Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas

A pesar de que Aguas Andinas rectificó dos veces ante Impuestos Internos gastos sin respaldo contable, y que la Fiscalía y el SII tienen evidencias de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Laurence Golborne, al yerno de Eduardo Frei, Pedro Yaconi y a una corporación ligada a la UDI, la situación judicial de la sanitaria está en la hielera. Su contabilidad arroja además pagos por $422 millones a think tanks de todos los sectores políticos. Es un caso sensible pues la sanitaria está sometida a una regulación de la que dependen la tarifa del agua y sus ganancias.

Transcurridos ocho meses desde que la principal empresa sanitaria de Chile, Aguas Andinas, se viera involucrada en el financiamiento irregular de la política, la investigación de los pagos ilícitos que arroja su contabilidad entre 2009 y 2014, está paralizada tanto en Impuestos Internos (SII) como en el Ministerio Público. Y ello, a pesar de que la propia empresa hiciera al menos dos rectificaciones ante el SII, en abril y junio de este año, reconociendo pagos que no tienen respaldo contable y que beneficiaron a una empresa de Sebastián Piñera y del abogado Carlos Castro, ligado a Renovación Nacional.

Más inexplicable resulta esta paralización a la luz del rastreo que realizó CIPER a la contabilidad de la sanitaria. A los pagos por trabajos no realizados ya mencionados, se suman otras transferencias a sociedades vinculadas a personas que ya han sido querelladas o están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política. Entre ellos figuran: $430 millones pagados por Aguas Andinas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y miembro del comité de finanzas de su fallida campaña presidencial en 2009; los $27 millones cancelados a una sociedad personal de Pablo Longueira y los $53,5 millones que recibió Vox Comunicaciones, la misma empresa querellada por el SII por recibir dineros de Penta para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Pablo Longueira

En 2014, las utilidades de Aguas Andinas, que suministra y trata el agua en la Región Metropolitana, rozaron los $120 mil millones. Pero el éxito empresarial de la sanitaria controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), se vio empañado con el estallido del escándalo de las platas políticas, trama en la que el pago de boletas y facturas falsas por parte de Soquimich terminó por incluir a Aguas Andinas en el club de las empresas bajo sospecha.

Hasta ahora, Aguas Andinas ha ingresado al menos dos rectificaciones ante el SII, reconociendo que no existe respaldo para justificar algunos pagos. Entre ellos, los $76 millones girados a los entonces ejecutivos de CHV, Jaime de Aguirre y Mario Conca, que emitieron facturas falsas a la sanitaria por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien en esa época también controlaba ese canal de TV.

La onda expansiva de las platas políticas que salpicó a una de las empresas de Piñera resulta sensible. Fue el propio Piñera quien a fines de 2010, ya siendo Presidente, autorizó la polémica enajenación de la mayoría de las acciones (35%) que el Estado aún poseía en Aguas Andinas, hecho que se materializó en junio del año siguiente. Desde entonces, el Fisco, a través de Corfo, posee solo una participación nominal (5%) en la propiedad de la sanitaria.

Como el detalle y los montos de las rectificaciones que hicieron los ejecutivos de Aguas Andinas ante el SII han sido mantenidas en riguroso secreto por esa entidad, no ha sido posible clarificar cuántos son los pagos bajo sospecha de haber sido aportes ilegales a la política que realizó la principal empresa sanitaria del país. El problema no solo afecta a Aguas Andinas sino a todas las empresas que rectificaron entre marzo y junio de este año. De la decisión que asuma el SII respecto de los ilícitos cometidos por la sanitaria, dependerá en gran medida el futuro de las otras investigaciones.

ALCANZA PARA TODOS

CIPER revisó la contabilidad que la empresa sanitaria entregó al SII y a la Fiscalía. Se trata de los libros de compras y de retención de honorarios con registros contables desde el 2009 al 2014. Allí, entre los cientos de proveedores que prestaron servicios a la sanitaria entre esos años, CIPER detectó cerca de 30 receptores de pagos –entre personas jurídicas y naturales– con vínculos políticos directos.

