Nuevas formas de envejecer y cuestionamientos al sistema de pensiones: ¿tiene sentido mantener el Pilar Solidario?

El pilar solidario fue diseñado con una lógica de focalización: había que cuidar a los adultos mayores, sobre todo a los más vulnerables, de caer en pobreza. Y fue exitoso en ello. Según los datos recogidos por la autora, comparados con otros grupos etarios, “los niveles de pobreza en las personas de 60 años y más son los más bajos”. Sin embargo, a diez años de creado el pilar, el modelo se agotó. Las mujeres a quienes se buscaba proteger tienen multiples necesidades, pues la mayoría no solo se mantienen a sí mismas, sino a los nietos, a los hijos endeudados, y a los que no tienen ingresos suficientes para arrendar una casa. La columna presenta una vejez activa y protectora de la que poco se habla en Chile.

Actualmente el sistema de AFPs enfrenta profundos cuestionamientos y la sociedad chilena reflexiona sobre los horizontes de la protección social. En este contexto, y tras diez años de la entrada en funcionamiento del Pilar Solidario[1], esta columna se propone abordar las características de este componente del sistema de pensiones, sus alcances y limitaciones. Más de fondo, se discutirá sobre las formas de la vejez en Chile, en particular de quienes residen en los sectores populares de la Región Metropolitana. Para analizar estos temas combinaré la presentación de elementos técnicos con los resultados de una serie de investigaciones empíricas que he desarrollado con mujeres mayores beneficiarias del Pilar Solidario. De esta manera espero poder contribuir a la discusión sobre la protección social a través de las voces de mujeres que, en el corazón de su tercera edad, siguen constituyendo el pilar a partir del cual hijos y nietos construyen su futuro[2].

¿QUÉ ES EL PILAR SOLIDARIO Y A QUIÉNES BENEFICIA?

En 2008, el Pilar Solidario fue creado para contrarrestar los efectos negativos del sistema de capitalización individual diseñado por José Piñera en 1980 (Robles, 2011 y Larrañaga, 2010). Este pilar es considerado como una de las “grandes reformas” a nuestro sistema previsional y tuvo como objetivo ofrecer mayor apoyo a los y las trabajadores/as de menores ingresos y menor capacidad de acumulación, con el fin de proteger de la pobreza a las personas de mayor edad. Específicamente, el componente solidario es un aporte estatal creado para saldar el problema de cobertura del sistema de capitalización, el cual entregaba pensiones solo a quienes trabajaban formalmente y cotizaban de manera regular. Gema, por ejemplo, de Estación Central, con 73 años, recibe la Pensión Básica Solidaria. Ella dedicó su vida al trabajo doméstico y de cuidados, se preocupó de su familia, sobre todo de la crianza de sus hijos e hijas. Pese a esta importante labor, el sistema privado de pensiones no reconocía sus actividades como trabajo. Hasta la existencia del Pilar Solidario, Gema estaba excluida del sistema.

Además del problema de cobertura, una segunda limitación del sistema de capitalización individual es la reproducción de la desigualdad económica y de género (PNUD, 2017; Madariaga y Pérez-Morgado, 2009). Ello porque las pensiones son calculadas en función de los años de cotización y del monto de los salarios recibidos durante la trayectoria laboral. Aquí, nuevamente, el sistema afecta especialmente a las mujeres, porque son ellas las que reciben salarios en promedio más bajos y, sobre todo, porque tienen periodos sin cotizar, “lagunas previsionales”, que son dedicados a la reproducción y al trabajo de cuidado. Este es el caso de Rosalba, de la comuna de San Ramón. Rosalba tiene 67 años y recibe la Pensión Básica Solidaria. Rosalba trabajó desde muy joven como costurera, no tuvo hijos/as, pero años más tarde abandonó su trabajo remunerado para dedicarse al trabajo de cuidado de su hermano en condición de invalidez. Ella recibe la pensión solidaria porque, a pesar de haber trabajado toda la vida, su monto de pensión es muy bajo.

