobre, plomo y zinc-; agroquímicos, xilenos, clorofenoles, bifenilos policlorurados, hidrocarburos poliaromáticos y aceites minerales». Las muestras de agua subterránea arrojaron presencia de «benceno, xileno, naftaleno, fenantreno y aceites minerales». Todo lo anterior detallado en minuciosas tablas de medición.

Lo sorprendente es que, los científicos resultados de ambos estudios, tuvieron un mínimo impacto en el proceso de evaluación de impacto ambiental que siguió a continuación.

Y ello, a pesar que entre los agroquímicos a los que alude el informe figuran compuestos como el DDT, DDE, DDD y drines, los que junto a los clorofenoles forman parte de la denominada «docena sucia», ampliamente rechazada en todo el mundo: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) decretó su eliminación en el Convenio de Estocolmo, el que Chile suscribió en 2005. Dichas sustancias corresponden a los residuos que dejó una planta de producción de pesticidas que Shell operó en ese lugar hasta una fecha que los representantes de las petroleras -según explicaron a CIPER- fijan «hasta el año ’90 ó ‘91».

Todas estas mediciones Arcadis las realizó en base a una propuesta que las petroleras avalaron y anunciaron en ese primer informe: para todo el proceso se iba a adoptar la severa norma holandesa de evaluación de riesgo. La Conama local la aceptó. Y se entiende. Como Chile no cuenta con una norma específica para este tipo de situaciones, en subsidio la legislación sugiere adoptar una referencia extranjera. Ese vacío se convertiría muy luego en una pesadilla para los responsables del proceso.

Un problema de «buena fe»

Aunque durante el 2002 las petroleras en reiteradas ocasiones informaron a la prensa que el EIA avanzaba rápido y que «en unos pocos meses» limpiarían el suelo y lo venderían, ocurrió todo lo contrario. Tras recibir varias observaciones de las autoridades competentes, la Conama regional devolvió los estudios con una precisión que desató el primer problema: sólo las petroleras eran responsables del saneamiento del terreno, y en ningún caso el futuro comprador.

-Eso no les gustó, nada. En el fondo era decirles a las petroleras que ellas debían pagar por la descontaminación. Conama siempre aplica el criterio «el que contamina, paga» -recuerda la abogada María Isabel Mallea, ex secretaria de la Conama V Región.

Dos aristas marcan el límite que las petroleras no estaban dispuestas a traspasar y que determinaban la profundidad de la descontaminación a la que la ley los obliga: cuál era el nivel mínimo aceptado de contaminantes bajo tierra y si los tóxicos afectaron o no los terrenos colindantes al codiciado terreno. La autoridad siempre sostuvo que éstos sí podían desplazarse horizontalmente –por sí mismos o a través de la napa-, pero las petroleras hasta hoy replican que eso es imposible. Al final impusieron su idea, sin que la Conama efectuara monitoreos en las áreas vecinas.

Luego de pedir postergación del plazo, meses después, las petroleras presentaron la documentación para la primera adenda o versión que recoge las correcciones. Y fue entonces que se produjo el primer cambio polémico: en esa entrega las petroleras abandonaron la norma holandesa -la misma que antes habían defendido- y la reemplazaron por una norteamericana. Ello implicó cambiar los modelos de cálculo de contaminantes y el software que permitía «tabular» los datos recogidos en terreno, además de traducirlos a niveles que revelaran riesgos para la salud humana. En el argot técnico, éstos últimos eran expresados en «valores objetivos de concentración» (VOC). Al igual que los dos estudios anteriores, la adenda fue elaborada por Arcadis Geotécnica y financiada por las cuatro petroleras.

Las empresas propietarias del terreno justificaron su decisión en que la norma desechada imponía el uso de programas computacionales que no permitían medir adecuadamente la presencia de algunos tóxicos, como el aceite mineral. Y argumentaron además, que el nuevo estándar norteamericano era «sobre conservador» para calcular los VOC de «inhalación de vapores en espacios cerrados». Nada dijeron sobre un pequeño detalle: ni la Conama ni ningún organismo estatal competente en el proceso tenía la tecnología para comprobar la existencia de elementos nocivos para la salud.