Un puñado de ellos son los mismos que figuran en la carpeta investigativa que indaga la repartija de platas políticas de SQM, la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y también de Penta.

Felipe Larraín Aspillaga

Pero las platas sospechosas de haber ido a parar al financiamiento ilícito de la política, no es lo único que resalta en los registros contables de la sanitaria filial de Aguas de Barcelona (Agbar). Resultan llamativos también los más de $420 millones girados por la sanitaria entre 2009 y 2014a casi una decena de centros de pensamiento estrechamente vinculados a partidos políticos de derecha y centro-izquierda, desde la Fundación Jaime Guzmán (UDI), pasando por el Instituto Libertad (RN), a Chile 21 (PRO-PS-PPD).

Más sensible resulta el hecho de que Aguas Andinas es un monopolio regulado por el Estado, cuyas tarifas –que deben responder a parámetros de máxima eficiencia– se negocian cada cinco años con el organismo regulador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La pregunta que ronda es si los cuantiosos pagos desembolsados por la sanitaria a esas sociedades y centros de pensamiento forman parte del “modelo eficiente” al que debe ceñirse por ley la sanitaria.

Más importante aún es si todos estos aportes y donaciones  –a los que se suman transferencias por más de $3 mil millones a universidades– son finalmente absorbidos por el bolsillo de los casi dos millones de clientes de la sanitaria en la Región Metropolitana. Pregunta que toma fuerza a la luz de un estudio de la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento de 2011, que concluyó que el metro cúbico de agua en Santiago es más caro que en Lima, Sao Paulo, Caracas, Roma, Shanghai y Seúl.

Contactado por CIPER, el presidente del directorio de Aguas Andinas, Felipe Larraín Aspillaga, afirmó: “Por decisión de la empresa nadie de nosotros hablará con la prensa de estos temas. No es un problema con CIPER, todo lo contrario, es solo que hemos decidido colaborar con todo lo que el SII y el Ministerio Público nos pidan y nada más”.

PAGOS SOSPECHOSOS

En los numerosos archivos revisados por CIPER, llaman la atención los pagos girados por Aguas Andinas a tres sociedades ligadas a Pedro Yaconi, mano derecha del ex presidente Eduardo Frei que participó en el comité de finanzas de la última aventura electoral del ex mandatario en 2009. Precisamente en octubre de ese año figuran transferencias por $81,2 millones desde la sanitaria a estas sociedades.

El 20 de octubre de 2009 aparecen $49 millones pagados a C2P –sociedad de asesorías constituida por Yaconi en 2003–, a través de dos facturas de $13 millones y $36 millones. El mismo día Aguas Andinas giró otros $14 millones a Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, Rinvesa, la misma sociedad que recibió ese año $30 millones de SQM, pago que la minera luego rectificó ante el SII. Rinvesa fue constituida en 2006 por Yaconi y por la que era entonces su cónyuge, Mónica Urzúa Frei, sobrina del ex presidente Frei Ruiz Tagle.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Seis días antes de esos pagos, el 14 de octubre de 2009, Aguas Andinas giró otros $18 millones a una tercera sociedad ligada a Yaconi: Selectiva Consultores, constituidaen 2004 junto a su hermana, Lorena. Consultada por CIPER, Lorena Yaconi aseguró que Pedro solo le ayudó a conformar la sociedad pero que nunca ha participado en ella, y que el pago corresponde a un informe que por motivos de confidencialidad del contrato no puede mostrar ni tampoco revelar la materia que trató. “Se entregó un informe, y este año, cuando comenzaron los comentarios sobre este tema, Aguas Andinas nos pidió que lo volviéramos a enviar. Como ha pasado mucho tiempo, no tenían el respaldo, pero nosotros se lo enviamos”, afirmó.

A diferencia de Selectiva y Rinvesa que, de acuerdo a la contabilidad de la sanitaria, recibieron dineros solo en octubre de 2009, C2P recibió pagos mensuales durante todo 2009 ($120 millones en total), los que se retomaron en mayo de 2012 y siguieron hasta diciembre de 2014. En total, los pagos a sociedades ligadas a Yaconi acumulan $430 millones.

