El avance de la desertificación II: los millonarios subsidios de riego a agroexportadoras

En medio de una de las mayores sequías de la historia de Chile, el Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego, ha intensificado los recursos destinados a subsidiar obras privadas de riego. Muchos de estos fondos han beneficiado a empresas que previamente, sin cumplir lo que exige la ley, talaron bosque nativo sin reforestarlo. Esto, sumado a que dichas obras no se someten a evaluación ambiental a pesar de generar impactos sobre los ecosistemas, podría estar haciendo de esta política un factor más que acelera el proceso de desertificación que atraviesa el país.

(*) El autor de este artículo es periodista de la Fundación Terram.

(**) Vea la primera parte de esta serie: “El avance de la desertificación: las 22 mil hectáreas de bosque nativo que CONAF aprobó talar sin reforestar”.

“¿Cómo enfrentaría usted la escasez de agua en la zona?”. Esa fue una de las preguntas que la Asamblea Territorial de Cauquenes, surgida tras el estallido social del 18 de octubre, decidió incluir en la Consulta Comunal sobre el Proceso Constituyente. Aunque el alcalde Juan Carlos Muñoz (RN) rechazó realizarla, la consulta se hizo de todas maneras y sus resultados se expusieron el sábado 21 de diciembre de 2019 en la Plaza de Armas de la ciudad a través de gráficos pintados en papelógrafos. Entre las mayores preferencias de las 1.105 personas que votaron, se contó la fiscalización de intervenciones en ríos y cauces y la fiscalización de pozos profundos.

“La tendencia es positiva, porque en el fondo lo que hace falta es regulación, ya que aquí están viniendo las empresas grandes a plantar y plantar viñas, y en cada huerto tienen una pila de pozos. Al final de cuentas también nos puede escasear el agua como en Petorca”, dice una mujer que se detuvo a informarse de los resultados y decidió tomar la palabra.

Una de esas viñas es Concha y Toro, cuyas ventas al extranjero alcanzaron los $30 mil millones en 2018. La utilidad que estas cuantiosas ventas generaron a la empresa, cuya principal accionista es la familia Guilisasti Gana, fue posible no solo gracias a la tala de bosque nativo para el monocultivo de uva (vea la primera parte de esta serie de artículos), sino también a la tecnificación del riego. Para ello, la principal exportadora de vinos del país ha contado con la bonificación estatal de la Comisión Nacional de Riego (CNR), que entre 2011 y 2018 le entregó un total de $306 millones a través de siete bonificaciones para obras de riego solo en uno de sus predios, el fundo El Boldo, ubicado a un costado del Río Cauquenes (1).

Este tipo de obras son iniciativas privadas cuyos costos son subsidiados por el Estado hasta en un 90%. En 1985 la dictadura cívico-militar promulgó la Ley Nº 18.450, que a través de la CNR, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, subsidia la ejecución de obras destinadas a aumentar la superficie regada del país con miras a que Chile se convierta en una potencia agroalimentaria. El entubamiento y revestimiento de canales, la construcción de embalses y la tecnificación del riego, son algunas de estas obras.

Pero, para tecnificar el riego, primero hay que tener agua. Así fue como antes de talar bosque nativo y de concursar por los subsidios de la CNR, Concha y Toro solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), derechos para extraer 250 litros por segundo. Ese caudal estaba destinado al riego de las 700 hectáreas de cultivos que la viña pretendía alcanzar en el fundo El Boldo, a través de dos pozos de 80 y 82 metros de profundidad, respectivamente (2). Ambas solicitudes fueron aprobadas el 11 de octubre de 2012, otorgándole así acceso al recurso hídrico a perpetuidad y de manera gratuita a la viña, tal como lo estipula el Código de Aguas dictado en 1981. Este mecanismo ha permitido a la empresa adjudicarse un total de 3.043 litros por segundo de aguas superficiales y subterráneas a nivel nacional (3), alcanzando los 262 millones de litros al día, cifra que, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alcanzaría para abastecer a 2 millones 620 mil personas al día con 100 litros de agua.

