Los flancos abiertos de Piñera en la investigación del financiamiento político

“¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $50 millones en Inversiones CB (en un) forward de entrada. Y $50 millones de salida, para qué empresa: para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”.

Las palabras del fiscal Carlos Gajardo marcaron un punto de inflexión en las dos jornadas de audiencia de formalización de los dueños y ejecutivos de Penta, el pasado 6 de marzo. Quienes conocen de política y negocios no necesitaban más contexto para entender hacia quién estaba apuntando Gajardo: al ex Presidente Sebastián Piñera, cuyos cuarteles generales se ubican precisamente en Apoquindo 3000.

Fiscal Carlos Gajardo

Si bien en ese momento hubo críticas sobre la supuesta intencionalidad política del fiscal, en la práctica se trató del primer indicio de que el escándalo de las donaciones políticas ilegales se acercaba al ex mandatario. Las pistas hacia la campaña de Sebastián Piñera siguieron el mismo rumbo de la investigación del Ministerio Público: de Penta se extendieron a SQM para luego saltar a una nueva compañía, Aguas Andinas. Ante cada uno de los cuestionamientos, el ex Presidente ha repetido como un mantra que todo es legal, aunque en la última declaración de una de sus empresas por primera vez se abre a la posibilidad de tener que hacer una rectificación en Impuestos Internos y, por lo tanto, a que pudo haber transacciones irregulares.

Piñera no ha podido sentarse en un rincón neutral a observar cómo el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría enfrentan una compleja crisis por las revelaciones de los millonarios pagos que hizo Soquimich a una sociedad de Giorgio Martelli que en 2012, época de precampaña electoral, financió servicios de figuras clave del actual gabinete, como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el director de Impuestos Internos, Michel Jorrat. El ex presidente también está preocupado por su futuro. Busca volver a La Moneda y las sospechas de que financió parte de su campaña con aportes irregulares de empresas podrían entorpecer su hoja de ruta.

Son cuatro los episodios que complican a Piñera: el forward mencionado por el fiscal Carlos Gajardo; los pagos de SQM a empresas del ex mandatario por servicios que no tienen respaldo en la contabilidad de esa minera; los bonos a ejecutivos de Chilevisión cancelados con dineros de SQM y otras compañías que aparentemente estaban destinados a la campaña electoral, y el financiamiento que entregó a la candidatura de Evelyn Matthei cuando ya era presidente y que, aunque se hizo por la vía legal del Servel, se ejecutó cuando había delegado la administración de sus negocios.

EL FORWARD

Cuando el fiscal Gajardo apuntó a Apoquindo 3000, ya contaba con una declaración que sembraba dudas más que razonables sobre las intenciones detrás de ese forward. Según relató en su declaración del 12 de febrero Iván Rojas, ejecutivo de CB Consultorías y Proyectos, esta empresa del Grupo Cruzat habitualmente realizaba operaciones simuladas de forwards con Penta. La transacción consistía en aparentar un contrato a futuro, en el que una de las empresas siempre perdía premeditadamente. Así, podían sacarse fondos de las arcas de Penta como si fueran pérdidas. Luego se hacía otro forward con sociedades de un ejecutivo de Penta en que era CB la que perdía. Con ese dinero se cancelaban los bonos de la plana mayor del holding sin tener que tributarlos. Por el servicio, CB cobraba una comisión.

“Ninguna empresa del Grupo Cruzat hizo operaciones de forwards con otras empresas, sólo se hizo con empresas del Grupo Penta o con empresas que ellos señalaron”, declaró Rojas. Sin embargo, en los registros obtenidos por el Ministerio Público había algunas operaciones que destacaban sobre el resto. Una de ellas es Santa Irene, vinculada al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, que en ese momento (2008) era gerente de Planificación y Desarrollo de Banmédica, ligada a Penta. Otras dos son Sydarta y Nyrvana, relacionadas con la familia del fallecido empresario UDI, Ernesto Silva Bafalluy (padre del diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva), quien era socio de los Penta en la Universidad del Desarrollo. Y una cuarta es Bancorp.