Pedro Yaconi aseguró a CIPER: “Mis trabajos están respaldados por contratos”. Dice que las transferencias de 2009 desde Aguas Andinas a C2P se justifican por labores que realizó desde 2007 por la implementación de plazas de agua en distintas comunas y un informe sobre biosólidos. Respecto del pago a Rinvesa afirma que fue por un juicio en que representó a la sanitaria, que duró tres años y que “se pagó por adelantado”. También señala no tener nada que ver con Selectiva Consultores, a pesar de que en el registro del Diario Oficial aparece como parte de la propiedad con el 50%, equivalentes a $124,6 millones, hasta diciembre de 2012 (cuando vendió su parte).

El abogado Cristián Quinzio también participó junto a Pedro Yaconi en el comité de financiamiento de la campaña presidencial de Frei en 2009. A ese grupo también perteneció Giorgio Martelli, quien además fue recaudador de dineros de la pre-campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. En ese preciso año 2009, Quinzio era socio del staff de Marcelo Olivares, abogado que además participa en el directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. El 10 de diciembre de ese año, la sociedad Asesorías Marcelo Olivares recibió $20 millones de Aguas Andinas. El abogado no respondió los llamados de CIPER para explicar ese pago.

Otra de las empresas ligada a precampañas de la Concertación o de la Nueva Mayoría y que en la contabilidad de Aguas Andinas aparece recibiendo pagos, es Soluciones en Gestión Ambiental (SGA), de propiedad de Jaime Solari (PS). SGA recibió de Aguas Andinas $393,4 millones entre 2009 y 2014. Esa misma sociedad organizó en 2013 un taller para la empresa Rockwood Lithium (competencia de Soquimich Salar ya que tiene una parte de la concesión de la explotación de litio en Chile) y terminó derivando $37 millones a Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli que financió la pre-campaña de Bachelet, transferencias que investiga el Ministerio Público y el SII.

Jaime Solari fue enfático al responder a CIPER: “Aguas Andinas es nuestro cliente desde 2006 y le hacemos diversas asesorías. En 2013 partió un estudio que se hizo con ellos y que duró hasta el 2015. Están los informes y todo el respaldo. No puedo mostrarlos porque es confidencial. Se pagó en varias partes, eso explica que haya pagos en 2013 y 2014”.

LONGUEIRA Y GOLBORNE

Desde abril de 2014, Aguas Andinas registra giros mensuales a Asesorías e Inversiones LB SpA, sociedad constituida el 12 de diciembre de 2013 por Pablo Longueira y su señora (Cecilia Brinkmann). Son nueve pagos que totalizan $27,5 millones. Esta sociedad de Longueira también figura recibiendo pagos de SQM por algo más de $65 millones entre 2014 y 2015. El abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, no respondió los mensajes que se le enviaron para obtener su versión de estos hechos.

Laurence Golborne

En la contabilidad de la sanitaria, hay otra sociedad que posee estrechos vínculos con la UDI: la Corporación de Asuntos Públicos, que recibió pagos por $43,7 millones entre 2012 y 2014. Esa sociedad de la UDI también registra pagos bajo investigación del Ministerio Público: recibió de SQM $131 millones, montos que la minera rectificó. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993. Registra domicilio en Arturo Prat 60, departamento 54, ubicado frente al Instituto Nacional. Allí también funciona la oficina de la contadora Graciela Alcamán, quien firma los balances anuales de la UDI desde 2002 (ver reportaje de CIPER). En esa misma dirección registra domicilio la Sociedad Comercial L y L Limitada, de Pablo Longueira y Cristián Leay, quien hoy ocupa un cupo UDI en el directorio de TVN.