No fue la única sorpresa del segundo informe presentado por las petroleras ante la Conama. Con el nuevo modelo, dijeron, los valores de concentración de sustancias más estrictos no eran los que se necesitan para uso inmobiliario, sino para un escenario que fue técnicamente definido como «Parques y Jardines».

Los dos cambios introducidos por las empresas petroleras provocaron reclamos de organizaciones ambientalistas y vecinales, las que infructuosamente plantearon a las autoridades que eso obligaba a reiniciar el proceso desde cero, ya que el cambio de norma se iba a traducir en márgenes de limpieza menos rigurosos. Tuvieron eco en determinados especialistas de la Conama local, pero sólo en privado.

-El tema político era más complejo que el técnico, porque como no hay norma, da para interpretaciones muy flexibles. Los ambientalistas querían el máximo y los inversionistas el mínimo -reconoce en privado una fuente que asesoró de cerca a las petroleras.

Como contraparte de las petroleras estaba en ese momento Rodrigo Jerez, entonces jefe de la Unidad de Control de la Contaminación de la Conama V Región, y a cargo del proyecto. Hoy ya no trabaja en ese organismo y es uno de los pocos que conoció directamente este proceso y que accedió a entregar su opinión oficialmente:

-El modelo holandés es más restrictivo que el norteamericano; y esto porque los territorios de los Países Bajos son muy pequeños. Los norteamericanos no tienen problemas de espacio y su sistema ambiental es en algunos casos más flexible que el europeo. La verdad es que se cuida el ambiente, pero son un poco más relajados -dice.

Las cifras avalan los dichos de Jerez. Por ejemplo, para limpiar el suelo y dejarlo apto para uso residencial o de primera vivienda, la norma holandesa exige que en el primer metro la concentración de benceno -uno de los químicos más dañinos para la salud- no puede ser mayor a 0,4 miligramos por kilo de tierra. En cambio, la norma norteamericana aplicada para reacondicionar el terreno para áreas verdes acepta hasta un tope de 15 miligramos por kilo.

Pese a que varias autoridades locales criticaron que se aceptara un estándar que nada tenía que ver con el uso inmobiliario que se le iba a dar al terreno en cuestión, la Conama regional validó los valores requeridos para «Parques y Jardines». Y lo hizo sin jamás comprobar esos valores con exámenes propios en terreno. Según los expertos que consultó CIPER, la legislación ambiental considera que en aspectos como éste el sistema descansa «sobre la buena fe» del titular del proyecto -en este caso, las petroleras- y porque además, la autoridad carece de los medios para efectuar mediciones tan específicas y costosas.

-Efectivamente, uno hace un acto de fe. Es uno de los problemas que tiene la legislación ambiental chilena -confirma Jerez, quien agrega que en todos los proyectos ambientales «es exactamente igual».

La aceptación de la «normativa norteamericana» tuvo otros efectos polémicos. Al aplicarla en una tabla, ésta identifica contaminantes específicos y puede calificarlos en cantidades riesgosas hasta el primer metro de profundidad. De ahí para abajo también los detecta, pero no los estima peligrosos («no aplican», en lenguaje técnico). Habiendo aceptado también que el marco era «Parques y Jardines», daba lo mismo si esos contaminantes existían. La única excepción «peligrosa» de dicho estándar es el benceno, un componente volátil que tiende a subir y a liberarse en contacto con el aire.

Pero medir la «excepción» benceno fue complejo. Porque en las tablas que las petroleras y Arcadis entregaron a la Conama local, las sustancias ubicadas bajo el primer metro fueron identificadas como «hidrocarburos totales», resumidos como «TPH Suma» o «TPH totales», es decir, una mezcla de elementos que no distingue cuál es cuál y en la que puede estar presente el benceno u otro volátil similar. En mediciones hechas a medio metro hubo puntos en que se hallaron 34 mil miligramos de TPH por kilo, pero a seis metros y medio los TPH llegaban a 40 mil miligramos por kilo. Pero eran sólo eso: «TPH Suma». Con esos datos fue imposible saber cuánto benceno había en los TPH bajo el primer metro.

