La caída del PRI

Solo dos rostros exhibe el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) para disputar cupos en el nuevo gobierno de Sebastián Piñera: Alejandra Bravo y Eduardo Salas. Ambos  conforman una dupla que en el último año multiplicó sus esfuerzos para intentar ganar espacio en la coalición del nuevo oficialismo.

El resultado de la última elección parlamentaria frustró esa ambiciosa apuesta. En la noche del domingo 19 de noviembre el veredicto de las urnas evidenció la casi nula convocatoria del PRI. De los diez candidatos que presentaron a la Cámara de Diputados, no lograron elegir a ninguno y sus votos representaron el 0,66% del total nacional.

Alejandra Bravo y Eduardo Salas fueron sus principales cartas: Bravo obtuvo un 3,39% en el Distrito 8 (resultó quinta entre los candidatos de derecha) y Salas recibió el 2,4% en el Distrito 24. Ambos son pareja. Ella es la presidenta del PRI, y Salas el secretario general.

No sé sabe cuánto influyó en la decisión de voto de los ciudadanos el cuantioso financiamiento ilegal que el PRI y sus dirigentes recibieron de Soquimich y el Grupo Angelini y que terminó con su entonces presidente, Humberto de la Maza, condenado. Del aporte financiero ilegal tampoco se escapan sus actuales dirigentes. Y en el caso de Eduardo Salas, a ello se suma el plagio de los informes que entregó a la justicia para intentar justificar esos pagos.

Elaboración propia a partir de datos del Servel

A pesar del éxito electoral que alguna vez logró el PRI cuando un sector de los “colorines” de la DC rompió con la Falange para integrarse a sus filas, hoy es un partido al borde de la extinción. Sin peso electoral y con el triste récord de haber tenido el primer presidente de partido condenado por financiamiento político ilegal, el PRI arriesga sumar otro poco honroso título: ser un intento fracasado de quebrar a la DC por la derecha.

OPERADORES DEL PRI PAGADOS POR SQM

“El PRI se armó en las oficinas de SQM”. Corría julio de 2015 cuando la senadora Lily Pérez se lanzó contra el PRI en una entrevista con la radio de la librería Qué Leo. Y lo hizo justo cuando el PRI era presentado como el nuevo integrante de Chile Vamos, la coalición de derecha con cuyo respaldo Sebastián Piñera intentaba regresar a La Moneda.

“Resulta que ahora este señor Humberto de la Maza, con $100 millones de Soquimich o más, el señor (Eduardo) Salas, secretario general, también por las mismas, con sueldos millonarios pagados por Soquimich, el ex senador Adolfo Zaldívar, fundador del PRI, que falleció, también; entonces eso es el PRI: un grupo de operadores políticos pagados por Soquimich”, acusó Lily Pérez.

En rigor, el PRI no se armó en las oficinas de SQM, pero sí es uno de los partidos políticos cuyos dirigentes aparecen más involucrados con los pagos ilegales de las grandes empresas a la política. Y no solo de SQM. Los dirigentes del PRI también recibieron abultadas cifras desde empresas del Grupo Angelini.

El actual secretario general del PRI, el abogado Eduardo Salas, recibió $74 millones desde SQM, pagos que la minera rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), aduciendo que no contaban con el respaldo para ser considerados válidos. Aun así, Salas negó el ilícito. Ante el SII y también en la Fiscalía declaró que él sí prestó servicios a la minera. Incluso entregó informes que avalarían su declaración.

Los pagos irregulares que Salas recibió de SQM datan de 2010 a 2012.  Por ello, cuando Salas declaró ante el SII y la Fiscalía su inocencia, entregó los documentos originales que respaldaban su asesoría. Y afirmó que todos ellos fueron elaborados en ese mismo periodo.