Cuando se le preguntó por esas sociedades al hombre que estuvo a cargo de todos los forwards en CB, Iván Rojas, fue claro: “Respecto de las sociedades receptoras de los fondos -Santa Irene, Sydarta, Nyrvana, Bancorp-, debo señalar que en todas las del cuadro, incluidas las que me consulta, el origen de los dineros provienen de los distintos contratos del cliente Penta”.

Santiago Valdés

El 23 de febrero, el fiscal Gajardo solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (BRIDEC) requerir a Bancorp la entrega voluntaria de toda la documentación relacionada con la operación. El contrato fue entregado dos días más tarde al Ministerio Público, añadiendo dos datos importantes: que Administradora Bancorp realizó la operación para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado y que quienes firmaron fueron los ejecutivos de Bancard, Santiago Valdés, en ese momento administrador de la campaña presidencial de Piñera, y Ana María Délano, hermana del dueño de Penta, Carlos Alberto Délano.

La fecha de suscripción que registra el contrato es el 7 de diciembre de 2009, con vencimiento el 7 de enero de 2010, es decir, entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Bancorp vendió US$5 millones a un cambio de $507, 92, por lo tanto, el valor pactado ascendía a $2.539 millones. En un cuadro explicativo adjuntado en el expediente, se aprecia que en esa transacción Bancorp obtuvo un saldo favorable de $48.950.000.

Tras conocerse la operación, la sociedad ligada a Piñera emitió una declaración pública señalando que se trató de una transacción sin coordinación con terceros y en condiciones de mercado. «Todas las operaciones realizadas por Mediterráneo son reales y legítimas, corresponden a su giro de inversiones y se realizan de acuerdo a la legislación vigente», añadía el comunicado.

Cuando Piñera asumió la Presidencia, Administradora Bancorp para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado ya tenía participación en su matriz de negocios: Bancard Inversiones Limitada. La formalizó el 26 de diciembre de 2007 con un aporte de $3.800 millones, equivalente en ese momento al 4,2% de la sociedad matriz.

En su declaración de patrimonio al llegar a La Moneda, Piñera señaló que Administradora Bancorp era propiedad en un 99,9975% de Inversiones Santa Cecilia. El 99,99% de esta última estaba a su vez en manos de Inversiones Bancorp Limitada, en la que Piñera declaró una participación de 9,718%.

El 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República, Sebastián Piñera había puesto orden a sus negocios. Según consta en una escritura fechada ese mismo día, modificó Inversiones Bancorp Limitada, dejando la administración en manos de un directorio de cinco miembros, uno de los cuales debía ser nombrado exclusivamente por él, otro por él en conjunto con al menos tres de sus cuatro hijos y los restantes tres directores por los otros socios, que además de sus hijos incluían a su mujer, Cecilia Morel.

Si bien es altamente probable que esa haya sido también la estructura de la sociedad al momento de firmarse el forward con CB tres meses antes, al dejar el gobierno en 2014, Piñera no incluyó a Administrador Bancorp como una inversión de Santa Cecilia, por lo que pudo haber cambios. Así se desprende también de una declaración del director de Bancorp, el abogado Fernando Barros, al diario El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”.

El 26 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra 26 personas ligadas a las sociedades que realizaron forwards con Penta por los delitos de rebaja indebida de la renta imponible y evasión tributaria, debido a que declararon pérdidas ficticias producto de estas operaciones. Entre los querellados están los dueños de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- y los otros representantes de sociedades que participaron de los forwards con CB, además de Manuel Cruzat y representantes y ejecutivos de sus empresas, incluido Iván Rojas.  El prejuicio fiscal estimado por el SII asciende a $2.400 millones.

No están querellados los representantes de las sociedades Santa Irene, Sydartha, Nyrvana y Bancorp. Pero según una fuente del SII citada por Tele13.cl, el libelo sí incluye el forward entre Bancorp y CB, por lo que sus representantes o el propio Piñera podrían ser citados a declarar.

La audiencia de formalización solicitada por el Ministerio Público fue fijada para el próximo 17 de junio. En ese momento, se formularán cargos contra Délano, Lavín y tres ejecutivos de Penta: Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro. También se incluye en ese grupo a los ejecutivos de CB, Iván Rojas y Edgardo Pinto; además de Pablo Wagner, pese a que su sociedad Santa Irene no estaba individualizada en la querella del SII.