Otra empresa que aparece recibiendo pagos de Aguas Andinas y que se ha visto involucrada en el financiamiento irregular de la política, es Vox Comunicaciones, en cuya constitución participó el ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. La Fiscalía investiga a la firma que hoy es liderada por Gabriele Lothholz, por emitir seis facturas falsas a Penta por un total de $120 millones, los que se ocuparon para financiar la fallida campaña presidencial de Golborne. Vox también registra pagos desde SQM que la minera rectificó y que según aseguró Lothholz a la Fiscalía, obedecen a un contrato que comenzó en julio de 2013 y dura cuatro años.

De Aguas Andinas recibió $53, 5 millones entre junio de 2013 y febrero de 2014, periodo que abarca la aventura presidencial y senatorial de Golborne. En julio pasado La Tercera informó que la Fiscalía comenzó a indagar los supuestos informes realizados por Vox para la sanitaria en la preparación de la futura formalización de Golborne. En ese contexto concurrió a declarar a la Fiscalía Víctor Salazar, quien fuera gerente de asuntos corporativos de la sanitaria. En su declaración señaló que Vox hizo un trabajo de medios sociales para manejar la crisis desatada por el corte masivo de agua en Santiago en febrero de 2013.

El 8 de octubre el SII se querelló en contra de Golborne, Gabriele Lothholz, Luis Calvo Astorquiza (socio de Lothholz en Vox), y ejecutivos de Penta por la entrega de $120 millones a la campaña de Laurence Golborne. El perjuicio fiscal se estableció en $45,3 millones. La acción judicial del SII no incluyó los más de $50 millones que le pagó Aguas Andinas.

Otra de las empresas de comunicaciones que figura en la contabilidad de Aguas Andinas es Imaginacción, de Enrique Correa. Aunque no está siendo indagada en ninguno de los procesos por el financiamiento ilegal de la política, Correa ha jugado un rol de primera línea en éstos, asesorando a los dueños del Grupo Penta, a Julio Ponce Lerou (controlador de SQM), y al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Entre 2009 y 2012 Imaginacción recibió $179 millones deAguas Andinas. Una segunda sociedad de Correa –Consultores en Asuntos Públicos– registra pagos por más de $97 millones.

RECTIFICACIONES

La contabilidad de Aguas Andinas fue entregada a la PDI en mayo de este año en tres partes. Con la información completa, el Ministerio Público citó a Eduardo Yarur Sairafi, gerente corporativo de Finanzas y Abastecimiento de Aguas Andinas, quien declaró el 4 de septiembre. En esa ocasión, apuntó a Joaquín Villarino –ex presidente de la compañía y actual presidente del Consejo Minero–, como la persona que le indicó que debían pagarse los giros a Mario Conca y a Jaime de Aguirre, ejecutivos de Chilevisión que reconocieron ante la Fiscalía no haber prestado servicios para Aguas Andinas.

En su declaración, Yarur afirmó que habló varias veces con Santiago Valdés –el administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009, quien fue formalizado en el caso Penta–, para coordinar los pagos, y que los documentos que autorizaron las transferencias fueron firmados por Francesc Mayné, el gerente corporativo de Comunicaciones de la sanitaria en 2010.

Sebastián Piñera

Cuatro meses antes de que el gerente de Aguas Andinas, Eduardo Yarur, asumiera ante los fiscales la existencia de pagos irregulares, ya la sanitaria había dado el primer paso que aliviaría su situación tributaria. El 30 de abril, el gerente general de Aguas Andinas, Jordi Valls, presentó al director de Grandes Contribuyentes del SII, Bernardo Seaman, la primera rectificación tributaria de la empresa. Con ello, la sanitaria reconoció pagos no respaldados.

Una semana antes se habían hecho públicos los pagos irregulares de Aguas Andinas a los ejecutivos de Chilevisión: tres facturas emitidas por Inversiones La Música (De Aguirre) entre enero y marzo de 2010, por un total de $30 millones; y cuatro facturas de  Inversiones y Servicios Carrizal (Conca), entre enero y abril de 2010, por $46,7 millones.