CIPER revisó esos informes y se encontró con dos sorpresas. La primera, que la casi totalidad del contenido de esos documentos es un plagio de internet. Y lo que es más grave, nuestra indagatoria descubrió que parte de la información que él copió y exhibió ante las autoridades, data de 2013, es decir, fueron publicadas con posterioridad a la fecha en que recibió los pagos de la minera (entre 2010 y 2012).

SALAS COPIÓ MAL

Ante las autoridades fiscalizadoras Eduardo Salas dijo que Adolfo Zaldívar le encargó trabajos para SQM, y que el ex senador no recibió un peso por esos encargos. Todo el dinero –aseguró- fue para su bolsillo. En esa misma declaración, Salas debió reconocer que no conoció a nadie de SQM ni que tampoco había estado en sus oficinas. En total, dijo haber realizado, al menos, cuatro informes para la minera.

CIPER accedió a esos informes. “Relaciones sociales y etnicidad en el espacio Aymara en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá”, se titula el primero de los informes que Salas entregó a la Fiscalía para intentar probar que los pagos de SQM correspondían a trabajos efectivamente realizados. Es un plagio de inicio a fin. La primera parte es una copia fiel de la tesis de Sergio Avendaño Pinto para optar al grado de magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización (Universidad de Chile). El plagio es tan burdo que la única modificación que Eduardo Salas hizo a la tesis de Avendaño fue cambiar la referencia a Antofagasta por la de las regiones de Arica y Tarapacá. Hasta los objetivos generales y específicos están plagiados.

Eduardo Salas, secretario general del PRI

Luego el dirigente del PRI copia varios párrafos de la “Guía de Antecedentes territoriales y culturales de los pueblos indígenas de Chile”, documento elaborado por la Dirección General de Obras Públicas en enero de 2012. Este dato es clave. Salas declaró al SII que estos informes sobre pueblos indígenas fueron entregados en varias partes a SQM entre enero de 2010 y enero de 2011. Eso es imposible: uno de los informes que ocupó para construir su documento plagiado se elaboró recién un año después (2012).

Otra prueba. Hay un tercer texto que Eduardo Salas plagió. “Los aymaras del norte de Chile entre los siglos XIX y XX. Un recuento histórico” es un artículo de Alberto Díaz Araya para la revista Atenea, de la Universidad de Concepción, que se publicó en 2013. Es decir, dos años después de que el dirigente del PRI hubiera supuestamente entregado el mismo texto a SQM. Salas mintió, y mintió mal.

Otro texto de 2013 que plagió fue “Grupos de descendencia y propiedad de la tierra aymara en el altiplano del extremo norte de Chile (Región de Arica y Parinacota)”, de Cristhian Cerna, Shirley Samit e Ignacio Fradejas García, publicado en la revista Austral de Ciencias Sociales.

Salas declaró ante los fiscales que este informe se entregó en tres partes (junio y octubre de 2010 y marzo de 2011), y que “por ese concepto yo recibiría una remuneración líquida de alrededor de $39 millones. No hubo contrato escrito, solo consensual”. Luego, según el mismo Salas, SQM le solicitó, a través de Zaldívar, dos informes más por los que se le habría pagado un monto adicional.

CIPER también accedió a esos otros informes. “Configuración de los territorios, el rol de las empresas, en una visión multiescalar del desarrollo” (15 páginas), es un informe teórico respecto de la globalización donde casi todo está plagiado. El primer párrafo de la introducción está copiado textualmente de “El palimpsesto de la ciudad” de Jahir Rodríguez, autor al que no cita en la bibliografía incluida en la parte final del documento.

El desarrollo del texto es un parafraseo de “La geografía escalar del capitalismo actual”, de Sara González, investigadora de la Universidad de Newcastle. De allí Salas rescató sus citas e ideas centrales. Pero hay otros plagios. Los primeros párrafos del segundo subtítulo (“La importancia de los actores locales y su identificación”) están copiados de “Apuntes del docente”, de las profesoras Paulette Landon y Ximena Arizaga, del diplomado “Políticas sociales, desarrollo y pobreza” que imparte la Universidad Alberto Hurtado para profesionales de la Fundación Para la Superación de la Pobreza. A ellas tampoco las cita en su bibliografía.

