Cinco grandes constructoras reparten utilidades aunque se beneficiaron con la suspensión de contratos de sus trabajadores

Ingevec, Salfacorp, Besalco, Socovesa y Tecno Fast distribuirán dividendos entre sus accionistas mientras sus trabajadores se pagan con sus ahorros del seguro de cesantía. El gobierno se tomó tres semanas para promulgar la ley que prohíbe repartir utilidades a las empresas acogidas a la suspensión de contratos. Lo hizo después de que la Comisión para el Mercado Financiero informó el jueves pasado que la norma no afecta a las compañías que anunciaron el reparto antes de la entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal. Ese argumento ampara la decisión de las cinco grandes constructoras.

Al menos cinco grandes constructoras alcanzaron a poner en marcha la repartición de utilidades entre sus accionistas antes de que entrara en vigencia la ley que se lo prohíbe a aquellas compañías que, a causa de la pandemia de Covid, se acogieron a la suspensión de contrato de sus trabajadores. El gobierno demoró 22 días en promulgar la norma que fue despachada por el Congreso el 6 de mayo. Recién fue firmada por el Presidente Sebastián Piñera el 28 de mayo pasado y publicada en el Diario Oficial este lunes 1 de junio.

CIPER detectó que en esa ventana de tiempo las constructoras Ingevec, Salfacorp, Besalco, Socovesa y Tecno Fast, que tienen a cientos de sus trabajadores con sus contratos suspendidos y pagándose con sus ahorros del seguro de cesantía, repartieron utilidades escudadas en que informaron su decisión de distribuirlas antes de que la norma entrara en vigencia. Y aunque parlamentarios de oposición intentaron incluir un artículo que hiciera retroactiva la prohibición de reparto de utilidades, esa indicación fue rechazada.

Las cinco compañías tomaron la decisión de repartir sus utilidades antes de que el Congreso aprobara la nueva ley, pero el pago efectivo quedó programado para después de su despacho por el Poder Legislativo. Por esta razón, parlamentarios que aprobaron la iniciativa dijeron a CIPER que estas empresas habían operado en una especie de “limbo legal”.

La controversia fue zanjada el 28 de mayo por el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Córtez, quien firmó un oficio dirigido al Ministerio de Hacienda que aclaró que las compañías que informaron la repartición de utilidades antes de la promulgación de la ley no están afectas a la nueva norma:

“Estimamos que la prohibición no afectaría dividendos acordados y pendientes de pago a los accionistas antes de la fecha de publicación de esta nueva norma legal, como tampoco a los dividendos acordados y ya pagados a los accionistas. Ello, por cuanto el acuerdo de la junta se habría tomado de conformidad a la ley y normativa vigente al momento de la celebración de la junta de accionistas pertinente y a que, en su caso, los respectivos dividendos ya habrían ingresado al patrimonio de los accionistas” (vea aquí el dictamen de la CMF).

La norma recién promulgada prohíbe a las empresas que hayan suspendido el contrato de sus trabajadores repartir cualquier tipo de utilidad. Ni siquiera pueden pagar el mínimo legal de un 30% de los dividendos. En el Congreso su tramitación fue exprés, apurada por la controversia que generó el reparto de $90 mil millones en utilidades del holding Cencosud, a pesar de que una de sus filiales –París– había acogido a parte de sus trabajadores a la Ley de Protección al Empleo. Esa ley se pensó como un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, afligidas por las cuarentenas. Pero a poco andar, grandes holdings comenzaron a utilizarla.

El paso por el Congreso de esa primera legislación no puso restricciones al reparto de dividendos. Pero a inicios de mayo, a raíz del escándalo que produjo la decisión de Cencosud –que después fue anulada por ese holding– se tramitó esta nueva normativa complementaria.

UTILIDADES A PESAR DE TODO

De las empresas rastreadas por CIPER que han repartido utilidades en este periodo y que tienen a trabajadores con sus contratos suspendidos, la que lidera el ranking de empleados acogidos a la Ley de Protección al Empleo es la constructora e inmobiliaria Ingevec, con 1.291 trabajadores.

Ingevec, propiedad de los empresarios Enrique Besa Jocelyn-Holt, José Antonio Bustamante Bezanilla y Francisco Vial Bezanilla, decidió en su junta de accionistas del 22 de abril repartir el 50% de sus utilidades: $4,2 mil millones. Estos dividendos se pagarían a sus accionistas a partir del 14 de mayo, una semana después de que el Congreso despachó la ley que lo prohíbe (vea aquí el hecho esencial enviado por Ingevec a la Comisión para el Mercado Financiero).

Dos filiales del grupo tienen a trabajadores con contratos suspendidos. La primera es Constructora Ingevec S.A., que tiene a 1.289 empleados acogidos a la Ley de Protección al Empleo, y Progestión Asesorías S.A., que suma a otros dos trabajadores.

La empresa se dedica a la construcción de edificios habitacionales y no habitacionales. Ha estado tras la ampliación del Centro Cultural GAM, del edificio de Carozzi en San Bernardo y el Mall Open Plaza de Ovalle. Tiene proyectos residenciales en Antofagasta y en comunas de la Región Metropolitana como Las Condes, Maipú y Ñuñoa. También participa del negocio hotelero a través de la cadena internacional Accor, la que está tras la marca Ibis.