Cuando De Aguirre y Conca declararon ante los fiscales, afirmaron no haber prestado ningún servicio ni a Aguas Andinas, ni a otras empresas a las que también emitieron facturas falsas. Y describieron cómo esas facturas les fueron pedidas desde la empresa de Sebastián Piñera, Bancard, para concretar el pago de bonos y otros servicios que le prestaron al ex presidente y que terminaron siendo trianguladas y canceladas desde Aguas Andinas, SQM, Pampa Calichera, Andes Task (de propiedad de Alejandro Reyes, contralor de Sigdo Koopers), e Inversiones Ilihue (ligada a José Cox, socio histórico de Piñera).

No obstante que las facturas pagadas a Conca y De Aguirre fueron incluidas en las primera rectificación que hizo Aguas Andinas el 30 de abril, la empresa finalizó ese documento afirmando: “Nuestra compañía no ha registrado pagos irregulares a ejecutivos propios ni de terceros, tampoco ha disfrazado bonos, ni jamás ha celebrado contratos de especulación a fin de generar pérdidas dolosas”.

Pero alinterior de Aguas Andinas la situación no estaba controlada. De hecho, en ese preciso momento se realizaba contra reloj una auditoría interna para detectar otros pagos irregulares, a cargo del abogado tributarista Christian Aste y del auditor Francisco Ramos. A pesar del secreto que ha rodeado el trabajo de ese equipo y la investigación que ha realizado el SII, algo se encontró. Porque el 4 de junio Aguas Andinas procedió a realizar una segunda rectificación en la que reconoció que no tenía respaldo para dos facturas pagadas el 23 de marzo y el 23 de abril de 2009 al abogado Carlos Eugenio Castro Castro, por un total de $5,5 millones,.

En la rectificación de Aguas Andinas ante el SII, se hizo mención al vínculo de Castro con otros pagos irregulares: el abogado integró la nomina de denunciados por el SII el 2 de abril, por haber recibido $31 millones sin respaldo contable desde SQM. Pero hubo más, ya que Castro también le facturó en 2009 a Inversiones Caburga, de propiedad del Grupo Said. Esa empresa rectificó ante el SII $663 millones por concepto de boletas y facturas sin respaldo contable, parte de cuyos pagos –como quedó consignado en declaraciones de ejecutivos del grupo– fueron aportes a las campañas presidenciales de Frei y Piñera en 2009 (ver reportaje de CIPER).

LOS PAGOS A THINK TANKS Y UNIVERSIDADES

Aguas Andinas también registra millonarios pagos a centros de pensamiento ligados a casi todos los sectores políticos. Los think tank han justificado su trabajo señalando que los pagos de las grandes empresas están respaldados en informes de coyuntura política y seguimiento legislativo. La mayoría de estos centros cuentan con un sistema de suscripción para las empresas, donde se paga una mensualidad a cambio de un boletín.

Los aportes a think tank políticos son transversales y totalizan $422,4 millones entre 2009 y 2014. El Instituto Libertad, vinculado a RN, es el que concentra los mayores pagos: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 suma $117,6 millones. Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) recibió $72 millones de Aguas Andinas. En el mismo período, la Fundación Jaime Guzmán (UDI) obtuvo $52,3 millones. Los centros de pensamiento de la centroizquierda también aparecen: Chile 21, ligado al progresismo, percibió entre 2009 y 2014 $34,5 millones. Proyectamerica, el think tank creado a fines de la administración de Ricardo Lagos y que funcionó hasta fines de 2013, recibió $66,3 millones entre junio de 2010 y junio de 2013.

El Centro de Estudios y Gestión Ambiental Para el Desarrollo (Cegades), ligado a la corriente que encabeza Gutenberg Martínez en la Democracia Cristiana, recibió $75,6 millones. El centro de estudios que recibió la menor cantidad de dinero de Aguas Andinas es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED): $4,2 millones en marzo de 2009.

Además de los centros políticos de pensamiento, la contabilidad de Aguas Andinas registra pagos regulares a distintas instituciones de educación superior. Parte de esos dineros son por servicios prestados y otros corresponden a donaciones, sin que se conozca los montos asignados para cada ítem.