Hay más. En ese mismo segundo subtítulo hay varios párrafos plagiados del libro “Recursos territoriales y geografía de la innovación industrial en España”, de José Luis Alonso Santos, Luis Javier Aparicio y José Luis Sánchez. No están citados.

Desde un inicio los representantes de SQM desconocieron la veracidad del supuesto trabajo de Eduardo Salas. Por ello, los $74 millones que le pagó fueron rectificados ante el SII.

Consultado por CIPER, el actual secretario general del PRI envió por correo electrónico su respuesta:

«Hace más de dos años y medio declaré ante el SII y el Ministerio Público (tengo copia de ambas declaraciones) y quedó clarísimo que yo trabajé y que no incurrí en irregularidad alguna, por eso dicha situación no prosperó en la causa. Llevo 30 años ejerciendo mi profesión como abogado tanto en el sector público como privado, he realizado cientos de informes, estudios y análisis conforme a mis capacidades profesionales que están en el ámbito del derecho público y privado, el desarrollo regional, los derechos humanos, los pueblos originarios que implican también investigaciones en el campo de otras ciencias sociales y diversas fuentes, y jamás he cometido plagio alguno».

UNA HISTORIA OSCURA

Los ilícitos en los que habría incurrido Eduardo Salas no son historia nueva para el PRI. Su primera diputada electa fue Marta Isasi, quien está a punto de enfrentar el juicio oral por los pagos ilegales que recibió de Corpesca (pesquera del Grupo Angelini) mientras esa misma empresa le enviaba instrucciones respecto de cómo votar los artículos de la cuestionada Ley de Pesca de 2012 (ver reportaje de CIPER).

En 2008 aterrizaron en sus filas un puñado de ex militantes DC, encabezados por el fallecido Adolfo Zaldívar. Luego de su llegada, el partido fue virando hacia la derecha. La indagatoria del financiamiento ilegal de la política ha ido revelando cómo en paralelo a ese viraje, grandes empresas giraban millonarias sumas a las cuentas de militantes del PRI. Varios de ellos ya reconocieron ante la Fiscalía que se trató de pagos políticos.

Uno de sus principales dirigentes involucrados fue Humberto de la Maza, quien debió renunciar a la presidencia del PRI luego de ser el primer condenado por delitos tributarios en la investigación del financiamiento ilegal de la política desde SQM. Pero los dirigentes del PRI involucrado son muchos más.

Humberto de la Maza, ex presidente del PRI

Otro de los pagos rectificados ante el SII y por el que Eduardo Salas debió declarar ante la Fiscalía fue del Grupo Angelini. Desde Inversiones Siemel, Salas recibió $5,5 millones en noviembre de 2010, cuando el dirigente ya estaba instalado como asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno de Piñera.

Son varios los nombres asociados al PRI que recibieron dinero de empresas del Grupo Angelini, las que rectificaron esos montos ante el SII, reconociendo que se trató de pagos que no tenían respaldo en trabajos ejecutados.

Copec, otra de las empresas del grupo, le hizo cinco giros por un total de $27 millones al yerno de Humberto de la Maza, Marcelo Peñaloza Villalobos (entre 2012 y 2013). El mismo Peñaloza recibió otros $21,5 millones desde Arauco, el holding forestal de los Angelini.

Peñaloza reconoció ante la Fiscalía que esos $48,5 millones de Copec y Arauco se obtuvieron gracias a la emisión de boletas falsas: “Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

La familia de Peñaloza también se involucró en la tarea de emitir boletas falsas. Su hermana Marcia reconoció en su testimonio judicial haber emitido cinco boletas: cuatro a SQM y una a Copec. Esta última por $5,5 millones en noviembre de 2013.

