El cambio de Chadwick por Blumel en el ministerio del Interior “no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas a los derechos humanos”, afirman los autores de este estudio. De hecho, con Blumel los abusos han aumentado, según muestran en un ilustrativo cuadro de este informe. Se ofrece también un recuento de las demandas sociales que se acumularon por más de 30 años y cómo han sido contestadas con 60 días de violencia. Los autores llaman a democratizar la ciencia que, en su opinión, debiese respaldar los cambios profundos que la sociedad está exigiendo hoy.
Chile ha mostrado una economía floreciente con crecimiento continuo. El promedio anual del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2000 y 2018 fue 4,1%, alcanzando un máximo de 7,2% en 2004. Este indicador macroeconómico y la aparente estabilidad social llevaron al Presidente Sebastián Piñera a declarar Chile como un oasis en Latinoamérica[1].
No obstante, si Chile es un oasis, ¿cómo pudo haber ocurrido el 18-O?
DEJANDO ATRÁS EL OASIS
Para entender las razones que condujeron al 18-O, es necesario considerar el contexto cotidiano de Chile. Por ejemplo, la rutina diaria típica de la mayoría de las(os) trabajadoras(es) en Santiago incluye nueve horas de trabajo al día y, en promedio, dos horas de viaje, mientras que el gasto en transporte es un 14,3% del salario mínimo, y el costo de vida es más del doble del salario mínimo (Tabla 1).
A pesar de esto, el 5 de octubre, el ministro de Transporte anunció un incremento de $30 en el precio del pasaje del metro en hora punta en Santiago. Frente a los cuestionamientos por esa alza, el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine declaró “Quién se levanta más temprano puede ser favorecido con una tarifa más baja”.
Esta afirmación despertó la indignación de la gente que ya tiene que esforzarse para llegar a fin de mes. Acusando el aumento como una medida abusiva considerando el costo de vida (Tabla 1), estudiantes secundarios comenzaron masivas evasiones en numerosas estaciones del Metro.
Tabla 1: Comparación de parámetros socioeconómicos entre Chile y Alemania [1, 2, 3, 4, 5, 6].
El 17 de octubre, mientras la protesta masiva continuaba, el Presidente Sebastián Piñera se comparó con Odiseo durante una entrevista con el periódico inglés Financial Times: “Ulises se ató al mástil de un barco y se puso pedazos de cera en los oídos para evitar caer por el llamado de las sirenas, (…) estamos listos para hacer todo lo posible para no caer en el populismo, en la demagogia”[1].
El 18 de octubre, las protestas escalaron exponencialmente. Posteriormente, Piñera estableció el Estado de Emergencia primero en Santiago, y luego rápidamente se extendió a 15 de las 16 regiones del país. Por primera vez desde la dictadura, se impuso un toque de queda debido a razones políticas y el Ejército tomaba el control de las calles. En la noche del 21 de octubre, Piñera se presentó en el cuartel general del Ejército para dar un anuncio en cadena nacional: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”.
DERECHOS HUMANOS EN JUEGO: PEOR CON BLUMEL
Desde el 18/O en adelante, las protestas a nivel nacional solo se fortalecieron. La revuelta por el alza del pasaje del Metro reactivó todas las previas demandas sociales sin resolver y se convirtió en protesta de carácter nacional que busca cambios profundos al sistema. El 4 de noviembre la encuesta Cadem registró que el 87% de la población demandaba una nueva Constitución[2].
Aun así, el Presidente se negó a escuchar las demandas sociales y puso el foco en los daños a la propiedad pública y privada. El 7 de noviembre, las acciones del Presidente registraron un 9,1% de aprobación ciudadana[3], convirtiéndose en el Presidente peor evaluado desde el retorno a la democracia.
En vez de abrirse a discutir posibles soluciones, como aquellas propuestas por la misma sociedad, Piñera decidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para anunciar diversas medidas para incrementar la represión y criminalizar a los manifestantes. Además, no hizo mención alguna sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
Finalmente, el 15 de noviembre, la elite política comenzó a mostrar algo de preocupación por las demandas sociales y no solo por el costo económico de las semanas previas. La mayoría de los partidos políticos firmaron un “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución”, donde se consensuó un llamado a plebiscito para abril de 2020 con el fin de decidir si se redactará o no una nueva Constitución, y qué mecanismo se utilizará para ello. Sin embargo, el documento oficial no hizo ninguna mención a las otras demandas sociales, ni a la violación de los Derechos Humanos.
En cambio, la ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, declaró que las fuerzas de orden público tenían todo el apoyo del gobierno considerando la “violencia observada a lo largo del país”. También afirmó que el gobierno «no toleraría excesos, abusos, o salidas del protocolo” pero no se refirió a las violaciones de los Derechos Humanos, que habían sido denunciadas en los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
La Figura 1 muestra tres rasgos distintivos sobre la violencia del Estado que los organismos nacionales e internacionales denunciaron:
(1) La decisión del Presidente de reemplazar al Ministro del Interior el 28 de octubre no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas de derechos humanos. Esto se infiere del hecho de que el ministro Gonzalo Blumel es responsable político de casi la misma cantidad de heridas oculares que su predecesor, Andrés Chadwick, aunque en una mayor cantidad de tiempo. Además, desde el 28 de octubre, el número de querellas contra el Estado por tortura y trato cruel, y violencia sexual, aumentaron cerca de siete y seis veces respectivamente. También bajo la administración de Blumel, ha salido a la luz el hecho que el uso de CS (C10H5ClN2) disuelto en carros lanza-agua puede causar quemaduras químicas y ampollas en la piel, efectos que han comenzado a observarse en algunas personas después de las protestas.
(2) La menor frecuencia de heridas oculares a partir del 17 de noviembre coincide con el reporte publicado por la Universidad de Chile el día 16 de noviembre, que reveló la verdadera composición de los balines de goma (solo un 20% goma, mientras que el restante 80% corresponde a minerales y metales como Plomo). Tal reporte precedió la suspensión de su uso a partir del 19 de noviembre.
(3) Las violaciones a los Derechos Humanos no han cesado a pesar de todas las advertencias e indicaciones presentadas por instituciones nacionales e internacionales. Advertencias tempranas fueron dadas por el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF, 28 de octubre), Naciones Unidas (ONU, 8 de noviembre), y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante su audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 11 de noviembre). Posteriores indicaciones fueron presentadas por Amnistía Internacional (21 de noviembre) y Human Rights Watch (26 de noviembre).
Todo esto sugiere que el Gobierno no tomó medidas serias ante dichos reportes, o bien reaccionó a ellos pero sin contar con el control de las fuerzas de orden público. Carabineros ha optado por cuestionar la veracidad de estos reportes, en lugar de considerarlos y hacer un esfuerzo por detener las violaciones a los Derechos Humanos.
Figura 1. Cantidad acumulada de casos de heridas oculares, querellas por tortura y malos tratos, y querellas por violencia sexual en el tiempo. Datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportados hasta el día 3 de diciembre.
Además del aumento del precio del pasaje de Metro y el abuso del monopolio de la fuerza, hay un contexto más profundo detrás de la rebelión de los chilenos contra el Estado. En 1980, la actual Constitución chilena fue creada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esta Constitución está basada en las políticas neoliberales y fiscalmente conservadoras propuestas por economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. Estas ideas fueron traídas a Chile en la década del 70 por un grupo de estudiantes chilenos: los denominados “Chicago-boys”.
Las bases de la Constitución de 1980 son el establecimiento del libre mercado, una considerable reducción del poder del Estado, y la privatización de los recursos naturales (incluso el agua) y servicios sociales, transformando así al Estado garante en un Estado subsidiario. Además, esta Constitución aseguró una posición vitalicia como senador a cada ex-Presidente, incluido el otrora dictador Augusto Pinochet (Artículo derogado en 2005), y estableció altos quórums para modificar algunos capítulos claves: dos tercios de los votos en ambas cámaras son necesarios para modificar los Capítulos I (Bases de la Institucionalidad) y III (Derechos y Deberes Constitucionales).
El sistema público de salud deja morir a las personas esperando tratamiento médico o cirugías. Las pensiones de retiro son miserables, así hombres y mujeres de la tercera edad trabajan después de la edad de retiro por sueldos menores al mínimo (tabla 1). Hay una gran brecha entre el costo de vida y los salarios: el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000 y casi siete de cada diez trabajadores percibe menos de $550.000 en un país con un costo de vida similar al de Berlín, Alemania.
Estos datos sugieren que quienes piensen que Chile es un oasis, tienen muy poco o ningún contacto con la realidad de la mayoría.
¿Y LA CIENCIA QUE? REFLEXION EN TIEMPOS DE CRISIS
La ciencia requiere financiamiento, y las(os) científicas(os) se han acercado a la política principalmente para discutir sobre sus propios presupuestos. La mayoría de las asociaciones de científicas(os) chilenas(os) han tenido un comportamiento similar, demandando una mejora en el financiamiento científico por parte del Gobierno, antes de y durante el estallido social. Las cuestiones presupuestarias son indudablemente necesarias para el progreso científico, ¿pero progreso en qué dirección?
El paradigma económico dominante no sólo define el contexto socio-político, sino también el objetivo final del desarrollo científico. En particular, nuestro paradigma económico neoliberal nos ha llevado, con la debida contribución de la ciencia, al “oasis” de la crisis humanitaria y ambiental actual. Estamos convencidos que ha llegado el momento de comenzar a cuestionarnos activamente el rol que la investigación científica y el desarrollo tecnológico han tenido bajo este paradigma. ¿Usamos nuestra preparación para algo más que nuestras propias carreras científicas? ¿Qué estamos haciendo por nuestras comunidades locales? ¿Es la divulgación científica todo lo que podemos ofrecer a nuestras comunidades? ¿Cuál es el rol cívico de un(a) científico(a), como miembro de una comunidad? ¿Existe algún otro paradigma económico, concebible o quizás ya propuesto (tales como decrecimiento o ecosocialismo), que haría más fácil resolver la crisis social y ambiental global?
Pensamos que es nuestro deber, como científicas(os), posicionar la ciencia en línea con la sociedad en la búsqueda de nuevos principios económicos y políticos.Independiente de nuestras disciplinas, tenemos el deber ético de compartir habilidades y herramientas para contribuir, horizontalmente, en esta búsqueda; sin pontificar ni pretender tener todas las respuestas.
La búsqueda de nuevos paradigmas parece lógica e inevitable, local y globalmente. Necesitamos reconsiderar la configuración de nuestra democracia para asegurar una verdadera representación de la voluntad de las personas. Como sociedad colaborativa, deberíamos conducir y supervisar permanentemente las políticas de estado y sus instituciones. De esta manera, la soberanía podría ser conferida de forma efectiva a las personas, y no a una élite política que, hasta ahora, ha tendido a trabajar por su propia interesada y cortoplacista agenda.
El camino hacia un nuevo Chile será largo y duro, como lo demuestran las generalizadas violaciones a los Derechos Humanos y los más de 60 días de protestas hasta la fecha. Nosotras(os), como científicas(os), tomando el ejemplo de científicas(os) de la Universidad de Chile, debemos mantenernos atentos y proactivos en los pasos que están por venir.
[1] El original en ingles dice: “Ulysses tied himself to a ship’s mast and put pieces of wax in his ears to avoid falling for the siren calls, …we are ready to do everything to not fall into populism, into demagoguery”.
[2] Puede revisar los resultados en este enlace, página 22.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
Al fin las ciencias sociales de nueva generación empiezan a buscar salir --con escasas y honrosas excepciones --Historia, Antropología-- de su total irrelevancia moral, social y política. Miren en cambio, a las Artes en Chile; y hoy, frente a la crisis climática, el papel asumido por las Ciencias Básicas.
Marco González concha | 20.12.2019
Como siempre Ciper Chile excelente, creo que uds son un Oasis en la entrega de información veraz y argumentada.. debieran crear una plataforma digital (TV) con entrevista a personas mundo académico y científico para entregar opiniones sobre los distintos temas del acontecer nacional ..
Cristobal | 20.12.2019
De lo más pobre que he leído en CIPER CHILE, que en general destaca por su calidad. Sesgado, sin ninguna intención de poner las cosas en contexto.
Ejemplo: se plantea que el sacar a los militares a la calle fue porque sí, casi como un capricho. Obviamente esta postura minimiza el riesgo de daño al metro, asi como a la infraestructura crítica. Tampoco propone medidas concretas para frenar el vandalismo en el corto plazo. Que me digan como frenar los saqueos sin ejercer la fuerza y les creeré de sus buenas intenciones.
A título personal agrego que vi como una persona se subió a un guanaco y le rompió el cañon lanza aguas. Luego se bajó del vehículo en movimiento. Si esa persona hubiese caído o incluso muerto producto de su actuar temerario estaríamos hablando de una nueva víctima. Lo que quiero decir es que hay un actuar temerario por parte de los manifestantes que no mide consecuencias y se pone en riesgo.
Carabineros está actuando tambien en forma descriteriada, descontrolada, que duda cabe, pero que duda cabe tambien que los manifestantes se están pasando de la raya y se exponen gratuitamente?
Mario | 19.12.2019
Muy bueno el resumen. Quisiera indicar bajo mi lógica los cuestionamientos mencionados en el artículo, cuales podrían ser la o las soluciones a esta problemática social. Bajo mi mirada como ingeniero y experto en el control de procesos, el estado no posee mecanismos de mejora continua (consulta ciudadana o asambleas territoriales), metodologías de control de sus procesos o indicadores de desempeño de sus servicios donde la comunidad pueda acceder o controlar directamente. Creo que se debiese crear un organismo descentralizado conformado por la asamblea, que sea capaz de controlar el correcto funcionamiento del estado y que a su vez este tenga la capacidad de toma de decisiones por medio del plebiscito (eso sería posible si en la constitución se estableciera que el estado o las instituciones deben ser Controladas por la ciudadanía). De este modo podriamos avanzar eficientemente en los acuerdos pactados y lograr el control total del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto hasta que el estado mute y sea evidente para la comunidad, su extinción por ineficiente.
Arturo C. Flores | 19.12.2019
¡Increíble! Este muestra fehacientemente el momento que se comenzó a vivir en Chile con la constitución de 1980 que defiende la derecha. Una vergüenza para los gobiernos desde la llegada de la "democracia" para unos pocos. Nótese los sueldos de la nueva estirpe social: los políticos que se beneficiaron y siguen haciéndolo en el hermoso oasis de tarjeta postal de que habla Piñera.
Rodolfo | 19.12.2019
Puede que tengan razón, pero cero aporte la columna. Parece que ahora en CIPER publica el que quiere y/o tiene contactos para hacerlo.
Por muy becarios de CONICYT que sean, los autores de la columna no tienen ningún tipo de expertis en el área en la que están opinando. Por supuesto que eso no inhabilita para opinar (nada en contra del debate interdiscipinario), pero escribir una columna haciendo un refrito de varias cosas que ya se han dicho sin agregar nada no tiene ningún valor. Ojalá este espacio pudiese ser utilizado por gente que tiene algo interesante que decir.
Victor | 19.12.2019
La opinión me parece sesgada con inclinación a lo popular y lo socialmente aceptado, y varios argumentos ya están refutados como lo de la soda cáustica, los malos informes del INDH, de 250 heridos oculares 7 perdieron la vista el resto son solo heridos, desaparecidos que milagrosamente aparecieron, falsas acusaciones de violaciones y de centros de tortura en fin.
columna poco objetiva con un sesgo popular muy evidente.