Está científicamente comprobado que la inhalación de benceno en espacios cerrados -como podría ocurrir si éste «sube» por tuberías de un edificio o traspasa estructuras- puede producir mareos, somnolencia y pérdida de conocimiento. En casos de exposición prolongada es cancerígeno.

Como al parecer nadie había reparado en los peligros que encierra esa falta de medición, CIPER decidió consultar al Instituto de Salud Pública si el benceno puede estar presente en los «TPH Suma». La jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos de dicho organismo, Isabel Guerrero, contestó: «Sí, es posible que estén presentes. Se debe verificar con algún tipo de análisis».

También se le preguntó directamente a la gerencia de medio ambiente de Arcadis Geotécnica. «Los TPH pueden contener hidrocarburos volátiles, entre ellos el benceno. Dada la importancia de este compuesto, se hicieron análisis específicos para determinar su presencia en forma separada», fue la respuesta.

Los análisis efectivamente se hicieron. Pero para sorpresa de muchos, las mediciones de benceno que se realizaron con la tabla norteamericana no superaron el límite de los 15 miligramos por kilo. Las muestras más altas se ubicaban en tres puntos donde arrojaron entre 0,6 y 1,14 miligramos por kilo, valores que sí exceden el tope aceptado por la tabla holandesa. Pero la Conama también decidió «hacer buena fe» de dichos cálculos.

Fue el primer gran triunfo de las petroleras. No sería el único. Entre el 2005 y 2007, cuando las empresas propietarias del codiciado terreno elevaron el caso a las instancias superiores de la Conama, ésta les pidió suprimir del EIA la fase de desarrollo inmobiliario que estaba explícitamente declarada en el informe original. Por lo que les pidieron reemitirse a los valores exigidos sólo a lo estrictamente relacionado con el saneamiento para «Parques y Jardines». Eso fue todo.

Con esas dos resoluciones, dos triunfos, las empresas petroleras dueñas del terreno sólo quedaron obligadas a sanear el primer metro de suelo en los trece puntos en que se detectaron contaminantes que excedían la norma norteamericana. Lo que hubiera más abajo, no era su problema. Un argumento que repitieron cada vez que vecinos, organizaciones ambientales y autoridades locales pidieron en las observaciones al EIA que se sometieran a estándares más estrictos.

-La imagen que se usaba en las discusiones internas era «¿qué pasa si un niño de las futuras viviendas come tierra?». Y la norma que ellos presentaban para ‘Parques y Jardines’ cumplía, aunque nosotros sabíamos que era para un proyecto inmobiliario… Lo que ocurre es que sanear un metro, aún con todas las restricciones que supone hacerlo para «Parques y Jardines», es más barato que hacerlo para ocho o diez metros de profundidad -dice Isabel Mallea, abogada y ex secretaria de la Conama local.

El ahorro que significa la diferencia entre limpiar un terreno para «parques y jardines» y para viviendas fue un gran triunfo para las petroleras. La técnica de remediación ya acordada con la autoridad contempla retirar el suelo dañado sólo en los 13 puntos y no en todo el terreno, llevarlo a instalaciones de la empresa Hidronor -ubicada en Santiago y especialista en residuos peligrosos- y limpiarlo o reemplazarlo por material «sano».

Para tener una idea de los costos, CIPER consultó a empresas especializadas en traslado de tierra y escombros que han operado en el área de Las Salinas. En una de ellas, un ejecutivo señaló que por cada metro cúbico de material extraído se cobra $350 por cargarlo en camiones y otros $100 por cada kilómetro de viaje.

