Trabajadores, empresas y bancos: por qué el Covid-19 puede tumbarlos a los tres

Si los trabajadores pierden sus ingresos, no solo lo pasarán mal ellos. El autor de esta columna nos recuerda que también se verán afectadas las empresas, pues caerá la demanda de sus productos; y el sector financiero, cuando hogares y empresas no pueden pagar sus deudas, que en Chile son altas. El sistema capitalista, explica el autor, se caracteriza por la interrelación financiera y si en esta crisis se deja caer a las familias, eso impactará en todo el sistema y por largo tiempo. “El rango de acción del gobierno debe ampliarse (…) las políticas tomadas hasta el momento son claramente insuficientes”, escribe el autor.

Frente a la pandemia actual, la creciente incertidumbre de sus efectos en nuestras vidas cotidianas y la economía global surge la necesidad de comprender sus efectos desde una perspectiva frecuentemente olvidada por el mainstream económico: el endeudamiento, los problemas de solvencia de los hogares y sus implicancias macroeconómicas.

El capitalismo es por esencia una economía monetaria. Como consumidores tenemos que realizar diversas transacciones diarias para adquirir bienes y servicios. Al mismo tiempo, el proceso de producción de dichos bienes y servicios necesitan financiamiento: las empresas requieren de un monto mínimo de capital en forma de dinero para contratar trabajadores, comprar materias primas y otros insumos productivos, y también necesitan financiamiento para mantener y expandir su equipo de capital físico. Dichos gastos pueden ser financiados vía recursos de cada actor económico o mediante deuda, por lo que la existencia de un sector bancario y financiero con predisposición a financiar los procesos de consumo, producción e inversión es fundamental en las dinámicas de las economías capitalistas.

El stock o nivel de deuda de un sector económico en un período determinado tiene su origen en las transacciones previas que haya realizado dicho sector. Estas pueden ser adquiridas para financiar el consumo de bienes y servicios, la adquisición de una propiedad inmobiliaria (en el caso de los hogares), para financiar de proyectos de inversión, garantizar solvencia financiera, entre otras razones. La adquisición de deuda implica que dicho sector adquiere una obligación de pago, con determinadas condiciones contractuales, con otro sector de la economía.

En términos de contabilidad, un préstamo representa un pasivo (o una obligación) para un determinado sector institucional, convirtiéndose al mismo tiempo en un activo para quien concede dicha deuda.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile.

En el gráfico anterior podemos observar que a partir de 2010 el nivel de endeudamiento tanto de los hogares, como de las empresas no financieras ha crecido considerablemente con relación al PIB; elevándose 15 puntos porcentuales en los primeros y 36 en las segundas. Esta tendencia puede representar una potencial vulnerabilidad si es que los ingresos de cada sector económico no permitiesen el pago de dichas obligaciones, generando problemas de insolvencia que pueden conducir a la bancarrota, a la venta de bienes, o a incrementar el monto de deuda para poder pagar obligaciones adquiridas con anterioridad.

Dicho escenario puede ser la realidad de diversas empresas frente a la incertidumbre de sus ventas futuras y de millones de hogares que han visto mermados sus ingresos y/o su estabilidad laboral debido a los efectos del COVID-19.

En esta columna, usando datos del Banco Central, la Encuesta Suplementaria de ingresos y la Encuesta Financiera de Hogares, analizaré los potenciales escenarios que podrían enfrentar las familias y empresas en las próximas semanas y sus repercusiones en la economía.

SECTOR FINANCIERO

En el gráfico 1 se observa que el sector financiero (compuesto por el Banco Central, los bancos comerciales, los fondos de inversión, las compañías de seguro, las AFP, entre otros), tiene el nivel de endeudamiento más alto entre los sectores económicos, aunque éste ha crecido más lentamente. Esto resalta las diferencias en las dinámicas de endeudamiento del sector bancario-financiero y del sector “real” (compuesto por los hogares y las empresas no financieras).

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile.

