Hacia el necesario Pacto Social entre trabajadores, empresarios y Estado por un nuevo modelo de desarrollo y bienestar

El acuerdo constitucional es un enorme paso adelante. Los autores llaman, sin embargo, a no olvidar que llegamos a este punto empujados por el rechazo a “la violenta normalidad” previa al 18/O. Estiman imprescindible avanzar hacia a un pacto social entre trabajadores, empresarios y Estado que genere “un nuevo modelo de desarrollo y bienestar para Chile”, sin el cual “seguirán muy activas las razones del odio que nos han traído hasta aquí”. Pero ¿qué es un pacto social? Y ¿quiénes lo deberían integrar? Pase y lea.

El acuerdo para una reforma a la Constitución alcanzado anoche es histórico y despeja uno de los frentes de conflicto que se abrieron luego del estallido del 18/O.

Hay frentes abiertos aún, por ejemplo, la imprescindible reforma de las fuerzas de orden y seguridad; y a la investigación exhaustiva sobre sus abusos y los casos de violación de DDHH en la represión de la protesta.

No obstante, aquí nos interesa centrarnos en un tercer frente. Casi sin darnos cuenta, hace ya unos cuantos días dejamos de hablar del abuso y de la dignidad de nuestro modelo económico-social (obviamente, las violaciones de los DDHH por parte de las fuerzas de orden han sido la excepción a este respecto).

En su lugar, nos enfrascamos en sesudas disquisiciones, negociaciones y cabildeos sobre el imprescindible proceso de reforma constitucional. Y está muy bien. Sin embargo, ahora es imprescindible volver sobre aquella otra causa fundamental detrás del estallido: la demanda por un nuevo trato, por la construcción de una sociedad más digna y más justa. Por un nuevo modelo de desarrollo y bienestar para Chile.

Dicha construcción necesita no solo de un debate constitucional, sino también, de la negociación de un pacto social. Esto es, de un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado respecto al modelo de producción y protección social que requiere el país. Sin ese otro pacto, el camino hacia un nuevo orden democrático y hacia la paz social será muy difícil.

El pacto social es imprescindible por al menos tres razones.

Primero, constituye la única alternativa posible para recobrar la seguridad jurídica que requiere la inversión económica. No se crece en ausencia de un ambiente institucional con reglas creíbles y socialmente legítimas. Chile creció en estas últimas décadas a tasas admirables, pero lo hizo minando, hoy lo sabemos, los cimientos sociales e institucionales de su economía. Y por eso, desde hace cuatro semanas vivimos en otro país. Uno cuyo riesgo de inversión ha aumentado radicalmente en las últimas semanas a raíz del potencial de conflicto social agudo.

En otras palabras, si no se resuelven las tensiones sociales estructurales, Chile podría sufrir nuevos ciclos de polarización y estallido social. La razón es bien simple: seguirán muy activas (y se acumularán) las razones del odio, rabia, y enojo que nos han traído hasta aquí. El riesgo entonces es vivir un largo período de inestabilidad con espasmos de violencia intensa, porque durante las últimas semanas, finalmente se politizó la desigualdad haciendo que aumente el nivel de conflicto por la distribución de los recursos.

La sociedad civil cuenta hoy con repertorios de protesta y contestación del status-quo, en las calles, que han probado ser sumamente efectivos para presionar por cambios. Ha quedado demostrado cómo hoy es posible, aún con un entramado organizacional débil, paralizar al país, movilizar cientos de miles de personas y generar costos tangibles al capital y a la política institucional. A raíz de esta nueva capacidad adquirida por la sociedad civil, el gobierno que prometía retornar al crecimiento económico terminará seguramente con una crisis profunda y con la salida masiva de capitales e inversión de la economía.

Al fin y al cabo, los costos sociales y económicos de lo que no se construyó en estos largos años son ahora tangibles para los ganadores del modelo que hoy se sienten vulnerables. Tal vez hoy parezca un poco más razonable el viejo argumento de Karl Polanyi, según quien no hay mercado que no dependa, en definitiva, de soportes institucionales socialmente legítimos. Como sugiere la columna de Sergio Toro y Macarena Valenzuela («Sobre la violenta normalidad a la que los chilenos no quieren volver«), al exponer la fragilidad de dichos soportes en el caso de Chile, la crisis democratizó la vulnerabilidad. Hoy los “winners” del modelo experimentan un poco la zozobra permanente que experimentan en sus vidas aquellos a quienes habían ignorado, confiando en el “chorreo” y en una visión parcial y sesgada respecto a las bondades de nuestra muy bien segregada “modernización capitalista”.

En segundo lugar, el pacto social resulta imprescindible para asegurar la estabilidad del carácter democrático de un nuevo orden. No hay democracia liberal sustentable en el largo plazo sin un modelo de desarrollo que garantice mínimos sociales legítimos para la ciudadanía. Por tanto, el frente constitucional requiere de un pacto social que lo acompañe y le dé “sustento”.

Finalmente, el pacto social es necesario porque Chile requiere discutir, consensuar, y encontrar soportes institucionalmente socialmente arraigados para un nuevo modelo de crecimiento. El desafío es encontrar un modelo que combine crecimiento económico sostenible con mejoras significativas en la redistribución de las rentas de dicho crecimiento (balanceado los beneficios obtenidos por empresarios y trabajadores).

El nuevo modelo de desarrollo debe también integrar parámetros claves de la economía política emergente, como lo son la sustentabilidad ambiental, los posibles efectos de la robotización en la destrucción masiva de empleos, y el desafío de evitar una reprimarización de nuestras economías dadas las crecientes brechas tecnológicas que se están configurando entre países de alto desarrollo y los países como Chile.

El pacto al que nos referimos no es un conjunto de medidas económicas y sociales como el que el gobierno ha comenzado a implementar, en base al esfuerzo fiscal y a una reforma progresiva en la estructura impositiva. Seguramente, en los próximos meses veremos crecer la inversión pública para intentar dinamizar la economía y atender, al mismo tiempo, a los temas sociales más urgentes. Chile tiene, por su pasado de austeridad, instrumentos disponibles para sostener estas políticas de expansión de gasto por un tiempo. Pero el tiempo para esta estrategia típicamente Keynesiana es limitado. Y si ya no se podrá crecer en función de la competencia en base a una pequeña cartera de commodities, una reducida carga tributaria, un bajo costo laboral y la expansión del consumo y su financiación, es necesario encontrar otro modelo de crecimiento.

Si el pacto social que necesitamos no es meramente un paquete de políticas públicas, ¿qué es? Es un mecanismo de negociación institucionalizado, a partir del cual actores sociales clave para la economía (como los empresarios, los sindicatos y el Estado) negocian y acuerdan parámetros esenciales que condicionan su actividad, en el marco de un modelo de desarrollo que constituye una política de Estado.

Los pactos sociales son negociaciones de suma positiva y sus beneficios crecen en la medida que los actores desarrollan confianzas y establecen compromisos que alargan los horizontes temporales de cada uno. En países con tradición de negociación de pactos sociales, como los escandinavos, estos mecanismos de negociación se encuentran institucionalizados. Un desafío fundamental para lograrlo en el caso de Chile radica en la asimetría en la organización social de empresarios y trabajadores, dadas las bajas tasas de sindicalización y la alta fragmentación sindical que hoy posee Chile como resultado de las reglas que regulan la actividad sindical.

Mientras se discuten dichas reglas, lo relevante, por ahora, es que los actores clave para discutir qué tipo de estrategia de desarrollo es viable y deseable para el Chile de los próximos años, tengan un espacio para negociar, con tabla abierta, y con la posibilidad de ir incorporando progresivamente otros actores a la discusión de “un nuevo trato”.

Para comenzar a discutir este pacto se podría, por ejemplo, convocar a la Unidad Social, que poco a poco se ha ido consolidando como el agente organizado de las demandas más importantes de la sociedad. Son parte de la Unidad Social actores como la CUT, la Confech, el movimiento No + AFP, entre otros. Los empresarios, a través de sus organizaciones gremiales, y la Unidad Social deben encontrarse y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Otros actores podrán irse incorporando a la mesa, que deberá discutir y negociar hasta que duela. Sin prisa, pero ojalá, sin pausa.

A la sombra de los últimos cuarenta años puede que parezca útopico pensar en la posibilidad de un proceso de concertación social centralizado para discutir el modelo de desarrollo de Chile y los parámetros básicos de relación entre capital y trabajo. No obstante, el estallido ha vuelto viable esta alternativa, tal como hizo posible abrir y cuajar un proceso constituyente cuyo desenlace actual era impensado hace una semana. Más aún, creemos que el gobierno propició la negociación de anoche (obviamente sin buscarlo), al generar una situación límite la noche del Martes 12 que nos dejó a todos, y muy particularmente a quienes negociaron la salida constitucional, muy asustados.

Aprovechar la oportunidad que abrió el estallido para la negociación de un pacto social es urgente, porque su viabilidad será menos probable cuanto más tiempo dejemos pasar. Y en esto último, la simetría con el proceso constituyente es solo relativa. Ante la hegemonía del tema constitucional, la oportunidad para fraguar un nuevo pacto social puede desvanecerse. Esto aplica tanto a escenarios en que el conflicto ceja en intensidad como resultado del anuncio del proceso constituyente, como a aquellos en que el conflicto social continúa abierto.

En un escenario optimista, donde se logra cierta tensa paz social a través de un anuncio contundente sobre el proceso constituyente, las elites económicas se sentirán menos amenazadas y perderán progresivamente el sentido de urgencia y la predisposición a dialogar “hasta que duela” (así expresó Swett, presidente de la CPC, el compromiso de las elites empresariales por discutir la contribución de los empresarios al desarrollo social del país). En ese sentido, en una economía abierta como la chilena, hay una diferencia fundamental entre la estructura de incentivos que poseen el capital y los políticos que asustados por la crisis del martes, finalmente decidieron negociar. El capital puede buscar otros horizontes, y fugarse del país. Los políticos negociaron, en parte, porque al igual que los trabajadores están anclados en Chile.

Mientras tanto, si las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento social, ocupan su acción política casi por entero al proceso constituyente, los millones de chilenos que han marchado o protestado por su calidad de vida, por vivir de manera más digna, sentirán que una vez más han sido postergados porque no se abordaron con urgencia las múltiples demandas vinculadas a sus condiciones y calidad de vida. Si eso sucede, quedará sembrada la semilla de un nuevo estallido. Un efecto de largo plazo del estallido es que la sociedad exteriorizó y politizó, de manera intensa, su rabia contra la desigualdad y el abuso. Al hacerlo, reaprendió también, el poder de la movilización social y de la política para presionar por transformaciones. Dicho aprendizaje, así como los desafíos estructurales asociados a la búsqueda de una estrategia de desarrollo con equidad en un contexto mundial como el actual aumentan significativamente la probabilidad de que el conflicto recurra permanentemente. Pactar para abordar de frente esas condiciones estructurales, a partir de políticas concertadas y de suma positiva, parece ser la única opción.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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