Fondos de Vivienda del Ejército: vea la carta del Ejército y la respuesta de CIPER
14.03.2019
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14.03.2019
Señora
Mónica González Mujica
Directora de CIPER
Presente
Junto con saludarla, me dirijo a usted en relación al reportaje difundido con fecha 8 de marzo del presente en el sitio web de CIPER, con el título: “Otro lunar en las platas del Ejército: el turno de los millonarios fondos para la vivienda”.
Al respecto, quisiera manifestarle que la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE), se rige en virtud de la Ley N° 18.712 que regula los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas, la que actualmente posee más de 24.000 afiliados, quienes de manera voluntaria aportan mensualmente parte de sus ingresos para generar un ahorro con fines habitacionales, lo que ha permitido concretar, anualmente, un promedio de más de 400 soluciones en este ámbito.
En función de ello, surge la necesidad de aclarar las siguientes afirmaciones vertidas en su reportaje, ante la imposibilidad de la institución de poder entregar su versión al no haber sido consultada:
Finalmente, el Ejército de Chile, que de manera permanente está disponible a atender las consultas y requerimientos que le son formulados, manifiesta su malestar por no haber sido consultado respecto de los antecedentes divulgados en el artículo, como también rechaza la presentación de presunciones sesgadas respecto al actuar de sus organizaciones, permanentemente fiscalizadas por las entidades competentes.
Saluda atentamente a usted,
Cristian Guedelhoefer Erbetta
General de Brigada, Secretario General del Ejército
General
Cristian Guedelhoefer Erbetta:
Lamento mucho que en su carta, la institución que usted representa, el Ejército de Chile, no responda las preguntas centrales planteadas en el reportaje “Otro lunar en las platas del Ejército: el turno de los millonarios fondos para la vivienda”. Y ello, porque una vez que CIPER ha hecho público el problema, la responsabilidad de su institución es responder a las profundas inquietudes -e incluso angustias- que están experimentando por estos días las familias de los 25 mil funcionarios que depositaron su confianza en el sistema de ahorro “voluntario” para adquirir la vivienda propia que diseñó y desarrolló el Ejército.
Lo más grave, a nuestro parecer, es que en ninguna línea de la carta se explica el porqué del considerable atraso que evidencia la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE) para devolver los fondos ahorrados a los miembros de su institución que lo solicitan.
Según nuestra investigación, corroborada por uniformados que ahorran en el sistema de la JAVE y por el anuncio que esa misma jefatura publicó en su página web y que sorpresivamente desapareció el miércoles 6 de marzo pasado, la demora en la entrega de los recursos que les pertenecen, y que les son descontados mensualmente por planilla, puede llegar a los seis meses si se solicita cerrar una cuenta.
En la carta recibida por CIPER nada se dice de los posibles problemas de liquidez detectados por la Contraloría en su informe 505 (difundido en mayo de 2018), y que aparecen refrendados por la dilación en la devolución de los ahorros solicitados por miembros de la institución. El informe de la Contraloría no levantó esa observación, sino que la dejó pendiente y subordinada a un pronunciamiento de su División Jurídica.
Lo cierto es que las 25 mil familias que depositaron sus ahorros en el sistema de la JAVE, tienen razones para estar inquietas. La paralización de tres importantes conjuntos habitacionales y los problemas judiciales relacionados con esas construcciones, hablan por sí solas.
Respecto de las obras paralizadas de tres conjuntos habitacionales en Arica, Coyhaique y Punta Arenas, la respuesta del Ejército apunta los dardos a la Constructora Alcarraz, empresa que, a su vez, acusó al Comando de Bienestar del Ejército (COB) al presentar el 17 de enero una demanda por indemnización de perjuicios por más de $5 mil millones. La constructora argumenta que el Ejército comprometió con ella la construcción de 1.400 viviendas, pero que solo se concretaron proyectos por 700 viviendas, lo que sumado a los reiterados y prolongados atrasos en los pagos por avance en las obras, le provocó un grave perjuicio.
Las negociaciones con la constructora Alcarraz para subsanar estos problemas que afectan la entrega de tres conjuntos habitacionales, se llevaron a cabo entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, en la sede del Comando de Bienestar del Ejército en Santiago. La constructora solicitó recursos adicionales por $3,2 mil millones para finalizar las obras y, en algún minuto, todo se entrampó. La construcción se paralizó al igual que el dialogo entre el COB y Alcarraz. Dado que a la fecha ninguno de esos tres condominios está terminado y las 736 familias de los suboficiales del Ejército siguen esperando poder acceder a su casa propia, la crisis es evidente.
La inquietud y preocupación de los uniformados que depositaron sus ahorros en el sistema de la JAVE se ha visto acrecentada por la demanda presentada el año pasado por la Organización Habitacional Los Pioneros de Natales en contra del COB. En lo medular, los uniformados que la integran acusan al COB de mal manejo de sus recursos; y piden una rendición de cuentas de la gestión de los fondos involucrados en la construcción del condominio “Los Pioneros de Puerto Natales”.
