El entierro del Caso SQM II: Gajardo y Chahuán resisten la presión de La Moneda

La prisión preventiva para los dueños de Penta sacudió a la elite empresarial y política. El miedo a correr una suerte similar activó a todos los que habían entregado y recibido dinero negro. En febrero de 2015 desde el interior del Ministerio Público se puso en marcha una operación para marginar a los incómodos fiscales Gajardo y Norambuena. En paralelo, desde Interior y Hacienda intentaron digitar a la jefatura de Impuestos Internos para ahogar la investigación antes de que se descubrieran los nexos de SQM con la precampaña de Bachelet. Ambos intentos fueron inútiles. El fiscal nacional Sabas Chahuán blindó a Gajardo, tomó la investigación en sus manos, enfrentó las presiones de La Moneda y desnudó el rol clave que jugaría el SII en la trama que finalmente aseguraría impunidad a la mayoría de los involucrados.

Vea la entrega anterior: El entierro del Caso SQM I: así se fraguó la impunidad para el financiamiento político ilegal

Vea aquí la línea de tiempo de esta entrega

El 4 de marzo de 2015 quedó marcado con rojo en la investigación del financiamiento ilegal de la política. A partir de ese día y durante cuatro jornadas sucesivas se desarrolló la audiencia donde la Fiscalía formalizó a los ejecutivos del Grupo Penta acusados de proporcionar recursos ilegales a políticos de la UDI y evadir el pago de millonarios impuestos (vea el reportaje de CIPER “Así funcionaba la máquina de evasión tributaria de los dueños del Grupo Penta”, publicado un día antes de la audiencia). El extenso alegato terminó el sábado 7 de marzo con un mazazo que sacudió al país: el tribunal decretó prisión preventiva para los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Délano y Lavín ingresaron ese mismo día al Anexo Cárcel Capitán Yáber, una imagen que la prensa transmitió en directo ante una expectante opinión pública. Allí permanecieron hasta el 22 de abril, cuando la medida cautelar fue sustituida por arresto domiciliario.

La reclusión de Délano y Lavín causó estupor en los círculos de la élite empresarial. Y también en el mundo político. La rigurosidad exhibida por el fiscal Carlos Gajardo al plantear las acusaciones ante el Octavo Juzgado de Garantía y la decisión del juez Juan Manuel Escobar de enviar a la cárcel a los dueños de uno de los grupos económicos más importantes del país, fueron campanadas de alerta para todos los que habían facilitado o recibido dinero de manera ilegal.

Desde ese momento comenzaron a girar con más fuerza los engranajes de la maquinaria que se había puesto en marcha para frenar la arista de la investigación donde más políticos –de la UDI al PS– tenían cazados los dedos: el Caso SQM. El principal fogonero de la operación era el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), quien ya sabía que si los fiscales se asomaban a la contabilidad de SQM descubrirían los pagos de la minera para financiar la precampaña de la presidenta Michelle Bachelet. Lo sabía porque él mismo había sido una de las cabezas del equipo de esa precampaña.

A esas alturas, los fiscales a cargo de la indagatoria, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya eran sobrevivientes. Apenas una semana antes de la crucial audiencia que terminó con Délano y Lavín en una celda, habían conseguido sortear las maniobras que intentaron sacarlos del camino.

Esos tiros contra Gajardo y Norambuena provinieron del interior del mismo Ministerio Público. Y en ese episodio tuvo un rol protagónico el jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Alberto Ayala (actual fiscal regional de Antofagasta), quien fue abogado de SQM durante 11 años.

UN FEBRERO CALIENTE

Cuando las calles de Santiago mostraban el letargo de las vacaciones de verano de 2015, ni en La Moneda ni en la Fiscalía Oriente se permitían una tregua. En los mismos días en que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ejecutaba precisos y soterrados movimientos para tratar de asfixiar la investigación a SQM, otra bomba disparada por la prensa vendría a remecer todo el tablero.

El 6 de febrero de 2015 un reportaje de la revista Qué Pasa reveló el negocio inmobiliario de CAVAL, la sociedad de propiedad de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, y de su socio Mauricio Valero. La trama incluía un terreno en Machalí vendido a CAVAL en $9.500 millones y el otorgamiento de un crédito del Banco de Chile por $6.500 millones a la misma sociedad para poder adquirir el predio. Ese préstamo estuvo mediado por una reunión donde participó el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y el controlador del banco, Andrónico Luksic.

El gobierno había cerrado el año con festejos. En enero de 2015 había conseguido luz verde en el Congreso para la Reforma al Sistema Electoral Binominal, se había aprobado la primera parte de la Reforma Educacional (Ley de Inclusión) y también el Acuerdo de Unión Civil. Todas iniciativas emblemáticas de la Nueva Mayoría. El oficialismo había partido de vacaciones con la línea de crédito intacta. Pero la noticia de CAVAL derrumbó todo, incluyendo la popularidad de la mandataria, quien inauguró su abrupta caída en las encuestas.

