No tenemos estómago

“No tengo estómago para estar delante suyo”. Así le dijo Juan Carlos Cruz a Jorge Abbott. Luego cortó la comunicación que mantenía vía videoconferencia. La perplejidad del fiscal nacional fue evidente frente a los miembros de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico que estaban reunidos con la máxima autoridad del Ministerio Público. Antes, Cruz, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, había dicho: “Usted ha traicionado toda la esperanza que teníamos, don Jorge. Usted ha traicionado a mucha gente y yo no voy a parar hasta que renuncie y venga alguien que se preocupe de las víctimas y no las venda y las traicione y las entregue a los agresores. Así me siento yo, porque eso es lo que usted ha hecho”. Y entonces remató: “Yo no tengo estómago para estar delante suyo”.

Como Juan Carlos Cruz, somos muchos los que no tenemos estómago para aguantar una componenda más, un privilegio más que se otorga a quienes no lo merecen.

Hoy, el Ministerio Público ha comunicado que deja sin efecto el acuerdo que había firmado Abott con la Conferencia Episcopal chilena. No tenía otra opción ante el rechazo que provocó ese convenio y ante la férrea actitud de los sobrevivientes organizados, quienes fueron los que finalmente lo echaron abajo (vea el comunicado de la Fiscalía Nacional).

Dice Jorge Abbott que con ese acuerdo se pretendía establecer un canal de denuncia: ese canal ya existe; que no pensaron que causaría dolor y molestia: era más que previsible; que las víctimas están en el corazón de la labor del Ministerio Público: le hubieran preguntado antes a ellas, entonces, o hubieran firmado algún acuerdo con ellas y no con los investigados.

Pero retrocedamos en el tiempo para entender lo que pasó.

El 30 de abril pasado, apenas ocho días después de que el fiscal Emiliano Arias le comunicó que se estudiaba la formalización de algunos obispos, Jorge Abbott firmó un convenio con la Conferencia Episcopal (CECH). O sea, un acuerdo entre una institución como la Fiscalía, que debe investigar de manera independiente los ilícitos penales, y otra cuyos integrantes están siendo investigados por posible encubrimiento. Sospechosa coincidencia.

Al presentar el acuerdo, los firmantes declararon que “el presente convenio se funda y sustenta en la buena fe” ¿Por qué tendríamos que presuponer buena fe de los jerarcas de la Iglesia Católica chilena cuando se les indaga justo por lo opuesto? Se trata, recordemos, de la misma Conferencia Episcopal que suscribió un acuerdo reservado para no entregar nada a la justicia, tal como informé en una columna anterior (vea esa columna y el documento suscrito por la CECH en 2003).

De Jorge Abbott ya sabemos que en otras oportunidades ha estado más preocupado de no “afectar a las instituciones” (por ejemplo, en los casos de financiamiento ilegal de la política) que de castigar eventuales delitos;  sin entender que la sanción de ellos es una, sino la mejor, forma de disuasión.

Se podrá objetar que se está prejuzgando injustamente. Ok, examinemos entonces las declaraciones que hicieron los firmantes. Dijeron que el convenio (al que se invita a participar también a las congregaciones religiosas) buscaba facilitar la colaboración con la justicia y el avance de las investigaciones. De inmediato surgió la pregunta obvia: ¿por qué la Iglesia Católica necesita firmar un acuerdo para cumplir con la ley? Es como si un ciudadano acordara con el Servicio de Impuestos Internos que de veras va a pagar sus impuestos o con Carabineros que va a respetar los límites de velocidad. Absurdo. Más absurdo cuando una de las partes que firma es indagada por no cumplir la ley.

Veamos ahora el objetivo declarado por escrito en el acuerdo entre los obispos y la Fiscalía. Ahí se sostenía que se buscaba “favorecer el intercambio de información concerniente a investigaciones pasadas presentes y futuras respecto a delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas y adolescentes”. Es evidente que había un privilegio inmerecido para la Iglesia Católica: se habla de “intercambio de información”. ¿Qué información debe entregar el órgano persecutor a la asamblea de obispos? ¿Por qué comprometerse a que “el Ministerio Público mantendrá informada a la CECH del curso de las investigaciones”? ¿Por qué obligar a los persecutores a entregar información incluso respecto de las pesquisas sobre filtraciones?