Otra dirigenta del PRI, Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama durante el primer gobierno de Michelle Bachelet), recibió $5,5 millones desde Siemel en octubre de 2010.

El detalle de los pagos políticos al PRI ya fue publicado por CIPER en mayo de 2016. En el reportaje “Las pruebas que identifican a los políticos que recibieron $2.250 millones del Grupo Angelini” se detalla:

“María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. Entre 2012 y 2014 María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI”.

Su testimonio fue clave para reconstruir la ruta que seguía ese dinero: se usó para financiar a los candidatos del PRI. A los fiscales, Correa Lasa les dijo que junto a su tío (Humberto de la Maza) distribuyeron las platas entre militantes de la colectividad. Para probar sus dichos, María Fernanda entregó al Ministerio Público copia de las transferencias electrónicas respectivas.

CONEXIÓN ZALDIVAR-ANGELINI

Diversas fuentes del PRI consultadas por CIPER coincidieron en que el contacto con el mundo de las grandes empresas era patrimonio del fallecido Adolfo Zaldívar.

-Del financiamiento del partido que venía de entes privados siempre se preocupó, y celosamente, Adolfo con la ayuda de su asesor personal -aseguró a CIPER un ex presidente de la tienda.

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que pasó en el PRI después del fallecimiento de Adolfo Zaldívar con las platas que venían del Grupo Angelini y SQM: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto con las empresas. Después, el partido se financió con la plata del Servel y no sé de dónde más”.

Adolfo Zaldivar (fuente: Biblioteca del Congreso)

El lazo entre los hermanos Zaldívar y los Angelini es de larga data y lo describió el propio patriarca del grupo, Anacleto Angelini (ya fallecido), ante la justicia.

Angelini declaró a comienzos de 2003, a raíz de la querella que los hermanos Adolfo y Andrés Zaldívar presentaron contra Marcel Claude por “injurias”, luego de que el economista dijera que el que ambos senadores no se inhabilitaran en la tramitación de la Ley de Pesca de 2002, era “otro caso de corrupción”, ya que ambos tenían intereses en la industria pesquera.

En su testimonio judicial, el fallecido empresario explicó:

“Me asocié con Jara y De la Sotta, corredores de bolsa, los cuales me hicieron préstamos para diversas actividades empresariales. Este señor De La Sotta era generalísimo de Eduardo Frei Montalva, esto fue en el año 1958, por lo cual conocí a muchas personalidades de la Democracia Cristiana, sobre todo a doña Josefina Larraín de Zaldívar, madre de los hermanos Zaldívar (…) Ella dirigía varias fundaciones de ayuda a los más necesitados y, por ello, siempre pedía mi colaboración (…) desde hace muchos años mantengo una amistad con Felipe Zaldívar Larraín (quien fue gerente general y presidente de Eperva, accionista de Corpesca, el holding pesquero de Angelini)”, según publicó en 2006 La Tercera.

En esa misma declaración, Anacleto Angelini señaló que Andrés Zaldívar tenía acciones en esa empresa, aunque minoritarias. Agregó que también conocía a Javier Zaldívar Larraín, quien había sido consultor en la Sociedad Nacional de Pesca. En el momento de la declaración, inicios de 2003, el hijo de Felipe Zaldívar (sobrino de los senadores) era el gerente comercial de Corpesca. Angelini también mencionó a otro hermano de los senadores, Rodrigo Zaldívar (fallecido), quien fue “representante por muchos años de las sociedades Eperva, que producían aceite, que vendían a terceros”.

Cuando en diciembre de 2007 Adolfo Zaldívar fue expulsado de la DC, casi toda su familia se fue con él. El senador Andrés Zaldívar fue la excepción. Pero cinco de sus hermanos se sumaron al éxodo, incluyendo a Felipe, el ejecutivo de los Angelini. De hecho, la familia publicó una carta en El Mercurio el 27 de enero de 2008 explicando los motivos de su renuncia.