Los puntos amarillos corresponden a las coordenadas de subsidios asignados a Viña Concha y Toro, como también a los puntos de extracción de aguas subterráneas que esta tiene en el Fundo El Boldo. Fuente: elaboración propia a partir de datos DGA y CNR obtenidos por Transparencia. Imagen base obtenida desde Google Earth.

La misma fórmula ha usado Concha y Toro en el fundo Idahue, ubicado en San Javier (Región de O´Higgins). Allí, tras talar 309 hectáreas entre 1995 y 2000, se adjudicó cinco bonificaciones de la CNR entre 2006 y 2013 para tecnificar riego por un total de $196 millones. Luego, en 2015, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) aprobó a la viña un plan de manejo para talar 40 hectáreas más de bosque nativo para extender el cultivo de uvas en el mismo fundo. También en ese predio, un año después, la empresa recibió un nuevo subsidio de la CNR para tecnificar el riego, esta vez por $43 millones.

En total, Concha y Toro acumula 45 subsidios de la CNR por $1.388 millones, mientras que sus tres filiales –Viña Cono Sur S.A., Frutícola Viconto S.A. y Viñedos Emiliana S.A. – suman $375 millones en subsidios. De esta forma, es la matriz de empresas que más dinero ha recibido por esta vía desde 1986 (4).

Para Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram, “tanto la tala de bosque nativo a través de planes de manejo aprobados por CONAF, como los subsidios a las obras de riego entregados por la CNR, son engranajes de un diseño jurídico-institucional, en torno al Ministerio de Agricultura, gestado durante la primera mitad de la dictadura y caracterizado por la promoción irrestricta del crecimiento del sector silvoagropecuario orientado a la exportación, a costa de una serie de impactos ambientales y sociales”.

Así, según datos oficiales proporcionados vía Transparencia por la CONAF y la CNR, de las 20 empresas que más han talado bosque nativo entre 2008 y 2020, doce han recibido cuantiosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego.

*Recibió subsidios a nombre de Agrícola Las Cañas Ltda.
Fuente: elaboración propia a partir de datos CONAF y CNR obtenidos por Transparencia.

En la larga lista de beneficiarios de los subsidios de riego también hay familiares de los integrantes de la Comisión Investigadora de los actos de CONAF (vea la primera entrega de esta serie): Rodrigo Barros Montero, hermano del diputado Ramón Barros (UDI), ha recibido siete subsidios de la CNR por un total de $394 millones a través de Agrícola Caltex Ltda., Agrícola Purissima Ltda. y Agrícola 2R Responsabilidad Limitada. Por su parte, Fernando Urrutia Bonilla, hermano del diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano, ex UDI), ha recibido 12 subsidios de la CNR por un total de $310 millones, a través de Agrícola Santa Ximena S.A., Agrícola Cuñao Ltda., Agrícola Palomar Ltda., Agrícola Palomar S.A. –en cuya propiedad participa el propio diputado- y Agrícola Mira Ríos S.A.

Todas las bonificaciones estatales recibidas por las empresas de los hermanos de los diputados se ejecutaron dentro del período en que estos ya ejercían la labor parlamentaria, que en ambos casos se arrastra desde 2002, siendo reelectos de manera ininterrumpida hasta hoy en las regiones de mayor superficie agrícola del país: O´Higgins, en el caso de Barros, y Maule, en el de Urrutia.

En cuanto a cifras globales, según datos proporcionados por la CNR, durante los 33 años en que se ha aplicado esta política (1986-2019), este organismo ha entregado $   706.333 millones en subsidios. De ese monto, $15.242 millones se han destinado a obras de drenaje; $286.957 millones a obras de tecnificación del riego y $404.133 millones a obras civiles, como revestimientos y entubamientos de canales. Respecto de las obras civiles, en su gran mayoría son postuladas por organizaciones de usuarios de aguas, mientras que para el caso de las obras de tecnificación los beneficiarios son personas naturales y empresas agrícolas.

Los altos montos que cada año se subsidian a través de la CNR fueron cuestionados por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), dependiente del Ministerio de Hacienda, en su evaluación a la Ley Nº 18.450 de Fomento al Riego, realizada en 2019. En ella señala: “No parece justificarse esta intervención estatal o al menos, no parece justificarse el porcentaje de bonificación considerado en la actualidad, sobre todo cuando los beneficios económicos directos de los proyectos son capturados en un cien por ciento por los productores, ya sea individualmente o colectivamente en el caso de asociaciones”(5).

SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DE USUARIOS

Cuando un grupo de vecinos de Diaguitas, localidad del Valle del Elqui (Región de Coquimbo), se enteraron de que se entubaría el canal Miraflores, sabían que poco podían hacer para revertir la situación. Al no poseer acciones de aguas estaban impedidos de participar de las decisiones de la comunidad de aguas, entidad privada que administra el canal y que presentó el proyecto de entubamiento.

Según Cristian Caradeuc, integrante del Bosque de Protección Diaguitas, “cuando se supo del entubamiento, le dijimos a la comunidad de aguas que no podían cortar ciertos árboles. Lamentablemente, la normativa en cuanto a corta de árboles nativos es súper extraña y ahí no pudimos hacer mucho”. Según la Ley Nº 20.283, para que un conjunto de árboles sea considerado un bosque se debe extender por una superficie de por lo menos 5 mil metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, y con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas. Estas condiciones rara vez se dan en el Valle del Elqui, lo que permitió el reemplazo de una gran superficie de vegetación nativa sin regulación alguna.

En ese escenario, y alertados de los efectos que generaría entubar el canal que históricamente había contenido parte de los pequeños aluviones que se generan con las lluvias, optaron por presentar un proyecto al fondo de protección ambiental. El proyecto, a través de la forestación de mil árboles nativos, buscó poner una línea divisora a las obras y aminorar así los desprendimientos de tierra que tarde o temprano volverían a suceder.

La forestación se desarrolló de manera paralela al entubamiento. Junto con ello, se organizaron como comunidad para comprar una acción de agua e instalar sistema de riego por goteo, lo que generó el entusiasmo de otros vecinos y vecinas. Así nació Bosque de Protección Diaguitas, agrupación que comenzó a promover acciones similares en otros sectores de la cuenca del Elqui.

Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes. Un año después del entubamiento del canal, el 17 de junio de 2017, una pequeña porción del cerro Esperanza se desprendió tras una lluvia nocturna que acumuló agua y barro. Como el canal ya no funcionaba como una barrera natural para desprendimientos de  este tipo y la flora nativa era aún incipiente y pequeña, el barro arrasó lo que fue encontrando a su paso, llegando incluso a enterrar a una pareja bajo el lodo, quienes solo lograron salvar la vida porque un vecino escuchó sus gritos y distinguió su pelo en el barro.

Para Soledad Torres, presidenta de la junta de vecinos de Diaguitas, “cuando estaba el canal, todo quedaba ahí, pero ahora no, todo pasa para abajo. Entonces no tenemos ninguna seguridad”. Esa seguridad no solo la daban los hasta tres metros de ancho que alcanzaba el canal Miraflores, sino también los árboles que durante decenas de años crecieron en torno a él y que a su vez eran fuente de vida para otras especies, como las aves, que se ven doblemente afectadas por este tipo de obras.

Según José Luis Arumí, académico de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la CNR, “cuando se cierran las bocatomas de los canales en septiembre, se forman lagunas e inmediatamente anidan las aves, que saben que su refugio está en los canales de riego. Entonces, cuando se reviste o entuba un canal, se separa a este del ecosistema, se corta la conectividad entre las aguas subterráneas y superficiales, afectando el flujo de nutrientes y aumentando la velocidad y temperatura del agua, obligando a la fauna a emigrar”.

Situaciones como la ocurrida en Diaguitas se repiten alrededor de los flujos de agua en todo el país, debido a que el Código de Aguas promulgado en 1981 define que el Estado, a través de la Dirección General de Aguas (DGA), tiene la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad. Estos titulares de derechos son quienes, según la legislación, deben constituir organizaciones de usuarios para administrar las fuentes de aguas. En estas se toman decisiones mediante votación, donde cada acción de agua equivale a un voto. De esta manera, los empresarios grandes tienen más votos por poseer más acciones.

