U. Andrés Bello, U. Las Américas y U. Viña del Mar: cómo Laureate tomó el control de un lucrativo negocio

Vea además: La aclaración de Laureate Chile y la respuesta de CIPER

Durante dos semanas, los estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) estuvieron en paro. Alegaban hacinamiento en su campus de Bellavista –donde también funciona una sede del instituto AIEP–, escasa reinversión en infraestructura, un fuerte recorte en el financiamiento de sus escuelas y un alza de un 20% en los precios que la universidad cobra anualmente a sus alumnos. Decían que a pesar de pagar un arancel cercano a los $4.000.000, no cuentan con salas ni mobiliario suficientes para cursar sus clases. Para ellos, todos esos elementos son consecuencia del mismo modelo de negocios que hoy tiene bajo la lupa del Ministerio Público, del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Servicio de Impuesto Internos (SII) al Grupo Laureate, el consorcio internacional que controla la casa privada de estudios superiores con mayor matrícula en el país y que además es dueño de la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad de Viña del Mar (UVM), el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió con los alumnos en paro y citó a una sesión especial para discutir el problema el pasado lunes 21 de abril. Su intención era obtener antecedentes y exigir explicaciones a las autoridades de la UNAB. Los estudiantes de Santiago llegaron acompañados por sus compañeros de Viña del Mar, quienes aseguraban tener problemas muy similares: durante 2013 tuvieron que cursar por un tiempo sus ramos en distintos lugares -“hasta en parroquias”-, porque no tenían dónde estudiar. “Esto ocurrió porque el grupo controlador entregó nuestra sede a las otras universidades del grupo y la nuestra no estaba lista”, dijo uno de los estudiantes a La Segunda.

La sesión del lunes 21 terminó sin los resultados esperados, básicamente porque el rector de la UNAB, Pedro Uribe, no se presentó. Tenía “compromisos previos”, diría después. Tampoco asistió al Congreso cuando fue citado para declarar ante la comisión especial que investigó el lucro en la Educación Superior. Para el presidente de la comisión, el diputado Mario Venegas (DC), su ausencia en ambas oportunidades no hace más que generar sospechas: “Nos da derecho a pensar que algo no está funcionando bien con esa universidad”.

Derecho UNAB en paro (Fuente: www.pionononews.blogspot.com)

El problema generado entre los alumnos de la UNAB es sólo otra manifestación de las serias complicaciones que enfrenta la estructura de negocios y de propiedad que ha diseñado el Grupo Laureate para operar en Chile. La misma que fue denunciada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al momento de negarle o rebajarle la certificación de calidad a sus universidades por considerarla un “riesgo para el proyecto educativo”. Esa estructura es el esqueleto de un negocio altamente rentable, que le permitió a Laureate recuperar en tan sólo cuatro años el 100% de su inversión para adquirir el control de la UNAB y la UVM: US$ 80 millones. Esa es la misma cifra que, según el Ministerio Público, las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y 2012 a empresas de la red en el extranjero. Supuestamente, sin pagar impuestos y sin que haya una justificación detrás de esas transacciones que satisfaga a las autoridades. Es por eso que hoy el consorcio es investigado a petición de la fiscalía por el SII, por un posible delito tributario.

A pesar de las investigaciones que pesan sobre ella, toda esa estructura se ha modificado silenciosamente, una y otra vez, durante los tres últimos años. En 2010, por ejemplo, las empresas que controlaban la UNAB eran el Instituto Andrés Bello S.A. y Desarrollo de la Educación Superior S.A. Hoy, ninguna de las dos existe. Ambas desaparecieron en un proceso que se inició en 2011, al mismo tiempo que miles de chilenos salían a las calles a exigir a gritos educación superior gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Para entonces, las autoridades fijaban su atención en las universidades del grupo por supuestamente haber infringido las reglas del juego y Laureate movía sus piezas para rediseñar por completo su estructura y sus inversiones en Chile.