Hechos los cálculos pertinentes, para remediar uno de los 13 puntos (que involucre un área de 20 metros por 20 metros, según un promedio estimado por Copec), los resultados son los siguientes. El escenario «Parques y Jardines», es decir, remover y trasladar a Santiago un metro de profundidad, les costaría a las petroleras $ 4.140.000. En cambio, remover la tierra hasta al menos cinco metros bajo el suelo, elevaría los números a $20.700.000 por cada sector contaminado. Pero para tener una dimensión exacta, esta última cifra habría que multiplicarla por todos los puntos que deberían sanearse (muchos más de 13), pero además calcularla en base a una profundidad que habría sido posible determinar si se hubiese efectuado un correcto estudio de impacto ambiental.

Lo anterior, claro sin considerar el precio que cobraría Hidronor por recibir el material, limpiarlo, ni menos llevarlo de vuelta a Viña del Mar u otro destino.

De la puerta para fuera

A pesar de los problemas resueltos, el Estudio de Impacto Ambiental avanzó lentamente, ya que surgió otro de los principales puntos polémicos: si los terrenos aledaños a las antiguas plantas de combustible estaban contaminados, entonces las petroleras también tendrían la obligación de limpiarlos.

El principio básico que esgrimió la autoridad fue que si los hidrocarburos o cualquier otro contaminante se desplazaban horizontalmente, contaminarían otras áreas. Lo mismo si «bajaban» hasta la napa o flujo de agua subterránea -que en esa zona se ubica en el rango de los cinco metros de profundidad, es decir, fuera del escenario «Parques y Jardines»-, porque desde allí se desplazarían en otras direcciones.

No era una objeción nueva. Ya en la primera fase del proyecto, cuando la Seremi de Salud hizo sus observaciones, recordó una experiencia ocurrida a fines de los ‘90 en la zona relacionada con «desplazamiento de hidrocarburos por la dinámica de las napas subterráneas». Más de un año después de la ruptura de un oleoducto de Sonacol en el sector de Reñaca Alto, el combustible había aflorado a cierta distancia.

Cada vez que se hacía la objeción, las petroleras replicaban que no había ninguna evidencia de que contaminantes provenientes del terreno se hubiesen desplazado a otras zonas. Y lo sostienen hasta hoy.

CIPER descubrió que uno de los estudios encargados por las petroleras a la consultora Arcadis aún contenía las correcciones hechas en su etapa de borrador. Una de ellas sostiene que «existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros», es decir, en el terreno colindante. Otras contienen frases como «Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad».

-Esto tiene que ver con el comportamiento del suelo. Aquí está el cerro atrás, nosotros y el mar. Por lo tanto, la gradiente hidrogeológica que se midió es hacia el mar. Lo que haya sucedido en los años de operaciones de las plantas estaba refrendado por los Planes de Vigilancia Ambiental Acuáticos, que indicaron que no tuvimos incidencia en el borde costero. Por lo tanto, hacia los terrenos de la Armada, uno no tendría que preocuparse. Y hacia el lado del ex regimiento Coraceros, tampoco -asegura Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec.

Desde el 2002 y hasta el 2004, los especialistas de Arcadis y Conama se enfrascaron en discutir si los contaminantes podían o no desplazarse horizontalmente. La consultora privada desplegó varias veces modelos y cálculos para demostrar que eso era imposible, y que sólo se movían verticalmente. Lo mismo afirma el gerente de Desarrollo de Copec y vocero de las cuatro petroleras, Arturo Natho:

-El hidrocarburo tiene un comportamiento que es bastante vertical, cae como piedra para abajo, por suerte. Así que si cayó aquí, no te pasa para acá.

Ninguna de esas argumentaciones hicieron cambiar de opinión a los técnicos de la Conama regional. Ellos siempre insistieron en que los tóxicos pudieron haberse propagado a los predios vecinos, ya que el flujo de agua subterránea lo permitía. Por eso se sorprendieron desde el inicio del proceso del EIA, en 2002, cuando las petroleras presentaron sus primeras estimaciones acerca del alcance de la contaminación, antes de medirla: curiosamente, todos los gráficos sostenían que el radio de posible alcance de los químicos llegaba justo hasta los límites del predio. Ni un metro más allá.

Otros informes sugieren que los técnicos de Conama tenían razón. CIPER revisó el «Estudio de Suelos, Planta Las Salinas, Viña del Mar», que Arcadis elaboró luego de excavar el terreno para retirar las primeras muestras, con las que más tarde se determinaría la contaminación del terreno. El documento, fechado en diciembre de 2001, se compone de un texto en formato Word de 22 páginas. Pero al imprimirlo, la sorpresa fue que se obtuvo uno de 37 páginas y con numerosos párrafos y títulos tarjados. Fue la función «control de cambios» de dicho procesador de texto, que conserva las modificaciones hechas a un documento -aunque éstas se hayan borrado- la que permitió ver lo que se trató de ocultar.

Gracias a que los redactores del estudio no deshabilitaron esa herramienta, CIPER descubrió que hubo no sólo párrafos, sino capítulos enteros que fueron eliminados del informe, que más tarde fue incorporado al Estudio de Impacto Ambiental en la Conama. Y en algunos de esos párrafos suprimidos aparece claramente sugerida la presencia de contaminantes fuera del límite del terreno de las petroleras.

El punto 2.2, titulado Características del sitio y áreas vecinas, oficialmente tiene sólo dos párrafos, pero el original incorporaba un tercero. Allí se lee: «…existen antecedentes de presencia de hidrocarburos en aguas subterráneas durante excavaciones realizadas años atrás en el predio ubicado al sur del sitio, antiguamente utilizado por los talleres de mantenimiento del Regimiento Coraceros». La ex unidad militar -donde hoy existen cuatro enormes torres de departamentos- era inmediatamente contigua al terreno de las petroleras.

Para Renato Gaete, jefe del área de medio ambiente de Copec, eso no significa nada. Junto con subrayar que los hidrocarburos no se mueven horizontalmente, explica que el Regimiento Coraceros era «un regimiento motorizado y el Ejército tenía un sistema de estanques y combustibles propio. Le hacían cambios de aceite a los tanques, por lo que se asumió que era de ellos».

Otra «corrección» figura en el punto «2.3 Geología e Hidrología«. El texto tarjado representa lo que fue borrado:

«Mediciones del nivel freático realizadas en pozos de monitoreo indican que el agua subterránea en el Sitio se encuentra entre 5 y 7 m de profundidad por debajo de la superficie del terreno. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el Sur-poniente , correspondiente a una elevación entre 3 y 5 m.s.n.m.m. La principal dirección del flujo subterráneo es hacia el poniente, excepto en el sector de Planta Esso en que se observa un flujo hacia el surponiente.»

En el resto del texto original tarjado por Arcadis también se aprecian algunas apreciaciones de los redactores, como «Ojo. Yo dejaría eso si corresponde a la verdad», que obviamente también fueron suprimidas. Pero nadie más que los analistas de Arcadis tuvo acceso en ese momento a las correcciones al estudio.

Los participantes del proceso coinciden en señalar a Sat Sansar Singh, nombre con el que sus alumnos de yoga conocen al especialista Luis Eduardo Ugalde Abaroa, como uno de los redactores y autores del documento. Pero Ugalde contestó que ya no trabaja en Arcadis Geotécnica y que requería una autorización por escrito de sus antiguos jefes para dar una entrevista.

Consultada la gerencia de medio ambiente de Arcadis sobre las interrogantes que plantea el descubrimiento de las correcciones al estudio oficial, la respuesta fue que «podría corresponder a un documento borrador de trabajo en equipo, en el que obviamente se encontrarán modificaciones, más aún cuando a esa fecha se continuaban haciendo mediciones y corroborando información de campo».

Le mostramos el documento a Rodrigo Jerez, a cargo de supervisar el proyecto en Conama V Región. Muy sorprendido, afirma que nunca vio esas correcciones, y advierte que la evaluación ambiental del proyecto de las petroleras habría sido muy distinta si hubiese conocido esos antecedentes: «Si yo hago un juicio de lo que está tarjado, aparecen otras condiciones que fueron las mismas dudas que se nos generaron en la evaluación del proyecto. Aquí hay muchas cosas que podrían confirmar nuestra teoría, que ellos lo tenían claro pero lo eliminaron. Y eso repercute en la evaluación del proyecto».