De los $67 millones que costaron los 240 metros de entubamiento ejecutados en 2017 en el canal Miraflores, $57 millones fueron subsidiados por la CNR. Además de esta bonificación, la comunidad de aguas de dicho canal ha recibido otras cuatro para revestirlo y entubarlo, alcanzando un total de $711 millones  en subsidios. Todos estos recursos fueron entregados a la comunidad entre 2015 y 2018, cuando era presidida por Gabriel Francisco Varela Cano, ingeniero agrónomo y gerente general de la empresa agrícola El Arenal SpA.

Llama la atención que gran parte de los terrenos beneficiados, incluyendo los de El Arenal, presentan una capacidad de uso de suelo V y VI, según categorías elaboradas por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), las cuales no presentan aptitud agrícola, aumentando así el riesgo de erosión de esos suelos.

Además de beneficiarse con los subsidios recibidos por la comunidad de aguas, El Arenal SpA también ha sido beneficiario directo de la CNR. En el concurso Nº8 de 2014 recibió bonificaciones por $74 millones y $56 millones, ambas para tecnificar el riego del fundo.

Parte de los granados que se extienden por las laderas del Fundo de El Arenal, ubicado en torno al canal Miraflores, comuna de Vicuña.

La estructura de propiedad de El Arenal expresa el proceso de financiarización que desde hace unos años vive el agro. Corría el 2004 cuando la Exportadora Subsole se alió con Activa SpA. En la primera son socios los hermanos Prohens Espinosa (a su vez hermanos del senador Rafael Prohens), Miguel Allamand (hermano del ex senador y actual canciller Andrés Allamand) y Ricardo Ariztía Tagle (hijo del actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura). En tanto, Activa SpA es del grupo Larraín Vial. La alianza entre Subsole y Activa dio vida a Sembrador Capital de Riesgo S.A., la que luego creó tres fondos de inversión: Crecimiento Agrícola, Victus Chile y Agrodesarrollo. Desde este último se levantaron nueve proyectos de inversión, gracias a una línea de crédito a 15 años aprobada por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de $10.812 millones. De ese monto, $1.430 millones se destinaron a El Arenal SpA, constituida el 10 de enero de 2011, con el objeto de cultivar cítricos, granados y uva de mesa en la comuna de Vicuña.

Además de los $130 millones bonificados por la CNR a El Arenal en 2014, otros cuatro emprendimientos de este fondo de inversión han recibido subsidios para tecnificar el riego por un total de $293 millones. Entre ellos, la Frutícola Pan de Azúcar S.A. en 2013, luego vendida al doble de su inversión inicial a Limoneira, una transnacional del agro de origen estadounidense que continúa expandiéndose en la Región de Coquimbo (6).

ESCASEZ HÍDRICA Y RECURSOS ADICIONALES PARA LA CNR

A inicios de 2019, la CNR contaba con el más grande presupuesto de su historia: $67.568 millones exclusivamente para subsidiar obras de riego, distribuidos en $47.050 millones para obras menores, $15.450 millones para obras medianas y $5.068 para la pequeña agricultura.

Tras una intensa sequía que afectó a la zona central del país, entre julio y septiembre de 2019 el Ministerio de Agricultura decretó Emergencia Agrícola para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule y 14 comunas de la Metropolitana. Esto permitió al gobierno inyectar recursos adicionales a la CNR por un total de $32.500 millones, equivalentes al monto recaudado por la Teletón 2018. De esa forma, el organismo alcanzó un presupuesto total de $100.068 millones para ejecutarlos en 2019: $21.000 millones adicionales para obras medianas, $12.100 millones para obras menores y una reducción de $600 millones para el programa de pequeña agricultura (7).

Los recursos se destinaron a aumentar los montos a repartir en los concursos de obras de riego, junto con la creación de otros nuevos. Entre estos últimos, el concurso Nº31-2019 de obras menores, destinado a bonificar obras civiles de proyectos no seleccionados en concursos anteriores para las regiones afectadas por la emergencia agrícola. Este tuvo entre sus beneficiarios a la Comunidad de Aguas del Canal Miraflores, que se adjudicó $95 millones para ejecutar la etapa VI de su entubamiento; la Comunidad de Aguas del Canal Camarico, con $66 millones bonificados para entubar 500 metros del Canal Derivado Campo Lindo, donde Viña Concha y Toro controla 854 de las 5.500 acciones de aguas que tiene el canal; y la Comunidad de Aguas Canal Pintacura Alto o Sur, que recibió $76 millones para revestir 530 metros de dicho canal en la cuenca del Choapa.

