Racismo estructural en Chile: expresiones institucionales de la discriminación contra los pueblos indígenas

Montajes policiales y asesinatos de mapuche en manos de Carabineros alimentan las dudas de la comunidad indígena sobre quién mató a Alejandro Treuquil, werken de la Comunidad Autónoma We Newen de Collipulli. ¿Se trató de un delito común o está vinculado a Carabineros, como piensa la viuda? La autora de esta columna repasa el racismo estructural chileno que está detrás de muchas muertes y también de la falta de reacción de la sociedad. “El caso de George Floyd, como el de tantos otros hermanos afroamericanos, debe generar un fuerte rechazo. Pero también los casos de nuestras y nuestros lamngen mapuche, que ocurren en nuestro territorio, y donde podemos generar cambios importantes”, escribe.

El terrible asesinato de George Floyd a manos de la policía norteamericana ha vuelto a poner en la agenda pública la discusión en torno al racismo como un problema estructural de nuestras sociedades y que emerge con fuerza en estos casos, generando el rechazo de diferentes sectores que empatizan al observar las escenas divulgadas en los medios de comunicación y redes sociales.

Sin embargo, si bien el racismo tiene una expresión estructural entendida como un patrón de poder y dominación que opera en diferentes planos, ámbitos y dimensiones (Quijano, 2014), en el caso de Floyd resulta aún más complejo porque también se observa una expresión institucional: la dominación se convierte en una práctica ejercida por organismos del Estado que tienen la responsabilidad de resguardar la seguridad ciudadana y el orden público.

En esta columna voy a referirme a dos dimensiones que se entrelazan en torno al racismo, generando vínculos de interdependencia. La primera dimensión es de carácter estructural y se relaciona con las bases del modelo de Estado-nación. La segunda es institucional y se expresa en el entramado creado por este Estado, donde el uso legítimo de la fuerza (Weber, 1978) se ha confundido con el uso de la violencia, ejercida particularmente contra aquellas y aquellos considerados “otras y otros”, aquellas y aquellos considerados diferentes. A esto últimos se los identifica como una amenaza, siendo el racismo una expresión de la etnocentricidad y la monoculturalidad, donde las élites han definido las reglas del juego, especialmente en los ámbitos públicos y de poder, desde su posición hegemónica.

Mi reflexión no se centrará en el caso de George Floyd. No porque su asesinato no deba ser repudiado categóricamente, cuestión que hemos hecho desde nuestros espacios, sino porque en Chile también hemos vivido ese racismo estructural e institucional contra los pueblos indígenas, principalmente para aplacar las demandas legítimas del pueblo mapuche.

El jueves 4 de junio de este año, el werken de la Comunidad Autónoma We Newen de Collipulli (Región de La Araucanía) Alejandro Treuquil, fue asesinado producto de un impacto de bala, en un hecho que aún no tiene responsables. En una entrevista a un medio de comunicación el 13 de mayo, el propio werken daba cuenta del asedio que su comunidad estaba sufriendo por parte de fuerzas especiales de Carabineros, donde algunos miembros de la comunidad habían sufrido heridas producto del disparo de balines de goma y de bombas lacrimógenas, y donde los niños se debían dormir debajo de los árboles por el gas pimienta[1].

Menos de un mes después, Alejandro Treuquil fue asesinado en un territorio donde hay un intenso despliegue y control de Carabineros, dejando a su viuda y a tres pequeños niños. Hasta ahora no hay resultados en la investigación, tampoco protesta. Es bastante seguro que no estaríamos presenciando este silencio si no hubiese sido un dirigente mapuche. Somos muchos los que hoy nos preguntamos, ¿es que acaso las vidas mapuche no tienen el mismo valor que las vidas chilenas? ¿Es que acaso se considera a los pueblos indígenas “los otros”, “la amenaza”?

Cuesta mirarnos y asumir nuestras propias debilidades, nuestros propios prejuicios, el desconocimiento respecto de los pueblos indígenas, sus derechos y sus demandas.

NUESTRO RACISMO ESTRUCTURAL: LAS IMPLICANCIAS DEL ESTADO-NACIÓN

La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, firmada el 5 de junio de 2003, señala en su artículo 1 que “la discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”. Esta definición resulta fundamental como eje de análisis, pues permite evidenciar las dimensiones en las cuáles se expresa el racismo también en nuestro país.

Si bien el Estado chileno ha ratificado diferentes instrumentos internacionales que buscan avanzar en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas, aún existen múltiples espacios donde emerge el racismo y la discriminación. La Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, entre otros, establecen una serie de derechos tales como la libre determinación, en virtud de la cual los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

También abordan los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los derechos culturales y de identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Asimismo, señalan que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

¿Por qué se aplican estos derechos de manera tan limitada? ¿Acaso no corresponde a las instituciones del Estado de Chile asegurar el ejercicio de estos derechos? ¿Acaso, para la sociedad chilena, la reivindicación de estos derechos sólo corresponde a los pueblos indígenas? Desde mi enfoque, un elemento importante para comprender la naturaleza del reconocimiento de los pueblos indígenas es la historia de la construcción de los Estados, y las formas de relación que éstos asumieron con las naciones preexistentes, es decir, con aquellas que existían en los territorios en los que se instalaron estos Estados (principalmente por el uso de la fuerza), los cuáles no fueron considerados parte de los proyectos de construcción estatal. Al igual que en otros países latinoamericanos, el Estado chileno se construyó siguiendo el denominado modelo de “Estado-nación”, donde los ideales de igualdad se convirtieron en principios orientadores para el diseño político, institucional y administrativo de estos Estados (Figueroa, 2014).

En el caso latinoamericano, las elites criollas negaron la existencia de las naciones preexistentes que componían los pueblos indígenas en este territorio y buscaron como ejes sustantivos para la construcción de sus países los principios e ideales europeos, en el entendido que la ilustración y la razón que tanto se valoraba alcanzar no estaba en estas poblaciones consideradas “salvajes” o “sin alma”.

De esa manera, un primer factor relevante para el caso chileno es que lo indígena era considerado inferior, y que la construcción de una idea de nación no miraría “al pasado”, sino que se construiría de manera deliberada pensando en “el futuro”, un futuro a la usanza europea.

Lo anterior dio lugar a un diseño de Estado y de sociedad sin los pueblos indígenas, pues “su” diversidad no era coincidente con la idea de una nación desarrollada, donde la propia idea de nación era entendida como un conjunto de ciudadanos iguales, a quienes une una misma historia y que aspiran a un mismo futuro, y que por lo tanto buscarán la generación e implementación de sistema de toma de decisiones que no atenten contra esa búsqueda de un solo bien común. La idea de igualdad, por lo tanto, sirvió de sustento para la homogeneización de los sistemas de representación política, pero también para la utilización y ocupación de los espacios públicos y de poder. De esa manera, la educación fue un primer dispositivo utilizado con fuerza para instalar en el imaginario colectivo, desde los primeros años de vida, la idea de una sola nación. Por lo tanto, la idea de una sola nación ha significado la adopción de un solo modelo cultural, jurídico y político, donde no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sólo aquellos individuales en cuanto ciudadanos/as de un Estado.

Sin embargo, esta homogeneidad también ha servido para legitimar formas de racismo que se expresan en nuestros medios de comunicación, en los currículums educativos, en la valoración del conocimiento, en la exclusión de la toma de decisiones políticas, en el no reconocimiento de autoridades ancestrales, en el uso de “lo indígena” como forma de insulto, entre otros elementos. Somos testigos de estos racismos cotidianos, que se han instalado por más de dos siglos en el imaginario colectivo, en los ideales de la identidad de la nación chilena, sirviendo de excusa para el surgimiento del racismo en múltiples espacios, muchos de ellos con expresiones de violencia y brutalidad que no responden a los principios de un Estado democrático.

A la luz de la definición de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia, podríamos señalar que en Chile existe racismo contra los pueblos indígenas, donde el Estado ha hecho muy poco por evitarlo y combatirlo, y donde el actuar de las fuerzas de orden y seguridad pública parecen apoyar esta tesis, como se verá a continuación.

EL ACTUAR DE LOS ORGANISMOS DE ORDEN Y SEGURIDAD

El racismo institucional puede ser entendido como una forma de violencia del Estado, la cual es dinámicamente simbólica, y que ha estructurado, desde sus inicios, un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las estrategias ideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia (Maya Restrepo, 2009).

De esa forma, a la luz del análisis anterior, las instituciones públicas también se convierten en espacios donde se expresa el racismo. En el caso de Chile, desde el retorno a la democracia, la política pública hacia los pueblos indígenas ha estado marcada por una preeminencia del rol del Ministerio del Interior y en el rol activo del Poder Ejecutivo como querellante en múltiples causas asociadas al movimiento mapuche, apelando a la Ley Antiterrorista Nº 18.314[2] o a la Ley de Seguridad del Estado Nº 12.927[3], como ha ocurrido desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle a la actualidad.

Esta práctica ha sido criticada fuertemente por Organismos de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, donde el Relator Especial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de ese organismo Ben Emmerson, señalaba en 2013 que el Estado chileno discriminaba repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista «de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia»[4]. Sin embargo, a la fecha sólo ha habido un procesamiento por esta ley, al caso de Juan Castro Antipán, quien declaró ser (desde el año 2009) un informante de Carabineros de Chile.

Esta política se mantiene hasta nuestros días, lo que ha incidido en el aumento de la dotación de personal Carabineros de Chile y de Policía de Investigaciones en territorios ancestrales y en la denominada “zona roja” o de “comunidades en conflicto”. De hecho, en enero de 2019 se anunciaba la adquisición de 11 vehículos policiales para la institución, tras una inversión de $ 670 millones. Según explicaron desde el gobierno regional de La Araucanía, «la inversión responde a las solicitudes de las juntas de vecinos, organizaciones sociales y juntas de vigilancia rural, de contar con mayor presencia en terreno de la policía civil»[5].

Esta decisión se tomó después del asesinato de Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018, donde quedó al descubierto una operación para ocultar y tergiversar evidencia por parte de Carabineros de Chile. Si bien las primeras versiones oficiales de la institución daban cuenta de un enfrentamiento donde los efectivos de Carabineros “repelieron” los disparos efectuados por Camilo Catrillanca y su acompañante (un menor de 15 años), que derivaron en la muerte del joven mapuche, posteriormente esta versión fue cambiando, especialmente por la manipulación que el grupo de Carabineros encargado del operativo (en un principio vinculado al robo de un vehículo en la zona) hizo de la información de la que disponía.

Esta actuación de Carabineros de Chile dejó en evidencia la precariedad de los sistemas de control y fiscalización de las actuaciones de esta institución del Estado en territorio mapuche, así como la falta de transparencia en sus prácticas y en la aplicación de sus protocolos.

De cara a la opinión pública, este hecho aumentó los niveles de desconfianza hacia la institución que ya se habían originado con la denominada “Operación Huracán”, donde personal de inteligencia de Carabinero, buscaba acusar a un grupo de personas mapuche sobre diferentes ataques incendiarios en la Región de la Araucanía, las que fueron encarceladas producto de la infiltración de sus comunicaciones vía whatsapp. Sin embargo, se trató de un montaje llevado a cabo por miembros de esta institución.

¿Cómo hablar, así, de confianza hacia las instituciones policiales del Estado? ¿Cómo no pensar que existe una violencia institucional hacia el pueblo mapuche? Y podríamos seguir con los casos.

