El historial de irregularidades del proyecto estrella de SQM en el negocio del yodo

El 6 de junio pasado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló ocho cargos contra el proyecto Pampa Hermosa de Soquimich. Aprobado en 2010, este proyecto no es un número más entre los 63 que SQM ha sometido a evaluación ambiental en los últimos 20 años. Este mega-proyecto, con una inversión de más de mil millones de dólares, duplica la producción de yodo de la compañía y es una viga maestra para el futuro de la minera que controla Julio Ponce Lerou. CIPER reconstruyó paso a paso cómo se tramitó el proyecto más importante y costoso de SQM desde su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2008. Ese ejercicio muestra cómo Pampa Hermosa se evaluó, se aprobó y se puso en marcha en los mismos años en que la minera repartió más de US$11 millones en aportes ilegales para todo el arco político (ver reportaje de CIPER).

La reciente resolución de la SMA podría ser una bala de plata para SQM, pues uno de los cargos fue tipificado como “gravísimo” y puede paralizar el proyecto: la minera no implementó las medidas de mitigación comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la operación.

–No descartamos ninguna sanción a priori –señaló a CIPER el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz.

La radiografía que le hizo CIPER a la evaluación y fiscalización del proyecto Pampa Hermosa, que comenzó a operar en 2011, arroja datos interesantes. Uno de ellos es que la SMA supo de las irregularidades que arrastraba a lo menos dos años antes de que formulara los cargos. Facultada para actuar de oficio, en todo ese tiempo no lo hizo. Recién inició una investigación en abril de 2015, cuando el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá presentó una denuncia.

CIPER también recogió testimonios y antecedentes de  las presiones que se ejercieron para aprobar el proyecto y luego para frenar la denuncia del CORE. Aquí se asoma la mano del ex ministro Enrique Correa, propietario de la empresa de lobby Imaginacción. También aparece la figura de un estrecho colaborador del senador Fulvio Rossi (PS), Luis Guzmán Contreras.

No son estos los únicos nombres de políticos con huella en Pampa Hermosa. En 2011, cuando la iniciativa ya estaba aprobada, la entonces presidenta del PPD, Carolina Tohá, visitó el Salar de Llamara, sector donde se produjeron los incumplimientos ambientales. Según un reportaje de La Tercera, la alcaldesa de Santiago fue invitada por el gerente general de la minera, Patricio Contesse, poco después de que SQM firmara un convenio con la ONG Chile Ambiente -dirigida por Patricio Rodrigo, miembro del círculo íntimo del senador Guido Girardi-, operación que encubrió un aporte cercano a los $50 millones para las arcas del PPD.

Presentado en dos oportunidades para su aprobación (2006 y 2008), Pampa Hermosa desde un comienzo enfrentó cuestionamientos por su alta demanda de agua en los acuíferos de dos zonas de alta escasez hídrica: la Pampa del Tamarugal y el Salar de Llamara. En su primera presentación, el proyecto se denominó Soronal y comprometía una demanda de agua de 395 lt/seg., pero la empresa desistió de su tramitación ante el inminente rechazo de la autoridad ambiental. El proyecto ingresó de nuevo en 2008, bajo el nombre de Pampa Hermosa, y su demanda de agua casi se duplicó: 735 lt/seg.

Muchos de los derechos de agua que SQM consiguió para operar su proyecto, fueron entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) basada en una serie de informes pagados por la misma minera y elaborados por el DICTUC de la Universidad Católica. Una parte de esos informes se hizo cuando el DICTUC era dirigido por Hernán de Solminihac, luego ministro de Obras Públicas y de Minería de Sebastián Piñera, bajo cuyo gobierno se aprobó Pampa Hermosa. El ex director del DICTUC es hermano del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, quien en esa época se desempeñaba en la subgerencia general de la minera.