En medio de los primeros coletazos por el negocio inmobiliario de CAVAL, el fiscal Carlos Gajardo recibió el 17 de febrero un correo que lo cambiaba todo. Apenas lo leyó, tomó el teléfono y llamó a su jefe, el fiscal regional Alberto Ayala, y puso su cargo a disposición.

Formalización de Délano y Lavín, controladores de Penta.

El remitente del correo era José Veizaga, jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, quien le informaba a Gajardo que él se haría cargo de la investigación a SQM, la que se tramitaría como una causa separada de Penta. Veizaga era un subalterno de la confianza de Ayala. Este último se había inhabilitado de participar en la indagación sobre SQM porque entre 1989 y 2000 trabajó para la minera y mantenía lazos de amistad con algunos de sus altos ejecutivos.

Al día siguiente, Gajardo encontró sobre su escritorio un oficio de Alberto Ayala: le comunicaba que, a partir de ese momento, el Caso Penta sería tramitado por él mismo. En menos de 24 horas, Gajardo había quedado fuera de las dos aristas de la investigación del financiamiento ilegal de la política: Penta y SQM. Todo indicaba que el ministro Rodrigo Peñailillo había conseguido sacar un duro obstáculo de su camino.

Como el fiscal nacional Sabas Chahuán estaba de vacaciones, Gajardo y Norambuena redactaron sus cartas de renuncia y las entregaron en las oficinas de la fiscal nacional (s), Solange Huerta. Gajardo ya se había hecho un nombre y la opinión pública lo veía como un hombre que investigaba con rigor, sin importar si al frente tenía a un “poderoso”. Su salida del Ministerio Público abriría un flanco muy difícil de explicar.

Huerta maniobró como pudo. Después de tomar contacto con Sabas Chahuán, resolvió dos cosas: dejó la arista SQM a cargo del fiscal Andrés Montes, quien también hacía uso de su feriado legal; y le dio garantías a Gajardo de que seguiría participando en las causas Penta y SQM.

El anuncio se hizo en pleno verano, a través de un comunicado a las siete de la tarde, el mismo día en que los equipos de fútbol chilenos disputaban sus partidos en la Copa Libertadores. Pero la fórmula de Huerta hizo agua a las pocas horas. Esa misma semana habían comenzado a aparecer en la prensa nombres de la Nueva Mayoría involucrados en la arista SQM y como el fiscal Montes es hijo del senador socialista Carlos Montes, el conflicto de interés hacía inviable que él dirigiera esa investigación.

Rodrigo Peñailillo

Mientras seguían apareciendo nuevos nombres de políticos financiados de manera ilegal por SQM, la polémica por el nombramiento de Montes crecía. De poco sirvió que Gajardo insistiera en que la indagatoria buscaría aclarar los hechos hasta las últimas consecuencias.

Chahuán regresó de sus vacaciones el 24 de febrero. Lo primero que hizo esa mañana fue reunirse con la fiscal Huerta. Al salir, en una concurrida conferencia de prensa y con Huerta a su lado, el fiscal nacional anunció un nuevo giro: ahora él lideraría los casos Penta y SQM, junto a un equipo de fiscales compuesto por Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias (poco después sumaría la fiscal Carmen Gloria Segura).

La pista volvía a tornarse espinuda para La Moneda. Al escándalo provocado por el negocio inmobiliario de CAVAL, se sumó la decisión de Chahuán de aterrizar en la investigación a SQM. Nunca antes en la historia del Ministerio Público un fiscal nacional había asumido la dirección de una causa.

Para el ministro Peñailillo se iniciaba el período más crítico de su gestión.

DESAPARECEN LOS COMPUTADORES

El 9 de marzo, dos días después del impacto que provocó el encarcelamiento de los controladores de Penta, los fiscales Norambuena y Arias llegaron hasta las oficinas de SQM y pidieron a la empresa la entrega voluntaria de toda su información contable entre 2009 y 2014. El fiscal interno de SQM, Matías Astaburuaga, comprometió la entrega para dos días más.

Pero el 11 de marzo irrumpió una nueva sorpresa: en vez de entregar la contabilidad al Ministerio Público, SQM ingresó un recurso en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para impedir que la Fiscalía siguiera realizando incautaciones. El escrito iba firmado por Samuel Donoso, el abogado del gerente general de SQM, Patricio Contesse, sindicado como el gestor de los pagos ilegales a políticos. Solo dos meses antes, en una cita en el Ministerio de Hacienda, Donoso se había presentado como “asesor” de Peñailillo ante el director del SII, Michel Jorratt, a quien conminó a no seguir adelante con las querellas por boletas falsas que encubrían financiamiento a políticos.

El argumento de Donoso para impedir la incautación de la contabilidad completa de la minera era la inexistencia de una querella del SII que avalara esa diligencia, ya que la que se había presentado solo se remitía a los registros contables de julio de 2009.

Patricio Contesse

Durante esa mañana, un fotógrafo de El Mercurio que esperaba captar a la PDI incautando la documentación contable, vio cómo un auto retiraba computadores desde las oficinas de SQM en la comuna de Las Condes. En ese momento no se supo qué contenían y por qué fueron trasladados esos equipos en medio de la disputa con la Fiscalía.

