El uso y abuso de psicofármacos en los hogares del Sename

Eran pasadas las 20 horas del lunes 11 de abril cuando en la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago se recibió un llamado de auxilio. No era un incendio: provenía del Centro Galvarino del Servicio Nacional de Menores (Sename), ubicado justo al lado de la bomba, donde una niña de 11 años se debatía entre la vida y la muerte. Allí encontraron solo a una auxiliar de Enfermería que hacía lo que podía para intentar salvar a Lissette. Era la única que había recibido entrenamiento de reanimación entre los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de los 102 menores que cobija el hogar.

La ayuda de los bomberos fue inútil. Cuando la ambulancia del SAPU llegó hasta las cinco casas que ocupa el Centro Galvarino en el barrio Estación Central, ya era tarde. Lissette falleció y su muerte abrió de un golpe una ventana al sistema del que depende la vida de más de 5 mil niños y adolescentes en situación de abandono, riesgo o que han cometido delitos y son vulnerables. Lo que se esconde detrás de las paredes de los hogares bajo tuición del Sename, sigue siendo ignorado por la sociedad y, lo más grave, por las instituciones del Estado que debieran garantizar la protección de los niños más desprotegidos del país.

Lissette

La historia de Lissette grafica el periplo de gran parte de los niños que llegan hasta los hogares del Sename. A los 5 años, un ambiente familiar adverso –donde se mezclaban abuso sexual y maltrato físico- hizo que un juez de familia decidiera que Lissette fuera trasladada al hogar “Regacito”, entonces ubicado en Maipú. A partir de ese momento, la niña protagonizó un largo ir y venir entre su casa y distintos hogares. De eso da cuenta un expediente que pasó por varios jueces de familia en estos seis años. Más de diez veces la niña debió transitar entre su casa y los hogares que provee el Estado para los niños vulnerables como ella. Hasta que en 2014 llegó una vez más al Centro Galvarino, allí donde supuestamente empezaría a sanar las heridas que le dejaron la violencia síquica y sexual.

No fue así. Ni para ella ni para los 102 niños del Galvarino, donde solo hay –en el mejor de los casos- 10 educadores: dos por cada una de las cinco casas. Cada funcionario, entre educadores y profesionales, tiene en promedio 30 niños a su cargo, lo que hace imposible hacer un trabajo en profundidad con los menores. La misma situación se repite en los otros dos centros residenciales administrados por Sename en la Región Metropolitana: Pudahuel y la Casa Nacional del Niño.

Lissette no fue protegida. En 2014, cuando su estado clínico empeoró al ser separada de su hermana en un hogar de María Ayuda, fue internada durante un mes en un hospital donde debió ser estabilizada con psicofármacos. De ahí en adelante nunca dejó de recibir tres dosis diarias de medicamentos. Hasta que un paro cardio-respiratorio la mató el pasado 11 de abril. Ese día, no había ningún psiquiatra, ningún doctor ni enfermera que pudiera realizar la reanimación que habría podido salvar su vida.

La muerte de Lissette gatilló un hecho inédito: la presentación de una querella del juez del 4º Juzgado de Familia de Santiago, Pedro Maldonado, contra quienes resulten responsables de la muerte de Lissette.

La fiscal Erika Vargas (Fiscalía Metropolitana Centro Norte), quedó a cargo de la investigación por cuasidelito de homicidio de Lissette. Una de sus primeras diligencias fue la obtención de su ficha médica en el Hospital San Borja. Allí está el detalle de los medicamentos que desde el año pasado le suministraban a Lissette. Una información clave para intentar dilucidar si efectivamente la niña estaba sobre medicada, como acusan algunos. En medio de una férrea cortina impuesta por el Sename, y que busca impedir que se conozcan las reales condiciones de vida y el “tratamiento” que se le aplicaba a Lissette, versiones desde el Ministerio de Salud apuntan a que se hacía lo indicado.

CIPER intentó obtener del Sename una versión sobre la medicación que recibía Lissette en el Centro Galvarino y los protocolos para el suministro de psicofármacos en los hogares bajo su tuición. La respuesta fue que no se referirían al tema. La misma respuesta obtuvimos al consultar por el número de niños que fallecieron en 2015 en los hogares del servicio.