En tercer lugar, se suma el problema de la calidad de las pensiones que se obtienen bajo el esquema de capitalización individual. Estas, en su mayoría, no alcanzan a cubrir el monto del salario mínimo en Chile (Gálvez y Kremerman, 2020), pasando por alto elementos centrales de la seguridad social y los derechos humanos (Rivadeneira, 2017).

Para contrarrestar estas deficiencias, el Pilar Solidario otorga dos tipos de pensiones dirigidas a personas de 65 años y más, pertenecientes al 60% más pobre de la población e inscritas en el Registro Social de Hogares. La pensión mensual que recibe Gema, por ejemplo, corresponde a la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), cuyo monto fluctúa según edad: $137 mil al grupo 65-74 años, $143 mil al grupo 75-79 años y $165 mil a quienes tienen 80 años y más. La pensión mensual que recibe Rosalba, en tanto, corresponde al Aporte Provisional Solidario (APSV), que se entrega para complementar y aumentar las pensiones individuales. El monto máximo es de $407 mil, aumentando con la edad hasta los $488 mil[3]. A partir de estos criterios, el Pilar Solidario extiende significativamente la cobertura del sistema de pensiones, alcanzando una entrega aproximada de 1.400.000 pensiones al mes de mayo de 2020. De éstas, un 68,8% corresponden a mujeres que reciben la Pensión Básica Solidaria y un 57,3% a mujeres que reciben Aportes Solidarios (Subsecretaría de Previsión Social, 2020).

El Pilar Solidario, entonces, por medio de la PBSV, llega fundamentalmente a mujeres de menores ingresos, uno de los sectores de la población excluidos del sistema privado de cotización. Además de asegurar cobertura, la Escuesta CASEN 2017 muestra que la Pensión Básica constituye la principal fuente de ingresos de las mujeres del primer quintil: un 63,6% del total de sus ingresos (en el caso de los hombres, la PBSV constituye el 38,9% de sus ingresos individuales). Con estas prestaciones, el Estado ha conseguido que los niveles de pobreza por ingreso en las personas de 60 años y más sean los más bajas respecto a otros grupos de edad (Ministerio de Desarrollo Social, 2017a).

EL AGOTAMIENTO DEL PILAR SOLIDARIO

Como se ve, en estos diez años los rendimientos del Pilar Solidario serían especialmente visibles en la población de mujeres de los sectores más empobrecidos del país, concediendo este beneficio, entre 2008-2020, a un aproximado de un millón cien mil mujeres y 749 mil hombres (Subsecretaría de Previsión Social, 2020).

Sin embargo, nuestros estudios muestran que este modelo se agotó. Tomando en cuenta las exigencias que enfrenta la población mayor en Chile, sobretodo los grupos de sectores populares y, crecientemente, los sectores medios, la capacidad del Pilar Solidario para contrarrestar los problemas del sistema privado (cobertura, reproducción de desigualdad y calidad) es cada vez más limitada. Específicamente, nuestra investigación nos permite proyectar en el corto plazo dos fenómenos: por un lado, cada vez son más las mujeres que ingresan al mercado laboral, disminuyendo con ello el grupo excluido del sistema, que es uno de los principales beneficiados de la Pensión Básica Solidaria. En segundo lugar, las insuficiencias del sistema privado se han agudizado, por su débil capacidad de reemplazo del ingreso laboral (Valdés-Prieto y Leyton, 2019), con una entrega de montos que en su mayoría están muy lejos del salario mínimo (Gálvez y Kremerman, 2020). Esto último aumentaría las demandas al Pilar Solidario y exigiría un fortalecimiento de la modalidad del Aporte Previsional Solidario para los sectores de la población que sí lograron cotizar, pero que reciben pensiones insuficientes. Son sectores conformados especialmente por las nuevas generaciones de mujeres que ingresan al mundo laboral remunerado y en gran medida por sectores medios (técnicos y profesionales) cuyas pensiones no superarán los 400 mil pesos.

Es importante entender que los efectos positivos del Pilar Solidario en los sectores de mujeres en condición de pobreza se circunscriben a un contexto de trayectorias individuales fuertemente precarizadas, así como de una estricta austeridad y disciplina desplegada por las propias mujeres para hacer rendir sus ingresos, dirigidos especialmente a la satisfacción de necesidades básicas: alimentación, abrigo y medicamentos. Las palabras de Inés, 76 años, y de Adriana, 71, respectivamente, así lo muestran: “yo no tengo tanta necesidad, ni tanto gasto, tengo un techo, tengo para comer, para qué ser ambiciosa a esta edad ¿no le parece?… nunca voy a pedir más de lo que tengo, estoy conforme con lo que tengo, me alcanza para vivir”; “yo sé estirar mi platita, no soy nada de gastar en eso o esto otro, no, gasto en lo que tiene que gastarse… todo el mundo tiene sus problemas económicos, yo gracias a Dios no los tengo, claro, no le voy a decir que tengo grandes cosas, no, pero como vivo estoy bien”.

El Pilar Solidario fue diseñado bajo una lógica de focalización (y no universalidad) precisamente para proteger a la vejez de la pobreza, definiendo a los grupos receptores de sus beneficios entre aquellos pertenecientes al 60% más pobre de la población. Hace diez años, este pilar prometía garantizar la sobrevivencia de las y los mayores en función de pisos mínimos, pero en el contexto actual un sistema solidario no resiste esta definición focalizada, pues la población ha cambiado (aumento de la esperanza de vida, mayor porcentaje de mujeres en el trabajo remunerado, aumento de la población con formación técnica y/o profesional) y las condiciones de vida material de quienes se encaminan a la vejez son mejores (CEP, 2014). De esta manera, la calidad y la distribución de los efectos del Pilar Solidario se definen en función de los grupos sociales. Su mayor impacto ha estado en la población de mujeres de los sectores más empobrecidos, pero ha sido insuficiente para aquellos grupos que han mejorado sus condiciones de vida en términos materiales y culturales, accediendo a bienes, servicios y educación superior, pero con una proyección precarizada de su vejez.

LA VEJEZ EN CHILE: LA CARA AUSENTE DEL DEBATE

Ciertamente, las discusiones sobre los sistemas de protección social implican códigos económicos y jurídicos imposibles de abandonar (tasas de reemplazo, tasas de dependencia, sostenibilidad financiera, presión fiscal), pues se trata de políticas complejas y centrales en toda sociedad. Sin embargo, la vejez y las experiencias de enjevecimiento en Chile han resultado ausentes en esta discusión. Suspendamos de momento el tecnicismo económico y jurídico, y concedamos espacio a una pregunta más amplia y amigable ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de envejecimiento en nuestro país?

Es probable que la realidad se encuentre muy lejos de las imágenes comerciales de adultos y adultas mayores viajando por el mundo y disfrutando del tiempo libre, así como las figuras ligadas a la improductividad o la precariedad. Nuestras investigaciones[4] sobre mujeres mayores autovalentes residentes en los sectores populares de la Región Metropolitana, beneficiarias del Pilar Solidario[5], revelan, en cambio, rasgos como los siguientes: todas son un eje central en sus grupos familiares. Es decir, desempeñan trabajo doméstico, trabajo de cuidado, e incluso son las proveedoras del grupo familiar, asumiendo una significativa parte de las sobrecargas de sus hijos/as y nietos/as, producto de las desmesuradas exigencias del sistema neoliberal (Araujo, 2019). A ello se suma que, al momento de la entrevista, todas las mujeres son propietarias de las viviendas en las que residen.

De esta manera, los lugares que ocupan las mujeres mayores en sus grupos familiares son múltiples y no se agotan en el rol afectivo. Lejos de ser una “sobrecarga familiar”, en sectores populares y de clase media, desempeñan diversas tareas. Los datos muestran, por ejemplo, que cada vez son más los/as jóvenes y adultos/as que ingresan a la educación superior (Ministerio de Desarrollo Social, 2017b). Ello exige a las personas mayores alargar los periodos de mantención material y habitacional de parte de sus hijos y nietos, y cuidar a niños y niñas. A ello se suman las preocupantes cifras de endeudamiento de jóvenes y adultos, que actualmente enfrentan dificultades para concretar expectativas de mejoras de sus condiciones de vida. En ese contexto, las relaciones parentales asumen un papel central de resguardo y apoyo económico hasta bien avanzada edad (Pérez-Roa y Gómez, 2019; Pérez-Roa, 2019). Estas exigencias son claramente visibles en los casos de Emilia, Eugenia y Alicia. La primera vive en la comuna de La Florida. Al momento de la entrevista tiene 79 años, vive con cuatro nietos, dos jóvenes-adultos y dos en etapa escolar que llegaron a vivir a su casa luego del maltrato ejercido por su madre y padre. En el caso de estos últimos, tiene la tuición, asiste a sus reuniones de colegio y monitorea sus terapias, pero por ninguno recibe pensión de alimentos. Eugenia, 70 años, vive en Santiago Centro con su esposo y con su hijo adulto que se separó y volvió a vivir con ellos hace cinco años. El paga pensión de alimentos y el sueldo no le alcanza para pagar un arriendo y vivir solo. Alicia, por su parte -74 años, vive sola en la comuna de Renca- comenta que vivió con una de sus hijas, junto a su nieta, hasta bien entrada la adultez, porque era la única opción para que su hija pudiera estudiar y desarrollarse laboralmente, mientras ella cuidaba de su nieta. Gema, mencionada anteriormente, vive en Estación Central. Durante un largo período, recibió a una de sus nietas adolescentes en su casa tras una pelea con sus padres. Confiesa que la idea no le gustaba, pero que una abuela no podría negar la casa a sus hijos/as o nietos/as (pues es mal visto).

En el caso de la Región Metropolitana, los estudios revelan además una creciente dificultad de acceso a la vivienda (Rasse, 2019). Ello, entre otras cosas, por los altos costos de compra y arriendo (CEP, 2019, IEUT/INCITI, 2017). Una investigación realizada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC junto al centro INCITI reveló que, entre 2009 y 2018, por cada peso que aumentaron los ingresos por hogar, el precio de las viviendas lo hizo cuatro veces[6]. Estas cifras, además de escandalosas y preocupantes, permiten acercanos a otro problema real y extendido en el cual la población de adultos mayores podría estar cumpliendo un papel importante, especialmente en los sectores urbanos. De hecho, en las entrevistas que realizamos, todas las mujeres mayores acogían o acogieron en sus viviendas a familiares en situaciones de crisis económica, separaciones o conflictos familiares, casos en los que sus hogares aparecían como el primero y más seguro de los resguardos. Esta arista, entre muchas otras, forma parte de las exigencias que enfrenta la población mayor y que mantiene directa relación con las exigencias de otros actores de la sociedad, visibles sobre todo para el caso de los sectores populares. Actualmente el 79,7% de la población mayor de 59 años es propietaria de la vivienda en la que reside, siendo el mayor grupo de la población en esta condición (Ministerio de Desarrollo Social, 2017a). Esta realidad dista del panorama general de la vivienda en el país, que muestra cifras de propiedad sostenidamente a la baja y, en cambio, cifras de arrendamiento cada vez mayores (Ministerio de Desarrollo Social, 2017c).

Todo lo anterior revela que las actuales experiencias de vejez de las mujeres no resultan ajenas a las condiciones generales de la sociedad chilena, por lo que no pueden quedar fuera de la discusión sobre un sistema de pensiones. Cuando hablamos de la precarización laboral en Chile, no como anomalía, sino como condición de nuestro sistema laboral (Stecher y Sisto, 2019); cuando escuchamos las cifras de endeudamiento de los hogares (Pérez, 2019); las dificultades de las generaciones jóvenes y adultas para acceder a la vivienda por sus altos costos (Rasse, 2019), así como el constante sentimiento de inestabilidad e inconsistencia posicional que cruza distintos grupos (Araujo y Martuccelli, 2011), nos referimos a una misma sociedad que no puede ser descuidada en la discusión de un sistema de protección social.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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