El recurso interpuesto por Donoso no fue acogido por el tribunal. Cinco días después (16 de marzo) vendría la segunda arremetida de SQM. Ese día el directorio de la minera tomó dos decisiones clave: destituir a Patricio Contesse, a quien se presentó como único responsable de los pagos a políticos, y entregar la información contable al SII, pero no a la Fiscalía. Esta decisión fue aconsejada por el asesor tributario externo de SQM: Pablo González Suau, subdirector jurídico del SII durante el primer gobierno de Bachelet.

González Suau fue subdirector jurídico del SII bajo la dirección del abogado Ricardo Escobar (2006-2010), quien en medio del escándalo que a esas alturas contaminaba todo el espectro político levantó la tesis de que la emisión de boletas falsas para financiar la política no era un delito perseguible penalmente, sino solo una falta que debía resolverse por la vía administrativa. Escobar es socio de Jorge Bofill, abogado del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

Pero en marzo de 2015, los hechos se sucedían en forma vertiginosa y el rol que jugaba cada personaje en el tinglado de la investigación no se veía con claridad. Habría nuevos movimientos de SQM para frenar al brazo de la Fiscalía que buscaba obtener la documentación contable de la minera.

El mismo día de las decisiones del directorio de SQM (16 de marzo), Samuel Donoso presentó otro requerimiento, esta vez ante el Tribunal Constitucional (TC), con los mismos argumentos que esgrimió en el juzgado de garantía.

En el TC todo funcionó con una velocidad inusitada. Esa misma tarde el recurso quedó en tabla para el día siguiente. Sería discutido en la segunda sala, presidida por Carlos Carmona, quien había sido un funcionario clave de la Secretaría General de la Presidencia –de la que llegó a ser subsecretario– bajo los gobiernos de la Concertación.

El TC también tenía su cuota de participación en el financiamiento ilegal de políticos. Uno de sus ministros, el abogado Cristián Letelier, fue diputado de la UDI y en la carpeta investigativa del Caso Penta figura un correo que en 2013 envió a Carlos Alberto Délano pidiendo recursos para la campaña de Pablo Longueira en la primaria presidencial de la derecha. Además, en 2009 una sociedad de Letelier hizo una boleta para Inversiones Caburga, del Grupo Said. Caburga rectificó ese pago ante el SII después de que estalló el escándalo del financiamiento ilegal de campañas.

Letelier también fue abogado de una imputada en el Caso Penta, por lo que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió que se inhabilitara cuando el TC revisó el recurso que presentó Samuel Donoso para evitar que la fiscalía accediera a la contabilidad de SQM.

El TC acogió a trámite el recurso y fijó audiencia para que las partes alegaran el 25 de marzo. Por ende, cualquier “actuación intrusiva” quedó suspendida hasta ese día. La decisión frenó en el momento justo la orden judicial que tramitaba la Fiscalía para allanar las oficinas de SQM.

Tras la suspensión resuelta por el TC, el teléfono de Michel Jorratt en el SII volvió a sonar. Era otra vez Andrea Palma, la jefa de gabinete del ministro Alberto Arenas. Le comunicó que, aprovechando la pausa obligada por el TC, el ministro Peñailillo quería que el SII concurriera a la sede de SQM –“con camiones si fuera necesario”- para sacar toda la información contable. Jorratt decidió no cumplir la instrucción.

Un día después, el 18 de marzo, el fiscal Sabas Chahuán jugó una nueva carta que midió sus fuerzas con las del ministro Peñailillo. Le envió un oficio al director del SII solicitando toda la información contable entregada por SQM. Y le pusoun plazo perentorio: 48 horas.

Michel Jorratt, ex director del SII

En el despacho de Jorratt volvió a sonar el teléfono. Peñailillo tenía una nueva idea: a través de Andrea Palma le sugirió entablar un juicio de contienda de competencia para no entregar la información a la Fiscalía, y estudiar si la decisión del TC se lo impedía. Jorratt consultó con los abogados del SII, quienes le indicaron que no había impedimento legal para entregar la información a la Fiscalía.

El 20 de marzo, a punto de cumplirse el plazo de las 48 horas, el SII le hizo llegar a Sabas Chahuán un CD con todo lo que tenía. La pulseada la había ganado el fiscal nacional.

Tres días después, el SII presentó otra querella criminal por delitos tributarios que involucraban a SQM. Pero esta vez el escrito contenía un acápite que desató la histeria en La Moneda: se hizo extensiva contra “todas las demás personas que resulten responsables”.

El 25 de marzo el TC declaró inadmisible el recurso presentado por Samuel Donoso, quien en esos días renunció a su militancia en el PPD. Al día siguiente, los fiscales, liderados por Carlos Gajardo, allanaron las oficinas de SQM e incautaron toda la información contable de 2009 a 2014. Al revisar cada dossier, se percataron que faltaba información clave. La comprobación de aquello vendría más tarde desde Estados Unidos.

Próxima entrega: la mega-querella de abril de 2015 del SII desata la crisis, cae Peñailillo y emergen las campañas de Frei y Bachelet.

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