Desde Ingevec señalaron a CIPER que no se iban a referir a este asunto.

La segunda empresa que repartió utilidades teniendo a trabajadores con contratos suspendidos es Salfacorp, la que en su junta de accionistas del 30 de abril acordó la distribución del 30% de las utilidades del ejercicio 2019, lo que equivale a $6,9 mil millones. El pago a sus accionistas se concretaría a partir de este lunes 1 de junio, cuando la ley que lo prohíbe iniciaba su vigencia. Desde la empresa no quisieron responder las preguntas enviadas por CIPER (vea aquí el hecho esencial).

Salfacorp sumó a trabajadores de 16 de sus filiales a la Ley de Protección al Empleo, totalizando a 1.277 empleados con sus contratos suspendidos (vea aquí el número de trabajadores por filial). El presidente del directorio de Salfacorp es Andrés Navarro Haeussler, amigo del presidente Sebastián Piñera (veranean juntos en el Lago Ranco), de quien además fue socio en negocios como la Clínica Las Condes y en la Inmobiliaria Aconcagua, la misma que ahora opera bajo el paraguas de Salfacorp. Navarro es el dueño de Sonda y accionista principal de la AFP Modelo. También es miembro del consejo directivo de la Universidad San Sebastián. Fue uno de los empresarios que utilizó el esquema de las empresas zombis para eludir el pago de impuestos en los años 2000.

Otro de los integrantes del directorio de Salfacorp es Joaquín Villarino Herrera, también presidente del Consejo Minero, quien participó en el comando presidencial del senador de Evopoli, Felipe Kast, durante las primarias de 2017.

Otra de las grandes constructoras que operan en el país, Besalco, también repartió utilidades en este periodo. La empresa decidió en su junta de accionistas del 27 de abril repartir $1,9 mil millones con cargo al ejercicio 2019, correspondiente al mínimo legal de 30% distribuible. Además, acordaron repartir otros $2,1 mil millones adicionales. Esos pagos comenzarían a efectuarse el 7 de mayo, un día después de que el Congreso despachó la ley que prohibió el pago de dividendos a empresas que tengan trabajadores con sus contratos suspendidos (vea aquí el hecho esencial).

Son 9 las filiales de Besalco que suspendieron los contratos de 647 trabajadores del holding, según el registro de la Dirección del Trabajo al que accedió CIPER (vea aquí el detalle).

La familia Bezanilla Saavedra, dueña de la empresa, fue una de las donantes para la última campaña presidencial de Sebastián Piñera. El gerente general de Besalco, Paulo Bezanilla Saavedra, aportó el  25 de octubre de 2017 $4,5 millones. Uno de sus hermanos, Víctor Bezanilla Saavedra, quien preside el directorio de la compañía, aportó otros $11 millones a la misma campaña el 6 de junio de 2017. Rodrigo Bezanilla Saavedra, gerente de servicios de la compañía, donó otros $5 millones el 15 de junio del mismo año. Y un cuarto hermano, Francisco Bezanilla Saavedra, aportó otros $2 millones el 11 de diciembre. En total, las donaciones familiares ascendieron a $22,5 millones.

Una cuarta constructora que tiene a sus trabajadores con los contratos suspendidos  y que al mismo tiempo repartió utilidades es Socovesa. Su junta de accionistas del 16 de abril acordó distribuir $7 mil millones a contar del 15 de mayo, correspondientes al mínimo de 30% de las utilidades posibles de repartir (ver aquí). Para esa fecha el Congreso ya había aprobado la ley que lo prohibía.

Socovesa tiene a 125 trabajadores con sus contratos suspendidos, los que laboran en cuatro de sus filiales (vea aquí el detalle). Socovesa participa en el negocio inmobiliario y de construcción. Es controlada por la familia Gras. Su presidente es Javier Gras Rudloff. Entre los integrantes de su directorio figura Fernando Barros Tocornal, quien ha sido asesor tributario del Presidente Sebastián Piñera y abogado de Augusto Pinochet.

Juan Pablo Martínez, gerente de marketing de Socovesa, señaló a CIPER que “la voluntad del accionista mayoritario de Socovesa S.A. era no distribuir utilidades; sin embargo, como esta decisión requiere de la unanimidad de los accionistas –consenso que es prácticamente imposible de materializar en una sociedad anónima abierta- finalmente la Junta de Accionistas optó por distribuir $7 mil millones, que efectivamente equivalían al mínimo legal del 30%”.

Martínez agregó que el acuerdo de la junta de accionistas (del 16 de abril) se produjo tres semanas antes de que el Congreso evacuara la “ley corta” que prohibió el retiro de utilidades a empresas con trabajadores acogidos a Ley de Protección del Empleo. “Muy probablemente las empresas del grupo buscarán renovar los pactos de suspensión de los contratos laborales en los casos y en la forma establecida por la ley”, señaló el ejecutivo.