Los cargos de la SMA abren un nuevo y delicado flanco para la empresa de Julio Ponce Lerou. A este problema que amaga con afectar su operación de yodo en Tarapacá, se suma el litigio que mantiene con Corfo por la explotación de litio y potasio en el Salar de Atacama, cuyos resultados se conocerían en diciembre. Corfo busca poner término anticipado al contrato de concesión que tiene con la minera (ver reportaje de CIPER).

De Pampa Hermosa y del Salar de Atacama dependen tres de los negocios más importantes para Soquimich. Mientras en 2015 la venta de yodo le reportó ingresos cercanos a los US$262 millones, la explotación de potasio y de litio en el Salar de Atacama significaron ventas por US$430 millones y US$223 millones, respectivamente.

DAÑO IRREVERSIBLE

El 2 de febrero de 2006, SQM Industrial, filial de Soquimich, presentó en la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, hoy Servicio de Evaluación Ambiental), un ambicioso proyecto para incrementar su producción anual de yodo de 4.500 a 10.500 toneladas en sus instalaciones de Nueva Victoria (Región de Tarapacá). El entonces proyecto Soronal, consideraba además la construcción de una nueva planta con una capacidad de 900 mil toneladas anuales de nitrato de sodio.

En octubre de ese mismo año, la minera se desistió del proyecto. La Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre otros organismos, manifestaron serios reparos al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por SQM. Los principales cuestionamientos se concentraban en un aspecto clave para la minería del norte: el agua.

Soronal contemplaba extraer 395 lt/seg desde 11 pozos, cuatro de ellos en el Salar de Llamara, ecosistema de alto valor por la presencia del último bosque de tamarugos de origen completamente natural (los restantes han sido replantados) y por afloramientos de agua llamados puquíos. También por ser uno de los pocos lugares en el mundo con formaciones de estromatolitos, células fosilizadas a las que se atribuye ser las primeras oxigenadoras de la atmósfera.

“La situación actual de la Pampa del Tamarugal ya es frágil (…) aprobar nuevos caudales de extracción significa en gran medida acelerar un proceso irreversible”, señaló la Conaf en un informe del 31 de marzo de 2006 (ver informe).

A estos reparos se sumó la preocupación de que Soronal afectara también al río Loa. La extracción de agua desde la zona de Quebrada Amarga ponía bajo amenaza ese curso fluvial que atraviesa las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Hasta ese momento, Soronal jugaba sin contratiempos en el área chica de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Tarapacá. Pero cuando los efectos del proyecto se expandieron a dos regiones, la evaluadora de la Conama central que hacía el seguimiento del proceso desde Santiago, Pilar Valenzuela Delpiano, hizo una solicitud que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos.

La norma establece que cuando un proyecto afecta a más de una región, debe ser evaluado por la autoridad ambiental en Santiago. En esa regla se basó Pilar Valenzuela para pedir que Soronal fuera analizado a nivel central como proyecto birregional.

ENRIQUE CORREA: “HOLA COMPAÑERA”

Cuando la Conama pidió que Soronal fuese tramitado en Santiago, en Soquimich se encendió la alerta. A mediados de 2006, un grupo de ejecutivos de la minera llegó a las dependencias de la Conama en Santiago. Entre los miembros de ese grupo estaba la vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM, Paulina de Vidts Sabelle, y el ingeniero Carlos Prado Castillo, propietario de la consultora Pramar Ambiental, encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de Soronal. Fueron recibidos por Pilar Valenzuela y por el jefe de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Jorge Lagos Rodríguez.

En la reunión, Soquimich defendió el carácter regional del proyecto para mantener el proceso en Iquique y expuso antecedentes que apuntaban a que no se afectarían los tamarugos. La respuesta de Pilar Valenzuela fue que el proyecto sería visto en Santiago.

Poco después de esa reunión, la evaluadora recibió un inesperado llamado.

–“Hola compañera” –cuenta Pilar Valenzuela que escuchó del otro lado del teléfono.

–“¿Quién es?” –respondió ella.

–“Enrique Correa”.