El gran beneficio de este convenio, se argumentó, sería que los pastores católicos ahora estarían yendo “más allá de lo que la ley les obliga”, porque hoy no están compelidos a denunciar los delitos. Pobre consuelo. Después de trasladar por años de una diócesis a otra a abusadores sexuales, de negligencia y encubrimiento de tantos casos, después de que hasta el Papa ha pedido perdón por todo esto, lo mínimo es que sin ningún papel de por medio sintieran que es un mínimo gesto de reparación colaborar con la Justicia. Algo que, además, es su deber como ciudadanos.

«No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos”. Eso fue lo que dijeron las propias víctimas, a través de una declaración de la Red de Sobrevivientes y la Fundación Para la Confianza. Tan burda fue la actuación de la CECH y de la Fiscalía Nacional, que ese intento de lavado de imagen –de una institución en la que muchas de sus máximas autoridades hasta hoy siguen actuando como en el pasado– no se logró.

Era tan obvio que de esto no saldría nada bueno, que hasta estaba advertido con descaro en el propio acuerdo: “Cabe indicar que debido a las regulaciones propias de la Iglesia y a la interpretación de las normas del Código Canónico, algunas jurisdicciones eclesiásticas, órdenes y congregaciones, pueden negarse a la entrega de algunos antecedentes (por ejemplo individualización de víctimas) o a la remisión de documentos, aduciendo secreto de oficio o pontificio…”. A renglón seguido se planteó que se trataría de superar estas eventuales negativas de manera amistosa, vía Fiscalía Nacional, y si no había acuerdo… que se pidiera una orden judicial para allanar e incautar. ¡Cuánta magnanimidad! Les darían “permiso” a los fiscales para hacer lo que la ley los faculta. Y, obvio, tenemos que creer que cuando al fin llegue la orden judicial –después de tantas idas y vueltas y avisos sobre la información sensible que se requiere–, los antecedentes aún estarían esperando a los detectives y que nada iba a ser cambiado de lugar o destruido.

Suma y sigue. El famoso convenio exigía presentar antecedentes fundados antes de andar pidiendo datos al Vaticano o que si había una incautación se procurara que un tercero se enterara de la diligencia. El acuerdo les permitía ganar garantías que ya están en la ley, pero aseguradas más allá de lo que se otorga a cualquier ciudadano. Y con eso dilatar las investigaciones. Algo muy peligroso porque, como dicen los abogados: cuando el tiempo pasa, la verdad huye.

Si tuvieron que anunciar desde el Ministerio Público su cancelación, fue porque este convenio hacía agua, porque ofendía a las víctimas, porque era obvio que no conseguiría más, sino menos verdad. Y porque también dañaba, una vez más, a la Fiscalía. Tanto así, que el persecutor regional Marcos Emilfork sostuvo en un correo: “Celebrar este tipo de acuerdos con instituciones que tienen intereses en investigaciones vigentes puede implicar una afectación a la autonomía institucional y, consecuencialmente, al principio de objetividad, pudiendo significar también para las víctimas de estos delitos un elemento de revictimización”.

Puras delicadezas hacia la Conferencia Episcopal. Si hasta un mecanismo de resolución de controversias contemplaba el convenio: “… toda duda o conflicto que se suscite entre dos o más partes, en cuanto a la interpretación o cumplimiento, será sometida al acuerdo que puedan intentar las partes amigablemente a través de negociaciones directas” ¿No pensaron en el resto de los mortales? Porque cualquier persona que tiene una discrepancia con la Fiscalía la zanja en tribunales, pero para los obispos… negociaciones directas.

Que se enteren de una vez: no hay nada que transar. No se negocia, porque si se negocia se arrasa con la dignidad de las víctimas. No hay controversia que resolver, porque el camino es uno sólo: entregar toda la información, dejar de encubrir y cada vez que tengan antecedentes de un delito ir donde corresponde, a denunciar ante la justicia civil. Que estos son delitos y no sólo “pecados”.

Como Juan Carlos Cruz somos miles los que no tenemos estómago para seguir viendo cómo se pisotea la ley, la independencia de las instituciones y, sobre todo, a quienes han logrado rearmarse como sobrevivientes, pero a los que se insiste en volver a convertir en víctimas. Las mismas que hicieron naufragar este conveniente (para los agresores sexuales y encubridores) convenio.