LA MÚSICA

Si la primera aparición de Piñera en el expediente fue a partir de una transacción que lo liga a la investigación de las empresas de uno de sus mejores amigos, Carlos Alberto Délano, sus últimos dolores de cabeza se relacionan con los negocios de su archienemigo, el ingeniero forestal y controlador de Soquimich (SQM), Julio César Ponce Lerou (ver recuadro).

Administradora Bancorp S.A. volvió a la palestra el pasado 2 de abril, cuando el SII presentó una nueva denuncia ante el Ministerio Público, esta vez por inconsistencias tributarias de SQM, presuntamente vinculadas al financiamiento irregular de campañas políticas. Entre las empresas mencionadas, Administradora Bancorp figuraba con 18 pagos de SQM por un total de $318 millones.

Julio Ponce Lerou

No era la única sociedad vinculada a Piñera que figuró en esa nómina. Vox Populi aparecía emitiendo cinco facturas por $26 millones. Se trata de una empresa conocida por hacer las encuestas de opinión de Sebastián Piñera, una de sus herramientas electorales. En su declaración de patrimonio, la propiedad de Vox Populi se la reparten a medias Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada.

Los nombres de Bancorp y Vox Populi fueron entregados por SQM al SII, como parte de una autodenuncia tributaria que incluía aquellas facturas y boletas por servicios respecto de los cuales la empresa no tenía respaldo de que los trabajos hubieran sido efectivamente realizados.

Esta vez fue Bancorp la que divulgó un comunicado señalando que «las facturas referidas aSQM corresponden a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones». Según la declaración, Piñera “no tiene, ni nunca ha tenido” injerencia en la administración de la compañía.

La lista de empresas contenida en la denuncia del SII escondía otro nombre que a primera vista no tenía ninguna relación con Piñera: Inversiones La Música, propiedad de Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, figura emitiendo tres facturas a SQM por $45 millones. El pasado 22 de abril, el diario electrónico El Mostrador informó que cuando Piñera era dueño de Chilevisión había usado otras empresas –entre ellas SQM y Aguas Andinas– para pagar bonos de desempeño a De Aguirre. Esa información sería ratificada en los días siguientes por el ejecutivo ante el SII y ante el Ministerio Público, agregando a la lista de empresas a las cuales les facturó por sus bonos a Pampa Calichera, una de las sociedades cascadas de SQM, e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox, socio y hombre de confianza de Piñera. La Tercera añadió un nuevo dato: el monto total de las facturas emitidas por Inversiones La Música sería de $130 millones.

La revelación causó indignación en el entorno de Ponce Lerou, donde se asegura que se trató de una donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, la que habría sido gestionada ante el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Según las mismas fuentes, a través de un correo electrónico, el entonces administrador de la campaña presidencial de Piñera, Santiago Valdés, habría señalado a qué empresa debía hacerse el pago (Inversiones La Música). Por eso les parece insólito que, finalmente, esos fondos hayan sido destinados a pagar negocios personales de Piñera, como los bonos de ejecutivos de Chilevisión.

En los últimos días, Piñera ha debido salir a dar explicaciones, negando cualquier irregularidad. El martes 28 de abril, Bancard emitió un comunicado en el que se insiste que desde abril de 2009 Piñera está desligado de la administración de sus empresas. Explica, además, que Bancard firmó un contrato con La Música en 2005 para una asesoría sobre negocios en medios de comunicación y una ampliación en 2009, en la que se incluyó la venta de Chilevisión.

«Dada la información conocida respecto a eventuales pagos de terceras empresas, Bancard está recabando todos los antecedentes relevantes, con el propósito de ponerlos en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, para la total aclaración de estos hechos, y tomar todas las medidas rectificatorias que correspondan«, señala el texto, abriendo por primera vez la posibilidad a un reconocimiento de pagos irregulares.