¿Petróleo en la playa?

Otro hecho aún más curioso también podría cuestionar la tesis de las petroleras de que la contaminación se limitó a su terreno y no afectó a las inmediaciones. Ocurrió el 2006, cuando el EIA ya había sido aprobado con condiciones por la Conama regional y las empresas peleaban por la aprobación definitiva ante la Conama nacional. El 6 de septiembre de ese año, personal de la constructora Siglo Verde realizaba excavaciones cerca de los restos de la antigua maestranza Edwards y Cerutti, situada justo al frente del polémico terreno, sólo que al otro lado de la recta Las Salinas y a la altura de 19 Norte.

Cuando los operarios se encontraron con restos de un muro subterráneo que debían demoler, de pronto una de sus grietas comenzó a filtrar una sustancia líquida, oscura, espesa y de un olor penetrante. También hallaron -según testigos- restos de tambores viejos y oxidados. Los trabajadores informaron a la Municipalidad de Viña, la que inspeccionó el sitio junto a personeros de Copec y Esso. Dos días después, las petroleras enviaron un equipo de la empresa Ecotecnos, que retiró el material, tomó muestras y las envió a laboratorios de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).

El único registro público del accidente corrió por cuenta de una breve nota publicada dos días después de ocurrido por El Mercurio de Valparaíso. Bajo el título «Hallan napa con combustible», se describió el hallazgo como «una napa subterránea cuyas aguas están mezcladas con residuos de combustible», y se precisó que el material «fue encontrado a 5 metros de profundidad», a «escasos metros de la playa». Se anunció también que la UTFSM enviaría los resultados en diez días.

En una región donde este tipo de incidentes literalmente son «estrujados» por la prensa local, de éste nunca más se supo por los diarios. Nadie informó de sus resultados. Pero especialistas de la reconocida universidad viñamarina confirmaron a CIPER que las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Control de Obras (LEMCO), dependiente de su Departamento de Obras. Lo sorprendente es que hasta hoy resulta imposible conocer qué contenía lo que encontraron los trabajadores de Siglo Verde, y si esos datos desmienten o no la tesis de las petroleras. En LEMCO contestaron que los exámenes dependen de «clientes con los que se mantienen estrictos acuerdos de confidencialidad», por lo que denegaron nuestra petición de conocer los resultados.

La única pista adicional es un comentario del vocero de las petroleras, Arturo Natho, a raíz de la discusión por la posible contaminación en los alrededores: «Tomamos hartas muestras de la playa. La playa está limpia, se chequeó, y en la única parte en que se evidenció algo era frente al Coraceros y a la Esso, donde estaba Edwards y Cerutti, que yo creo es de donde salió el tema de Siglo Verde».

Sin embargo, en la documentación oficial online del EIA de Las Salinas no se encontró ningún informe sobre dichas pruebas, pese a que sí fueron pedidas en reiteradas ocasiones por autoridades locales.

Para aclarar en parte estas dudas, recurrimos nuevamente al Instituto de Salud Pública, esta vez para preguntar en qué dirección tienden a moverse los contaminantes subterráneos en un caso como éste. Su jefa del Laboratorio de Suelos y Residuos Peligrosos, Isabel Guerrero, contestó: «Se pueden mover en distintas direcciones, dependiendo de las condiciones ambientales -como por ejemplo, la temperatura- y la mecánica y química del suelo».

En tierra de nadie

Las controversias relatadas alargaron el EIA hasta octubre del 2004, cuando el estudio pasó a manos de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), el organismo político-técnico que le da el visto bueno a los proyectos. En una polémica asamblea que apenas cumplió con el quórum, marcada por una agria discusión entre autoridades locales que pedían más resguardos para la salud y el entonces gobernador provincial -y hoy intendente- Iván de La Maza, el organismo finalmente aprobó el proyecto por ocho votos a favor, tres abstenciones y uno en contra. El acta de la sesión describe lo ocurrido.