Enrique Correa

Pilar Valenzuela recuerda que el llamado del ex ministro y lobista tenía un objetivo preciso: “Me preguntó si él podía hacer algo para ayudar a facilitar la aprobación del proyecto Soronal. ‘Por ningún motivo’, le dije, y de inmediato me cortó. No dijo nada más, ni siquiera se despidió”, contó a CIPER.

De acuerdo al libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014, Imaginacción, la empresa de Enrique Correa, ha facturado $994 millones a la minera.

CIPER intentó hablar sin éxito con Correa para que diera su versión sobre ese llamado. Quien sí respondió fue el gerente de Asuntos Corporativos de Imaginacción, Moisés Valenzuela:

–Soquimich es cliente de Imaginacción desde hace más de una década (…). Nuestras solicitudes a distintos organismos siempre están en el marco de lo que por ley se puede solicitar y si ese llamado existió, fue para ver, dentro de los conductos regulares y de lo que permite la normativa, si se podía hacer algo (…). Si se quiere esgrimir que hubo algo irregular para torcer la ley, lo descarto absolutamente.

Soronal se fue al tacho poco después de esas gestiones para “facilitar” su aprobación. SQM desistió y lo retiró en octubre de 2006.

SORONAL “ENCHULADO”

La minera volvió a la carga un año y medio después. El 5 de agosto de 2008 presentó Pampa Hermosa. En la práctica se trataba del mismo proyecto, aunque con una leve diferencia en los volúmenes de producción: 11.500 toneladas por año de yodo y 1,2 millón de toneladas anuales de nitrato (versus las 10.500 y 900 mil toneladas, respectivamente, de Soronal).

Pese a que los objetivos eran básicamente los mismos, la inversión contemplada para Pampa Hermosa aumentó casi en cinco veces. Si Soronal comprometía recursos por US$231 millones, este nuevo proyecto alcanzaba los US$1.033 millones.

Desde 1994 Soquimich y sus filiales han presentado 63 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). De ellos, 55 han sido aprobados, totalizando US$3.884 millones en inversiones.Pampa Hermosa ha sido el más costoso (ver tabla con proyectos y sus valores).

(Fuente: www.capa9.net)

El monto de inversión no fue lo único que varió drásticamente en la reformulación del proyecto estrella de Soquimich. También lo hizo la demanda de agua. Si en Soronal se contemplaba extraer el recurso desde 11 pozos en los que SQM tenía derechos constituidos por 395 lt/seg., para Pampa Hermosa se anunció la extracción desde 22 pozos haciendo uso de derechos constituidos o en trámite de constitución por casi el doble: 735 lt/seg. Durante el proceso de evaluación y frente a los cuestionamientos de los detractores del proyecto, SQM se comprometió a hacer una extracción escalonada de agua desde Llamara hasta completar 124 lt/seg.

El EIA presentado por Soquimich identificó 49 tipos de impacto sobre el entorno. En ese documento, ninguno de ellos fue calificado de importancia mayor.

Pese a los fuertes reparos que se habían levantado años antes con el proyecto Soronal, la mega inversión de Soquimich fue aprobada por la autoridad ambiental el 1 de septiembre de 2010. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le dio luz verde quedaron sancionadas las medidas de mitigación que la minera debía implementar para minimizar el impacto por la enorme extracción de agua en esta desértica zona.

Soquimich se comprometió a implementar una “barrera hidráulica”, consistente en la inyección de agua en el sector de los puquíos para mantenerlos sin alteraciones. Esa medida se complementaría con un Plan de Alerta Temprana (PAT) que se activaría en caso de falla de la barrera y que incluía monitorear los niveles del acuífero en nueve pozos.

ALERTAS TEMPRANAS

El 20 de junio de 2011 Pampa Hermosa inició su fase operativa. Casi seis meses después (enero de 2012) la DGA envió un oficio al jefe de la división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Juan Carlos Monckeberg, con los resultados de la revisión del primer informe de seguimiento de Pampa Hermosa entregado por Soquimich. En el documento se señala que, si bien “la mayoría de los pozos presentaban profundidades estables y una tendencia al equilibrio”, había dos pozos de bombeo en los que se evidenciaban “ascensos y descensos bruscos de nivel”. Se le pidió a la minera explicar “con más detalle el comportamiento observado” en ambos pozos (ver documento).

En diciembre de 2012 la DGA envió un nuevo informe al SEA con el análisis del monitoreo semestral que debía hacer la minera, el que resultó más preocupante. En dos pozos se mantenía la tendencia al decrecimiento del nivel del agua; en 10 de ellos se observó un aumento de temperatura por sobre los valores históricos y en siete, un incremento de arsénico por encima de los niveles regulares (ver documento).

Un tercer informe de la DGA, de marzo de 2013, enviado esta vez al fiscalizador de la SMA, José Bastías Gajardo, añadió nuevas irregularidades. Allí se acusa que Soquimich alteró los valores de medición de los niveles de agua de los puquíos. Eso significa que SQM alteró unilateralmente los valores comprometidos en la calificación ambiental, lo que ocultó que los niveles reportados eran inferiores a los autorizados. Finalmente el informe consigna que SQM no implementó a tiempo la medida de mitigación consistente en inyectar agua para compensar los efectos adversos (ver documento).

Una nueva evaluación de la DGA llegó en enero de 2014 al SEA. En ella se insistió en parte de las observaciones de los informes anteriores (ver documento).

Cuando la DGA ya había enviado los tres primeros informes alertando sobre la grave situación hídrica, el Salar de Llamara hizo noticia por otra vía. En agosto de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales decretó la incorporación de las 24 mil hectáreas del salar a la Reserva Pampa del Tamarugal, las que se convirtieron en un “sitio prioritario de conservación y protección de interés mundial”.

Ese mismo mes de agosto de 2013, la Subsecretaría de Medio Ambiente realizó una inspección cuyo informe fue enviado al SEA en enero de 2014. La subsecretaría detectó que algunos de los pozos de los que SQM debía extraer el agua que sería inyectada a los puquios estaban en sectores distintos a los autorizados (ver documento).

LOS TIEMPOS DE LA SMA

Desde las primeras alertas de la DGA en enero de 2012, pasaron cuatro años y medio antes de que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formulara cargos contra SQM. Durante todo ese periodo Pampa Hermosa apenas registra dos inspecciones de la SMA. La primera, en agosto de 2013, del fiscalizador José Bastías, el mismo destinatario del preocupante informe de la DGA de marzo de 2013. Cinco meses después, en la primera fiscalización de la SMA a Pampa Hermosa, Bastías solo se ocupó de la flora y fauna, sin controlar en qué estaba el déficit hídrico.

El segundo informe de fiscalización de la SMA realizado con apoyo del Sernageomin, la Conaf y el SAG, en noviembre de 2013, solo identificó como principal incumplimiento una falla en el sistema de riego del vivero de tamarugos. Y solo al paso deslizó una alerta por el descenso de algunos pozos y la no activación del plan de alerta temprana por la disminución sostenida del acuífero de Llamara.

Cristián Franz

A pesar de las evidencias, la SMA solo resolvió iniciar una investigación después de que en abril de 2015 el Consejo Regional de Tarapacá presentara una denuncia. La acusación recogió las mismas irregularidades constatadas por la DGA en sus informes de 2012 a 2014.

Consultado el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, sobrepor qué la SMA se demoró más de tres años, desde las primeras alertas, para investigar los incumplimientos de SQM en Pampa Hermosa, dijo:

–La Contraloría ha señalado en reiteradas oportunidades que la Ley 20.417 le entrega la discrecionalidad o autonomía a la SMA para determinar en qué casos fiscaliza y en qué casos inicia procesos sancionatorios. No tenemos un plazo establecido en la ley y no tenemos la obligación legal de formular cargos respecto de todas las denuncias que recibamos.

Franz agregó: “La información se nos presenta en 2015 y a los pocos meses, en agosto, iniciamos las actividades de inspección en terreno”.

Lo que señala Cristián Franz no es correcto: los antecedentes estaban en conocimiento de la SMA desde al menos marzo de 2013, cuando la DGA le envió a ese organismo su tercer informe -quizás el más crítico- sobre las irregularidades en Pampa Hermosa.

CIPER también le preguntó al superintendente Franz sobre la razón del amplio plazo que se tomó la SMA para investigar desde que se presentó la denuncia, en abril de 2015, hasta que se formularon cargos el 6 de junio pasado:

–La denuncia ingresa en abril y gatilla una actividad de inspección ambiental cuatro meses después. Me parece razonable. Además, la ley no exige un plazo para pronunciarse (formular cargos) respecto de los contenidos de una denuncia.

La opinión de Cristián Franz es rebatida por algunos abogados ambientalistas, quienes señalaron a CIPER que si bien la normativa ambiental (Ley 20.417) no estipula plazos para este tipo de procedimientos, debe aplicarse de forma supletoria la Ley 19.880, que establece un plazo máximo de seis meses para todo procedimiento administrativo de un organismo público.

Catorce meses pasaron desde la denuncia del CORE hasta la formulación de cargos contra Pampa Hermosa.

ORO LÍQUIDO

Hasta mediados de los años 90 las aguas subterráneas del Salar de Llamara no eran de propiedad privada. Entre enero y mayo de 1996, Soquimich ingresó a la DGA siete solicitudes para constituir derechos en ese lugar, los que fueron otorgados en 1997 por un total de 244,7 lt/seg. La autorización de la DGA se basó en un estudio sobre la disponibilidad de agua en la zona elaborado en 1994 por la Universidad Católica.

Lo llamativo es que el mandante del estudio de la UC fue la misma Soquimich. “Es usual que la DGA evalúe recursos hídricos en una zona a petición de una parte interesada”, señaló a CIPER un abogado especialista en medio ambiente.

Puquíos de Llamara

En diciembre de 2006 la DGA volvió a pronunciarse sobre los “derechos de agua factibles de constituir en el Salar de Llamara”. Y nuevamente lo hizo basado en un estudio del DICTUC de la Universidad  Católica encargado en 2003 por Soquimich. La conclusión fue que en esa zona había más agua disponible.

Pese a que en 1997 la propia DGA había cerrado la posibilidad de otorgar más agua en Llamara, el organismo aceptó entregar nuevos derechos definitivos por “un volumen anual de 1.371.028 m³”.

En esos momentos SQM tramitaba una veintena de derechos de agua en la zona.

En septiembre de 2009 la DGA volvió a pronunciarse  a favor de entregar nuevos derechos de agua en Llamara en respuesta a otros cinco estudios del DICTUC de la UC, todos encargados por SQM. Este informe de la DGA señaló que aún restaba “la posibilidad de entregar 36 lt/seg.”.

Recién en enero de 2012, cuando el proyecto Pampa Hermosa ya operaba, la DGA declaró al Salar de Llamara área de restricción para la entrega de nuevos derechos: “La demanda de aguas subterráneas comprometida al 30 de junio de 2011 supera el volumen sustentable” (ver documento).

Actualmente Soquimich posee en la Región de Tarapacá cerca de 50 derechos de agua subterránea por un total de 838 lt/seg (según registros de la DGA).

UN MUNDO PEQUEÑO

Mientras la DGA reevaluaba en septiembre de 2009 la entrega de nuevos derechos de agua en el Salar de Llamara, basada en estudios del DICTUC, pagados por SQM, en paralelo la filial de la UC trabajaba para la misma Dirección General de Aguas. El DICTUC estaba haciendo para la DGA un levantamiento hidrogeológico de todo el norte del país.

A cargo del estudio del DICTUC para la DGA estaban los hidrogeólogos José Muñoz Pardo y Pablo Rengifo Oyarce. Ambos nombres se repiten en el estudio que pagó SQM al DICTUC y que se entregó a la DGA para reevaluar el otorgamiento de nuevos derechos de agua en Llamara. A esta tarea se sumó el ingeniero Cristián Ortiz Astete.

El equipo de Muñoz, Rengifo y Ortiz, siguió prestando servicios a SQM y a la DGA, pero ya no desde el DICTUC. En diciembre de 2005, Muñoz creó Geohidrología Consultores, sociedad a la que en 2007 se unieron Rengifo y Ortiz. Según el libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014 la minera pagó $1.114 millones a Geohidrología por distintos servicios.

El gran salto de Geohidrología vino en 2013, cuando la transnacional holandesa Arcadis, que ya estaba instalada en Chile, compró la consultora.

Desde que opera en Chile (fines de los ’80), Arcadis ha sido “lugar de abrigo” para varios ex funcionarios de gobierno. El actual superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, por ejemplo, fue su jefe de Proyectos entre 1996 y 2001. En 1997 figuró también como jefe de Proyectos de Arcadis un viejo conocido de Franz: Pablo Pisani Codoceo, actual gerente de Sustentabilidad de Soquimich. Antes de integrarse a Arcadis, Pisani fue asesor entre 1992 y 1994 de la Conama. En 2007 asumió como gerente de Medio Ambiente y Comunidad de la minera.

Otra ex autoridad que registra paso por Arcadis es el ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (2010-2013), Ignacio Toro Labbé. Tras su salida del servicio –donde evaluó la aprobación de Pampa Hermosa– Toro ingresó a Arcadis como gerente de Planificación Ambiental.

La abogada y jefa de la división de Sanción y Cumplimiento de la SMA, Marie Claude Plumer, también trabajó en Arcadis. Entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, fue gerente de Cumplimiento Ambiental de la consultora. Antes de Arcadis, la abogada fue fiscal de la SMA (2011 y 2012).

PRESIONES INDEBIDAS

En febrero de 2015, el ministro Rodrigo Peñailillo presionaba soterradamente por impedir que  Soquimich fuera investigada por el financiamiento político ilegal. Fue en esos mismos días que un grupo de ambientalistas se acercó al Consejo Regional de Tarapacá. El presidente del CORE, Richard Godoy (DC), cuenta que la información que proporcionaron era preocupante: en los últimos tres años la DGA había emitido informes categóricos contra el proyecto Pampa Hermosa de SQM y la autoridad ambiental hacía oídos sordos en Santiago.

Godoy relata que fue el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Jorge Antonio Zavala, quien alertó a sus colegas sobre la gravedad de la situación y quien impulsó poner en la tabla del Consejo la votación de una denuncia contra SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente.

Consejeros consultados por CIPER indicaron que, cuando se aproximaba la votación, un reconocido operador político del senador Fulvio Rossi, Luis Guzmán, tomó contacto con un miembro del CORE para que advirtiera al resto del consejo sobre la inconveniencia de enfrentar a SQM. Guzmán, quien fue director regional de la Conama en los años en que se evaluó Pampa Hermosa, habría argumentado que Soquimich es una fuente importante de empleos para la zona y que invertía en iniciativas de interés social y cultural.

Fulvio Rossi

En esos días Luis Guzmán era director regional de Corfo, cargo que perdió a fines de 2015 tras protagonizar el escándalo de los “Iquiqueleaks”, la filtración de mensajes de whatsapp del círculo de hierro del senador Rossi. Fue uno de esos mensajes, en el que pedía un mayor compromiso de los funcionarios públicos con Rossi, el que dio notoriedad a Guzmán: “Son muy pocos los que se han ocupado de fortalecer y defender la imagen, obra pública del senador e intendente, recordar que gracias a ambos cada uno de nosotros estamos en nuestros cargos (o se creen técnicos o que es por su CV)”.

Como la primera advertencia de Guzmán al CORE no obtuvo resultados, el mensaje del hombre de Fulvio Rossi se endureció: enfrentarse con SQM tendría un duro costo para los que promovieran la acusación. No obstante, los miembros del CORE acogieron de manera unánime seguir adelante con la denuncia.

El senador Rossi se ha visto involucrado en los aportes ilegales de Soquimich debido a que tres de sus cercanos –René Madariaga, Mariela Molina y Valentina Martínez– hicieron boletas para la minera por un total de $29,5 millones. Respecto de la intervención de Guzmán ante el CORE, el parlamentario dijo a CIPER que no tenía relación alguna con este tema. Rossi desestimó esta versión, la atribuyó a rencillas políticas locales y facilitó el contacto de CIPER con el propio Guzmán.

Luis Guzmán desmintió haber realizado estas gestiones: “Jamás he intervenido en asuntos que no son de mi competencia. En ese momento yo estaba en Corfo y no tenía nada que ver con este tema”, dijo a CIPER. Agregó que como ex jefe de la Conama regional tampoco se relacionó con el proyecto Pampa Hermosa, porque su evaluación, sostuvo, se hizo íntegramente en Santiago. A su juicio, estas versiones surgen porque ha sido objeto de una “persecución política” por parte del CORE.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

El 6 de junio pasado, a más de un año de presentada la denuncia del CORE, la SMA formuló cargos contra SQM. Son ocho las imputaciones a Pampa Hermosa: una gravísima, dos graves y cinco leves.

El informe de fiscalización identifica como falta gravísima la modificación de las medidas de mitigación del proyecto –la “barrera hidráulica” y el “Plan de Alerta Temprana”–sin contar con autorización.

La SMA acusa a Soquimich de no haber implementado estas medidas de mitigación, no obstante haberse detectado descensos de agua en varios de los puquíos (ver documento).

Una infracción gravísima puede ser castigada con una multa de 5 mil hasta de 10 mil UTA (casi $5.400 millones) o con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

CIPER consultó al superintendente Franz sobre la posibilidad de que se revoque la RCA de Pampa Hermosa. Aunque no descartó ninguna sanción, puntualizó: “Hemos formulado cargos gravísimos en muchas oportunidades. La existencia de un cargo gravísimo no significa necesariamente que se traduzca en una revocación”.

–Si es frecuente que se formulen cargos gravísimos, ¿es también frecuente que el titular de un proyecto no implemente las medidas de mitigación a las que se comprometió?

–En el caso de la minería metálica, donde tenemos más datos consolidados, diría que en el universo total de incumplimientos, el 40% corresponde a un incumplimiento que tiene que ver con no implementar una medida de mitigación.

-Pero acá no estamos hablando de una medida de mitigación accesoria. El recurso agua es el eje del proyecto Pampa Hermosa y no se implementó la barrera hidráulica para evitar la disminución de los niveles de los puquíos. Vuelvo a preguntar, ¿es eso frecuente?

–Es gravísimo.

-¿Es frecuente?

–Sucede, pero no es frecuente.

-¿Y es frecuente que se alteren parámetros de la RCA para demostrar cumplimiento? Lo pregunto por el cambio de los valores de medición…

–Eso, en particular, me atrevería a decir que no lo habíamos visto.

Ahora Soquimich tiene dos opciones. Impugnar las imputaciones y en un plazo de 15 días hábiles presentar sus descargos o reconocer los cargos y en diez días presentar un programa de cumplimiento. Si se acoge a esta última opción –la que ofrece amplias garantías al infractor– y la SMA considera que ejecuta satisfactoriamente su nuevo programa de cumplimiento, la minera podría librarse de cualquier multa o sanción, obviando el daño ambiental que pudo haber hecho. Borrón y cuenta nueva.

Al cierre de este reportaje, la SMA aún no recibía respuesta de Soquimich.

Nota de la redacción: Ver carta de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente