Las ventanas de negocio que deja el proyecto de reforma a la educación superior

La frase más repetida por los representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) cuando se les pregunta fuera de micrófono por la reforma a la educación superior, es que no cuentan con la fuerza política necesaria para impulsar modificaciones más radicales en el sistema. Ese es también el principal argumento que entregan ante las voces críticas de estudiantes y rectores que cuestionan la reforma por considerar que consolida un sistema de mercado en la educación superior.

Esa falta de fuerza política explicaría que en el proyecto del gobierno se mantenga el Crédito con Aval del Estado (CAE), el financiamiento público a instituciones sospechosas de lucrar y también una regulación tímida que deja espacio para que algunos de los actuales controladores de universidades puedan seguir haciendo negocios con sus planteles.

Durante la elaboración de la reforma por parte de los equipos técnicos del Mineduc y del Ministerio de Hacienda, hubo cambios clave. Por ejemplo, en un comienzo iba a estar prohibida cualquier relación entre las universidades y las sociedades comerciales ligadas a sus socios, incluyendo a sus familias. Pero en el proyecto que el gobierno presentó el lunes, eso se matizó.

Ministra de Educación, Adriana Delpiano, y subsecretaria del ramo, Valentina Quiroga.

La reforma busca que las sociedades comerciales abandonen el control de las corporaciones universitarias, de las que ahora sólo podrán participar entidades sin fines de lucro, personas naturales o corporaciones de derecho público.

Si quieren seguir siendo socios, los actuales controladores estarán obligados a hacer una reingeniería societaria. Podrán participar de las instituciones educacionales a través de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Estas nuevas organizaciones podrán funcionar como entidades intermedias entre las instituciones de educación superior y los actuales controladores. Dichas entidades intermedias podrán tener socios que sí tengan fines comerciales, y esos socios estarán autorizados a concretar negocios con las universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) a los que están ligados. Si son los dueños de las instalaciones, podrán seguir arrendándolas para su funcionamiento. También estarán autorizados a prestar servicios a través de estas sociedades indirectamente relacionadas.

Como detrás de estas entidades intermedias habría una sociedad comercial (las que de acuerdo al proyecto no pueden tener participación directa ni indirecta en el control de los planteles), las nuevas entidades no podrán ejercer el control de las universidades, IP o CFT. Eso implica que –al menos en teoría– no podrán manejar las decisiones que tomen los órganos superiores de las casas de estudio.

Ahora los negocios los harán bajo un marco regulatorio que busca resguardar que las transacciones que se efectúen sean a precios de mercado, y que estas se realicen por la prestación de servicios que efectivamente necesiten los planteles de educación superior.

EL ARTÍCULO QUE PERMITE NEGOCIOS

En lo formal, la reforma prohíbe que fundadores, asociados y miembros de la institución tengan negocios relacionados con esta. Lo mismo sus controladores, integrantes del directorio o consejo superior, rectores, familiares de cualquiera de estas personas y sociedades en las que sean dueños directos o posean más del 10% del capital. Aunque el proyecto define qué se entiende por persona relacionada, también señala que la nueva Superintendencia de Educación Superior podrá establecer “mediante una norma de carácter general” que personas naturales o jurídicas son relacionadas si sus vínculos permiten “presumir que sus operaciones con la institución originan un conflicto te interés”.

El artículo 134 del proyecto de ley establece: “Las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones” con fundadores, asociados y miembros de la institución. Tampoco con controladores, integrantes del directorio, rectores, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y sociedades en las que estas mismas personas participen. Pero queda una ventana abierta.

El artículo siguiente, el 135, fija las condiciones bajo las cuales sí se podrán realizar contratos con sociedades o personas relacionadas que no sean las mencionadas anteriormente, lo que incluye a las sociedades que participan de las entidades sin fines de lucro que son miembros de las corporaciones. De acuerdo al proyecto, estos contratos “deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración”.

Toma de las oficinas de Laureate

Eso sí, el proyecto establece márgenes. En teoría, las sociedades comerciales que se liguen indirectamente a los planteles no podrán controlar el directorio de esas instituciones, para resguardar que no tomen decisiones que perjudiquen a las universidades y que vayan en beneficio de sus negocios. Para diluir su participación, podrán invitar a unirse a la corporación a personas naturales, organismos gremiales y corporaciones de derecho público, como Corfo.

La reforma hace responsables a los directores de las decisiones que estos toman, tal como sucede en las sociedades anónimas. Con ello se busca regular el lucro y evitar que se cobren servicios a precios mayores que los de mercado o que sean innecesarios. La idea es que los márgenes de ganancia sean razonables y no perjudiquen en exceso a los planteles.

Un caso que se analizó durante el diseño del proyecto es el de las instituciones del Grupo Laureate: Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad de Viña del Mar y el instituto AIEP. Se estableció que si ese conglomerado lo desea podrá seguir ligado a las instituciones, pero a través de una entidad sin fines de lucro que participe en las corporaciones que administren las casas de estudio y sin tener el control en la toma de las decisiones. También podrá seguir como arrendador de los inmuebles que sus planteles ocupan.

En el papel, la reestructuración planteada funciona, pero en la realidad deberá enfrentarse a una institución que maneja una matrícula de más de 180 mil estudiantes y que ha hecho un fuerte lobby contra la reforma. No parece razonable que entregue fácilmente la propiedad y el control de un negocio altamente rentable.

Por ahora, sólo existe esa ventana para los actuales controladores mantengan al menos una tajada del negocio. Lo que está por verse es cuánto se resistirán quienes por años han obtenido jugosas ganancias con la educación superior a ceder el control sobre el negocio. O cuánto tardarán, si la ley logra despacharse en los términos actuales, en encontrar la trampa que les permita seguir obteniendo millonarias utilidades.

HISTORIAL DE LUCRO

En el Mineduc explican que el objetivo es “no asfixiar” a las universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica privados que hoy realizan negocios con su actividad. Uno de los grandes obstáculos con los que chocó la voluntad de una transformación más radical del sistema de educación superior es la gigantesca matrícula que poseen los planteles privados que han lucrado con la educación, a pesar de que en el caso de las universidades eso estaba prohibido por ley.

Las seis universidades privadas no tradicionales que tienen las matrículas más abultadas de su sector (Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad de Las Américas (UDLA), Universidad Santo Tomás (UST), Universidad San Sebastián (USS), Universidad Mayor y la Universidad Autónoma) han sido investigadas por lucro por la Fiscalía y sendas investigaciones periodísticas han revelado las técnicas que han utilizado para burlar la ley. Dos de esos mecanismos son el arriendo de edificios a los planteles que hoy controlan y la venta de servicios a las mismas instituciones. Con la reforma esos negocios podrán continuar, pero ahora de forma indirecta y regulados por la futura Superintendencia de Educación Superior.

Mientras se elaboraba el proyecto y en paralelo el gobierno realizaba mesas pre legislativas con actores involucrados en la discusión, se flexibilizó otro aspecto que significará dejar abierta una importante llave de recursos para las instituciones que opten por no incorporarse a la gratuidad: el CAE.

Universidad Santo Tomás

En un inicio todas las universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que quisieran recibir recursos públicos deberían someterse a un reglamento especial, uno que consideraba regulación de matrículas y aranceles. Esa regulación se aplicaría solo por el hecho de percibir recursos públicos y aunque las instituciones no ingresaran al sistema de gratuidad incluido en la reforma.

Pero ya no será así. En el proyecto se establece que las instituciones que no adscriban a la gratuidad podrán seguir recibiendo dineros de becas y del CAE sin someterse a restricciones ni de aranceles ni de matrículas. “No podíamos desfinanciar a esos planteles”, aseguró a CIPER una fuente del Mineduc.

La única nueva exigencia es para los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales –que en la actualidad pueden lucrar–, pues si quieren recibir recursos públicos deberán someterse a las nuevas reglas societarias, que los obligarían a transformarse en instituciones sin fines de lucro.

Perder los recursos del CAE sería una tragedia difícil de superar para las instituciones privadas y con alta matrícula, las que obtienen de ese crédito una fuente de recursos vital para su funcionamiento: entre 2006 y 2015 la Universidad Andrés Bello recibió $312 mil millones por el CAE, la Universidad Santo Tomás $282 mil millones y la Universidad San Sebastián otros $212 mil millones, solo por nombrar las tres que lideran el ranking de recursos vía Crédito con Aval del Estado.

Esa llave de recursos públicos que se deja abierta para quienes no ingresen a la gratuidad se explica por las mismas razones esgrimidas por quienes elaboraron el proyecto: no se podía desfinanciar a las instituciones de mayor matrícula y tampoco se podía asfixiarlas quitándoles el incentivo a sus dueños para administrar los planteles.

EL NEGOCIO DE LA VENTA DE SERVICIOS

Una de las rutas que han utilizado los controladores de universidades privadas para desviar fondos a sus negocios particulares ha sido la de las sociedades relacionadas: mientras las universidades suman matrículas, sus dueños se dedican en paralelo a crear sociedades que extraen fondos de esas mismas instituciones. Como hasta ahora no existe fiscalización efectiva a la contabilidad de los planteles, hay un manto oscuro sobre las condiciones en que se firman los contratos entre relacionados.

Han existido investigaciones del Ministerio de Educación, la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, y denuncias de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que han cuestionado el traspaso de fondos a las sociedades relacionadas por el perjuicio que significa para las finanzas de las universidades.

Una de las primeras alertas la emitió la Comisión Nacional de Acreditación en 2012. La CNA envió un informe al Ministerio de Educación denunciando irregularidades financieras en la Uniacc y en la Universidad Santo Tomás (UST), que consistían en préstamos blandos a sociedades relacionadas.

La Uniacc le traspasó al Instituto Superior de Artes y Ciencias (Isacc), una de sus sociedades relacionadas, $5,5 mil millones, lo que coincidió con la disminución del patrimonio del plantel en solo un año de $8 mil millones a $3,9 mil millones. La CNA consideró que había un daño patrimonial y envió los antecedentes al Mineduc, que abrió una indagatoria, la que fue sobreseída a fines de 2013.

La otra universidad denunciada por la CNA en 2012, la UST (controlada por el Grupo Hurtado Vicuña y por Linzor Capital), presentaba entonces excedentes de caja que le permitían a sus controladores realizar inversiones en el mercado financiero. Esto se sumaba a que había realizado préstamos a una empresa relacionada: Sociedad Inmobiliaria Rádices. Según indagó CIPER, esos préstamos ascendieron a $13 mil millones.

El Ministerio de Educación también abrió una investigación contra la Universidad Santo Tomás debido a estos antecedentes. Pero esa indagatoria tampoco tuvo resultados y fue cerrada durante la anterior administración. Pocos meses después, volvió a existir una denuncia. En diciembre de 2014, la CNA reiteró que existían relaciones financieras con la Inmobiliaria Rádices que eran perjudiciales para la UST. Un mes después, el Mineduc anunció que había reabierto la investigación contra el plantel, la que se mantiene en curso.

Otro grupo de universidades que han sido investigadas por las relaciones comerciales que mantienen con las sociedades de sus controladores, son las pertenecientes al Grupo Laureate (principal inversor privado en educación superior con fines de lucro en el mundo): Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad de Las Américas (UDLA) y Universidad de Viña del Mar (UVM). Todas mantienen contratos de prestación de servicios con sociedades de Laureate, lo que ha significado una millonaria ganancia para el controlador. Las tres instituciones remesaron en 2010 $13,2 mil millones a su controlador a través de estos contratos, una cifra que en 2013 creció a $19,4 mil millones.

Solo la UNAB traspasó entre 2010 y 2013 casi $34 mil millones a Laureate a través de cuatro contratos firmados con sociedades relacionadas. Una auditoría de cumplimiento tributario encargada en 2014 por autoridades administrativas del plantel, y que fue dada a conocer por CIPER, señaló que no existía evidencia de la utilidad que los servicios prestado por sociedades Laureate tenían para el plantel. Ese informe también indicó que los dineros remesados por la UNAB al exterior no estaban pagando los impuestos correspondientes, ya que se sacan utilizando la exención tributaria que existe para la actividad educacional.

Ricardo Escobar y Jorge Bofill

El abogado Jorge Bofill y el ex director del SII Ricardo Escobar –quienes trabajan para Laureate–, respondieron a esta denuncia reconociendo en La Tercera que el negocio de ese grupo es la venta de servicios a las universidades que controla. “La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios. Tiene una rentabilidad según su volumen. Los números son grandes por la cantidad de alumnos: 150 mil”, argumentó Ricardo Escobar para justificar los cuantiosos traspasos realizados al grupo controlador.

Las tres universidades de Laureate (UNAB, UDLA y UVM) están dentro de la investigación de la Fiscalía por eventual lucro en la educación superior. Aunque esa indagatoria está formalmente abierta, el fiscal Carlos Gajardo (a cargo de la causa) señaló que aunque detectó traspasos de dinero a los controladores de las instituciones, no existe norma que penalice el lucro, por lo que está de manos atadas.

El proyecto de ley que ingresó al Congreso esta semana tampoco establece figuras penales específicas que castiguen el lucro. En cambio, fija multas a quienes desvíen recursos de la institución. La superintendencia podrá obligarlos a devolver el monto desviado más una multa de un 50%. De no hacerlo, se exponen a condenas de tipo penal, por apropiación indebida. Además, la institución podrá ser sancionada con multas de hasta 10.000 UTM ($450 millones aproximadamente), ya que el desvío de recursos se considerará una falta gravísima. La superintendencia podrá también invocar la ley de administrador provisional e iniciar un proceso que puede terminar en el fin del reconocimiento oficial de la institución.

El artículo 126 del proyecto de reforma señala que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan”.

ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS

El mecanismo más usual utilizado por los grupos controladores de instituciones de educación superior para esquivar la prohibición de retirar excedentes de la actividad universitaria ha sido el negocio inmobiliario. Esta operación consiste en que quien controla un plantel posee también a través de inmobiliarias relacionadas los terrenos e inmuebles donde funciona esa universidad. El negocio funciona arrendando esas instalaciones a la casa de estudios cobrando un sobreprecio que le permite extraer una tajada de los ingresos de la institución.

Un informe de la PDI fechado en octubre de 2014, y que forma parte del expediente judicial de la investigación a la Universidad Autónoma, describió con claridad el modelo de negocios que opera bajo el manto del arriendo de edificios, poniendo el acento en la incompatibilidad de intereses que esta actividad conlleva: “(…)Ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

Universidad Autónoma

A fines de 2013 dos inmobiliarias que le arriendan edificios a la Universidad Autónoma –El Llano y Autónoma–, repartieron excedentes entre sus socios: miembros de la familia Ribera Neumann, la que a su vez controla la universidad. Solo la inmobiliaria El Llano recibió $2.100 millones entre 2011 y 2012. CIPER revisó los contratos firmados entre el plantel y algunas de sus inmobiliarias relacionadas y encontró otro mecanismo para extraer recursos a través del negocio inmobiliario.

La dueña del edificio que la Universidad Autónoma posee en la comuna de San Miguel es la Inmobiliaria Autónoma El Llano, la que en 2005 firmó un contrato leaseback con el Banco BBVA por ese edificio, el que le significó una inyección de recursos frescos por $1.450 millones. Un contrato leaseback permite que un banco compre temporalmente un bien a su dueño original, mientras este se compromete a pagar una cuota mensual a ese banco durante un plazo determinado, lo que le permite seguir utilizándolo. La última cuota pactada da la opción de recompra del inmueble.

El contrato leaseback firmado por Autónoma El Llano con el BBVA fue pagado por la universidad, ya que la inmobiliaria se lo sub arrendó al plantel. Mientras al banco le cobraba a la inmobiliaria cuotas mensuales que oscilaron entre los $13 millones y los $15 millones mensuales, el sub arriendo le costaba a la UA $18,5 millones en un comienzo, y $40 millones mensuales desde marzo de 2008. Negocio redondo. Mientras la inmobiliaria utiliza el edificio para obtener liquidez de un banco, la universidad se hace cargo de pagar el compromiso financiero, dejando además un margen de ganancia para los controladores.

Pero los ejemplos de cómo se hace negocio arrendando edificios entre partes relacionadas son múltiples. Cuando explotó el desastre de la Universidad del Mar, CIPER sacó a flote el modelo de negocio que sus controladores habían impulsado para expandirse por todo el país. Los cuatro controladores del plantel: Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga fueron encontrando socios inversionistas locales que les permitieron abrir sedes de la universidad en todo Chile.

Por ejemplo, en Iquique se asociaron con miembros de la familia Vicuña Marín y con José Daniel Greenhill, con quienes construyeron las sociedades Comercial y Servicios Vizú e Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa. A través de ellas construyeron la sede de Iquique e iniciaron el negocio arrendándole ese edificio a la universidad. El modelo de negocio incluía la administración de los planteles regionales por los inversores. Fue así que entre 2006 y 2011 el rector regional fue Greenhill.

El rector nacional de la universidad, Héctor Zuñiga, y el rector local, José Daniel Greenhill, participaban en la propiedad de esas sociedades relacionadas, por lo que no hubo oposición del plantel cuando la arrendadora decidió elevar el precio del arriendo mensual de la sede de 1.000 UF a 1.700 UF. Los negociadores de esa transacción estaban sentados en ambos lados de la mesa. Ese modelo se replicó en otras sedes de la Universidad del Mar (ver reportaje de CIPER “Las pruebas de cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar I”).

Los propietarios de otra casa universitaria también han usufructuado de esta modalidad para extraer utilidades. Es el caso de la familia Romo Merbilháa, que hasta 2013 fue propietaria de la Universidad Gabriela Mistral (UGM). En un reportaje de CIPER se dio cuenta de cómo los edificios utilizados por el plantel eran propiedad de sociedades de la familia controladora: Servicios Generales Limitada y Administradora de Establecimientos Educacionales Gabmi. Sus trece inmuebles estaban avaluados en 2012 en $4.215 millones. Todos se los arrendaba a la UGM.

Hasta ahora nadie sabe con exactitud el margen de ganancia que le deja a los controladores el negocio del arriendo de edificios a sus universidades. La reforma a la educación superior recién ingresada al Congreso busca entregar facultades a la nueva Superintendencia de Educación Superior para revisar los contratos firmados por las universidades con sus sociedades relacionadas de modo que se paguen precios de mercado. La idea del proyecto es que esos negocios se regulen y salgan de las sombras en que actualmente operan.