Cercanos a Jaime de Aguirre confirman que una parte del pago puede explicarse por una asesoría para la fracasada compra del canal de televisión por cable ARTV. Sin embargo, otras fuentes del círculo del ejecutivo de Chilevisión dicen no entender por qué Piñera y su entorno, aludiendo principalmente a su abogado Fernando Barros, insisten en negar que se pagó un bono, si de todos modos será fácil para la Fiscalía dilucidar la verdad.

Otro asunto que parece difícil de ocultar -dicen desde el canal de televisión-, es que Piñera no se desligó completamente de Chilevisión cuando anunció que se retiraba de la administración de sus negocios para dedicarse a su candidatura presidencial. Como prueba, cuentan un episodio que se vivió durante la campaña electoral cuando Piñera organizó un retiro de trabajo de todos los ejecutivos y rostros del canal a Bahía Coique, condominio del que es dueño. En esa ocasión incluso habría interrumpido un discurso para recibir una llamada en que le anunciaron la decisión de la UDI de apoyar su candidatura.

En su declaración ante la fiscalía, publicada por The Clinic, De Aguirre reconoció que el pago “era una mezcla entre evaluación de desempeño y asesorías”. Dijo que primero Bancard le transfirió $146 millones, pero luego le pidieron que devolviera el dinero y facturara a terceras empresas. “Ninguna relación tengo con SQM, Pampa Calichera, Aguas Andinas e Inversiones Ilihue. Nunca presté ningún servicio para ellas, no conozco a nadie de estas empresas. Los servicios que presté fueron prestados a Bancard”, declaró el ejecutivo, quien puso hincapié en que no destinó ese dinero a campañas políticas.

Jaime de Aguirre

Al sincerar también la situación ante Impuestos Internos, Jaime de Aguirre no sólo estaba dando una explicación sobre el pago que recibió de SQM. Si efectivamente se trató de bonos de desempeño que debía pagar Bancard, el ejecutivo de Chilevisión estaba reconociendo que utilizó una sociedad para cobrar parte de sus ingresos, algo que ha sido cuestionado por el SII pues es una forma de eludir impuestos. Este mecanismo está bastante extendido y ha sido particularmente fiscalizado dentro de la industria televisiva (ver reportaje Cómo surgió y se expandió la elusión de impuestos en la industria de la televisión).

Respecto a Aguas Andinas, que también efectuó pagos a La Música, en su junta de accionistas del martes 28 de abril el presidente del directorio, Felipe Larraín, confirmó que la factura de Jaime de Aguirre existe, por lo que propuso al resto de la mesa directiva hacer una investigación exhaustiva para ver si existían otras facturas similares. La revisión puede tardar, porque son más de 15.000 transacciones las que deben ser revisadas en un proceso encabezado por el gerente general de la empresa, el español Jordi Vals. El máximo ejecutivo de la sanitaria tiene la ventaja de no haber estado en el cargo al momento de emitirse las facturas, en febrero y marzo de 2010, cuando el gerente general era Felipe Larraín, hoy presidente de la compañía.

El tema es particularmente complejo para Aguas Andinas, pues se trata de una empresa regulada y cuyo directorio nunca ha aprobado formalmente donaciones políticas a través del conducto regular del Servel. La gran duda que deberá dilucidar la investigación interna –así como las eventuales indagaciones del SII y la fiscalía– es si se trató de un caso aislado o hay más facturas por servicios no prestados y cuyos pagos presumiblemente se canalizaron a actividades políticas. Este jueves 30, revista Qué Pasa informó que la compañía está investigando la existencia de facturas  de Vox Comunicaciones, una empresa en la que entre 2009 y 2010 fue socio el ex ministro Laurence Golborne y que ya está bajo sospecha en la arista Penta del caso.

PRESIDENTE FINANCISTA

Ponce Lerou no es el único enemigo que Piñera ha cosechado en su carrera político empresarial y si algo llama la atención es la capacidad del ex presidente de congraciarse con ellos si tiene en mente un objetivo mayor. Quizás el caso más emblemático es el de Evelyn Matthei, con quien rompió radicalmente su amistad tras el llamado Piñeragate, en 1992. En esa ocasión, Piñera pidió por teléfono que la trataran mal en un programa de Megavisión, pero ella tenía a agentes del Ejército grabando la conversación, que luego lanzó al aire el dueño del canal, Ricardo Claro.