Entre 2009 y 2014, Aguas Andinas transfirió $3.189 millones a casas de estudios superiores. Entre los que recibieron más dineros están la Universidad de Chile ($1.408 millones, incluye al Centro Nacional de Medio Ambiente, la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación para la Transferencia Tecnológica); y la Universidad Católica ($922 millones, incluye al Duoc y el Dictuc). Completan la lista, la Universidad Católica de Valparaíso, la de Concepción, el Inacap, y las universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, del Desarrollo y Arcis.

EL CÓDIGO ÉTICO DE AGUAS ANDINAS

Aguas de Barcelona –que controla el 50,1% de Aguas Andinas a través de Inversiones Aguas Metropolitanas – tiene operaciones en 24 países, aunque tal como reveló CIPER en un reportaje publicado a fines de 2014, Chile se ha transformado en una verdadera joya para los intereses del grupo (ver reportaje).

Tanto su operación en Chile como las que mantiene en los 23 países restantes están sujetas a un Código Ético que aplica a todas las empresas del Grupo Agbar. Entre los valores y principios de cabecera del Código Ético del grupo están la integridad, el respeto, la honradez y el actuar de acuerdo con leyes y normativas. Cuando Agbar habla de integridad, por ejemplo, remite entre otras cosas a la prohibición de financiar la política.

“La política del grupo consiste en abstenerse de financiar cualquier actividad política. En los países en los que este tipo de financiación esté permitida, el grupo puede, bajo determinadas condiciones, someter a consideración la realización de aportaciones”, señala el Código Ético del grupo (ver documento).

Hasta antes de estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, era difícil dudar respecto del firme cumplimiento por parte de Aguas Andinas de aquella norma: nunca el directorio de Aguas Andinas ha aprobado donaciones políticas a través del conducto regular del Servel.

Pero las esquirlas del capítulo platas políticas dejaron al desnudo la fórmula que encontró la sanitaria para saltarse, sin hacer ruido, los estatutos que le impone su controladora y también las restricciones que le impone la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Ley 19.884). Esa normativa prohíbe a los órganos de la administración del Estado, de las empresas del Estado, o de aquellas en que el Estado (sus empresas, sociedades o instituciones) tengan participación, hacer donaciones políticas. Hasta mediados de 2011, el Estado tenía un 35% de participación en la propiedad de la sanitaria, la que, aunque reducida, aún mantiene en un 5%.

En ese contexto, las facturas emitidas a Aguas Andinas por los entones ejecutivos de Chilevisión, por servicios que nunca se prestaron y cuyos dineros se presume fueron finalmente a financiar la campaña presidencial de Piñera, se estrellan de frente con la ley. En una polémica situación quedan también los más de $422 millones que Aguas Andinas pagó entre 2009 y 2014 a los centros políticos de pensamiento. CIPER se contactó con el departamento de comunicaciones del Grupo Agbar con sede en Barcelona, desde donde declinaron referirse al tema.

ABOGADOS, SUBSECRETARIOS Y DC

La contabilidad de Aguas Andinas también registra pagos por asesorías a tres ex subsecretarios de Obras Públicas -cuando ya no estaban en el ejercicio de su cargo- ministerio del que depende el ente estatal que regula a las sanitarias: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Y si bien no forman parte del cúmulo de dineros sospechosos repartidos por la sanitaria en el periodo revisado por CIPER, sí resultan llamativos por ser pagos cuyos destinatarios han ocupado cargos clave en el sistema de regulación al cual deben someterse las sanitarias.

Guillermo Pickering

El caso más emblemático es el del abogado y ex subsecretario de Obras Públicas (1996-1999) y de Interior (1999-2000), Guillermo Pickering (DC). Su vínculo con la sanitaria es través de una de sus sociedades: Pickering, Puga y Compañía, la querecibió cuatro pagos –todos correspondientes a 2012– por un total de $35 millones.