EL PELIGRO DE LA MEDICACIÓN SIN CONTROL

Según las versiones que pudo recoger CIPER de profesionales y funcionarios que trabajan en distintos hogares del Sename de la Región Metropolitana, la mayoría de los menores que habitan esos centros son medicados a diario con psicofármacos. Las últimas cifras disponibles en la página web de ese servicio indican que en la Región Metropolitana hay 979 niños y adolescentes en las residencias administradas directamente por esa institución, ya sean hogares de protección o los que responden al sistema de justicia juvenil, donde van los menores de 18 años que cometen delitos.

CIPER accedió al listado de psicofármacos que Sename les suministra a los niños y adolescentes en los centros que administra. Solo en la Región Metropolitana las dosis promedio de antidepresivos, antipsicóticos y tranquilizantes suman más de 10 mil al mes (126 mil dosis por año).

Testimonios recogidos entre psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros y educadores que trabajan en centros del Sename, muestran la verdadera función que cumplen los psicofármacos en el control de los menores. Las versiones coinciden: ante el colapso de los centros, el hacinamiento y la falta de personal, muchas veces se los medica para evitar comportamientos disruptivos que puedan poner en riesgo la integridad de los menores.

-Muchos de estos muchachos requieren atención farmacológica especializada, pero también tiene que ver con el control sobre los jóvenes: reducir conductas disruptivas que pueden llegar a complicar el manejo dentro de las unidades. Incide la falta de educadores. Se supone que por cada ocho jóvenes debiera haber un educador, pero actualmente es de 15 a 20 jóvenes por educador. Efectivamente la medicación sirve para mantener el control –relató a CIPER un psicólogo que trabaja en los centros CIP (Centro de Internación Provisoria) y CRC (Centro de Régimen Cerrado).

La doctora Cecilia Ruiz, siquiatra infanto-juvenil experta en trastornos del ánimo y fármaco-terapia de la Universidad Católica, analizó el listado de psicofármacos que se les suministra a los niños y adolescentes bajo tutela del Sename. Si bien en una primera lectura los medicamentos y sus dosis no llaman la atención -explicó-, sí es importante fijarse en quién prescribe, quién administra y cómo se combinan los medicamentos. Ruiz usa la tioridazina para dar un ejemplo:

-Es un medicamento que, como muchos remedios para tratamiento siquiátrico, tiene efectos cardiovasculares. Hay que tener en cuenta, también, que los medicamentos interactúan entre ellos: se potencian en algunos casos, se debilitan en otros. Entonces, si le doy un medicamento siquiátrico a un niño, hasta un antibiótico podría causarle problemas. Y yo dudo que quienes les administran los medicamentos sean educados sobre este tema.

La aprensión de la doctora Ruiz se ve corroborada por profesionales que trabajan en centros del Sename, quienes hacen hincapié en que la atención psiquiátrica es escasa. Por lo mismo, dicen, no se realizan tratamientos psiquiátricos que acompañen la medicación diaria, por lo que el peligro al que se expone a los menores al administrarles sedantes, antipsicóticos y antidepresivos sin un real acompañamiento profesional, es elevado.

Por ejemplo, en el CIP/CRC de San Joaquín, las duplas psicosociales a cargo de los menores no tienen reuniones desde enero con el psiquiatra a cargo. Esa omisión revela que allí no existe una coordinación entre el suministro de psicofármacos y el trabajo cotidiano que realizan psicólogos y trabajadores sociales con los menores.

EL LISTADO DE PSICOFÁRMACOS

Mensualmente, los centros bajo administración directa de Sename en la Región Metropolitana consumen más de 10 mil dosis de medicamentos de uso siquiátrico. Para abastecerse, el Sename adjudicó el 23 de noviembre pasado una licitación por $43 millones a la Sociedad Farmacéutica Lobos y Compañía. El contrato fue prorrogado por cuatro meses más el 30 de marzo de este año. Entre los documentos adjuntos de esa licitación, CIPER encontró la lista de medicamentos que se utilizan en estos centros, la que lleva inscrita el promedio mensual de dosis consumidas.

Entre los 17 tipos de antidepresivos, antipsicóticos neurolépticos y tranquilizantes ansiolíticos que aparecen en la nómina, hay cuatro medicamentos con un consumo promedio de más de 1.000 dosis mensuales. Encabeza el cuadro, la risperidona, un antipsicótico para tratar síntomas de esquizofrenia, bipolaridad y problemas de conducta, como la agresividad, autolesiones y cambios repentinos de ánimo, con 2.560 dosis en alguna de sus tres concentraciones (1 mg, 1mg/mL y 3 mg) cada mes. La sigue la clorpromazina, otro antipsicótico usado también para tratar problemas de conducta serios, con 2.234 dosis mensuales; la fluoxetina, un poderoso antidepresivo, con 1.832 dosis mensuales; y la tioridazina, un antipsicótico que principalmente se receta a personas que ya han sido tratadas con otros medicamentos sin éxito, con 1.354 dosis mensuales (revise aquí el listado de psicofármacos y el promedio de dosis mensual y anual).