La resolución exenta 203/2004 aprobaba el saneamiento para «Parques y Jardines», aunque con detalles contradictorios. Uno de los considerandos del texto -el 10.20- dice que «quedará expresamente prohibida la plantación de hortalizas o cultivos en toda la superficie» del predio. Pero también fijó condiciones que indignaron a las petroleras: el documento imponía tablas con valores más estrictos para tóxicos como el benceno, el tolueno y el xileno. Eso obligaba a un saneamiento más acucioso.

Las empresas replicaron ante el consejo de ministros de la Conama, a través de un recurso de reclamación. Y argumentaron que les habían «mezclado las tablas».

En marzo de este año, el municipio viñamarino finalmente pudo publicar el seccional que permite construir edificios en el terreno, pero sujeto a congelamiento mientras no se levante la categoría de «Zona de Riesgo» que la afecta. La ordenanza respectiva dice que si «las obras de mitigación deben desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra», es decir, cuando los proyectos inmobiliarios estén terminados y listos para ser habitados.

– Eso hacía incompatible todo lo que se había hecho, la metodología y el resultado con esa tabla. Se hacía incompatible con los 13 puntos, porque si no se nos transformaban como en 40. Y eso hubo que pedir aclararlo, porque si no, no teníamos cómo gestionar el proyecto- explica Gonzalo Puelma, jefe de Medio Ambiente, Prevención y Seguridad de Copec.

Pero el trámite se estiró tres años más. La dilación impacientó a las petroleras y también a las autoridades viñamarinas. Pero la mayor inquietud se desató entre las inmobiliarias interesadas en el codiciado paño. A esas alturas, las firmas constructoras ejercían una presión sin discreción sobre el municipio que lidera Virginia Reginato para que empezara a confeccionar el seccional que cambiaba el uso de suelo al predio y lo dejaría listo para construir.

La disputa por el paño se trasladó a los diarios. Uno de los más importantes empresarios del rubro inmobiliario, Abraham Senerman -actualmente construye el millonario complejo Titanium La Portada, en Vitacura- declaró públicamente su interés en comprar el «último filete». A esa competencia se sumaron inversionistas del Reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico, que viajaron hasta la Ciudad Jardín para explorar el negocio. Senerman, quien ya tiene diseñado un gigantesco proyecto para Las Salinas, llegó a ofrecer US$ 55 millones por el paño, suma que las petroleras rechazaron por encontrarla muy baja.

En esas condiciones, la dilación del estudio ambiental terminó en drama. La espera de las petroleras terminó recién el 9 de marzo de 2006, el penúltimo día del mandato de Ricardo Lagos, cuando el consejo de ministros de la Conama aprobó sólo parcialmente el reclamo. Las petroleras no quedaron satisfechas: querían garantía de que no quedara ningún margen de interpretación posible que las obligara a descontaminar más de un metro de profundidad. Lo intentaron con un recurso de aclaración. Fue rechazado. Insistieron con un segundo recurso. Y finalmente, en diciembre pasado, obtuvieron lo que querían.

Para entonces, la Municipalidad de Viña ya había ejecutado los cambios al seccional que determinan el uso del sueño en esa zona, luego de una larga negociación en que las empresas inmobiliarias interesadas les hicieran todo tipo de peticiones. Finalmente se optó por «reconvertir» el predio para una amplia variedad de construcciones. Entre otras, la ordenanza publicada en marzo de este año cita departamentos, hoteles, comercio, restaurantes e incluso edificios para educación «pre básica, sala cuna y jardín infantil».

Todo ello quedó sujeto a un estudio de impacto ambiental que la propia municipalidad de Viña debía realizar. Y nuevamente la sorpresa. Aunque para el EIA municipal las autoridades comunales contrataron a una consultora, también se basaron en los estudios de Arcadis, la misma firma pagada por las petroleras. Es más: la asesora elaboró nuevos informes que también fueron financiados por los dueños del terreno. Al menos eso es lo que reconocieron en Arcadis.