En el gráfico 2 se puede apreciar la composición de la deuda de los hogares, lo que da indicios de la modalidad de pago de la deuda y su relevancia dentro de los ingresos de estos. Dando cuenta de dos premisas:

1. El endeudamiento de la totalidad de los hogares ha pasado de representar un 37% de su ingreso disponible en 2003 a un 75% en 2019. Esto implica que el valor de la deuda de los hogares ha crecido con mayor velocidad que sus ingresos en los últimos quince años (con un incremento de 40 puntos porcentuales en dicho período).
2. El componente más importante del endeudamiento de los hogares ha sido la deuda hipotecaria, lo que representa la mitad del valor monetario de esta. Por lo menos la mitad del total de las obligaciones son de largo plazo, lo que se traduce en un pago sostenido de los hogares al sector bancario y que representa un 40% de los ingresos disponibles de estos (ver gráfico anterior).

De lo anterior se desprende que tanto los hogares como el sector empresarial no financiero se encuentran en situación de endeudamiento delicada, por lo que una variación significativa en sus ingresos o en el precio de los activos (que son los bienes que poseen los agentes económicos) puede derivar en una situación de insolvencia. Por otro lado, un incremento en el nivel de deuda puede derivar en el mismo resultado.

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES

Hasta el momento se han analizado los hogares y las empresas en términos agregados, es decir, sin diferenciar entre micro y grandes empresas, ni entre hogares pertenecientes al 1% más rico y el 99% más pobre. Analizar la diversidad de dichos sectores económicos permite poner el foco en los subsectores más vulnerables en términos de insolvencia y volatilidad de ingresos que puede generar el actual escenario nacional.

Partamos analizando la composición de los ingresos de los hogares. Un hogar puede recibir ingresos del trabajo o del arriendo de alguna propiedad, del rendimiento de algún activo, o por parte del Estado, etc. Identificar la composición de esto ingresos y su fuente principal de ingresos permite verificar si el grado de variabilidad en dichos ingresos compromete, aparte de poner en riesgo el nivel y calidad de consumo de los hogares, un problema de liquidez a un segmento importante de la población; especialmente cuando son los ingresos del trabajo los más amenazados en este escenario de incertidumbre.

En el gráfico 3 podemos observar que los componentes más importantes de los ingresos del 90% más pobre de los hogares provienen del trabajo y de los ingresos otorgados por el Estado y el sistema previsional.

Pero medida que los ingresos de los hogares van elevándose, la participación del primer tipo de ingreso va volviéndose más relevante. De hecho, para los tramos medios y medios-bajos de distribución (decil 3 a decil 9) los ingresos del trabajo representan entre el 60% y el 80% de los ingresos totales de los hogares. En suma, el grueso de los ingresos de los hogares de sectores medios, medios bajos y medios altos provienen del trabajo, por ende, las políticas de empleo, las salariales y las sociales deben ir dirigidas a sostener dichos ingresos.

Fuente: ESI 2018

La segunda heterogeneidad por destacar es que los tipos de trabajo también son sumamente heterogéneos. A grandes rasgos se puede subdividir el empleo según si es una relación asalariada (se trabaja para alguien) o si es por cuenta propia. Dentro de esta primera categoría se encuentra casi el 73% del empleo en Chile.

Hay que destacar que no todos los asalariados poseen contrato. De hecho, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI 2018) existen casi 730.000 trabajadores asalariados y de personal de servicio que están sin contrato. Esto implica que estas personas no tienen acceso a seguridad social (seguro de cesantía, sistema previsional, organización sindical, etc.). En el gráfico 4 se observa que las relaciones asalariadas sin contrato se concentran en el 40% más pobre de la población.

Dentro de las relaciones de trabajo no asalariadas encontramos a los empleadores, al personal familiar no remunerado y a los trabajadores por cuenta propia. Esta última categoría representa el segundo grupo ocupacional más grande de Chile: 21,3% del empleo, aproximadamente 1,7 millones de personas. Dichas relaciones de trabajo implican una vulnerabilidad y volatilidad en el nivel de ingreso sumamente alta, ya que no reciben (a diferencia de los asalariados con contrato) un ingreso fijo por mes, y los ingresos que obtenga el o la trabajadora y su hogar dependen enteramente de las ventas que generen por su cuenta.