Tecno Fast, empresa que se dedica a proveer módulos habitacionales o para labores administrativas  a rubros como la minería, también repartió utilidades a pesar de tener a trabajadores con sus contratos suspendidos. La diferencia con las otras empresas mencionadas en este reportaje, es que ellos lo hicieron a partir del 30 de abril, una semana antes de que el Congreso aprobara la ley que reguló este tema.

Tecno Fast incluyó a 143 de sus trabajadores en la Ley de Protección al Empleo y repartió $5 mil millones entre sus accionistas, el 50% de sus utilidades (vea aquí el hecho esencial). La empresa es propiedad de Cristián Goldberg, Cristián Concha y de José Luis Del Río Goudie.

Rodrigo Prado, gerente general de Tecno Fast, aseguró a CIPER que “son momentos muy difíciles para la construcción. La suspensión temporal de algunos trabajadores responde a la disminución de contratos, por la desmovilización de faenas mineras. Estamos trabajando intensamente para reintegrarlos apenas las condiciones lo permitan. De hecho, ya hemos reincorporado a cerca del 40% de los trabajadores suspendidos”.

Valparaíso Sporting Club S.A. es la única empresa no relacionada con la construcción que apareció en la revisión realizada por CIPER. En su junta de accionistas del 27 de abril se decidió repartir $26,7 millones en utilidades a partir del 27 de mayo (vea aquí el hecho esencial). La empresa tiene a 126 trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo.

LOS ARREPENTIDOS

Cencosud, holding controlado por el empresario Horst Paulmann, se arrepintió de repartir sus dividendos y tener, al mismo tiempo, a trabajadores con sus contratos suspendidos. Así que a estos últimos los retiró de la nómina de la Dirección del Trabajo y las utilidades se repartieron sin problemas.

Lo mismo hizo Sigdo Koppers, cuya  filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers había puesto a 999 trabajadores bajo la Ley de Protección al Empleo. En paralelo, la empresa matriz preparaba el reparto de utilidades: US$20,9 millones en total, con cargo a los ejercicios de 2019 y la primera parte de 2020. Lo mismo hacía una de sus filiales, Puerto Ventanas, la que repartiría otros US$7,7 millones.

Cuando estalló el escándalo por Cencosud, Sigdo Koppers decidió retirar a sus trabajadores de la Ley de Protección al Empleo. Desde la empresa señalaron a CIPER que “Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. no tiene ningún trabajador acogido a la Ley de Protección al Empleo tras la reactivación de algunos proyectos cuyos mandantes habían solicitado, anteriormente, la paralización de las obras. Durante mayo la empresa no envió nóminas de trabajadores a la Dirección del Trabajo y mediante una carta le comunicó la decisión a ese organismo”.

A pesar de esa decisión, el nombre de la empresa sigue apareciendo en el reporte oficial de la Dirección del Trabajo. En esa entidad estatal señalaron a CIPER que es responsabilidad de la Administradora de Fondos de Cesantía actualizar el listado.

LA DEMORA DEL GOBIERNO

Hace varias semanas que CIPER viene rastreando a estas empresas y sus repartos de dividendos. También durante este tiempo preguntamos a varias autoridades de gobierno el porqué de la demora en publicar la ley que había aprobado el Congreso el 6 de mayo. Ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio del Trabajo, ni el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ni la Dirección del Trabajo quisieron referirse a este tema.

Luego de 22 días, el 28 de mayo el Presidente Sebastián Piñera firmó la ley, la que se publicó en el Diario Oficial este 1 de junio (ver aquí). Hasta ahora no había claridad sobre qué ocurriría con las empresas que tienen a trabajadores con contratos suspendidos, y que repartieron utilidades durante estas últimas tres semanas. El caso más apremiante es el de Salfacorp, cuyas utilidades debían comenzar a pagarse este 1 de junio, mismo día en que la ley comenzó a regir.

Hasta último minuto en La Moneda se evaluó presentar un veto que modificara esta ley para permitir el reparto de al menos el 30% de las utilidades, equivalente al mínimo legal distribuible cuyo pago se garantiza para proteger a los pequeños accionistas. El diputado Patricio Melero (UDI), dijo a CIPER que coincidía con la visión del Ejecutivo, de que esta norma podía poner en riesgo a los empleos, al obligar a las empresas a optar entre suspender contratos o repartir dividendos.

Giorgio Jackson (RD), diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló a CIPER que no entiende la demora del gobierno en promulgar la ley: “¿Por qué se esperó casi un mes sólo para promulgar una ley que estaba aprobada ya por el Congreso? Si como resultado de esa demora hubo retiros de dividendos o se afectó a la seguridad social de las y los trabajadores, el gobierno tendrá que responder. Porque este ha sido por lejos el proyecto en contexto de pandemia que más se ha demorado en ser promulgado”.

“El gobierno ha actuado porfiadamente, en la cornisa de la negligencia, con la dilación de la publicación de la ley. Existirá una controversia jurídica porque la empresa está pagando a sabiendas de que ya caducó esa posibilidad”, aseguró a CIPER el diputado Gabriel Silber (DC), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara.