Los negocios ilícitos de Juan Castro, el ex alcalde de Talca que llegó al Senado

“Sin miedo, sin límites” fue el slogan de campaña del nuevo senador por el Maule, Juan Castro Prieto (RN, 58 años). La frase refleja lo que fue su administración como alcalde de Talca entre 2008 y 2016. Por esa gestión Castro enfrenta acusaciones graves: cohecho, hacer negocios privados con proveedores del municipio, viajar a Europa simulando una invitación oficial cuando era financiado por empresas que prestaban servicios a la entidad edilicia y adjudicar contratos en licitaciones irregulares.

El senador, quien postuló como independiente y hoy milita en Renovación Nacional, obtuvo la segunda mayoría regional a pesar de estar formalizado desde agosto de 2016 por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos.

No obstante la gravedad de los ilícitos por los que fue imputado por la Fiscalía de Talca, el senador Castro no recibirá castigo penal. El 4 de abril el Juzgado de Garantía de Talca aprobó la suspensión condicional de la causa por dos años.

El acuerdo entre el fiscal regional Mauricio Richard y el ex alcalde Juan Castro para esa salida alternativa, no se hizo sobre la base de la inocencia del actual senador. Las razones esgrimidas por el Ministerio Público para ello son: la prescripción parcial de los delitos que se le imputan y las bajas condenas que arriesga en caso de ser hallado culpable.

Junto a Castro también fueron formalizados dos funcionarios de la Municipalidad de Talca de su círculo íntimo, los que ahora ejercen como altas autoridades: el actual alcalde de esa ciudad, Juan Carlos Díaz (RN), quien fue su administrador municipal; y Juan Valdebenito, su ex jefe de gabinete y hoy consejero regional. Ambos cerraron una beneficiosa venta de terrenos a la empresa CTS tras ampliar su contrato de aseo con el municipio.

Uno de los dueños de CTS, el empresario Christian Tizza, también fue formalizado en esta causa. Entre 2009 y 2017, su empresa de aseo recibió más de $5.700 millones del municipio talquino gracias a licitaciones y extensiones de contrato.

La salida alternativa aprobada por el tribunal implica que cada uno de los cuatro imputados deberá pagar $5 millones a la Municipalidad de Talca, $3 millones a un hogar de ancianos y rendir un curso sobre regulación y control municipal. 

-El caso de cohecho fue sobreseído. En los otros casos he intentado buscar dicha salida simplemente para evitar un proceso de larga data, asumiendo que no tengo ningún tipo de responsabilidad por ser completamente inocente frente a los hechos que se me imputan –respondió a CIPER por escrito el senador Juan Castro.

En la investigación de CIPER surgieron otras irregularidades del senador Castro cuando se revisó la información entregada por el ex edil en su última declaración de patrimonio e intereses: omitió cuatro sociedades. Una de ellas, la Constructora Indemma,se adjudicó licitaciones por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule que hoy Castro representa en el Senado. La empresa obtuvo la mayoría de estos contratos mientras su dueño ejercía como alcalde de Talca.

CTS ATERRIZA EN TALCA

Todo empezó en diciembre de 2008, fecha en que Juan Castro asumió su primer periodo como alcalde de Talca y el empresario metalmecánico, Eduardo Bustamante Matta, le presentó a Christian Tizza Martínez. Este último era dueño (junto a su padre) de CTS Limitada, firma que desde 1992 operaba en el rubro de aseo y mantención de jardines en Melipilla, Linares, Padre Hurtado y Peñaflor, entre otras comunas.

Menos de un año después, CTS aterrizó en Talca.

En septiembre de 2009, el Concejo Municipal de Talca decidió poner fin al contrato de limpieza que mantenía con la empresa Demarco, por deficiente. Y aprobó que la contratación se hiciera, esta vez por trato directo, con un nuevo proveedor. La justificación para el apuro fue que Talca no podía quedar sin aseo: invocando una “emergencia sanitaria” se acordó entregar dos contratos al mejor postor, uno por recolección de basura y otro por el barrido de la ciudad. Ambos sumaron $130 millones mensuales.

El 17 de septiembre, horas antes de que el país se sumergiera en un largo feriado de Fiestas Patrias, el municipio talquino envió un correo electrónico a las empresas que eligió sin concurso, solicitando cotizar los servicios. Les dio cinco días para responder.

En la tarde del 22 de septiembre, Starco, Servitram, Urbana, Transportes CTS, Casino, Dimensión y Ecoser hicieron llegar sus propuestas. Una semana después el Concejo Municipal de Talca adjudicó el negocio a las que ofertaron los precios más bajos: Casino, con $84,3 millones mensuales por la recolección de residuos y CTS, que ofreció $42,4 millones mensuales por barrer las calles, retirar escombros y limpiar los canales.