Las platas que recibió el PRI de SQM también fueron millonarias. CIPER hizo una recopilación de esos pagos en el reportaje “Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos”: $20 millones para Adolfo Zaldívar, $45 millones para Humberto de la Maza, $74 millones para Eduardo Salas, $40 millones para Jorge Brito Gajardo (ex candidato a diputado del PRI), $20 millones para Cristián Brito Gajardo (ex asesor de Adolfo Zaldívar), $36 millones para Leticia Olavarría Cárcamo (ex candidata del PRI), $30 millones para María Fernanda Correa Lasa, $15 millones para Patricio Purcell, $10 millones para Rodrigo Gómez Peña (dirigente del PRI), $10 millones para Julieta Cruz Figueroa y $15 millones para Rodrigo Vásquez Poblete.

En total, el PRI recibió, al menos, $385 millones de financiamiento ilegal: $315 millones de SQM y $70 millones del Grupo Angelini.

DE LA DC A LA DERECHA

Cuando sus dirigentes dicen que el PRI es un partido que tiene al regionalismo como idea fundante, es verdad. Porque fue la elección municipal de 2004 la que vio nacer la alianza que terminaría pariendo al Partido Regionalista de los Independientes. En ella confluyeron el Partido de Acción Regionalista (PAR) de Jorge Soria y la Alianza Nacional de los Independientes (ANI), asentada en el sur del país. Obtuvieron dos alcaldes. Un año después, en las elecciones parlamentarias, repetirían la alianza obteniendo una diputada: Marta Isasi, entonces aliada de Soria.

La votación obtenida, sin embargo, no les permitió a ninguno de los dos partidos mantener la legalidad. La solución fue fusionarse. Así nació el PRI. Claro que la inyección de fuerza militante vino un par de años después, cuando Adolfo Zaldívar fue expulsado de la DC en diciembre de 2007, lo que provocó que cinco diputados y varias decenas de militantes falangistas lo siguieran. Todos aterrizaron en el PRI.

En ese grupo estaban Alejandra Bravo y Eduardo Salas, la pareja que actualmente controla el partido. Ellos asumieron el mando a la muerte de Zaldívar, en febrero de 2013. Un reportaje de The Clinic cuenta la génesis de ese poder: en el mismo velorio del ex líder DC, Eduardo Salas se acercó al entonces presidente Sebastián Piñera, “y le dijo al presidente que la izquierda se quería llevar al PRI a su sector y nosotros teníamos que impedirlo”, relató Bravo al Clinic. Días después Andrés Chadwick llamó a Salas y lo invitó a tomar té junto a Piñera.

Eduardo Salas y Alejandra Bravo con el senador Hernán Larraín, de la UDI (fuente: pricentro.cl)

Al momento de fallecer, Zaldívar era el embajador chileno en Argentina. Lo nombró Piñera a pocos meses de iniciado su gobierno. En paralelo, Eduardo Salas había asumido como asesor en la Secretaría General de la Presidencia. El giro a la derecha del partido ya era un hecho, y solo faltaban formalidades para que en 2015 el PRI ingresara a una alianza con la UDI, RN y Evópoli. Para mantener una posición de relativo poder en Chile Vamos, el PRI ha usado hasta ahora su definición de fuerza de centro, lo que le daba a la coalición de derecha una apertura que pretendía disputarle votos a la DC.

Todos los dirigentes o ex dirigentes del PRI consultados para este reportaje coinciden en que Eduardo Salas y Alejandra Bravo siempre fueron partidarios de aliarse con la UDI y RN. La permanente tensión entre ese grupo y los que querían quedarse en alianza con la Concertación, fue la fuerza centrífuga que fue vaciando al PRI de sus militantes destacados.

De los nueve diputados democratacristianos que adherían al sector de Adolfo Zaldívar, solo cinco lo siguieron al PRI: Jaime Mulet, Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda, Carlos Olivares y Eduardo Díaz.