La psiquiatra de la Universidad Católica, Cecilia Ruiz, indica que el problema mayor es que incluso cuando un siquiatra prescribe un medicamento para situaciones específicas, como crisis o descompensaciones, “al no haber un psiquiatra en forma permanente en los centros, no hay nadie en ese momento de crisis que registre que efectivamente el menor necesita ese medicamento, que haga un trabajo previo, pruebe otras opciones, decida dar el medicamento y si es necesario repetir la dosis y ver cuándo hacerlo”.

Otros siquiatras consultados por CIPER coinciden en que lo importante es que haya una evaluación diagnóstica previa del menor, no sólo psiquiátrica, también física: ver si un niño tiene problemas al corazón, a los riñones, a lo que sea, antes de medicarlo. Y hacerlo también después, para monitorear los efectos físicos de los medicamentos y decidir si aumentar o reducir la dosis, o cambiar de remedio.

Todo lo que los especialistas consultados indican como urgente y necesario es precisamente de lo que carecen los niños que llegan a los hogares del Sename.

MENORES DOPADOS

Lissette, la niña cuya muerte reavivó los cuestionamientos a la red de hogares que el Estado tiene esparcidos en todo el país para proteger a los menores que sufren maltrato, abusos o abandono, ingresó al circuito del Sename cuando solo tenía 5 años. Aunque después fue devuelta a su hogar, fue solo una medida temporal: la violencia hizo que Lissette siempre debiera regresar a los hogares del Sename. Así fue como en 2013 ingresó al hogar de María Ayuda en Maipú.

CIPER conversó con quienes fueron testigos de la estadía de la niña en ese hogar. Los relatos coinciden: Lissette no tenía un tratamiento psiquiátrico y “empezó a tener descompensaciones emocionales frecuentes e intensas”. Un problema que en María Ayuda no estaban en condiciones médicas de asumir.

Sus crisis fueron intensificándose, al punto que durante los últimos meses “terminaba en el Hospital San Borja día por medio”, cuentan. Un psiquiatra del San Borja visitaba una vez al mes a las niñas de ese hogar, pero ese control era evidentemente insuficiente para las necesidades de la pequeña de entonces 9 años.

Quienes trabajaron con ella afirman que la última semana en que Lissette estuvo en María Ayuda, tuvo descompensaciones durante tres días seguidos, ocasiones en que pasó toda la noche en el Hospital San Borja donde le aplicaban un cóctel de fármacos que la tranquilizaban.

Sus descompensaciones se hicieron constantes. Ya era el segundo semestre de 2014 cuando en María Ayuda decidieron que Lissette debía ser internada en una Unidad de Corta Estadía en un hospital que nadie quiere identificar. Allí permaneció por un mes con medicamentos que la mantuvieron dopada. Según un funcionario que ha seguido de cerca su periplo y que pide reserva de su identidad, en ocasiones Lissette debió ser amarrada a una cama. Cuando salió del hospital, iba a ser devuelta al hogar de María Ayuda, pero allí se negaron a recibirla: su caso requería un nivel de tratamiento que ellos no podían proporcionarle. Fue así que a fines de 2014, la niña volvió al hogar Galvarino, donde murió el 11 de abril pasado.

Los tres fármacos que se le suministraban a diario fueron recetados por el profesional que la atendió en el Hospital San Borja, recinto que se hizo cargo de su tratamiento siquiátrico cuando volvió al Galvarino. También allí Lissette recibía atención neurológica y psicológica. La última atención de Lissette en el San Borja fue cinco días antes de su muerte, el 6 de abril, la visita mensual de la menor al recinto donde se le hacían también exámenes físicos y de sangre para monitorear su evolución. Esa es la versión que han hecho trascender profesionales del hospital ante la ola de cuestionamientos por el tratamiento farmacológico que se le suministraba a la menor.