La relación de Pickering con el mundo sanitario es estrecha y de larga data. Como subsecretario de Obras Públicas, Pickering participó en la elaboración y promulgación de la ley que en 1998 modificó el régimen jurídico que regulaba a las sanitarias. Pocos años después, el ex subsecretario se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) –organismo privado que reúne a las empresas del sector– y en consejero de la Fundación Agbar, creada por la matriz de Aguas Andinas. Pickering también es director de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), controlada por Aguas Andinas (51%).

–Llevo 15 años como asesor de Aguas Andinas. Trabajé toda mi vida en el sector agua, soy experto en temas sanitarios. Desde que salí del gobierno he trabajado en el sector y hace 15 años que no realizo ningún trabajo para el Estado –dijo Pickering a CIPER.

En la contabilidad de Aguas Andinas figura también el abogado Juan Eduardo Saldivia (DC), actual presidente deCopsa, asociación de empresas concesionarias. Saldivia no solo se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas entre 2006 y 2010. También lo hizo como superintendente de Servicios Sanitarios entre 1996 y 2006. Entre mayo de 2010 y marzo de 2015, Saldivia recibió pagos que totalizan poco más de $55 millones por diversas asesorías a Aguas Andinas.

Consultado por CIPER, el abogado señaló: “Mi trabajo es jurídico, hago informes en derecho y análisis de temas. Era un contrato anual, con una tarifa fija. Dejé de ser superintendente en 2006 y la ley de superintendencia establece una prohibición de seis meses desde que dejas el cargo, así que no tenía impedimento legal”.

A Pickering y Saldivia, se suma el también abogado Clemente Pérez Errázuriz (DC), subsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005. Pérez es presidente del directorio de Sustentable, empresa que entre 2009 y 2014 recibió $46 millones de Aguas Andinas. Sobre el detalle de los trabajos que realizó Sustentable para Aguas Andinas, ver Nota de la Redacción.

Un cuarto abogado figura en la lista de asesores de Aguas Andinas. Se trata del senador Andrés Zaldívar (DC), quien según informó El Mostrador, recibió pagos mensuales por más de $150 millones, entre octubre de 2006 y marzo de 2010 por asesorías de “seguimiento legislativo”.

LEY CONGELADA HACE 26 AÑOS

Cada cinco años, todas las sanitarias del país deben negociar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las tarifas que cobrarán a sus clientes en el próximo quinquenio. Como son monopolios regulados por el Estado, la SISS debe simular escenarios de competencia para su cálculo. Lo hace a través de la creación de una “empresa modelo”, es decir, una empresa ficticia que realiza lo mismo que la empresa real (la sanitaria), bajo parámetros de máxima eficiencia. La “empresa modelo” es el  estudio que presenta la SISS en la negociación de tarifas, el que se enfrenta al que ponen sobre la mesa las sanitarias.

En la negociación de tarifas de 2009 entre la SISS y Aguas Andinas –proceso que se realiza a puerta cerrada– los cálculos de la superintendencia en base a la “empresa modelo” indicaban que la tarifa eficiente que debía cobrar la sanitaria debía ser 21% menor a la que estaba cobrando a sus clientes. Tras la negociación, la SISS anunció que las tarifas para la Región Metropolitana bajarían solo un 1,3%.

Es precisamente en ese periodo (2010-2014), en el que pese a los cálculos a la baja del ente regulador la tarifa se mantuvo prácticamente intacta, donde Aguas Andinas ha obtenido utilidades por $572 mil millones. Casi el mismo tramo en el cual realizó pagos irregulares a sociedades vinculadas a personeros políticos y desembolsó $422 millones a think tanks de distintos partidos políticos.

Pese a que la ley que regula los servicios sanitarios arrastra evidentes falencias, su esencia no ha sido modificada en 26 años. La propia ex superintendenta de área, Magaly Espinoza, (dejó su cargo en octubre de 2015) reconoció a CIPER a fines de 2014 que las utilidades de las sanitarias en Chile debían revisarse, ya que la ley que les asegura un piso de rentabilidad del 7% y que fue creada con el fin de atraer inversión extranjera, ya no se justifica.

NOTA DE LA REDACCIÓN