Siguiendo la misma lógica que en el Canal Camarico (Limarí) y Miraflores (Elqui), y que se repite a escala nacional, de los 670 litros por segundo que posee la Comunidad de Aguas Canal Pintacura (Choapa), 440 son controlados por Valles del Norte S.A. según datos de la DGA, destinados al riego de nogales, mandarinos y paltos a la entrada de Illapel, en el fundo Pintacura.

Valles del Norte S.A. fue constituida en 2009 por San José Farms, propiedad de Ignacio del Río Goudie –cuya familia participa en la industria pesquera, inmobiliaria y del retail, además de tener vínculos históricos con la DC– e Inversiones e Inmobiliaria Pucará S.A., propiedad de Francisco Álamos Jordán –cuñado del senador Juan Antonio Coloma Correa (UDI) y tío del diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI). Álamos fue multado por la DGA en 2019 por un monto de $144 millones, tras comprobarse la extracción ilegal de aguas que una de sus empresas realizó desde el ya seco río Petorca (8).

Valles del Norte ya había recibido en 2012 un subsidio CNR de $91 millones para tecnificar 166 hectáreas de riego en el fundo Pintacura. Al año siguiente, la CONAF le aprobó un plan de manejo para talar 15 hectáreas de bosque nativo en el mismo predio para extender la superficie de cultivos, donde también la empresa instalaría un tranque en medio de cerros cubiertos de paltos.

Esta fórmula ya la habían usado Del Río y Álamos en sus otras empresas. En el caso de Ignacio del Río, a través de San José Farms S.A. taló 17 hectáreas de bosque nativo en 2006 a un costado del río Quilimarí (Los Vilos), para luego recibir un subsidio CNR por $25 millones en 2012 a nombre de la Agrícola San Francisco S.A. Entre 2007 y 2012 San José Farms recibió seis subsidios CNR por un total de $357 millones, de los cuales cinco se adjudicaron para obras de tecnificación del riego en un mismo predio de la comuna de Vilcún (Araucanía). Ignacio del Río, además, es representante legal de tres empresas que se ha adjudicado $109 millones en subsidios CNR: Agrícola San Ignacio Ltda., Agrícola San José de Gorbea Ltda. y Agrícola e Inversiones San José Ltda.

Por su parte, Francisco Álamos recibió $52 millones en 2014 a nombre de la Agrícola San Antonio Ltda. y en 2008 recibió a nombre de la Agrícola El Sobrante un subsidio CNR por $26 millones para tecnificar el riego de paltos en Petorca, en el mismo predio donde luego talaría ocho hectáreas de bosque nativo para seguir extendiendo el negocio agrícola a costa del desabastecimiento hídrico de la población.

El permanente aumento del presupuesto del Ministerio de Agricultura destinado a subsidios, que se intensifica con cada decreto de emergencia agrícola, ha sido duramente cuestionado por agrupaciones ambientalistas, las que denuncian que no ha beneficiado a las cerca de 240 mil familias campesinas que producen una parte importante de los alimentos que consumimos en el país. Para Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medioambiente (MODATIMA), se trata   de “una agricultura sin agricultores que ha sido fuertemente subsidiada no solo por el gobierno de Piñera, sino que también por todos los gobiernos anteriores, donde los subsidios estatales se han focalizado en la agricultura que exporta y no en la pequeña agricultura”.

Entre otros pilares, el crecimiento económico del sector agroexportador se sostiene en el uso intensivo del agua, cuestión que ha sido facilitada a través de la aprobación de derechos de uso sin considerar la disponibilidad de agua presente y futura. Según un estudio sobre la brecha hídrica en Chile llamado La Radiografía del Agua, realizado por Fundación Chile, hasta 2016 diversas cuencas de la zona centro norte presentaban una fuerte presión hídrica: 87% sobre la disponibilidad total en los casos de los ríos Petorca (Valparaíso) y Limarí (Coquimbo); y entre un 38% y 62% de presión en los casos de Copiapó (Atacama), Quilimarí, Elqui y Choapa (Coquimbo).

Esta desregulación ha llevado a que hoy exista un extenso cordón de siete cuencas declaradas como agotadas por la DGA, el que atraviesa las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Esto quiere decir que la DGA dejó de entregar derechos de aguas superficiales, producto de que los derechos constituidos superan la disponibilidad hídrica. Pero como la legislación chilena separa las aguas superficiales de las subterráneas, a pesar de ser ambas parte del mismo ciclo hidrológico, hasta hoy se siguen otorgando derechos para extraer aguas subterráneas en muchas de las cuencas declaradas como agotadas.

La Región del Maule ha sido la más subsidiada por la CNR a lo largo de los 33 años de esta política. Si bien en ella no hay cuencas declaradas agotadas, en el caso del acuífero Esteros Belco y El Arenal, ubicado en Cauquenes, ya en 2015 la DGA identificaba que la demanda de aguas subterráneas comprometida superaba el volumen sustentable del recurso, estimando que existía el riesgo de grave disminución del acuífero. Producto de ello, el organismo lo declaró área de restricción (9) para nuevas extracciones subterráneas, lo que si bien condiciona la entrega de nuevos derechos, no los impide. Así fue como en 2018 se aprobaron 85 litros por segundos: 70 para la Viña Santa Carolina S.A. y 15 para la Agrícola Cauquenes Ltda., mientras que hasta la publicación de este reportaje se mantienen pendientes solicitudes por un total de 32,6 litros por segundos en la DGA (10).

Para el académico José Luis Arumí, “el problema de sobreexplotación de las cuencas para uso agrícola responde a la falta de un instrumento de planificación territorial. En una cuenca que permite mantener 10 mil hectáreas de riego se terminan cultivando 30 mil, porque cada quien hace lo que quiere, justamente por la ausencia de un ordenamiento territorial”.

En lugar de impulsar instrumentos efectivos de planificación territorial, y ante la crisis hídrica que atraviesa el país, los distintos gobiernos han optado por intensificar las obras de riego, apuntando a aumentar la disponibilidad hídrica sin tocar la demanda, haciendo uso del agua que se infiltra por los suelos y de aquella que llega al mar, bajo el argumento de que esa agua se pierde. Para Arumí, esto último “representa un analfabetismo ambiental, porque el agua que vierten los ríos hacia el mar forma parte del ecosistema costero, y ahí hay toda una vida marina que depende de ello, además de una importante actividad económica que se llama pesca”.

A la ausencia de planificación territorial, se suma el hecho de que las obras de riego no se someten a evaluación ambiental. Sobre este punto, ya en 2011 el Banco Mundial llamaba la atención a través de su informe “Diagnóstico sobre la gestión de los recursos hídricos en Chile”.  Ese estudio identificaba “problemas de coordinación y consistencia entre la planificación del recurso de la DGA y la gestión de subsidios al riego por la CNR (…) donde se han promovido numerosos proyectos de explotación con una débil evaluación ambiental y en definitiva sin una planificación hídrica adecuada”.

Sin embargo, el ímpetu por continuar entubando y revistiendo los canales de riego no solo responde al interés por una mayor eficiencia hídrica para las empresas  que usan el agua, sino también al negocio detrás de la construcción de este tipo de obras.

EL NEGOCIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Una de las empresas constructoras que ha ejecutado más obras de riego con dinero proveniente de subsidios CNR es Agrotek SpA: solo entre 2015 y 2019 ejecutó 20 obras de riego, por un total de $5.643 millones provenientes de subsidios.

Agrotek forma parte del grupo de empresas Tek, propiedad de Andrés Fariña Núñez, cuñado de Halid Daúd Gómez, quien en mayo de 2018, en pleno auge de Agrotek, dejó la gerencia general de dicha empresa para asumir como coordinador macrozonal norte de la CNR. Daúd ejerció ese cargo hasta enero de 2020, período en el que Agrotek ejecutó seis obras que fueron beneficiadas con subsidios CNR por un monto total de $1.180 millones de pesos.

