San Ramón: Contraloría detecta 61 contratados con antecedentes penales impedidos de ejercer cargos públicos

Bajo la administración de Miguel Ángel Aguilera, ex vicepresidente del PS, la Municipalidad de San Ramón ha contratado a personas que fueron condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico, robo, hurto y porte de armas. Así lo documentó un pre-informe de la Contraloría que concluyó que esas personas, por haber sido condenadas por crimen o simple delito, no podían ejercer cargos públicos. Los antecedentes de esta fiscalización se conocen cuando aún no finalizan las investigaciones judiciales sobre Aguilera por eventuales delitos administrativos y vínculos con un narco de La Bandera.

El 18 de marzo de 2014 la Municipalidad de San Ramón contrató a un hombre de 48 años para ejecutar labores de “mejoramiento de espacios públicos en la comuna”. A esas alturas, cargaba con un prontuario abultado: robo con intimidación, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y homicidio frustrado. Ya empleado por el municipio, siguió acumulando condenas: tres por hurto simple frustrado, otras tres por hurto frustrado, una por hurto frustrado en desarrollo y la última por robo con sorpresa. Todos estos antecedentes están documentados en un pre-informe evacuado por la Contraloría General de la República el 11 de junio pasado.

El organismo fiscalizador detectó que, entre enero de 2014 y julio de 2019, la Municipalidad de San Ramón contrató a 61 personas que registran antecedentes penales y que, por haber sido condenadas por crimen o simple delito, no pueden ocupar cargos en entidades públicas. Por lo mismo, se trata de contrataciones que a juicio de la Contraloría están fuera de regla, pues en su pre-informe argumenta que el interés público “puede verse afectado” si se emplea a personas que “no cumplen con el requisito de probidad exigido” (vea el documento de la Contraloría).

Si bien un pasado delictivo no impide la rehabilitación de una persona y que pueda acceder a fuentes laborales, la ley es precisa al establecer que quienes aparecen con condenas en su certificado de antecedentes no pueden trabajar en entidades públicas. Esto, salvo algunas excepciones para ocupaciones de menor rango en las que se requiere una tramitación especial, según explicaron a CIPER tres abogados expertos en derecho administrativo. Pero, en el preinforme de la Contraloría sobre San Ramón no se mencionan casos excepcionales de este tipo.

La información vuelve a sacudir a la Municipalidad de San Ramón, que ya lleva tres años bajo el escrutinio público debido a la investigación de los nexos entre su alcalde Miguel Ángel Aguilera y el narcotraficante Jorge Pinto Carvajal (el “Chino” Pinto). En octubre de 2017 el programa Informe Especial de TVN reveló que Pinto estaba contratado en San Ramón a pesar de sus antecedentes. Y en noviembre de ese mismo año una investigación de CIPER informó que ese jefe narco de la población La Bandera participó en los grupos de choque de la campaña electoral de 2012 de Aguilera (vea el reportaje de CIPER “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política”).

El alcalde Aguilera llegó a ser vicepresidente del Partido Socialista y consolidó un influyente sector interno de esa colectividad. El edil renunció al PS tras las denuncias sobre sus nexos con Jorge Pinto, pero su círculo cercano sigue militando en ese partido y es gravitante para designar candidatos a elecciones municipales y parlamentarias en la zona sur metropolitana. De hecho, la gestión territorial del grupo de Aguilera en las comunas de ese sector fue clave para conseguir las firmas que permitieron la inscripción de la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillier.

CIPER se contactó con la Municipalidad de San Ramón para conocer su versión sobre los antecedentes expuestos en este pre-informe de la Contraloría. Pero hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.

DOS NÓMINAS

Dos son las nóminas que aparecen en el pre-informe de la Contraloría. La primera detalla los casos de 19 personas cuyas actividades aparecen registradas en una plataforma interna del municipio, donde figuran sus fechas de contratación y las labores que han desempeñado. El segundo listado incluye a otras 42 personas que también fueron empleadas, pero que no figuran en la plataforma de datos de la municipalidad.

En esta segunda lista aparece, por ejemplo, Jorge Pinto, el narcotraficante que fue detenido en septiembre de 2017 por un envío de 20 kilos de pasta base de Santiago a Concepción. Pinto estaba contratado por el municipio cuando fue detenido. Desde la cárcel continuó manejando su negocio e impartió instrucciones al guardaespaldas del alcalde Aguilera, Roberto Martínez, quien terminó detenido a bordo de un auto con patente falsa portando cien municiones a fines de 2017 (vea ese  reportaje de CIPER).

Según el preinforme de la Contraloría, la primera contratación irregular que apareció en el período revisado (2014-2019) corresponde a una persona que tiene prohibición para trabajar en el sector público porque cometió un robo con homicidio en 1986. Aquello no impidió que el Departamento de Salud de San Ramón la contratara tres veces entre enero y septiembre de 2014 para desempeñarse como rondín a honorarios.

En la lista figura un hombre que a inicios de los años 90 tuvo dos condenas por robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego. Por esta razón, figura con inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, fue empleado el 18 de marzo de 2014 para labores de “mejoramiento de espacios públicos”.

Con una condena por hurto en 2013, también aparece en la nómina una persona que hizo fama por pintar murales de narcotraficantes asesinados en las calles de Santiago. En 2014 adquirió notoriedad cuando concedió una entrevista a un medio internacional donde habló de su oficio, aunque cinco años después, en otro reportaje, sostuvo que se había alejado de ese mundo: “En ese ambiente uno se tiene que sumergir en la volá. Yo estuve metido en la droga y me costó salir. Entras en los mismos clanes, eres parte de ellos”.

Hay casos de personas que figuran con múltiples condenas. Uno de ellos, empleado en la Subdirección de Recursos Humanos, sumó siete entre 2009 y 2015: tráfico de drogas, hurto, lesiones leves, porte y consumo de drogas en la vía pública, porte de arma blanca y robo con sorpresa.

Una mujer que figura con 16 condenas por hurto entre 2005 y 2016 aparece contratada desde 2015  como “gestor territorial comunitario”, también dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos. Ella asegura en su Facebook que es militante del Partido Socialista y en esa red social ha compartido fotos con dirigentes como el senador Alejandro Guillier, el diputado Tucapel Jiménez y el ex senador Fulvio Rossi.

La lista también incluye una persona que registra diez sentencias en 12 años (2007-2019) por delitos como receptación, confección de billetes falsos, robo con intimidación, porte de armas cortopunzantes y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.

Otro caso llamativo es el de una mujer que en apenas dos años –febrero de 2009 a diciembre de 2010– acumuló nueve sentencias por hurto, entre frustrados y consumados. Y también el de un hombre con seis condenas (entre 2012 y 2017) por hurtos y robos. Algo similar ocurre con un hombre que no puede ejercer cargos públicos desde 2002, debido a un robo con intimidación, pero que desde entonces suma 14 condenas por robos y hurtos, de las cuales nueve se dictaron durante el período revisado por la Contraloría.

Hay personas que aparecen en el pre-informe y cuyas contrataciones ya habían sido objetadas por la Contraloría anteriormente. Es el caso de un joven que en 2017 trabajó en el área administrativa de los centros comunitarios de salud de San Ramón. Un informe de 2018 criticó que se desempeñara como administrativo sin tener capacitación para el cargo. Ahora figura en este nuevo informe porque registra una condena por consumo y porte de drogas, y otra por el delito de injurias. Se trata del administrador de una conocida página de Facebook desde donde ha defendido la administración de Miguel Ángel Aguilera en San Ramón.

DOBLES PAGOS Y BOLETAS SIN RESPALDO

El preinforme de la Contraloría también analiza otros desórdenes detectados en el municipio, debido a que había áreas que no se habían fiscalizado desde 2011, antes de que llegara Miguel Ángel Aguilera a la alcaldía.

Entre las observaciones formuladas se cuenta la contratación de 18 personas que son parientes de jefes o directivos de la municipalidad, lo que está prohibido por ley. En doce de estos contratos, según la Contraloría, habría inhabilidad directa porque sus parientes ocupan cargos directivos en el escalafón municipal. Los otros seis están vinculados a personas que, si bien no ejercen jefaturas de manera formal, sí tienen ese rol en la práctica. En este último caso, el pre-informe advierte que deben “abstenerse de intervenir en relación de sus funciones, en asuntos que tenga interés la persona con quien mantiene el vínculo de parentesco”.

Además se hallaron tres funcionarios que, en paralelo a sus contratos de planta, recibían pagos de honorarios en el mismo municipio. La Contraloría objetó que no existieran comprobantes de que esos trabajos paralelos se realizaron fuera del horario laboral.

Los funcionarios de la Contraloría también encontraron 36 pagos vía boleta de honorarios –por un total de $21,5 millones– que no tenían su respectivo respaldo. Esto, a pesar de que al municipio le solicitaron en dos ocasiones (el 16 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020) que entregara esos documentos. Además, detectaron 28 pagos de honorarios –por una suma global de $21,4 millones– en que se desembolsó un monto superior al pactado.

LA CASA EN LA REINA

En 2018, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de Aguilera por fraude al Fisco y por designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal. Todos estos hechos, sumados a la salida de un concejal PS por corrupción en noviembre de 2019, provocaron que la continuidad de Aguilera al mando de San Ramón pendiera de un hilo. Sin embargo, los devastadores efectos de la pandemia sobre la comuna pausaron el proceso de destitución que pretendían impulsar los detractores del edil.

Ahora el pre-informe de la Contraloría vuelve a poner el foco sobre la gestión de Aguilera, cuando aún la justicia desarrolla investigaciones por sus vínculos con un narcotraficante y por eventuales delitos administrativos. Una de las aristas de esas indagatorias es la compra de una casa en La Reina, por la cual Aguilera pagó $100 millones en efectivo. Luego de que CIPER revelara esa adquisición, la Contraloría le solicitó al alcalde que aclarara el origen de esos recursos y envió los antecedentes a la Fiscalía y al CDE.

En las objeciones que plantea ahora esta nueva revisión de la Contraloría se señala que la contratación de 61 personas con antecedentes penales –incluyendo empleados a honorarios–, podría vulnerar el Código Penal. Y el mismo documento advierte que el empleado público responsable de estas contrataciones podría ser sancionado con una inhabilidad temporal y una multa de entre 5 a 10 UTM (hasta $503 mil al valor actual).