Pese que el episodio se transformó en uno de los escándalos políticos indelebles de la transición, una vez en La Moneda, Piñera nombró a Matthei ministra del Trabajo. Desde ahí, la ex senadora UDI fortaleció su imagen y se transformó en la única candidata factible para asumir como abanderada presidencial de la derecha luego de que Pablo Longueira debiera abandonar la carrera tras caer en una severa depresión.

Pero era una carrera perdida. En la Alianza estaban conscientes de que no había forma de remontar la ventaja de Bachelet. Matthei se quejaba de la falta de fondos para financiar su campaña y según reveló una reciente investigación del periodista Daniel Matamala publicada en CIPER, apeló en varias oportunidades a Piñera para que hiciera un aporte a su candidatura. Finalmente, ésta se concretó de forma reservada por la vía del Servel, mediante aportes de la sociedad Santa Cecilia. Esta transferencia digitada por Piñera pone en duda la promesa del entonces Presidente de no tener ninguna injerencia en sus empresas (ver reportaje).

Sebastián Piñera

De todos modos, Matthei sólo logró recaudar $3.400 millones, mientras que Bachelet llegó a juntar $5.300 millones para la primera vuelta. A diferencia de su contrincante, el grueso de los fondos de Matthei ($2.300 millones) provino de aportes reservados, superando incluso la recaudación reservada de Piñera en la elección anterior ($2 mil millones).

Si en su primera incursión presidencial Piñera financió la mayor parte de su campaña con fondos propios, pero en 2009, sabiendo que tenía reales posibilidades de ganar, acudió a los privados para conseguir dinero. En todo caso, desembolsó $1.100 millones de su patrimonio en la primera vuelta.

En esa ocasión, gran parte de la recolección de fondos estuvo a cargo de su amigo José Cox, quien contó con el apoyo de un grupo de empresarios, como Patricio Parodi y Juan Bilbao (hoy acusado en Estados Unidos por uso de Información privilegiada). Entonces se mencionaba a Santiago Valdés, administrador de la campaña, como el “ministro de Hacienda” de la candidatura (ver reportaje Los gerentes que manejan las platas de la campaña de Piñera).

Cox y Valdés tenían también amplias responsabilidades en los negocios de Piñera y ya debieron concurrir al Ministerio Público para dar explicaciones por el cuestionado forward con CB, pero reagendaron su declaración hasta conocer el contenido de la carpeta investigativa. Con nuevos flancos abiertos, es probable que ellos o incluso el propio Piñera, sean citados para responder por las facturas de SQM y Aguas Andinas.

PONCE LEROU, EL ARCHIENEMIGO

En el entorno de Ponce Lerou sitúan el inicio de la guerra con Sebastián Piñera en un episodio que tuvo lugar a comienzos de la década pasada. En un momento de alto endeudamiento de sus empresas, Ponce Lerou, quien en esa época vivía en Austria, fue alertado por un banco estadounidense de que Piñera quería comprar su cartera de créditos. La sospecha inmediata fue que era una jugada del ex senador RN para intentar tomar el control de las sociedades cascadas a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM. Una sospecha que se ha reiterado en al menos tres oportunidades y que ha mantenido tensa la relación entre ambos. A eso hay que sumar el llamado Caso Cascadas, que Ponce Lerou atribuye a una operación de Piñera: “Si su excelencia el Presidente de la República no hubiese participado en las Cascadas, no habría Caso Cascadas”, sentenció el año pasado.

“Esas cosas se olvidan, pero no se perdonan”, dice un integrante del círculo de Ponce Lerou sobre la seguidilla de problemas con Piñera. Según la misma persona, hay que tomar en cuenta que el ex yerno de Pinochet es un hombre de derecha y que Piñera fue candidato presidencial de ese sector en 2004 y 2009. Su costumbre es repartir dinero a candidatos de distintos colores políticos, habría sido raro que en esa elección apoyara sólo a Eduardo Frei –como apuntan los antecedentes revelados en los últimos días– y no al candidato de derecha. Por lo demás, Piñera iba de seguro ganador en las presidenciales de 2009, por lo que no habría tenido sentido para un pragmático como Ponce Lerou respaldar sólo al perdedor.