Antes de arribar a la CNR, entre enero de 2013 y febrero de 2015, Daúd se desempeñó como asesor en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Coquimbo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Allí fue Coordinador Regional de Emergencia Agrícola, después de haber ejercido como jefe de Innovación y Producción Limpia en la Sociedad Agrícola del Norte A.G, gremio al cual pertenecen desde 2015 la Asociación de Canalistas Canal Bellavista y la Junta de Vigilancia del Río Elqui, a quienes entre 2015 y 2019 Agrotek ejecutó obras por $3.025 y $929 millones provenientes de subsidios CNR, respectivamente.

Otra de las empresas que se ha beneficiado de la Ley Nº 18.450 es la Compañía Agropecuaria Copeval S.A., que entre 2008 y 2018 ejecutó 64 obras de riego por un total de $2.709 millones provenientes de subsidios CNR.

Copeval tiene entre sus principales accionistas a la familia Ariztía, a través de Deser Ltda. y Empresas Ariztía Eala SpA, que controlan el 15,4% de la compañía (11). En 2013, Copeval se vio envuelta en un conflicto de interés cuando vendió cosechadoras con fallas técnicas al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) por $493 millones, mientras Ricardo Ariztía de Castro, sobrino de uno de los controladores de Copeval y hoy presidente de la SNA, dirigía el organismo que compró las máquinas (12).

La familia Ariztía no solo se ha beneficiado de estos subsidios a través de la ejecución de obras, sino también de manera directa por medio de la tecnificación del riego de sus propios cultivos en la provincia de Melipilla. A través de Agrícola Ariztía Ltda., Agrícola Baracaldo Sur S.A. y Agrícola Baracaldo S.A., ha recibido un total de $383 millones en subsidios CNR entre 1997 y 2011 –mismo año que estalló la colusión de los pollos en la que estuvo involucrada (13) –, todos bajo la representación legal de Marcelo Del Sagrado Corazón Ariztía Benoit, hijo del fundador de Copeval y primo de Ricardo Ariztía De Castro.

De los subsidios que favorecieron a la familia Ariztía, tres fueron para tecnificar el riego de cultivos que reemplazaron 52 hectáreas de bosque nativo en la comuna de María Pinto, taladas entre 2007 y 2009 por Agrícola Ariztía.

Desde diciembre de 2018 la CNR es dirigida por Federico Errázuriz Tagle, quien además de haber sido jefe del área de producción de pavos en Ariztía entre 2007 y 2010, es sobrino en segundo grado de los hermanos Guilisasti Gana, dueños de la Viña Concha y Toro.

Ante la pregunta de si duplicar la superficie de riego podría contribuir a acelerar el proceso de desertificación que atraviesa el país, Errázuriz se limitó a decir que “si se aumenta la superficie regada, va a haber más verde, por lo que sería un gran apoyo contra la desertificación”.

Justamente para avanzar en ese objetivo, tal como lo anunciara Sebastián  Piñera en su cuenta pública de 2019, actualmente se encuentra en etapa de evaluación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el proyecto de Carretera Hídrica de la Corporación Reguemos Chile, cuyo principal impulsor ha sido Juan Sutil, actual presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC). El proyecto, busca extraer agua desde la cuenca del Biobío para trasladarla hasta Copiapó, lo que podría traer una serie de efectos sobre diversos ecosistemas, en particular sobre aquellos de transición entre la aridez del norte y la humedad del sur.

En plena crisis social y política, este 2020 la CNR inició el año con un presupuesto de $87 mil millones, un 13,8% más que en 2019, siendo el área del Ministerio de Agricultura cuya billetera más creció, con el objetivo de seguir avanzando en crear las condiciones de infraestructura con miras a hacer de Chile una potencia agroalimentaria, como lo han venido diciendo los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Pero para continuar dicha senda, primero el gobierno deberá prorrogar la Ley Nº 18.450 en 2021, un año que no solo estará marcado por los efectos económicos del coronavirus, sino también por un debate constituyente donde tanto el carácter subsidiario del Estado como el el actual modelo agroexportador han sido objeto de cuestionamientos.

NOTAS Y REFERENCIAS