CIPER revisó los pasos que dio Laureate desde que comenzó el proceso y descubrió que tras decenas de modificaciones, fusiones, absorciones, disoluciones, transformaciones, compras y ventas, el grupo ha terminado por concentrar casi todo el control de su red en Laureate Desarrollos Educacionales SpA, una sociedad sobre la cual hay muy pocos registros. Si se busca su nombre en Google, sólo aparecen las resoluciones a través de las cuales la Municipalidad de Vitacura le otorgó en 2013 su patente comercial y un documento en alemán donde aparece mencionada en una extensa lista con más de 6.500 empresas donde figuran al menos otras 33 filiales de la red Laureate radicadas en México, Honduras, Costa Rica, Alemania, Holanda, Estados Unidos, China, India y Emiratos Árabes. Aun así, esa sociedad es el centro de control en Chile de un negocio que, aunque muy rentable, hoy corre peligro. No sólo por ser protagonista de primera línea en las investigaciones que llevan adelante el Mineduc, el Ministerio Público y el SII, sino también por los graves castigos que le impuso la CNA, lo que se ha traducido en una disminución de la matrícula y un reducido acceso a los millones estatales del Crédito con Aval del Estado (CAE).

80 MILLONES DE IDA, 80 MILLONES DE VUELTA

Jorge Selume, uno de los controladores originales de la UNAB y presidente de la Región Andina del Grupo Laureate, declaró a fines de 2012 ante el fiscal Carlos Gajardo por la investigación sobre acreditaciones fraudulentas otorgadas por Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, a distintas casas de estudio: “En 2003 entró el Grupo Laureate y salimos los ocho (controladores) que estábamos (…). Se transfirieron institutos profesionales, marcas, algunas propiedades y también el Instituto Profesional AIEP. El Grupo Laureate adquirió estos bienes en alrededor de US$ 80 millones y por lo tanto significó alrededor de US$ 10 millones para cada uno de los controladores. En todo caso, la adquisición no incluyó la mayor parte de las inmobiliarias, que siguieron en manos de algunos de los ex sostenedores”.

El monto al que se refirió Selume considera dos millonarias adquisiciones por parte del grupo internacional que desde 2000 es sostenedor de la UDLA. La primera fue en 2003, cuando el antecesor de Laureate Education Inc. (Sylvan Learning Systems, Inc.) y los entonces controladores de la UNAB firmaron un contrato para traspasarle al consorcio el 80% del control de la universidad y del instituto AIEP en US$ 62,8 millones. La segunda fue en 2009, cuando con una inversión de US$ 18 millones el grupo Laureate adquirió el control total de la UVM. Así fue que el grupo se convirtió en uno de los mayores conglomerados educacionales del país, con más de 135.000 alumnos en todo Chile. De ellos, al menos el 11% financia sus estudios con el CAE, convirtiendo a Laureate en el mayor receptor de esos dineros públicos. Según los datos de la Comisión Ingresa, para 2012 el 16,8% del total nacional de beneficiarios cursaba estudios en los establecimientos de Laureate, garantizándole ingresos por más de $21.538 millones.

El negocio resultaría altamente rentable. Entre 2009 y 2012, desde las arcas de esas tres universidades salieron millonarios fondos que fueron transferidos principalmente a Laureate Education Inc., la matriz del grupo en Estados Unidos, y a Laureate Trademark, BV, una de sus filiales en Holanda. Si se suman los traspasos, da por resultado cerca de US$ 80 millones que salieron del país. En otras palabras, en sólo esos cuatro años el Grupo Laureate recuperó el 100% de su inversión para adquirir la UNAB y la UVM.

Todos esos traspasos son ahora investigados por el SII a petición de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ante la ausencia de una tipificación legal que les permita perseguir a las 12 universidades que indagan por “lucro” –entre ellas las tres del Grupo Laureate–, los persecutores decidieron jugar otra carta: investigar un posible delito tributario, ya que esos US$ 80 millones fueron a parar a sociedades extranjeras sin pagar impuestos, gracias a las franquicias de las entidades educacionales sin fines de lucro.

Los antecedentes financieros también están siendo investigados por el Mineduc. Según explicó en enero pasado el director de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, en entrevista con El Dínamo, la entidad encargada de certificar la calidad de las instituciones de Educación Superior remitió al ministerio toda la información sobre las transacciones que la UDLA y la UNAB realizaban a Laureate, las que representaban –en el caso de la UDLA– “más del 20% de los gastos de la universidad, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto educativo”.