CIPER recorrió algunos de los centros administrados por Sename en la Región Metropolitana. Están los Centros de Internación Provisoria (CIP, para menores imputados por delitos y su investigación en curso) y los Centros de Régimen Cerrado (CRC, para mayores de 14 años que deben cumplir condena privados de libertad), ambos pertenecen al área de Justicia Juvenil. Y bajo el área de Protección están los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), destinados a menores que envían los jueces de familia porque han sufrido abandono, abusos o están en riesgo.

A estos niños y adolescentes se les suministra psicofármacos en dos modalidades: medicación diaria para estabilizar el ánimo, reducir la hiperactividad, impulsos agresivos e insomnio; y un cóctel de fármacos de emergencia que se denomina “SOS”. Según afirman los encargados de administrar esos medicamentos, estos son recetados por psiquiatras que trabajan al interior del Sename y también por profesionales que atienden a algunos niños en las unidades psiquiátricas del sistema público de salud.

Respecto de la medicación diaria, se les suministra principalmente sedantes (aradix, clonazepam y otros) para regular la hiperactividad y los cuadros de ansiedad. En cambio, el “SOS” se compone de un clonazepam (sedante) más quietiapina o clorpromacina (antipsicóticos), se ingiere por vía oral y se usa para prevenir descompensaciones.

Hay un segundo “SOS” que se suministra vía inyección intramuscular y que sirve para controlar a un niño o adolescente que ya está descompensado: su efecto es casi inmediato. El compuesto madre de esta segunda mezcla es la benzodiacepina (de la familia de los sedantes) más un antipsicótico como la clorpromacina. Un profesional del Sename aclara que las dosis son variables según peso y talla, y que los “SOS” requieren de una prescripción especial de un siquiatra.

El hogar donde murió Lissette, el CREAD Galvarino, no era una excepción. De los 102 menores que lo habitan, 45 reciben algún tipo de medicación diaria, principalmente psicofármacos. A pesar de la demanda de atención en salud mental de esos menores, en el Galvarino no había un siquiatra que los atendiera en forma permanente. De hecho, desde 2013 el Sename estaba alertado de esta grave carencia.

Así lo constató la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros dependientes de Sename (CISC, entidad a cargo del Ministerio de Justicia y que supervisa los hogares del servicio) en su informe del segundo semestre de 2013 sobre el Centro Galvarino: “La atención que reciben los niños y niñas en el sistema público es la misma que recibiría cualquier niño. Las horas las solicitan por teléfono. Cuando es una situación grave concurren al servicio de urgencia del Hospital San Borja Arriarán” (vea el informe de la CISC sobre el CREAD Galvarino).

Los trabajadores de los hogares del Sename sabían muy bien lo que esa carencia significaba. Cuando un menor se descompensaba o sufría crisis graves, recurrir al sistema de salud público era una pesadilla: como los cupos allí son escasos, estos menores debían sufrir largas esperas sin tener opción a una atención preferente.

Centro del SENAME en Til Til

Los efectos de esa deficitaria atención en salud mental los vivió Lissette el pasado 11 de abril. Lo trágico, es que poco antes de que la niña falleciera, el Sename había lanzado un concurso público para contratar un psiquiatra para el Centro Galvarino. En marzo se solicitó un profesional para 10 horas semanales por $1.239.983 mensual. Las entrevistas para evaluar a los postulantes terminaron el 23 de marzo. Cuando el 26 de abril el siquiatra llegó a ocupar sus funciones al CREAD Galvarino, Lissette ya no estaba allí.

El Hogar Galvarino atiende a niños y niñas hasta los 11 años. Cuando los menores cumplen 12 años son trasladados al CREAD Pudahuel, ubicado en la comuna del mismo nombre y con capacidad para atender a 100 menores de entre 12 y 17 años. La realidad es otra: hoy alberga a 120 adolescentes, de los cuales 80 reciben medicación diaria.

A pesar de que el CREAD Pudahuel cuenta hoy con un psiquiatra que asiste algunas horas a la semana, cuyo trabajo se complementa con psicólogos y trabajadores sociales, funcionarios de ese centro confidenciaron a CIPER que están “sobrepasados”. El estándar del Sename de un educador por cada ocho niños no se cumple: cada funcionario debe atender a más del doble. Además, hay una sola enfermera para los 120 menores.