El 28 de octubre de 2009, Juan Castro firmó el decreto por el cual la Municipalidad de Talca le entregó a CTS el barrido y levante de basurales por cinco meses por un total de $212,4 millones. En los dos años siguientes, CTS fue beneficiada con tres ampliaciones de su contrato: por un monto casi el doble del primer acuerdo y por más tiempo.

Tras el terremoto de 2010, el alcalde le arrendó a CTS una bodega de su propiedad en $500 mil mensuales.

Para entonces, Castro y Tizza ya habían hecho juntos un viaje fuera de Chile.

Fue precisamente ese viaje más el arriendo de la bodega de Juan Castro a CTS la que dio origen en julio de 2014 a una auditoría de la Contraloría Regional del Maule. Su informe (N°34/2015), detalló una serie de irregularidades en la Municipalidad de Talca que favorecieron a CTS. Y fue entonces, en abril de 2015, que la Fiscalía de Talca inició la investigación por los nexos irregulares entre Castro y los funcionarios de su confianza con la empresa de aseo.

EL ASEO LOS LLEVA DE VIAJE

En mayo de 2009, en la pequeña ciudad de Oncativo (Córdoba, Argentina), el alcalde Castro, junto al concejal Cristián Garrido (UDI) y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito, se encontraron con el dueño de CTS, Christian Tizza, y Eduardo Bustamante Matta, el industrial que fue nexo entre Castro y Tizza. Cuando fueron interrogados en la Fiscalía, todos coincidieron: el viaje se hizo para conocer las instalaciones de Scorza, fabricante de barredoras representada en Chile por Bustamante, un importante proveedor de CTS.

La Fiscalía acreditó que el viaje fue pagado por Bustamante, aunque éste aseguró haber tenido un acuerdo con Tizza para repartirse los gastos. Esa versión fue refutada por Christian Tizza cuando en agosto de 2016 declaró haberse enterado “solo cuando llegué a esa ciudad (Oncativo)” de quiénes participarían en esa actividad. También aseguró que en las conversaciones con las autoridades maulinas “no hubo ninguna referida a las licitaciones”.

Bustamante arremetió: presentó como prueba una cadena de correos electrónicos entre él y Tizza de junio de 2009, un mes después del viaje. En uno de esos emails enviado por Tizza, se lee: “Perdona, Eduardo, he cumplido todos mis compromisos (…) Terminando este pago, pago lo facturado. El impuesto te lo van a pagar. Y el viaje a Scorza lo deposito. Lamento que el viaje fuera infructuoso comercialmente”.

LA BODEGA DEL ALCALDE

El terremoto grado 8,8 que en la madrugada del 27 de febrero de 2010 azotó a gran parte del país y dejó a casi toda Talca en el suelo, destruyó también las instalaciones de CTS. Sin electricidad ni agua potable la firma debió buscar una nueva sede para iniciar el urgente trabajo de limpieza.

Y es ahí donde entra en esta trama una de las empresas del senador Castro. En los primeros días de marzo de 2010, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva le arrendó a CTS una bodega en calle 3 Sur, N° 1686 en $500 mil mensuales. Esa sociedad tiene como únicos dueños a Juan Castro y a su esposa, Juana Parra Miranda.

Sobre ese arriendo, Juan Castro Prieto declaró: “Nunca tuve claro, es más, nunca supe que esa empresa hubiere pagado algo por ocupar mis instalaciones. Eso lo supe a propósito de la investigación de Juan Carlos Díaz (su administrador municipal). No puedo precisar cuánto tiempo ocuparon las instalaciones, tal vez unos seis meses, pero en verdad no me acuerdo (…) Creo que fue a propósito de una publicación en el diario o radio que me enteré que pagaban un arriendo. Imagino que luz y agua también la pagaban ellos” (6 de julio de 2016).

La Fiscalía aportó pruebas del arriendo que se extendió por al menos seis meses: una factura emitida el 1 de julio de 2010, por la Sociedad Santa Malva a CTS por $1,5 millones por tres meses de arriendo de la bodega.

Otra prueba del alquiler fue el acta del Concejo Municipal del 15 de septiembre de 2010. En esa sesión, se acordó prorrogar por un periodo de seis meses el contrato de CTS. Allí Castro reconoció que le comentaron “que era feo que el alcalde facilitara una dependencia a dicha empresa”, omitiendo informar que efectivamente le arrendaba una bodega a CTS por $500 mil mensuales.