Pese a ese razonamiento y a que hubo treguas entre ambos empresarios, fue sorpresivo que ahora apareciera un supuesto financiamiento de Ponce Lerou a Piñera durante la campaña presidencial de 2009. Entre las facturas a empresas ligadas a Piñera y Jaime de Aguirre, los posibles aportes de SQM a la campaña del ex presidente sumarían hasta ahora unos $400 millones.

El primer episodio público de tensión entre Piñera y Ponce Lerou tuvo lugar en 2001, cuando Bancard, junto a Moneda, pidió la disolución de Pampa Calichera, que en ese momento presentaba un nivel crítico de endeudamiento y cuyas acciones se transaban con un fuerte descuento. El controlador volvió recargado tras atraer la inversión de la noruega Norsk-Hydro y se instaló en las presidencias de los directorios de todas las cascadas. Pero entonces apareció la canadiense Potash Corp (PCS) con la seria intención de arrebatarle el control a Ponce Lerou, abriendo una nueva disputa que se prolongó por años.

José Cox

En 2002, el entonces gerente general de Bancard, Juan Luis Rivera y director de las cascadas, envió un oficio a la SVS para que investigara la compra de acciones de Oro Blanco a Calichera-B. Esa operación le permitió a Oro Blanco quedarse con más de dos tercios de Pampa Calichera. La denuncia de Rivera terminó con sanciones para el gerente general de Oro Blanco, Pedro Díaz, y el director Luis Vásquez.

En 2008 Ponce Lerou vio nuevamente amenazado el control de SQM cuando Yara (ex Norsk-Hydro) decidió vender su participación en SQM y PCS arremetió para aumentar su participación. El ingeniero forestal le compró a los noruegos y aceptó además una oferta de Piñera, quien empezaba a concentrarse en su campaña para ser presidente y se estaba desprendiendo de algunos negocios. En total, le pagó más de US$200 millones. Todas estas compras para asegurar el control le costaron a Ponce Lerou un endeudamiento que ha cifrado en US$700 millones y que indirectamente gatilló las operaciones cuestionadas en el Caso Cascadas, pues parte de los fondos provenían de estas sociedades, que quedaron en una compleja situación financiera y debieron recurrir a aumentos de capital. En ese momento se produjeron las operaciones investigadas.

La salida de Piñera significó una especie de tregua entre ambos, pero que duró poco. Ponce Lerou acusa que dos meses después Piñera empezó a comprar nuevamente acciones de Norte Grande y Oro Blanco a través de Bancard y Santa Cecilia por unos US$40 millones. Cuando en abril de 2009 Piñera creó el fideicomiso ciego en que delegó la gestión de sus inversiones en sociedades abiertas en bolsa, su participación en las Cascadas quedó a cargo de Moneda, según acusa Ponce Lerou. Esta tesis insinúa que, como accionista minoritario, Piñera perdió dinero con las operaciones cuestionadas y, por lo tanto, era parte interesada en la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Según ha declarado el controlador de SQM, a partir de 2012 tanto el presidente de Moneda, Pablo Echeverría, como el director de Bancard José Cox se le acercaron para plantearle que había que fusionar las Cascadas (ver reportaje de revista Qué Pasa). Uno de los intermediarios fue el abogado Darío Calderón, quien, según ha declarado Ponce, le transmitió el recado de que si se fusionaban las Cascadas ellos arreglarían el problema con la SVS. También relató que en una reunión social el propio Piñera le habría dicho a Calderón: “Tú encárgate de la fusión que yo me encargo de la Súper”.

Las acusaciones de Ponce Lerou causaron ruido durante los últimos meses de gobierno de Sebastián Piñera, pues él aseguraba que no sabía nada de las inversiones que tenía en el fideicomiso y la SVS investigaba las operaciones del Caso Cascadas que se transformarían en las mayores multas jamás aplicadas en mercado de valores, dirigidas justamente hacia Ponce Lerou y sus ejecutivos.