Al igual que en el Galvarino, las alertas sobre la situación crítica del CREAD Pudahuel están sobre la mesa desde 2013: “Se requiere atención en salud, es decir hacer una atención especial a los niños del centro, en especial en enfermedades psiquiátricas. Los educadores, que están en atención directa al niño, no cuentan con la especialidad de educadores sociales. Es vital capacitar a estos educadores de manera tal de institucionalizar su labor, sus responsabilidades y deberes. En estos momentos su trabajo da cuenta de un saber hacer sin mayor especialización”, establece el informe de la CISC de 2013 sobre este centro (vea el informe de la CISC sobre el CREAD Pudahuel).

INTERNACIÓN, MEDICACIÓN Y ABUSO

En los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC) la situación no es distinta. Testimonios recogidos por CIPER en el CIP de San Joaquín dan cuenta de la masiva medicación de adolescentes internos y de la nula coordinación entre la atención psiquiátrica y sicológica que estos reciben.

De los 240 adolescentes internos que hoy atiende el CIP San Joaquín, 139 reciben medicación diaria. La atención psiquiátrica en los CIP y los CRC se provee por dos vías: un psiquiatra que asiste un par de horas a la semana a los centros, mientras que el tratamiento para las adicciones a drogas y alcohol es externo. En Santiago ese servicio lo presta “Tierra de Esperanza” con su programa “Ágora”, que en San Joaquín cuenta con dos psiquiatras.

Un trabajador de San Joaquín aseguró a CIPER: “Hay una larga lista de espera, hay chicos que esperan hasta dos meses un tratamiento de droga”. De allí que para enfrentar los síntomas de la abstinencia, los funcionarios medican.

Menores en el Centro Cerrado de San Joaquín

El protocolo del Sename indica que los enfermeros o paramédicos son los únicos autorizados para suministrar la medicación a los menores. Eso es en los libros, porque la realidad es otra: “Como este es un centro grande y a veces el personal no da abasto, son los educadores los que suministran los fármacos. Como ellos no tienen la experticia para que el joven efectivamente ingiera el medicamento, a veces no se los toman, los esconden y después los consumen con otros jóvenes. De esto se ha alertado al Sename, pero no ha habido cambios”, relata una profesional.

No es el único problema en San Joaquín. Según el protocolo del Sename cada psicólogo debiera atender a un máximo de 15 jóvenes, pero hoy los ocho psicólogos que trabajan en ese centro atienden entre 30 a 35 adolescentes cada uno. Si se consideran además las licencias que son frecuentes, esa carga a veces puede elevarse a 70 jóvenes por cada psicólogo.

En el CRC de Til Til la medicación de los jóvenes también es masiva. De los 80 internos que hoy atienden, 65 son medicados diariamente. Y aunque en Til Til no hay sobre población (tienen cupo para 200 adolescentes), sí han ocurrido episodios que grafican que la falta de control permite que el suministro de medicamentos pueda ser mal utilizado.

Así lo revela la golpiza que recibió un menor del CRC de Til Til en octubre de 2015, luego de arrojarle un vaso de jugo a uno de los coordinadores. Aunque trabajadores del centro reconocen que el menor es conflictivo, la respuesta del funcionario fue denunciada: instruyó a los gendarmes (resguardan los CIP y CRC para evitar la fuga de los internos) a propinarle una golpiza al adolescente. Después, los enfermeros de Til Til firmaron un documento señalando que el joven no presentaba lesiones, lo que no era efectivo. El castigo terminó con un “planchado”: al joven se le aplicó un cóctel “SOS”.

Fue personal del propio CRC de Til Til que denunció el episodio. El sumario está en curso.

No era la primera vez que ese coordinador incurría en abusos con los menores bajo su protección. A principios de 2015, castigó a un joven de 17 años, ingresándolo a la Casa 12, reconocida en Til Til por ser la que alberga a los jóvenes más agresivos. Allí los otros internos le propinaron una golpiza, la que contó con la venia del coordinador. El castigo también terminó con un “planchado”.  El sumario hasta hoy no arroja resultados.

HACINAMIENTO

En el CREAD Galvarino, donde murió Lissette, las camas no alcanzan. Diseñado para recibir a 70 niños, hoy acoge a 102. Esta semana tuvieron que poner una colchoneta en una de las piezas para que un niño pudiera dormir. Si ingresa uno más, los funcionarios no van a tener dónde ubicarlo. Las 100 camas están dispuestas en camarotes que ocupan todo el espacio disponible en las cinco casas. Y aunque los niños están separados por sexo y edad, a veces tienen que poner a algunos de los niños más chicos en la pieza de las niñas, o mezclar niñas de distintas edades. Los casilleros donde guardan sus cosas personales están en las salas comunes, espacios donde también instalan camas. La situación crítica vulnera todas las normas del Sename, que indican que los niños no pueden mezclarse, y que todos deben tener su propio espacio.

Christopher Simpson

El hacinamiento en los CREAD es un efecto más del mal funcionamiento del sistema. La ubicación de los niños bajo protección depende de la decisión de los jueces de familia. Se supone que allí los niños deberían vivir sólo por algunos meses, mientras el tribunal analiza su situación y se busca una solución: reubicarlos con un familiar directo con supervisión de un programa colaborador del Sename o encontrar un centro adecuado. Pero como la búsqueda de un familiar que los acepte demanda trabajo y recursos, y no existen centros adecuados donde internarlos, estos hogares se convierten en residencia permanente de esos menores. Es lo que ocurre con los CREAD Galvarino, Pudahuel y la Casa Nacional del Niño.

Esa misma situación crítica y agravada se repite en la mayoría de los centros CIP y CRC. En 2015 un muchacho que habitaba la Casa 2 del CIP San Joaquín fue violado por tres de sus compañeros. La investigación está en curso. Pero el reclamo de los funcionarios subsiste: no existe un protocolo de acción frente a estas situaciones.

Lo mismo ocurre con la separación de los jóvenes según su grado de compromiso delictual. Los funcionarios denuncian que se mezclan jóvenes primerizos con otros que tienen una larga carrera delictiva u otros que presentan severos rasgos antisociales. La presencia de mayores de 18 años también se repite en los centros. Esto se produce porque muchas veces son condenados por delitos que cometieron antes de cumplir la mayoría de edad y, en esos casos, la ley estipula que la condena debe ser cumplida en un centro del Sename.

Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename (Armetrase), explicó a CIPER que la situación es insostenible e inaceptable de parte de un organismo estatal: “No puede ser que saquemos a niños de situaciones de abuso, de vulneración de sus derechos, para meterlos en centros donde esa dinámica se repite”.

Esta situación –afirma Simpson- se explica por varios factores, entre ellos, la sobre derivación de niños por parte de los tribunales de familia a los CREAD:

– Más del 50% del presupuesto anual de Sename, cerca de $110 mil millones, se va a organizaciones colaboradoras privadas, en desmedro de las que son administradas por el mismo Sename. Más encima, tres cuartos de los recursos que sí van a los centros administrados por Sename, van a parar a los de justicia juvenil, y no a los de protección, que son los que están más colapsados. A eso hay que agregar que Sename invierte mucho más en cargos profesionales burocráticos, que no cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de los centros, y menos en educadores que están todos los días trabajando con los niños –explica Simpson.

Hernán Olivi (Fuente: CHV)

A la sobrecarga de niños y la escasez de funcionarios se suma la gran cantidad de licencias médicas de los trabajadores. Tanto en los CREAD como en los centros de justicia juvenil, los funcionarios alegan que las condiciones de trabajo, el estrés y las lesiones producidas en la jornada laboral disparan el ausentismo. Así lo alertó un informe de octubre de 2015 de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (CISC) al visitar el CIP San Joaquín donde 19 funcionarios estaban ausentes por licencias médicas prolongadas: “Se hace evidente la escasez de personal en el centro. Según se obtiene de la entrevista, si bien el centro tiene implementado turnos extras que permitan suplir la falta de funcionarios, parece relevante considerar que esta situación afecta tanto a los jóvenes como a los propios funcionarios, quienes generan un desgaste excesivo, siendo un hecho que se ha perpetrado en el tiempo” (Vea informe de CISC sobre CIP San Joaquín).

Para Hernán Olivi, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), la situación ha llegado a un punto crítico:

-Para que no se nos mueran más niños necesitamos más funcionarios que se preocupen de ellos, que los cuiden. Organismos internacionales dicen que son siete niños por cada funcionario, acá tenemos 30 por educador. Muchos de los niños en CREAD tienen problemas siquiátricos, requieren una atención personalizada. ¡No la tienen! Como no hay programas, o los privados no aceptan a nuestros niños, porque no tienen la escolaridad necesaria o por ser casos muy complejos, hay niños que permanecen años en estos centros, como ocurrió con Lissette… Pero a final de año nadie más hablará del Sename, todos se habrán olvidado de Lissette.