Un país vulnerable en su hora de la verdad: la salida

Para el economista Ramón López sería un grave error si, para enfrentar la crisis económica que viene, el Estado se endeuda y le inyecta recursos a las grandes empresas. No solo comprometerá el desarrollo futuro, sino que dará la señal de que “el gobierno y los políticos, una vez más, protegen a los súper ricos”. Para López el desafío actual es económico pero también político. Resolverlo mal nos acercará a la confrontación radical, que rozamos el 18/O y que el coronavirus pospuso. López enfatiza que el Estado debe dar una señal clara de que está con la mayoría y con los vulnerables. En esta columna propone medidas que apuntan a demandar una contribución significativa a las grandes fortunas personales de Chile (unas 300 familias) y dirigir esos recursos a rescatar a los trabajadores y las Pymes.

La crisis actual no es sólo una crisis de salud causada por un virus peligroso; es el producto de la combinación del impacto entre la explosión social, que permanece subyacente en la sociedad, y el factor sanitario.

Estos gigantescos shocks encuentran al país en una situación de gran vulnerabilidad, lo cual tiene el potencial de gatillar una desastrosa espiral de conflictos sociopolíticos y económicos acumulativos, que pueden ser muy difíciles de detener. En un reciente artículo publicado en CIPER,  identificamos la vulnerabilidad social como la condición más nociva e invasiva causada por varias décadas de un modelo económico neoliberal aplicado a ultranza. Esta condición, en combinación con los dos masivos shocks que el país ha experimentado en menos de un año, puede generar un grado de descontento, desconfianza y deterioro institucional tan intenso que degenere en un proceso social caótico.

Estos procesos a menudo permanecen latentes por un tiempo, pero una vez que se sobrepasan ciertos umbrales críticos emergen de una manera violenta, adquiriendo una dinámica propia que es muy difícil de controlar usando los mecanismos convencionales de la política.

Esta dinámica puede llevar a una variedad de equilibrios de largo plazo muy difíciles de prever, siendo algunos de ellos extremadamente indeseables, y de muy difícil reversibilidad. Procesos caóticos han afectado desgraciadamente a muchos países en el mundo, siendo Siria en la actualidad y el Líbano hace algunos años, los casos más extremos y dramáticos.

El punto central de este artículo es que estamos en presencia de una última oportunidad histórica para prevenir la ocurrencia de estos fenómenos en extremo peligrosos.

Las propuestas que se plantean aquí apuntan a solucionar, o al menos, a mitigar la profunda vulnerabilidad que afecta a una gran parte de la población, con el objeto de prevenir que el país caiga en una espiral de consecuencias desastrosas. Como se muestra en el artículo citado anteriormente, el componente objetivo de la vulnerabilidad extrema no se puede corregir con medidas de corto plazo, y su reducción requiere de cambios estructurales que toman varios años en entregar sus frutos. Sin embargo, la vulnerabilidad es también una cuestión subjetiva, vinculada con la percepción social de la injusticia. Y eso sí se puede modificar en un plazo relativamente corto.

Para ello se necesita un programa creíble y solido de cambios estructurales que vaya en la clara dirección de rectificar las facetas más perversas del sistema que han originado la vulnerabilidad social.  Es decir, el mero anuncio de un programa de cambios estructurales profundos, incorporando también importantes medidas inmediatas que vayan en la misma dirección, puede ser una forma de reducir al menos los aspectos subjetivos de la vulnerabilidad al mejorar las expectativas de la población de que finalmente se visualiza una transformación real del sistema.

Algunas de nuestras propuestas de cambios profundos podrán parecer contraproducentes o inoportunas dada la gran emergencia prevaleciente. Trataremos de explicar por qué estas medidas no convencionales son necesarias ahora, antes de que se llegue a ese umbral crítico.

La explosión social del año pasado ya tenía visos de transformarse en un proceso caótico como el descrito más arriba. Paradójicamente, fue el segundo componente de la crisis, el componente sanitario, que tendió a neutralizar temporalmente la manifestación del proceso social que ya estaba en marcha. En cierta forma, la emergencia del COVID-19, con todas sus trágicas consecuencias, ha venido a darle un poco más de tiempo al Gobierno y a los políticos para tomarle el peso a la real gravedad de la crisis social, y de esta manera poder finalmente tomar medidas efectivas que vayan a enfrentar el problema de fondo.

Sin embargo, las consecuencias de la emergencia sanitaria harán más profunda la conflictividad social y la posibilidad de gatillar un proceso caótico. El riesgo de no hacer los cambios estructurales ahora es, por lo tanto, aun mucho más serio que antes de la crisis sanitaria.

MEDIDAS INMEDIATAS

No vamos a insistir aquí en las importantes medidas para proteger masivamente a los trabajadores, tanto formales como informales, como también a las verdaderas Pymes. Una parte importante de la población está clamando por esas medidas incluyendo algunos economistas.

Estas medidas son necesarias, pero no suficientes para lograr el objetivo de inducir un cambio radical desde el peligroso cauce social, político y económico en que el país está encaminado. Si esto se hace bien, va a significar invertir una cantidad enorme de recursos públicos, de acuerdo con algunos cálculos, aproximadamente US$15.000 millones, que muchos economistas están considerando financiar aumentando el endeudamiento del sector público y girando parte de los fondos soberanos.

FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS

Financiar estos gastos de esta manera significaría hipotecar aún más el futuro del país, lo cual es garantía de una muy difícil recuperación. Además, esto no soluciona ni con mucho los gigantescos problemas sociales y de desigualdad que están en la raíz de la vulnerabilidad social. En efecto, financiar estos grandes gastos con deuda y fondos soberanos, significa que el eventual pago de la deuda resultante y/o mayor servicio de ella, así como la reposición de los fondos soberanos quedarían con cargo a la ciudadanía en su conjunto.

Es decir, los grandes grupos económicos -a quienes el Estado va a rescatar muchas de sus empresas “estratégicas”-, van a contribuir con una menor parte del costo de un programa como el que se propone, profundizando así la desigualdad. Esto va a redundar en una magnificación del malestar social y de la percepción de injusticia, acercándonos aún más a ese umbral crítico del caos, pues sería una señal de que el gobierno y los políticos, una vez más, se están jugando por proteger a los súper ricos sin importarles la profundización de la inequidades e injusticias causadas por tales políticas.

Por lo tanto, es esencial demandar de parte de las fortunas personales más grandes de Chile (unas 300 familias) una contribución significativa a este gran esfuerzo de rescate y protección a los trabajadores y Pymes. Aquí es importante distinguir entre las grandes empresas de propiedad de estos individuos y su inmensa riqueza personal, parte importante de ella invertida en activos financieros en el extranjero (incluyendo paraísos fiscales). Es decir, gravar una parte relativamente menor de estas fortunas personales para financiar este gran esfuerzo no va a tener efectos negativos sobre la producción nacional, sino que solamente va a reducir un poco la gigantesca acumulación de riqueza personal. Esto puede lograrse vía un impuesto patrimonial de emergencia a estas fortunas, aplicado por una sola vez.

MEDIDAS ESTRUCTURALES

El objetivo primario de la propuesta de cambios estructurales presentada a continuación, es enviar a la ciudadanía una potente señal de que existe una voluntad política férrea para promover cambios estructurales dirigidos a modificar el modelo actual, por uno que ponga los intereses de las grandes mayorías por encima de los intereses de esa pequeña elite que acumula la mayor parte de la riqueza nacional.  Lo que se necesita no es una implementación inmediata de estas políticas transformadoras, pero si una hoja de ruta clara que establezca un calendario futuro coherente de políticas específicas, todas dirigidas al objetivo central indicado arriba. La implementación de una parte importante de ellas, pero no de todas, va a requerir un cambio de la Constitución.

¿Rescate a las grandes empresas? La mayor parte de las grandes empresas en Chile tienen algunas características que es importante mencionar:

1. Son monopolistas u oligopolistas y en el pasado han obtenido grandes rentas económicas derivadas de explotar esta condición, incluso a veces recurriendo abiertamente a la colusión, apropiándose de grandes rentas (o son extractoras de recursos naturales, también apropiándose de importantes rentas generadas por estos recursos).
2. Su condición de oligopolios les ha permitido explotar masivamente a los consumidores, a sus proveedores (a menudo compuesto de un gran número de empresas pequeñas o medianas, las Pymes) y a sus propios trabajadores. Esto ha significado una continua expropiación de riqueza proveniente de consumidores, Pymes y trabajadores por parte de los dueños de estas grandes empresas. Sus dueños no más de 200 ó 300 familias dueñas de gran parte de las más grandes empresas que, gracias a esta apropiación indebida, han podido amasar enormes fortunas.
3. Si bien es cierto estas empresas se transan en bolsa, la propiedad de ellas está en 90% en manos de ese pequeño número de familias (los llamados “grupos económicos”).

¿Qué hacer entonces cuando estas empresas, después de tantos años de obtener grandes rentas económicas, se encuentran ahora en condiciones críticas?

Una estrategia posible, cuando los grandes empresarios recurran al Estado para su rescate es demandar que sus dueños capitalicen esas empresas con sus propios recursos personales.  Es importante distinguir claramente entre estas empresas y sus dueños. El hecho de que las empresas estén en condiciones deterioradas no significa que la mayor parte de esas enormes rentas acumuladas por la elite dueña de ellas se haya evaporado. Existe, acumulada en instrumentos financieros, mansiones, grandes extensiones de tierra, yates, aviones y sobre todo distribuida en instrumentos financieros mantenidos en paraísos fiscales.

Es claro que las grandes empresas -de propiedad casi exclusiva de los súper ricos- no debieran tener problemas de liquidez en la medida que sus dueños estuvieran dispuestos a arriesgar parte de sus fortunas personales para protegerlas. El problema es que probablemente no estarán dispuestos a hacer esto, y les resulte mucho más conveniente que el Estado (o sea todos los chilenos a quienes han explotado por muchas décadas) les tienda la mano salvadora, en el entendido que una vez terminada la crisis sus empresas volverán a su control total.

Esto por supuesto, esto no es aceptable. Si los grandes grupos económicos no están dispuestos a arriesgar parte de sus fortunas personales para salvar sus empresas, el Estado puede entonces adquirirlas total o parcialmente a “precios de mercado”, y de esta manera ingresar a un control proporcional al número de acciones que adquiera. Esto le va a permitir al Estado, una vez que estas empresas vuelvan a ser rentables, compartir las enormes rentas monopólicas que ellas obtienen en tiempos normales, así obteniendo un flujo de recursos que debe usarse para la inversión en bienes públicos y sociales dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población.

Si por alguna razón el Estado decide vender de vuelta parte de esas acciones, el precio de retorno que reciba el Estado debe internalizar en un 100% el valor presente de toda la rentabilidad de estas empresas, incluyendo las rentas monopólicas esperadas. Adicionalmente, cuando el Estado intervenga, dichas empresas deben comprometerse vía acuerdos legales formales a respetar los derechos de sus trabajadores, así como las regulaciones medio ambientales.

ROYALTIES

Royalties a los sectores extractores de recursos naturales. Otra medida importante es que el Gobierno se comprometa a establecer por ley un sistema de royalties para todas las industrias extractivas de recursos naturales (minería, pesca, salmonicultura, etc.) y a establecer cobros por emisiones de polución. Además, todos los nuevos contratos que otorguen derechos sobre recursos naturales deben ser licitados al mejor postor, terminando con la corrupta costumbre de otorgar derechos gratuitos en base a cuotas históricas. La idea es que las industrias extractoras de recursos naturales contribuyan al país con un flujo de ingresos consistente con el valor in situ de los recursos naturales que extraen. Estos ingresos públicos adicionales deberán estar disponibles para la inversión en bienes públicos y sociales.

Nuevos tributos progresivos. Para financiar por lo menos una parte significativa de los costos del plan de apoyo a los trabajadores y Pymes de una manera permanente, un mecanismo importante debe establecer nuevos tributos para los súper ricos. Uno de estos podría ser un impuesto patrimonial para fortunas personales por encima de US$10 millones. El Estado debe comprometerse a establecer tributos de esta naturaleza para cubrir el mayor endeudamiento del país y restablecer los fondos patrimoniales en un plazo no superior a 2 años. El paquete de medidas también debe programar mayores tributos en el mediano plazo para aumentar el gasto público a niveles similares de otros países de desarrollo intermedio. Incluyendo las nuevas fuentes de recursos públicos detalladas en los párrafos anteriores, los ingresos públicos permanentes deben aumentar en alrededor de 5 a 6 puntos porcentuales del PIB (elevando así los ingresos públicos al 27% del PIB).

El compromiso debe involucrar invertir estos recursos adicionales en un aumento significativo de la inversión en salud pública, pensiones, educación pública y vivienda social.  Es decir, para aumentar drásticamente la inversión en bienes públicos y sociales como mecanismos para reducir la gran vulnerabilidad social existente.

Otras reformas estructurales. Adicionalmente, y con el mismo fin de reducir la vulnerabilidad social, el Gobierno debe comprometerse a un programa de otras reformas estructurales dirigidas a aumentar la protección social. Estas deben incluir la integración de un sistema nacional de salud, dejando así a las ISAPRES como una alternativa de seguro complementario. Además, es necesario la eliminación del rol de las AFPs como administradoras de los fondos de pensión, para lograr un sistema de jubilación solidario y eficiente que invierta esos recursos en activos importantes para el desarrollo del país.

¿Son estas ideas utópicas? Sin duda que con el gobierno y los políticos actualmente en el poder, sí lo son. Sin embargo, es importante traer al debate público estas ideas, y sobre todo enfatizar que, si bien es cierto estas medidas son difíciles y dolorosas para las elites, y también para la mayor parte del mundo político, no moverse en esta dirección de manera decidida va a significar mucho más dolor aun, no solo para las elites y sus políticos, sino que para el país entero. Espero que el establishment en el poder se convenza de que llegó la hora de la verdad: Que persistir en las políticas del pasado, sin responder a las demandas sociales profundizadas por las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria, va a gatillar un proceso caótico de consecuencias impensables.

Reactivar este proceso caótico, ya en ciernes, es algo muy serio que las elites en el poder no deben subestimar y que el país no puede soportar.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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