En todo caso, no todos los traspasos de dinero han salido del país. Según los estados financieros de las tres universidades, entre 2011 y 2012 a Laureate Chile II SpA se le transfirieron más de $4.257 millones por conceptos de “servicios operacionales” o “servicios administrativos”. Por el mismo motivo, Servicios Andinos SpA recibió cerca de $1.268 millones. Se suman también los $1.214 millones que fueron a parar a las cuentas de Indae Ltda., los más de $1.413 millones que se pagaron al Instituto Profesional AIEP S.A. (el instituto profesional que por ley sí puede tener fines de lucro) y los $532,7 millones que recibió Servicios Profesionales Andrés Bello S.A. Y por arriendos de los inmuebles donde operan algunas sedes de las tres universidades, Inmobiliaria Educacional SpA obtuvo una cifra que se alza por sobre los $34.430 millones. En total, las empresas chilenas del grupo recibieron en sólo dos años cerca de $43.115 millones (US$ 77,3 millones).

Al seguir las líneas de control detrás de cada una de esas empresas, el camino lleva directamente hacia Laureate Desarrollos Educacionales SpA. El nombre de esa sociedad no aparece mencionada ni una sola vez en los estados financieros de 2011 ni 2012 de la UNAB. Tampoco en los documentos contables de las otras dos universidades que pertenecen al Grupo Laureate: la UDLA y la UVM. Ni siquiera figura en la lista de empresas relacionadas que las instituciones de Educación Superior debieron informar al Ministerio de Educación (Mineduc). Sin embargo, en el período transcurrido desde que fue creada en octubre de 2011 con un capital de apenas un millón de pesos, se ha convertido en la pieza clave para la estructura de control que Laureate ha diseñado para administrar sus establecimientos en Chile y gestionar su lucrativo y millonario negocio.

LA RUTA PARA CONCENTRAR EL CONTROL

Para diciembre de 2013, Laureate Desarrollos Educacionales SpA era la única accionista, directa e indirectamente, de al menos ocho de las principales empresas del grupo Laureate. Entre ellas hay sociedades de inversión, firmas inmobiliarias y hasta un instituto profesional. Si se suma en una calculadora normal el capital que registran todas ellas, la cifra completa ni siquiera cabe en la pantalla: en total son más de $373.544 millones (cerca de US$ 670 millones).

El camino que emprendió el grupo internacional para concentrar en una sola sociedad el control de su estructura de negocios comenzó el 12 de octubre de 2011, cuando dos subsidiarias holandesas de la red educacional, Laureate International, BV y Laureate I, BV, modificaron las dos empresas que el grupo utilizaba desde 2003 para operar en Chile: Laureate Chile Ltda. e Inversiones Educacionales Ltda. El cambio consistió en aumentar su capital y convertirlas en sociedades por acciones, una figura que se repetiría con casi todas sus empresas relacionadas durante los años que vendrían. Al día siguiente, y con un capital inicial de tan sólo un millón de pesos, crearon Inversiones Educacionales Laureate SpA, la semilla de lo que sólo meses después se convertiría en la matriz del grupo tras cambiar su nombre a Laureate Desarrollos Educacionales SpA.

De forma paralela, y mientras el movimiento estudiantil ya se manifestaba a través de multitudinarias marchas por todo el país denunciando el lucro y a un sistema que no garantiza la calidad de la educación, las sociedades que ya operaban bajo la estructura de Laureate comenzaron gradual y silenciosamente a centralizarse. Para entonces, si se seguía la línea de control de las empresas que formaban parte de la red, se llegaba inevitablemente a dos sociedades matrices: Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Aunque ambas eran representadas por Jorge Selume y Pablo Guerrero, era difícil dilucidar quiénes eran sus dueños. Las dos habían sido creadas en 2000 por los antiguos controladores de la UDLA, y desde 2006 que figuraban Selume y Guerrero representándolas en sus distintas modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Pero ninguna de esas publicaciones decía quiénes eran los titulares de sus acciones. Algo que se transparentó ese mismo octubre de 2011.

Primero fue el turno de Pvscam S.A. Luego de absorber a otras cuatro sociedades, se convirtió en una sociedad por acciones cuyos únicos socios eran las compañías holandesas (a través de Laureate Chile SpA) y Desarrollo del Conocimiento S.A. Días después, esta última también absorbió a otra empresa que terminó por extinguirse para luego convertirse en una SpA controlada por Laureate Chile SpA e Inversiones Educacionales SpA, es decir, por sus únicas accionistas: las subsidiarias de la red educacional en Holanda. Con esos simples movimientos, Laureate se hizo del control indirecto y casi total de las empresas de su red en Chile.

Al convertir a sus principales empresas en sociedades por acciones, su manejo se convirtió en algo mucho más fácil: podrían concentrar la propiedad en un solo accionista y en el caso de requerir inversionistas externos, no necesitarían modificar los estatutos, sino tan sólo emitir más acciones. También podrían crear filiales, aumentar el capital sin la obligatoriedad del derecho de suscripción preferente y repartir utilidades sujetas a unidades de negocio o giros comerciales determinados. Lo que vendría después sería la trasformación de casi todas sus empresas a SpA junto a una serie de divisiones y fusiones que no sólo reducirían en sólo unos meses el número de firmas que forman parte de la estructura de negocios de Laureate en Chile, sino que además harían desaparecer a las sociedades que durante años actuaron como sostenedoras de las universidades.

Al finalizar 2011, Pvscam SpA y Desarrollo del Conocimiento SpA, las dos empresas que por años fueron las controladoras de la red, ya habían desaparecido, al igual que las dos sociedades que servían de vehículo a las empresas holandesas para operar en el país. En cambio, todo el control que alguna vez ostentaron estaba concentrado en una sola sociedad: Laureate Desarrollos Educacionales SpA. Con la estructura de propiedad del grupo en manos de una sola matriz, quedaba entonces otro paso: armar su estructura inmobiliaria, otro de los flancos abiertos del grupo internacional.

“RIESGO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO”

Tras haber rechazado la acreditación de la UDLA, a comienzos de abril la CNA liberó el informe que elaboró en diciembre de 2013 para rebajar de cinco a cuatro años la acreditación de la UNAB. En el documento, los evaluadores critican duramente la estructura de propiedad que la UNAB ha erigido sobre su propia infraestructura, la que “representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo”. Señalan que comparte inmuebles y equipamiento con otras instituciones de la red Laureate; que las propiedades son de inmobiliarias que pertenecen a terceros relacionados donde la universidad participa, pero no tiene control; y que el pago de arriendos impacta negativamente en el patrimonio legal de la universidad. El problema, según la CNA, es que con ese modelo se corre el riesgo de que su disponibilidad de uso y de mantención mayor pueda ser condicionada a factores ajenos al interés institucional y que por ello “se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.

Desde la UNAB respondieron –dice el informe– que ese mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura es “una forma de establecer un fondo fiduciario que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar ese fondo”.

Lo que dice el informe es precisamente lo que los estudiantes de Derecho de la UNAB alegaban en su movilización. Tras la sesión del lunes 21 de abril con los parlamentarios, el paro fue depuesto, pero las demandas por mejoras en infraestructura comenzaron entonces a llegar desde distintas facultades hasta la rectoría de la universidad. Los alumnos no sólo piden soluciones a la falta de espacios comunes, de mantención a los edificios, de áreas de estudio e incluso de salas y sillas; sino también explicaciones por la investigación por lucro que pesa sobre esa y las otras casas de estudios controladas por Laureate. Consultado por La Tercera, el rector Uribe refutó las acusaciones y señaló que “los excedentes no van al bolsillo de nadie, sino que se reinvierten”.

-¿En qué se invierte? – le preguntó la periodista de La Tercera.
-Lo invertimos en crecimiento. El año pasado construimos la sede de Viña (US$ 80 millones), compramos una propiedad que arrendamos, que es la Casona de Las Condes. Hicimos un edificio en Los Leones, crecimos en Concepción (…) Nosotros tenemos que hacer una planificación, y ¿dónde puede haber lucro, si esta universidad también investiga?

Uribe no dijo nada respecto a los US$ 32 millones que la UNAB transfirió a sociedades en el extranjero sólo entre 2011 y 2012. Tampoco explica que el edificio ubicado en avenida Los Leones 745, en Providencia, no pertenece a la casa de estudios ni a ninguna empresa del Grupo Laureate: está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Seguros de Vida Security Previsión S.A. desde enero de 2012, cuando lo compró a Inmobiliaria y Constructora Los Leones S.A. en $758,4 millones. Y no dice que no fue la universidad la que compró los inmuebles de la Casona de Las Condes. CIPER revisó los antecedentes de varios de los edificios que el consorcio utiliza en Santiago y descubrió que esa última compra –al igual que muchas otras– se hizo a través de Inmobiliaria Educacional SpA, una empresa clave en su estructura de negocios: aquella que recibe la mayor cantidad de fondos extraídos desde las instituciones educacionales de la red.

EL PODEROSO BRAZO INMOBILIARIO DE LAUREATE

De todas las empresas relacionadas al Grupo Laureate en Chile, la que ha recibido mayores sumas de dinero es Inmobiliaria Educacional SpA, una sociedad que nació en noviembre de 2010 con un capital de $501 millones para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios con fines educacionales. Si se considera lo que la UNAB, la UDLA y la UVM indican en sus estados financieros de 2011 y 2012, a esa empresa se le transfirió el 48,6% del total de transacciones con empresas relacionadas de la red, casi todo por arriendo de edificios. Hoy, a poco más de tres años de su creación, es el principal brazo inmobiliario del grupo, posee a su nombre inmuebles avaluados en más de $64.064 millones y su fondo social ya supera los $195.880 millones.

Cuando la inmobiliaria surgió como una sociedad anónima a fines de 2010 tras la división de Campvs Mater S.A. –una de las sociedades que controlaban la UDLA y que desde 2000 pertenece en un 60% a Laureate–, ningún edificio estaba a su nombre. Para entonces, sus únicos socios eran Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Al mes de existencia, el capital de la nueva inmobiliaria se multiplicó casi 180 veces y la empresa se convirtió en una sociedad por acciones. Y sólo semanas después, el 6 de enero de 2011, recibió “como aporte” de su empresa madre cuatro propiedades avaluadas en más de $3.730 millones. Se trataba de la sede de la UDLA ubicada en Manuel Montt 948 y los inmuebles de calle Linares 1350, 1380 y 1408, todos en Providencia y todos parte del patrimonio que Campvs Mater S.A. le asignó a Inmobiliaria Educacional SpA. Fueron los primeros edificios que pasaron a ser propiedad del Grupo Laureate. Los demás debía arrendarlos a terceros: las sociedades de los antiguos controladores.

Si el grupo internacional quería tener control sobre su infraestructura, tenía dos caminos: comprar los inmuebles o las sociedades que los controlaban.

Para noviembre de 2011, once de los edificios que funcionaban como sede para la UDLA, la UNAB o el instituto AIEP aún estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A., una empresa cuya propiedad es algo difusa. Nació el 15 de noviembre de 2011 producto de la división de Inmobiliaria e Inversiones San Genaro S.A. Lo extraño es que esta última sociedad no existía oficialmente al momento en que se dividió: había sido disuelta dos meses antes, luego de que el 100% de sus acciones se concentrara en manos de Inmobiliaria Educacional SpA. Sea como sea, lo cierto es que la vida de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A. fue muy corta. El 28 de noviembre de ese mismo año, menos de 15 días después de haber sido creada y haber heredado los 11 edificios, sus directores –Selume, Guerrero y José Pedro Undurraga (hasta comienzos de abril rector de la UDLA)– aprobaron su disolución luego de que la sociedad fuera absorbida por Inmobiliaria Educacional SpA, la que se apropió de sus inmuebles avaluados en más de $24.886 millones.

Al mes siguiente, Inmobiliaria Educacional SpA cambió dos veces de RUT. La primera fue el 1 de diciembre, cuando fue absorbida por Desarrollo del Conocimiento SpA, la que adoptó su nombre después de la fusión. La segunda fue el 15 de diciembre, cuando Laureate Chile SpA adquirió a su vez el 100% de sus acciones, eliminándola, pero manteniendo su razón social. Para entonces, la nueva Inmobiliaria Educacional SpA ya era dueña de gran parte de los inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales del Grupo Laureate.

Las tres universidades del conglomerado señalan en sus estados financieros que al 31 de diciembre de 2012 tenían participación accionaria en la sociedad inmobiliaria. La UNAB poseía el 48,6% de sus acciones, mientras que la UDLA el 23,1% y la UVM el 1%. También participaban el instituto profesional AIEP (4,6%) y la Universidad de Las Américas Ecuador (6,6%). Todos ellos son titulares de acciones de serie A, las que según se indica en los mismos estados financieros, les “otorgan derechos preferentes y de liquidación que le garantizan una rentabilidad mínima de 4,5% sobre el capital aportado en unidades de fomento, con lo que esta inversión se constituye en un fondo patrimonial (endowment fund)”. El 16,2% restante son de clase B y están todas en manos de Laureate. Por lo tanto, todas ellas compartían el dominio de los inmuebles que albergan a las sedes de los establecimientos educacionales del grupo, aunque no de todos.