-Con el propósito de incluir mayores exigencias en el plan seccional, la municipalidad estimó conveniente declarar la zona como de riesgo. Dado que nuestra empresa cuenta con la mayor experiencia y conocimiento en materias de evaluación de riesgo, las compañías petroleras nos encargaron desarrollar estos antecedentes, los que fueron aportados durante el proceso de evaluación del plan seccional para ser tomados en consideración- nos dijo la gerencia de medio ambiente de la consultora.

Se repitió el áspero tira y afloja entre Arcadis y la Conama regional y nuevamente surgió la discusión respecto de quién iba a limpiar el terreno para que quedara apto para la construcción de viviendas. Y también, quién controlaría ese proceso de limpieza.

En ese proceso fue crucial una norma que el ministerio de Vivienda dictó el 10 de marzo de 2006, justo un día después de la bullada resolución del consejo de ministros de la Conama sobre el terreno: la circular 0099 de la División de Desarrollo Urbano, más conocida como DDU 162. Dicho texto no hizo más que recordar que otras reglamentaciones exigen «estudios fundados» que acrediten que el riesgo ha sido superado, incluyendo la «evaluación de impacto ambiental correspondiente». Pero en las últimas dos líneas agregó que las obras de mitigación del suelo son responsabilidad «del titular de cada uno de los proyectos de edificación que se solicite aprobar».

La última frase ayudó a cerrar la discusión entre la Conama y la Municipalidad de Viña, que respondía duramente a cada petición de resguardo sanitario que le hacían las autoridades ambientales. También zanjó en el papel el cuestionamiento de la Conama acerca de que el EIA municipal dejaba en tierra de nadie la responsabilidad de la limpieza del suelo para fines inmobiliarios. Pero no apagó las críticas de organismos locales como la Seremi de Salud, que dio su visto bueno de mala gana y a última hora.

Tras obtener la aprobación de la Corema en noviembre de 2007 -que tampoco fue unánime-, el municipio publicó el seccional en un anuncio que fue celebrado por Reginato y otras autoridades locales. A solicitud de CIPER, el municipio envió la ordenanza del seccional, que declaró el predio como zona de riesgo, recogiendo la legislación urbanística y la DDU 162, pero agregó: «En el evento que los referidos estudios establezcan que las obras de mitigación deban desarrollarse en conjunto con la ejecución del proyecto, deberá acreditarse su completa realización antes de la recepción definitiva de la obra».

Lo anterior significa que una vez que las petroleras vendan el terreno -sólo descontaminado en su primer metro-, el que lo compre podrá construir y al mismo tiempo sanear el resto del suelo. Incluso podrá postergar la limpieza hasta poco antes de la recepción final, cuando las nuevas edificaciones ya estén terminadas. Con ello se excluye toda garantía que evite que quien construya no limpie el suelo.

En teoría, el asunto no debiera ser tan simple para el futuro comprador. Pero es sólo teoría. Fuentes de la Conama regional advierten -en privado- que la ordenanza municipal dejó las cosas «en un rango bastante interpretable, que depende de cuán bueno sea el abogado de la empresa constructora que compre el paño». A ello se suman las falencias ya descritas de la legislación. Por ejemplo, el EIA sólo es obligatorio para proyectos de una superficie igual o superior a una hectárea o 10 mil metros cuadrados, y el predio de Las Salinas tiene 17,8 hectáreas. Si los futuros dueños del paño lo subdividen en lotes inferiores al límite ambiental, nadie les podrá exigir que se sometan a examen ni menos a que descontaminen en detalle.

Por eso mismo, en su momento, las autoridades locales con competencia ambiental le pidieron a la alcaldesa Reginato que en el seccional fijara subdivisiones con un mínimo de una hectárea. La respuesta fue una rotunda negativa basada en que eso «rigidiza las posibilidades de gestión en el sector».