Cuando en 2012 dirigentes del PRI asumieron cargos en el gobierno de Piñera, los diputados Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya renunciaron: “Nosotros creíamos firmemente en la crítica al modelo económico, pero con el tiempo ciertos dirigentes empezaron a tener una suerte de complicidad con el gobierno y abandonaron esas banderas. La tentación de obtener cargos fue más grande”, señaló la diputada Sepúlveda a El Mercurio al explicar su alejamiento del PRI (noviembre de 2012).

A pesar de la sorpresa de la diputada Sepúlveda, los guiños de Adolfo Zaldívar y de su entorno al mundo de la derecha habían comenzado años antes. En 2008 Zaldívar llegó a la presidencia del Senado gracias a los votos de la entonces Alianza por Chile.

Ese mismo 2008 el PRI tenía como uno de sus vicepresidentes a Juan Carlos Moraga, un ex socialista que fue acusado por Camilo Escalona de haber sido informante de la CNI durante la dictadura. El viraje a la derecha de Zaldívar era evidente.

Un año después el PRI se declaró neutral en la elección presidencial disputada por Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Una neutralidad que no era tal y que se confirmó cuando Zaldívar expulsó a Jaime Mulet por apoyar a Frei.

Ya con Piñera en La Moneda, el PRI tuvo su recompensa. Adolfo Zaldívar sería designado por Piñera embajador en Argentina y Rodrigo de Aguirre, entonces secretario general del partido, director de Enami (junio de 2010). Por la misma época, Eduardo Salas llegaría a la Segpres como asesor.

ALIANZA ENTRE PARES

“Por ahora seguiremos igual, pero después de la segunda vuelta nos fusionaremos con Democracia Regional Patagónica para mantener nuestra legalidad en todas las regiones del país”. Ese fue el anuncio que hizo Eduardo Salas a CIPER sobre el futuro del PRI.
Agobiados por la falta de respaldo en las urnas, el PRI intenta sobrevivir. Para enfrentar la pérdida de la legalidad por la baja votación en la última elección, sus dirigentes han optado por la fusión con Democracia Regional Patagónica, constituido en el extremo sur del país por asesores de los senadores Carlos Bianchi y Antonio Horvath y que tampoco pudo conservar su estatus legal en esta elección.

El PRI y Democracia Regional Patagónica tienen otro punto en común: los asesores de Bianchi y Horvath también son investigados por financiamiento ilegal de la política, dinero entregado por empresas pesqueras del sur (ver reportaje de CIPER).
En julio de 2014 Bernardo Caro (se presentaba como asesor del senador Horvath) y Claudio Barrientos (asesor de Bianchi) fueron directores en la constitución de Democracia Regional Patagónica. Ambos recibieron pagos de Lota Protein, la pesquera noruego danesa que opera en la zona centro sur del país. Caro recibió $274 millones entre 2011 y 2013, y Barrientos recibió otros $11,1 millones en 2013. El Ministerio Público indaga si esos pagos tuvieron un fin político.

La debacle del PRI y su intento por reconstituirse quedó asfixiada en la noche del 17 de diciembre por el éxito de Sebastián Piñera en los sectores medios que el PRI defendía como su feudo. A solo horas del contundente triunfo de Piñera, los presidentes de los partidos de su coalición fueron citados a la casa del mandatario electo: Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli).

No fue solo una reunión de felicitaciones mutuas. Piñera también les pidió nombres posibles para integrar su gabinete y otros cargos de su confianza en la administración que se instalará en marzo. Y les hizo hincapié en la necesidad de que revisen con lupa los nombres que propongan para evitar conflictos de interés o personas vinculadas a hechos de corrupción.

Hubo un solo integrante de la coalición “Chile Vamos” que no fue convocado a la cita cumbre del lunes 18: el Partido Regionalista de los Independientes (PRI).