Brandon Hernández Huentecol, quien el 18 de diciembre de 2016 recibió más de 180 perdigones en su cuerpo, 90 de los cuáles aún permanecen en él, disparados por el sargento segundo de Carabineros, Cristián Rivera Silva. Edmundo Alex Lemun, asesinado por Carabineros de Chile el 12 de noviembre de 2002, mientras se encontraba en el Fundo Santa Alicia en una protesta por la recuperación de tierras que la comunidad mapuche «Montutui Mapu» sostenía con los propietarios del Fundo. Matías Catrileo Quezada, asesinado el 3 de enero de 2008 mientras participaba de la recuperación del Fundo Las Margaritas junto a la comunidad Yeupeco Vilcún, en la comuna de Vilcún. Jaime Mendoza Collio, asesinado por la espalda el 12 de agosto de 2009, cuando participaban de la recuperación de territorios reclamados ancestrales. Y tantas y tantos otros.

También podríamos hablar del uso excesivo de la fuerza, cuando hemos visto a funcionarios de Carabineros de Chile arrojar bombas lacrimógenas contra niñas y niños mapuche, como ocurrió el 14 de junio de 2017 en el colegio G-816 de Ercilla, afectando a más de 30 niñas y niños mapuche entre 4 y 5 años que se encontraban allí. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo, señalando que “esta actuación fue realizada con total desapego a los protocolos de Carabineros de Chile y de dos sentencias de la Corte de Apelaciones de Temuco, que restringen el uso de estos gases en lugares como jardines infantiles, escuelas y centros de atención de salud»[6].

EL RACISMO DEBE MOVILIZARNOS

Se acerca Wiñol Tripantu, una celebración ancestral del pueblo mapuche, pero llega empañada de la muerte de nuestro lamngen Alejandro Treuquil. La resistencia de los pueblos indígenas ha sido histórica, y ha hecho frente al racismo solapado, pero también al racismo explícito y manifiesto, expresado a través de la institucionalidad del Estado. Ha sido una resistencia al racismo que se expresa en políticas que desvalorizan los conocimientos indígenas, que no consideran sus cosmovisiones, que explotan recursos de manera indiscriminada, que contaminan territorios ancestrales, que mantienen los prejuicios en los libros y materiales educativos, que no permiten el uso de sus lenguas en los espacios públicos, que atentan contra la propia existencia de estos pueblos.

Este racismo es estructural, pero no por eso inamovible. Es importante ser conscientes de estas situaciones para definir estrategias que nos permitan erradicarlas, para avanzar así hacia una sociedad intercultural. El racismo debe movilizarnos, debe sensibilizarnos, debe hacernos reflexionar, pero también actuar. Esto requiere ser conscientes de su existencia. Las movilizaciones posteriores al 18 de octubre de 2019 parecieran mostrar una mayor sensibilización de la sociedad, pero esto debe permear a las decisiones políticas.

El caso de George Floyd, como el de tantos otros hermanos afroamericanos, debe generar un fuerte rechazo. Pero también los casos de nuestras y nuestros lamngen mapuche, que ocurren en nuestro territorio, y donde podemos generar cambios importantes. Como señala Emma Chirix para el caso guatemalteco, “no es cierto que los pueblos indígenas vivan su vida “normal” ante una realidad que los oprime y los excluye cotidianamente y que se tornen “anormales” cuando se rebelan. El criterio de “normalidad” no es suficiente para entender los tipos de violencias que se imponen a los pueblos indígenas de manera institucionalizada y cotidiana” (Chirix, 2019). No asumamos el racismo como normalidad.

Que este Wiñol Tripantu traiga la renovación de las energías para impulsar los cambios necesarios, los cambios que los pueblos indígenas demandan, los cambios que la familia del lamngen Alejandro Treuquil, de Camilo Catrillanca, y de tantas y tantos hermanos, merecen.

NOTAS Y REFERENCIAS

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