En el gráfico 4 podemos apreciar que el grueso de los trabajadores en el 20% más pobre de los hogares son trabajadores por cuenta propia (850.000 trabajadores). También se observa que su participación en el empleo total va disminuyendo a medida en que se avanza a deciles superiores.

Fuente: ESI 2018

Los grupos de trabajadores más vulnerables englobarían las 300.000 trabajadoras de servicio doméstico, en conjunto con los trabajadores por cuenta propia y los asalariados sin contrato, al no contar con estabilidad y certidumbre en sus ingresos ni en su posición de trabajo y de carecer de garantías sociales básicas.

Adicionalmente a los trabajadores con contrato se les ha expuesto a mayores grados de vulnerabilidad al permitir a las empresas no cumplir con sus obligaciones contractuales durante el escenario actual, permitiendo no pagar sueldos y salarios en caso de cuarentena o suspender temporalmente los contratos de trabajo. Si él o la trabajadora cumplen con los requisitos para el seguro de cesantía, existe cierta amortización en la caída de sus ingresos. A pesar de esto, la caída ocurre (y también se añade más incertidumbre a sus economías), lo que implicaría una precarización de las condiciones de vida de una parte importante de los hogares en Chile.

PAGO DE DEUDA

Es de vital importancia considerar que los hogares no solamente utilizan su ingreso para consumir bienes y servicios, sino también para cumplir con sus obligaciones de pago de deuda. Al existir una posible merma de los ingresos de los hogares, debido a la caída de los ingresos provenientes del trabajo, la existencia de obligaciones de pago de deuda pone a las familias en la situación de decidir si van a cumplir o no con dicho compromiso. Los hogares pueden cumplir con sus obligaciones contractuales en un escenario de caída en los ingresos laborales reduciendo el presupuesto destinado al consumo de bienes y servicios, o mediante la adquisición de nueva deuda para pagar deudas anteriores. Este último escenario sería posible dada las condiciones de liquidez del mercado bancario-financiero, pero implicaría que el grado de vulnerabilidad y la probabilidad de insolvencia de los hogares se incremente considerablemente en el corto y mediano plazo.

La opción de no cumplir con el pago de las deudas posibilita que las entidades prestamistas apliquen los criterios contractuales estipulados al momento de adquirirla. Esto puede implicar el embargo de activos de los hogares, la renegociación de dicha deuda con la entidad prestamista o la liquidación, que significa que el deudor quedaría inhabilitado de la administración de sus bienes y perdería la facultad de disposición de sus frutos, actuales y futuros.

La Encuesta Financiera de Hogares (EFH), realizada por el Banco Central permite observar la relación ingreso/deuda de los hogares agrupados en deciles. En el gráfico 5 se puede observar que la relación entre el valor total de la deuda de los hogares y su ingreso anual va incrementándose hasta el noveno decil, donde el monto total de deuda llega a representar un 80% de los ingresos anuales. En el último decil también se observa una alta relación deuda/ingreso. De esto se desprende que el monto total de deuda de los hogares recae sobre los últimos deciles.

Sin embargo, la composición de dicha deuda es altamente diversa, dado que en los tres primeros deciles el grueso de las obligaciones se compone de deuda no hipotecaria, la que se caracteriza por poseer condiciones contractuales menos reguladas y tasas de interés mas altas, lo que pone en una situación de gran vulnerabilidad financiera al 30% más pobre de la población. Al mismo tiempo, los sectores medios y medios-altos poseen altas relaciones de deuda/ingreso que sobrepasan el 40% de sus ingresos anuales. Esto implica que frente a la incertidumbre, caída y volatilidad de los ingresos del trabajo se crea una decisión presupuestaria de si usar dichos ingresos mermados para el pago de deuda o sostener sus niveles de consumo de bienes y servicios.

INSOLVENCIA FRENTE AL COVID-19

Las implicancias macroeconómicas de la posible insolvencia de los hogares son sumamente delicadas. Nuestras deudas conforman los activos de la entidad prestamista y no cumplir con dichas obligaciones significaría disminuir el tamaño de sus activos de corto plazo (los más líquidos), lo que puede generar un traspaso de insolvencia a parte importante del sistema, poniendo en evidencia la interrelación y fragilidad financiera de nuestras economías. Este escenario podría suceder si el nivel de endeudamiento del sector bancario-financiero es de tal magnitud que una variación pequeña en el precio de sus activos y/o de sus ingresos les genere un problema de insolvencia, y si dicha empresa financiera no puede pagar sus obligaciones con otros agentes económicos el problema se expande a sus prestamistas y así sucesivamente, lo que puede implicar consecuencias macroeconómicas sumamente graves.

Dicho escenario podría tener cabida si el monto de no pago fuese más que significativo y los niveles de apalancamiento (endeudamiento) del sector bancario-financiero fueran relativamente preocupantes. Pero como el grueso de la deuda de los hogares se concentra en los deciles de mayores ingresos y aquellos hogares cuentan con ingresos de otras fuentes y mayor capacidad de solvencia, el escenario se vuelve poco probable.

En contraste, si el monto de no-pago fuese relativamente grande y los niveles de apalancamiento del sector bancario-financiero fuesen preocupantes, existiría un escenario macroeconómico altamente frágil y peligroso. En suma, el riesgo sistemático dependerá de: (1) el nivel de endeudamiento de los agentes económicos, (2) el nivel de interrelación del sistema bancario-financiero y (3) la magnitud del shock que genere insolvencia para algún sector económico.

La merma de los ingresos de los trabajadores no solamente impactará al sector bancario y financiero vía el pago de deuda, sino que el efecto de la caída de los ingresos del trabajo y el empleo en primera instancia será transmitido a las empresas, lo que intensificará su efecto en el sector bancario-financiero.

Los salarios en las economías capitalistas cumplen un doble rol: son un costo de producción para las empresas, pero también son una fuente de demanda de bienes y servicios. Al disminuir la masa salarial en circulación (ya sea por despidos, por disminuciones salariales o caída en los ingresos de los trabajadores por cuenta propia) disminuyen las ventas de las empresas y la caída en sus ingresos causará que su nivel actual de producción no sea rentable, provocando una disminución de esta mediante la reducción de personal (aumento del desempleo).

Estos nuevos despidos volverán a disminuir la masa salarial en circulación y vuelven a caer las ventas de las empresas y así sucesivamente hasta que la escala de producción de las empresas vuelva a ser rentable.

La caída en la demanda de las empresas podrá afectar las decisiones de  adquirir bienes de inversión, para ampliar su nivel de producción o mejorar su productividad, lo cual generará mayores problemas en el mediano plazo. La caída en los ingresos de las empresas podría a su vez generar problemas financieros al no contar con ingresos y/o activos líquidos, lo que no permitiría poder cumplir con sus obligaciones de deuda, generando la misma dinámica anteriormente descrita. Al no existir políticas económicas para garantizar la solvencia de parte importante de las empresas existe peligro de bancarrota para los sectores con mayores grados de endeudamiento y que enfrenten fuertes caídas en sus ingresos.

Si consideramos que el 40% de los trabajadores en Chile (aproximadamente 3 millones de personas) trabaja en empresas con menos de 10 personas, todos estos trabajadores se encuentran en posiciones sumamente vulnerables (especialmente 2,5 millones de personas que trabajan en microempresas con menos de 5 trabajadores) debido a la incapacidad que tendrían para soportar una caída en sus ingresos y mantener su nivel de empleo. Esto sumado a su marginalización relativa en el sector bancario-financiero, ya que es más complicado adquirir obligaciones y si se logra es con condiciones más estrictas, agrava aún más el problema.

Pero no son solamente diferentes los grados de solvencia y de inserción en el mercado bancario-financiero de las micro y las grandes empresas. Las condiciones contractuales con sus trabajadores también lo son. Más de la mitad de los trabajadores que trabajan en microempresas no tienen contrato y, por ende, no tienen acceso al seguro de cesantía si es que son despedidos, los que los vuelve aún más vulnerables frente a caídas en las ventas. Dicho porcentaje llega a un quinto de los trabajadores que trabajan en empresas de 5 a 10 personas, lo que representa a casi a 400.000 trabajadores adicionales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente al escenario actual.

Por otro lado 2,7 millones de personas trabajan en grandes empresas, las cuales cuentan con ventajas relativas en términos de financiamiento y acceso al sector bancario-financiero. Por lo cual su capacidad para soportar caídas en los ingresos y sostener en el corto plazo su nivel de empleo es mayor que la de las otras empresas de menor tamaño. Pero las facilidades pro-empresa que ha dado el Gobierno tienen efectos paradójicos, ya que a nivel individual la empresa puede mantener o amortiguar su ganancia vía el despido, el no pago o la disminución de las remuneraciones al trabajo. Sin embargo, a nivel agregado esto deja de ser válido. Los gastos de una empresa en salarios son la demanda de otras empresas. Los empresarios como clase no pueden mantener sus ganancias si reducen el empleo y los salarios. Las políticas de (mayor) flexibilización laboral solamente contribuyen a fragilizar ya una situación ya plagada de incertidumbre.

LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO

En términos de política económica también se tiene que poner el foco en el ámbito de la producción. Las empresas pueden arbitrariamente subir los precios de bienes de primera necesidad o simplemente contener la producción, si las ganancias derivadas de subir los precios son mayores que las que se originan de mayores ventas.

Si el Gobierno garantiza una circulación de gasto mediante una restructuración del gasto público y social en conjunto con políticas laborales que permitan sostener el nivel de vida de la clase trabajadora, esta política  debe ir acompañada de un plan de producción que garantice que dichos recursos no acaben pagando mayores precios sin que se generen aumentos en el nivel de empleo y producción.

Las políticas de gasto que realice el Gobierno no deben terminar simplemente pagando los mayores precios que cobren las empresas, sino que deben intentar sostener el nivel de empleo y producción.

Las políticas laborales y de gasto social deben ir enfocadas en sostener la circulación de mercancías en la economía y no en el pago de obligaciones. El dinero que se destine a gasto en bienes y servicios tiene repercusiones productivas y laborales directas pero la que se destina al pago de deudas no las tiene. El nivel de empleo de una economía no depende directamente del pago de deudas, por lo cual políticas que estén enfocadas a alivianar y posponer dichos gastos serán fundamentales para que la caída en el empleo y la producción no sean tan pronunciadas. También las políticas macroeconómicas deben ir enfocadas en el manejo de los balances del sector financiero con el fin de evitar el incremento de posibles fragilidades y recortes de liquidez, poniendo especial énfasis en garantizar solvencia y liquidez para los sectores más vulnerables de la economía en estos meses.

La volatilidad financiera internacional, la perseverante depreciación del tipo de cambio, la caída estrepitosa del precio del cobre y la caída en la demanda externa van a tener efectos considerables en el mediano y largo plazo en la economía nacional. El contexto mundial en el que estamos insertos interpela a nuestra forma habitual de pensar y hacer política económica. El rango de acción del Gobierno y los Estados debe ampliarse rápidamente con el fin de contener la pandemia y amortiguar sus efectos económicos, ya que las políticas tomadas hasta el momento son claramente insuficientes. Los efectos del COVID-19 exponen la frágil inserción laboral de millones de trabajadores, la importante heterogeneidad estructural entre empresas, la dependencia externa de nuestra economía, su fragilidad financiera y la incapacidad del Gobierno de tomar medidas que estén a la altura de la situación.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.