Los hechos que fundamentan la acusación son los siguientes:
El 31 de marzo de 2015 se firmó un contrato con Lote Constructora para que edificara sus 60 casas, pero luego de siete meses ese contrato se dejó sin efecto no sin antes pagarle $530 millones a esa empresa por concepto de indemnización por las obras realizadas. Lo grave, acusan, es que esas obras se redujeron a un “movimiento de tierras”. Entonces, entró a la obra una nueva constructora –Alcarraz- la que tampoco cumplió con lo estipulado en el contrato original de $1,8 mil millones. Esa cifra, afirman, aumentó en más de $500 millones durante el transcurso de las obras. Los propietarios de las casas de “Los Pioneros de Puerto Natales” acusan al COB de haber condonado las multas a la constructora Alcarraz por el retraso en la entrega del condominio.
Respecto de los fondos depositados en las cuentas de la JAVE por altos mandos del Ejército, incluido hasta 2017 el actual comandante en jefe, el informe de la Contraloría plantea que “no fue posible analizar su composición ni evolución histórica, dado que no se proporcionó la información completa y detallada de los mismos, atendido su carácter privado”. Por lo que el reportaje publicado por CIPER no hace “una presentación de presunciones sesgadas”, como afirma usted en su carta, sino que se atiene a los hechos y a las dudas existentes sobre el actuar de la JAVE en el manejo de los fondos que administra.
Nada se dice tampoco en la carta sobre el conflicto de interés que existe en el actuar del Consejo Superior de la JAVE, que fija el interés que se paga a los ahorrantes, cuando al mismo tiempo quienes toman esa decisión mantienen ahorros en las cuentas de la JAVE. Ese consejo está integrado por el comandante de Bienestar, el jefe del Estado Mayor de Bienestar, el jefe de la Contraloría Interna de Bienestar, el jefe de la Jefatura Habitacional y el jefe de la JAVE.
Sobre el carácter público de los cuantiosos fondos que administran los directivos de la JAVE, altos oficiales del Ejército, está pendiente el pronunciamiento de la División Jurídica de la Contraloría. Y ese es uno de los puntos más importantes a resolver, pues se están repartiendo intereses a los afiliados que son producto en parte de las utilidades que arrojan los préstamos que se hacen a los ahorrantes con recursos que provienen de la banca privada. Esos fondos están avalados por el Comando de Bienestar del Ejército, una dependencia por esencia del Estado y de función pública.
Aquí surgen nuevas interrogantes que tampoco están respondidas en su carta: ¿Cómo se eligen los bancos que prestan estos fondos ($44 mil millones a 2016)?, ¿quiénes participan en la elección de esas entidades financieras?, ¿se licitan o son públicos los requisitos y bases de esa selección?, ¿qué incentivos ofrecen los bancos para un monto alto de créditos y que, además, su pago está garantizado por el Estado a través del COB?
A partir del pronunciamiento pendiente de la División Jurídica de la Contraloría, y esperamos que también del Ministerio de Defensa y de otras instituciones del Estado que fiscalizan y resguardan el buen uso de los fondos públicos, es probable que haya que cambiar aspectos esenciales del funcionamiento de la JAVE.
Como por ejemplo, el establecimiento de una estructura que garantice que todos los dineros acumulados se utilizan única y exclusivamente en apoyar la adquisición de una vivienda propia de los uniformados que les entregan sus ahorros. Lo que hoy no ocurre.
Ejemplo de ello es que no hay ninguna información sobre la función que cumple cada uno de los uniformados y civiles adscritos a la JAVE y las remuneraciones que reciben. Pero lo más grave, es que nuestra investigación arrojó que los procesos para escoger la constructora que asumirá los proyectos habitacionales, la negociación de los montos involucrados y la firma de los rudimentarios documentos en que los acuerdos se oficializan, se hacen en la sede del Comando de Bienestar del Ejército en Santiago. Y ante la presencia del equipo que encabeza esa división.
Siguiendo con este mismo cuestionamiento a los importantes vacíos que exhibe la respuesta del Ejército a CIPER, está el hecho de que no se acompaña ningún documento que desmienta o aclare otra irregularidad que se explica en nuestro reportaje: la inexistencia –hasta mayo de 2018 al menos- de una personalidad jurídica de la JAVE o de un reglamento que establezca normas claras en concordancia con los miles de millones que maneja.
Será la justicia la que determine si existió o no un mal manejo de recursos en el caso del condominio de Puerto Natales. También la justicia resolverá si la razón la tiene el Comando de Bienestar o la Constructora Alcarraz. Y la Contraloría deberá zanjar los puntos pendientes de su fiscalización a los fondos administrados por la JAVE. Pero hoy solo el Ejército puede tranquilizar a su personal que está la espera de saber qué pasa con sus ahorros y cuál es la real situación financiera de la JAVE. Esa pregunta sigue sin respuesta.
Mónica González
Directora de CIPER