EL ASEO AHORA LOS LLEVA A EUROPA

En la investigación de la Fiscalía hay un capítulo especial dedicado a un viaje del ex alcalde Juan Castro a Europa. El periplo a Sevilla y Orense (España) fue autorizado por el Concejo Municipal de Talca el 14 de marzo de 2011. El objetivo: conocer “la gestión de servicios municipales en el ámbito del medio ambiente e infraestructuras públicas”. Todo gracias a una invitación de la “Cámara de Comercio Española”.

Días antes de partir, el acalde le informó al concejo que la invitación se había ampliado: ahora los españoles querían verlo también en París y Roma “para que pueda comparar las distintas alternativas en temas medioambientales y de comercio”, dijo Castro, según registra el acta respectiva.

El 18 de abril de 2011, Castro, su asesor jurídico Walter Barramuño Urra, y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito Mansilla, volaron a España. Recibieron en conjunto un viático de $5,4 millones. Las cartolas de sus tarjetas de crédito dan cuenta de un viaje que acabó el 30 de ese mes.

Cuando estalló el escándalo por los ilícitos cometidos por el alcalde de Talca, la Fiscalía indagó el origen de las invitaciones para ese viaje extendidas por la “Cámara de Comercio Española”, las que estaban firmadas por Luis Cid y Xavier Fontanilla. El primero murió en junio de 2011, mientras que sobre Fontanilla la respuesta fue: “No es persona conocida de esta Cámara”.

La información que recibió la Fiscalía la proporcionó el gerente general de la cámara, José María Castillero Guijarro, quien puntualizó un hecho aún más grave: “No se ha extendido invitación alguna al Sr. Juan Castro Prieto, sea para viajar a España ni a otra localidad”. Y precisó que el nombre real de la entidad es “Cámara Oficial Española de Comercio de Chile” y no “Cámara de Comercio Española”, como lo informó Castro al Concejo Municipal.

El peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim) tampoco pudo dar con la dirección del correo en el que se extendió la invitación. Cuando los detectives intentaron rastrearlo en el computador de la secretaria del alcalde, se encontraron con una segunda sorpresa: el equipo ya no estaba. Dos funcionarios del área de computación del municipio declararon que este se quemó en 2011 y que ese mismo año una inundación dañó el servidor de la municipalidad. No había rastro de invitación ni de ninguna otra gestión del alcalde entre 2009 y 2011.

Lo más grave vino después.

Y fue el asesor jurídico Walter Barramuño quien aportó una pieza clave que faltaba del viaje: declaró que en la comitiva también estaba el empresario Jorge Klein Garfias, entonces gerente general de la empresa Urbana Chile, otra de las grandes compañías del negocio del aseo que presta servicios a varios municipios a lo largo del país.

Urbana no era una empresa desconocida para quienes dirigían la gestión de la Municipalidad de Talca. A pesar de la muerte del servidor del municipio, el Ministerio Público encontró una factura de más de $6 millones emitida dos meses después del viaje (1 de julio de 2011) por Urbana a la Municipalidad de Talca. Motivo: el pago del arriendo de dos camiones durante 11 días. Las máquinas pertenecían a Juan Valdebenito, el jefe de gabinete de Castro.

La investigación posterior demostró que Valdebenito también se benefició de otros contratos en los que arrendó sus camiones a empresas que prestaban servicios al municipio. Fue el propio Valdebenito quien reconoció haber llegado a tener 15 camiones arrendados a Urbana y a otras empresas del giro. Entre las pruebas que lo inculpan aparecen facturas por $293,5 millones pagados a Valdebenito por Urbana.

Finalmente, ante el cúmulo de pruebas, Castro, Valdebenito y Barramuño debieron reconocer que su viaje a Europa fueron unas vacaciones pagadas por el municipio y Urbana Chile. Que en Sevilla, Orense, Roma y Paris, solo turistearon. No tuvieron reunión alguna con autoridades públicas ni privadas. Después volvieron a Madrid, donde esta vez sí los esperaban con reuniones, pero no con la “Cámara de Comercio Española”, sino con los ejecutivos de COPASA, la constructora dueña de Urbana. Todo ello preparado por el ejecutivo de Urbana, Jorge Klein, quien declaró que el viaje a Europa lo hizo por instrucciones de su jefe, José Cabrerizo Carvajal, accionista de Urbana Chile.

Para sorpresa de la Fiscalía, sería el jefe de gabinete de Juan Castro el que aportaría la última pieza del viaje a Europa. El ex presidente distrital de la UDI, Juan Valdebenito, reveló que, una vez en Madrid, los altos ejecutivo de COPASA les ofrecieron construir el edificio consistorial de la municipalidad, les hablaron de sus filiales dedicadas al retiro de residuos sólidos, intercambiaron regalos y los invitaron a cenar y a recorrer Santiago de Compostela en un tour guiado por un ejecutivo de la firma.

La constructora COPASA tiene un largo historial en España y en Chile. Un reportaje de CIPER (ver reportaje) dio cuenta en 2014 de sus problemas en la ejecución de obras públicas por demoras que provocaron el cierre de sus contratos: la remodelación del Estadio Ester Roa de Concepción, el Puente Bicentenario de la misma ciudad y los arreglos del Estadio de La Serena, que a meses de su reinauguración se inundó. Y todo ello mezclado con denuncias de pago de coimas a autoridades.

Pero en mayo de 2011, nada de todo esto se conocía en el Concejo Municipal de Talca. Tampoco se sabe si algún concejal quiso indagar. De lo que sí hay registro es de lo que contó el entonces alcalde Juan Castro a su regreso de Europa ante ese concejo: “Nos esperaron en Madrid, de ahí a Francia y después a Italia, volviendo nuevamente a Madrid, donde nos mostraron las empresas que conforman la Cámara de Comercio, grandes grupos económicos que tienen presencia en Chile e inversiones en Latinoamérica”, se lee en el acta del 4 de mayo.

LA MUNI PAGA DOBLE

Cinco meses después del viaje a Europa, en septiembre de 2011 el municipio de Talca adjudicó a CTS la licitación de barrido y levante de micro basurales. Hubo diferencias con el primer contrato: el monto y la extensión aumentaron. De los $42 millones mensuales iniciales, se pasó a $83 millones; y de un año se pasó a cinco años de duración, agregando solo algunas calles. A esa fecha, CTS seguía como inquilina del alcalde, pagando $500 mil mensuales por la bodega de la calle 3 Sur.

Junto con el fin del arriendo de la bodega del alcalde a CTS, a fines de 2011 el trabajo de la empresa de aseo comenzó a ser duramente cuestionado en el municipio. También se multiplicaron los reclamos de los talquinos por la calidad del aseo de sus calles. Pero nadie la multó. En julio de 2012, el responsable de esa área, Christian Ramírez Quilodrán, anuló una de las pocas multas aplicadas: 146 UTM ($5,8 millones de la fecha). Cuando el funcionario declaró dijo que hubo “un problema de interpretación y desinformación entre la empresa y la inspección técnica”.

En el mismo mes en que se anuló dicha multa, apareció un nuevo nexo entre Castro y CTS. El 11 de julio la constructora del alcalde Juan Castro, Indemma, firmó un contrato con otra de las sociedades de Tizza – Inmobiliaria La Patagua– para levantar un galpón en Linares a un costo de $15 millones. Uno de los socios de entonces de la constructora de Castro, el ingeniero José Miguel Guajardo González, declaró que en 2013 el funcionario de Indemma, Henry Uribe, le comentó sobre el alto precio que se pagaba por un simple galpón.

EL ASEO TAMBIÉN PAGA DOBLE

La Fiscalía también descubrió otra negociación dudosa de los funcionarios municipales Juan Valdebenito y Juan Carlos Díaz con CTS. La reconstrucción de los hechos indica que ambos compraron en julio de 2013 dos terrenos en la Población Mirador de Talca en $25 millones. Solo días después se los vendieron a CTS por $70 millones.

Durante ese mismo mes de julio el Concejo Municipal, encabezado ahora por Juan Carlos Díaz como alcalde subrogante, acordó un importante beneficio para el negocio de la empresa de aseo: aumentó casi $10 millones el valor mensual, pasando de $83 millones a $93 millones.

La auditoría de la Contraloría Regional estableció que la venta de los terrenos a CTS “constituye una falta de probidad de los funcionarios debido al potencial conflicto de interés”.

Díaz y Valdebenito hicieron sus descargos. Para ellos, la compra y venta de los dos terrenos a CTS que les permitió ganar $45 millones en solo días, “fue una oportunidad inmejorable y que se efectuó con ánimo lucrativo”.

SIN PATENTE NI MULTAS

A las multas que el municipio no le cobró a CTS, se sumó otra irregularidad: el no pago de patente por parte de la empresa de aseo. Recién en marzo de 2015, CTS pagó las patentes comerciales de los cuatro años adeudados: $3,7 millones.

En mayo de 2016, Tizza vendió CTS y Ecogreen -otra de sus empresas de limpieza- a Starco y Demarco, filiales de KDM, una de las firmas más grandes en el rubro de la basura. KDM pudo así recuperar el contrato con la Municipalidad de Talca que su filial Demarco había perdido frente a CTS en 2009.

LOS NEGOCIOS DE CASTRO EN LA ZONA

Tras comparar la declaración de patrimonio e intereses que entregó Juan Castro al Servicio Electoral (Servel), requisito para postular a senador (vea la declaración), CIPER identificó al menos cuatro sociedades que omitió: Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva (constituida en 2007), Prime Harvest SpA (creada en 2014), Prime Harvest S.A. (creada en 2010) y Sociedad Constructora Indemma (constituida en 2002).

El senador deberá ahora incluirlas en su nueva declaración luego de haber sido electo. A la nómina deberá agregar una quinta empresa: Kif Pharma SpA, dedicada al negocio farmacéutico y de equipos médicos, la que recién creó en febrero de este año.

-Todas esas empresas existen. En Prime Harvest SpA y Prime Harvest S.A. poseo una participación minoritaria, por lo cual no tengo ninguna responsabilidad en la gestión de las mismas –afirmó Castro a CIPER para justificar su omisión.

Pero el senador incurre en un error: como su participación en estas empresas es a través de sociedades que él sí controla, está obligado a declararlas.

Lo mismo ocurre con Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva, Constructora Indemma y la recién creada Kif Pharma. “Esas sociedades están reflejadas en las empresas matrices del holding, que fueron informadas correctamente”, argumentó Castro en su respuesta a CIPER. Pero la omisión es evidente: según la ley no basta con declarar la matriz del holding (en este caso, Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva y Agrícola Santa Malva). También se deben especificar todas las sociedades constituidas a través de ellas (las controle o no).

El ex alcalde de Talca también deberá incluir en su nueva declaración la información que omitió respecto de los bienes inmuebles que posee a través de sus empresas. A pesar de que insiste en que todo fue declarado, en su declaración no hay mención alguna a las al menos 35 propiedades que están a nombre de esas sociedades. Su avalúo fiscal sobrepasa en total los $1.500 millones.

Entre todas las empresas que los registros oficiales indican que Juan Castro Prieto controla y que omitió en su declaración, hay una que destaca por sus contratos con el Estado: Constructora Indemma. Creada en 2002 por Castro y su esposa, entre 2007 y 2017 se adjudicó más de $5.600 millones en contratos con distintos organismos públicos. De los 30 municipios de la Región del Maule -que hoy representa Castro-, 15 han pagado desde $267 mil a $743 millones a esta constructora.

-No existe en ningún caso un conflicto de interés. Ningún contrato se hizo con organismos estatales en los cuales tuviera alguna influencia y estas adjudicaciones corresponden a licitaciones públicas. Ni como alcalde ni como propietario influí de manera alguna en ellas –respondió Juan Castro a CIPER.

Aunque para el senador no es cuestionable, lo cierto es que su constructora no solo se adjudicó contratos con municipalidades vecinas, sino que también con instituciones instaladas en su propia comuna: la división de la JUNJI en Talca ($320 millones) y la Universidad de Talca ($142 millones).

Y si bien el senador se retiró de la propiedad de Constructora Indemma entre enero de 2008 y diciembre de 2010, en ese lapso su familia no perdió el control ni las ganancias de esa empresa, ya que esta quedó en manos de sus hijos, Cristián y Nicole, junto a un tercer socio: Rodrigo Morales Mella. En diciembre de 2010, Juan Castro ingresó nuevamente a su propiedad a través de otra de sus empresas: Transportes y Movimiento de Tierra Santa Malva.

Respecto de la Constructora Indemma, Juan Castro afirmó a CIPER:

-En septiembre de 2017, según escritura pública, esta firma es transformada en una sociedad por acciones, administrada por un directorio que no integra ningún familiar mío. La empresa controladora, la Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, también es administrada por un directorio autónomo, del cual no formo parte. No participo en la administración de las empresas de mi propiedad desde el año que fui nombrado alcalde.

La indagación de CIPER arrojó que efectivamente la Constructora Indemma tuvo un cambio importante en la fecha que indica el senador (septiembre de 2017). En esa misma fecha y simultáneamente, Juan Castro aparece haciendo la misma transformación a sociedad por acciones en otras cuatro de sus empresas: Agrícola Santa Malva, Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva y Barraca de Fierro Castro.

Respecto del directorio de su empresa Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, los registros de febrero de este año indican que la representa Lorena Becerra Muñoz, secretaria personal del senador Juan Castro desde hace 25 años.

 

Este reportaje fue actualizado el 4 de abril de 2018 a las 15:07