Al comenzar 2013, ocho edificios que funcionan como sede de algún establecimiento de Laureate aún estaban en manos de IAB Inmobiliaria S.A., la empresa a través de la cual un grupo de antiguos dueños de la UNAB –encabezados por Alejandro Pérez y Luis Cordero- controla hoy la Universidad San Sebastián (USS), también investigada por lucro (ver investigación de CIPER sobre el negocio en la USS: parte I, parte II, parte III y parte IV). Entre ellos se encontraban los más importantes y valiosos: las propiedades ubicadas en Camino La Posada 13.455 y 13.251 y que forman parte del campus Casona de Las Condes de la UNAB. Ambas fueron compradas en 2009 al Banco Estado por la inmobiliaria de Alejandro Pérez, Mauricio Ruiz y Andrés Navarro –los tres integrantes del grupo que vendió la UNAB a Laureate en 2003– con una inversión total de $14.257 millones. Una cifra que parece pequeña si se compara con lo que recibieron una vez que vendieron esos inmuebles.

EL MILLONARIO NEGOCIO DE LOS HOMBRES DE LA USS

Al buscar en los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el nombre de IAB Inmobiliaria S.A. aparece detrás de 14 inscripciones de propiedades adquiridas entre 2003 y 2013. Salvo un par que fusionó y que hoy arrienda a la Universidad UCINF en Avenida Pedro de Valdivia y otras dos que vendió y que actualmente albergan al Teatro San Ginés, en el barrio Bellavista, todas están vinculadas con las entidades del Grupo Laureate. Están, por ejemplo, la sede del instituto AIEP ubicada en la esquina de Ejército con Alameda o la que está en la intersección de Eliodoro Yáñez con José Manuel Infante. Hoy tan solo la mitad de los inmuebles que alguna vez fueron suyos sigue en su poder. Los demás han sido vendidos en un proceso que culminó en diciembre de 2013 con millonarias ganancias para el grupo de controladores de la USS y donde el huevo de oro fueron las propiedades del campus de la UNAB en Las Condes.

Campus Casona de las Condes - UNAB

El éxito del negocio de Pérez y Navarro puede resumirse en sólo dos cifras: inversión para comprar v/s precio de venta. Para adquirir los 14 inmuebles, IAB Inmobiliaria S.A. debió invertir poco más de $19.556 millones en diez años. Luego de comenzar a vender en 2008, se desprendió de siete, registrando ingresos por sobre los $36.625 millones. Lo llamativo es que el 96,8% de ese monto se constituyó con lo que la inmobiliaria del Grupo Laureate pagó por los inmuebles de la Casona de Las Condes.

Durante 2013, IAB Inmobiliaria S.A. también sufrió modificaciones. En julio de ese año se dividió en dos, dando origen a IAB Dos SpA, una sociedad que partió con un capital pequeño, de poco más de un millón de pesos, pero con un patrimonio millonario: se le asignaron los dos inmuebles de Camino La Posada. Tres meses después, la nueva propietaria se extinguió cuando fue absorbida por Pretium SpA, una empresa creada poco antes por Ruiz, Pérez y la sociedad Las Tacas Corp S.A. Los inmuebles, avaluados entonces en más de $27.006 millones, quedaron en su poder. Luego, el 6 de diciembre de 2013, Pretium SpA e Inmobiliaria Educacional SpA firmaron la escritura para traspasar las propiedades al Grupo Laureate a cambio de $35.467 millones. De esa forma los hombres de la USS se desprendieron de los vínculos con las universidades de la red internacional, aunque le siguen arrendando infraestructura a su instituto profesional (AIEP).

IAB Inmobiliaria S.A. sigue siendo dueña de las dos sedes del instituto AIEP mencionadas anteriormente. Otra de sus sedes, ubicada en calle Ejército entre los números 71 y 77, fue vendida a Inversiones El Ceibo S.A. –una sociedad de Alejandro Pérez– en octubre de 2013 en $729 millones.