Isolux-Corsán: su historial de lobby y coimas en contratos por $141 mil millones en Chile

Vea reportaje: «Fiscalía allana oficinas de Isolux–Corsán en Chile por coimas en la USACH«

El 23 de marzo, en una sesión especial del Parlamento de Cataluña le volvieron a preguntar si él era Luis “El Cabrón”, el misterioso personaje que aparece en una contabilidad paralela recibiendo platas ilegales por $72 mil euros provenientes del fondo Real State Equity Portfolio. Luis Delso Heras, presidente de la española Isolux-Corsán –una transnacional que participa en las áreas de concesiones, energía, construcción y servicios industriales en 40 países, y que en 2014 tuvo ingresos por más de $2 mil millones de euros– respondió que no.

Delso tuvo que declarar ante una comisión del Parlamento de Cataluña que intenta esclarecer el origen de la abultada fortuna que ocultaron su viejo amigo, Jordi Puyol Ferragosa, y su padre, el histórico ex líder catalán Jordi Puyol i Soley. Uno de los escándalos de corrupción que ha remecido a España en el último año. Delso, según reconoció, le ha pagado a empresas ligadas a Puyol $1.8 millones de euros por “asesorías” en el cierre de dos millonarios contratos para Isolux, uno en Gabón y el otro en México.

Luis Delso, Presidente de Isolux-Corsán

Una semana más tarde de esa comprometedora interpelación, se encendieron las alarmas en la sede de la empresa española en Buenos Aires, desde donde se controlan los negocios de Isolux en América Latina. Esta vez eran sus operaciones en Chile las que amenazaban con estallar en un nuevo escándalo. El último de sus siete millonarios contratos por $141 mil millones, la obra vial Portales-O’Higgins en el Puerto de San Antonio, fue rescindido anticipadamente por graves incumplimientos en los plazos y otras irregularidades. No era la primera vez que sucedía: de los siete contratos que Isolux amarró en Chile desde 2012, este era el cuarto que era objeto de la misma sanción.

Isolux-Corsán aterrizó en Chile en 2004, pero fue a partir de 2012 que inició su vertiginoso crecimiento en el país. En abril de ese año, el gobierno le adjudicó la licitación para la construcción del Puente Bicentenario (Región del Biobío) por más de $35 mil millones, pero el contrato fue terminado abruptamente a fines de 2014. Lo mismo ocurrió con el Hospital de Pitrufquén ($17 mil millones) y con el Estadio de Calama ($10 mil millones), a los que se suma la ya mencionada obra vial en San Antonio ($3 mil millones).  Solo le quedan en desarrollo los contratos por el Puente Maule ($13 mil millones, la obra fue recepcionada por el Ministerio de Obras Públicas el 2 de abril pasado y se encuentra en etapa de revisión), la Línea 3 del Metro de Santiago ($52 mil millones) y el Edificio Docente-EDOC de la Universidad de Santiago ($10 mil millones).Pero este último tiene su propio historial de irregularidades que investigó CIPER  y actualmente pende de un hilo.

EL “TODO VALE” DE ISOLUX

Cuando en 2004 Isolux se instaló en Chile, fijó domicilio en La Concepción 266 (Providencia). Apenas dos años más tarde, la compañía se vio envuelta en el primero de una seguidilla de escándalos. En 2006 el Ministerio Público formalizó a tres funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) por haber recibido dinero para indagar la situación tributaria de Isolux Agencia Chile y apurar una devolución de impuestos por $74 millones por concepto de retención de IVA. En 2009, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a uno de los funcionarios a pena aflictiva por este delito.

Tras ello Isolux-Corsán desapareció del mapa para reaparecer en 2012 adjudicándose en el lapso de tres años siete licitaciones. ¿Qué hizo que autoridades públicas obviaran en reiteradas ocasiones el historial de irregularidades de Isolux-Corsán en España, México, Brasil y otros países, además de su episodio con el SII en Chile? Bastaba solo con poner su nombre en Google para dimensionar los episodios de malas prácticas que la empresa arrastra desde hace tiempo.

Allí habría aparecido, por ejemplo, que Isolux es protagonista en las pesquisas de la Operación Yogui, en la que la justicia de España intenta determinar la existencia de sobreprecios en la construcción de un tramo ferroviario del AVE, el tren español de alta velocidad. La obra le fue adjudicada en 2008 y hoy se investiga un presunto pago de coimas por parte de la compañía a quienes debían fiscalizar el avance de las obras.

CIPER tuvo acceso a distintos correos triangulados entre altos ejecutivos de la compañía en Chile, Buenos Aires y España, en los que se devela el modus operandi de Isolux-Corsán en la adjudicación y administración de los contratos con distintas reparticiones públicas del país.

“En los puentes Biobío (Bicentenario) y Maule, se escribió el dictamen que nos dejaba afuera (…) y el lobby me llevo a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de la obra, con el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas y por ello se salvó el contrato. Igual el caso del Estadio de Calama que estamos fuera por el presupuesto oficial y lo dimos vuelta en otras reuniones mantenidas en este caso por Mario (NdR: Mario Maxit, director Comercial de Isolux para Latinoamérica) en Chile y el tema del Hospital de Pitrufquén que nos pudimos presentar sin siquiera tener la visita oficial de obra que la conseguimos después para presentarnos. Por ello y disculpa mi insistencia es que para mí la clave del negocio es la información y manejar en cada caso el lobby adecuado”.

Juan Carlos de Goycoechea, director de Isolux América Latina (Fuente: prensalibreonline.com.ar)

Este pequeño tratado de lobby fue escrito por Juan Carlos de Goycoechea, presidente de Isolux-Corsán para Latinoamérica con sede en Buenos Aires, y enviado vía correo electrónico a sus superiores en España en agosto de 2013. El mensaje va dirigido al presidente de la compañía, Luis Delso, y a otros altos directivos de la casa matriz en España (ver correo electrónico).

Pero eso no es todo. CIPER tuvo acceso a otros correos electrónicos en los que queda en evidencia el pago de coimas para liberarse de multas, obtener adelantos de dinero y también de prórrogas en los plazos de entrega de la obra que la empresa española cerró en 2012 con la Universidad de Santiago (USACH), por $10 mil millones.

El oscuro episodio involucra a un alto directivo de la universidad y hombre de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi: Mauricio Carrasco Torres, director de Administración y Finanzas y uno de los tres evaluadores que le adjudicó la millonaria licitación a Isolux. El 27 junio de 2014, Carrasco y su esposa viajaron a Belo Horizonte (Brasil) justo cuando se jugaba octavos de final del Mundial de Fútbol, a ver el partido entre Chile y los Pentacampeones. Todos los gastos –pasajes y estadía– corrieron por cuenta de Isolux-Corsán. Dos días después del partido, Mauricio Carrasco –que desde marzo de 2015 ya no trabaja en la universidad– autorizó fuera de norma un pago anticipado a la compañía por trabajos que aún no se habían ejecutado.

El edificio de ocho pisos debió estar listo en diciembre del año pasado. Sin embargo, tal como lo comprobó CIPER en terreno, recién hace unas semanas comenzó la construcción del segundo nivel. Pese a todas las evidencias, la USACH no ha finiquitado el contrato con la empresa.

ISOLUX Y SU ATERRIZAJE EN CHILE

Isolux-Corsán cerró el 2014 con ingresos por $2.128 millones de euros. En su cartera de proyectos, América Latina es un verdadero botín. De las ganancias obtenidas el año pasado, 50% provienen de la región. El resto, se reparte entre España, India y otros países.

Pese a tener más de 80 años de antigüedad, Isolux Corsán nació formalmente en 2004 tras la fusión de la empresa Corsan-Corviam con Isolux Watt. El controlador de la compañía es la sociedad Construction Investment SARL, que posee el 52% de su propiedad. La sociedad tiene sede en Luxemburgo donde en los últimos años han estallado diversos escándalos financieros por la existencia de múltiples acuerdos secretos entre el país europeo y varias empresas internacionales que fijaron domicilio en su territorio para reducir al mínimo su tasa impositiva.

Isolux-Corsán llegó a Chile en 2004 con la firme idea de aumentar la masa de contratos en Latinoamérica. En 2012 creó la filial Corsán Corviam Construcción (Agencia Chile).A través de esta empresa ha participado en cuatro de las siete licitaciones que le han sido adjudicadas en nuestro país. La misma sociedad creó meses más tarde junto a otra empresa española –Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, también con problemas en la ejecución de obras del Estadio Ester Roa de Concepción– el Consorcio Copasa Corsán Corviam y sólo días después la sociedad Consorcio Copasa Corsán Corviam Dos. La primera, resultante de la fusión de Copasa e Isolux-Corsán, fue creada para participar en la licitación de la construcción del “Puente sobre el río Maule” (Séptima Región) la que le fue adjudicada en marzo de 2012 por $13 mil millones. La segunda, se estructuró para la licitación “Reposición sobre el río Biobío, Concepción–San Pedro de La Paz” (Puente Bicentenario, Región del Biobío) la que obtuvo un mes después por $36 mil millones.

Esos fueron los primeros dos contratos cerrados por la compañía con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a principios de 2012. Meses más tarde obtendría otro contrato –previa licitación del Servicio de Salud Araucanía Sur (SASS)– para construir el nuevo Hospital de Pitrufquén (Región de la Araucanía). La adjudicación, en diciembre de 2012, le significó a Corsán Corviam Construcción una nueva obra por $17 mil millones. El mismo mes, la filial de Isolux-Corsán se adjudicó otra jugosa licitación por $10.500 millones para la “Normalización del Estadio Municipal de Calama”.

El vertiginoso crecimiento de la cartera de proyectos de Isolux-Corsán tuvo un nuevo capítulo en noviembre de 2013 con la adjudicación de un proyecto por $52 mil millones para la construcción de los piques y túneles de la Línea 3 del Metro de Santiago. En esta licitación –al igual que en los puentes Maule y Bicentenario– participó por medio del Consorcio Copasa Corsán Corviam. El mismo mes, la Universidad de Santiago le adjudicó a Corsán Corviam Construcción el proyecto “Construcción de edificio docente y centros de administración EDOC-USACH”, por $10 mil millones.

El último contrato fue firmado por la misma filial de Isolux en agosto de 2014: el “Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins” en la comuna de San Antonio (Quinta Región). La obra vial cuyo monto supera los $3 mil millones fue adjudicada obviando el historial de irregularidades de Isolux-Corsán en Chile y  las múltiples advertencias de algunos concejales de la comuna. Fue el propio alcalde, Omar Vera Castro, el que inclinó la balanza a favor de la compañía española. En el acta de una sesión del concejo fechada el 24 de agosto de 2014,  Vera señaló:

“Quiero que asumamos la votación con responsabilidad porque no hay ningún elemento ni jurídico, ni técnico que nos permita decirle al portal de compras públicas que no podemos adjudicarles la obra porque en La Araucanía ocurre esta situación. Yo les señalo automáticamente que nos van a decir que eso no es válido” (ver acta).

En el lapso de tres años, Isolux-Corsán y sus filiales lograron adjudicarse licitaciones por un total de $ 141 mil millones, cifra idéntica a la invertida este año por el Ministerio de Educación para el programa de fortalecimiento de la educación pública en 345 municipios del país.

CAE EL GIGANTE

En marzo de 2014 los problemas en Pitrufquén ya no pasaban inadvertidos. El director del Servicio de Salud Araucanía Sur (SASS), Milton Moya Krause, señaló a CIPER que al asumir sus funciones ese mes se encontró con un severo incumplimiento en los plazos convenidos en la licitación adjudicada a Isolux en diciembre de 2012 para la “Normalización del Hospital de Pitrufquén”. “La obra debía haber finalizado en junio de 2014. Pero en abril de 2014 había pasado más de un 80% del tiempo de ejecución del contrato y había menos del 20% de ejecución en las obras”, contó Moya.

Esta es la misma obra en la que el presidente para América Latina de Isolux-Corsán, Juan Carlos de Goycoechea, reconoce haber ganado la licitación “sin siquiera tener la visita oficial de la obra”, según detalló a sus superiores en un correo electrónico.

El 25 de abril de 2014, el SASS decidió poner término anticipado al contrato. En la resolución Nº 1.022 el organismo de salud fundamentó su decisión en  “el incumplimiento del programa de trabajo, que pone en riesgo el término de la obra dentro de los plazos acordados; atraso total por sobre un 15% del plazo original de ejecución; e incumplimientos reiterados a diversas obligaciones contractuales, que en conjunto constituyen un incumplimiento grave en los términos de la Ley 19.886”. Pese a los descargos de la compañía, el SASS mantuvo la decisión a firme (ver documento). Actualmente se prepara una nueva licitación.

Al término del contrato por el Hospital de Pitrufquén, le siguió el del Estadio de Calama, también citado en el email de Goycoechea como aquella obra en la que habían quedado fuera por temas de presupuesto y que dieron vuelta en sucesivas e informales reuniones.  Esta obra se adjudicó finalmente bajo la modalidad de trato directo y fue autorizada por el entonces Director Nacional del Instituto Nacional del Deporte (IND), Gabriel Ruiz Tagle.

En noviembre de 2014, el IND decidió ponerle fin anticipado al contrato con la empresa española. Nuevamente la causal fue incumplimiento en los plazos, pero principalmente el no pago de deudas pendientes con empresas contratistas, según informó La Tercera. En febrero pasado, Corsán Corviam Construcción presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del IND para revertir la decisión. En lo fundamental, la compañía responsabiliza a la propia entidad mandante por “indefiniciones, retrasos en el pago de la obra y por obras extraordinarias no consideradas en los antecedentes de la licitación” (ver escrito).

Estadio de Calama

El siguiente proyecto en caer fue el del emblemático Puente Bicentenario, en Concepción. El 12 de diciembre de 2014 la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) puso término al contrato indicando como causal un “retraso superior al 44% del programa de trabajo vigente”. El 6 de marzo pasado, la Contraloría General de la República dio curso a la resolución del MOP, aunque advirtiendo que el mandante “no había dado cumplimiento oportuno a algunas de sus obligaciones contractuales”. Frente a ello, el MOP inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades. Sus resultados aún no se conocen. El puente debía entregarse el 15 de enero pasado y aún no está totalmente operativo.

La licitación para esta obra se publicó en agosto de 2011 y fueron aceptadas las propuestas de siete empresas: Salfa, Dragados, Sacyr, Acciona Infraestructura, el consorcio Besalco-Arrigoni-Brundl, FCC-Comsa de Chile y el consorcio Copasa Corsán Corviam (ver documento).

En el documento que sanciona la adjudicación de la obra al Consorcio Copasa Corsán Corviam (abril de 2012) se señala: “acéptese la oferta corregida” presentada por la empresa (ver documento). Es sobre este mismo proyecto que el director de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, señala en su correo haber desplegado un agresivo lobby con distintas autoridades para “salvar el contrato” pues habían quedado fuera.

El último episodio de término anticipado de contrato ocurrió a principios de abril y afectó la obra “Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins” en San Antonio que se adjudicó la filial Corsán Corviam Construcción en agosto de 2014. Un informe realizado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de San Antonio -y que fue encargado por el concejal Esteban Hinojosa (uno de los que se opuso a otorgarle la licitación a la empresa española)- arrojó que al 26 de febrero de 2015, cuando la obra debía llevar 21% de progreso, sólo llevaba 6%. Además, el informe destaca otras irregularidades, como por ejemplo, que entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 “no hubo continuidad del administrador de obra, existiendo periodos que incluso superaron las tres semanas sin la presencia de éste” (ver informe).

USACH: AL MUNDIAL LOS PASAJES

Fue el 27 de junio de 2014, sólo un día antes de que Chile jugara el trascendental partido de octavos de final del Mundial contra Brasil, cuando Mauricio Carrasco Torres consiguió lo imposible. Ese mismo día y pese a la altísima demanda de pasajes aéreos, hotelería y de tickets para ingresar al estadio, el entonces director de Administración y Finanzas de la USACH –y uno de los tres evaluadores que le adjudicó a Corsán Corviam Construcción la millonaria obra del edificio EDOC de la universidad–  logró embarcarse en un avión junto a su esposa y sentarse en las graderías del Mineirao de Belo Horizonte para ver el trascendental encuentro. Carrasco fue uno de los privilegiados que pudo presenciar en directo el golpe en el travesaño de Mauricio Pinilla al minuto 119’ de partido.

Construcción edificio USACH al día de hoy.

El arreglo para que Carrasco tomara el avión, alojara en Belo Horizonte y fuera el estadio junto a su mujer fue gestionado desde Buenos Aires por la jefa de Servicios Generales de Isolux-Corsán, por orden del gerente general de la empresa en Chile, Christian Manrique Valdor. “Necesitamos que por favor nos indiquen disponibilidad para las siguientes reservas, se trata de una urgencia”, se señala en los correos electrónicos dirigidos a una agencia de viajes. Sólo en pasajes aéreos Isolux desembolsó US$ 4.400, según se detalla en distintos emails (ver correos).

A su regreso, dos días después del partido en el que Chile cayó a penales, el director de Administración y Finanzas de la USACH –cargo de confianza del rector que Carrasco desempeñaba desde 2012– autorizó un pago por adelantado a la compañía de $60 millones por concepto de “ascensores”. Ello, pese a que  aún no estaba construido siquiera el primer piso. Pero ahí no estaba la única hebra de irregularidades.

Al 8 de agosto de 2013, una serie de multas por atraso aún no habían sido cursadas por el mandante. Para entonces, y a pesar de que la obra debía haber llevado un 93% de avance y el progreso real estaba por debajo del 20%, Isolux no había sido penalizada como correspondía según el contrato. Todas estas irregularidades, a las que se suman constantes e injustificadas prórrogas en los plazos de entrega de la obra, quedaron consignadas en un informe de la Contraloría General de la República con fecha 14 de enero de 2015 (ver informe).

El 5 de marzo pasado, Mauricio Carrasco Torres renunció a su cargo en la USACH (fue asesor de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación entre 2009 y 2011). Su intempestiva salida se debió a una denuncia anónima que llegó a la universidad y en la que se le acusaba de haber recibido coimas por parte de Corsán Corviam Construcción, las que Carrasco reconoció.

Otro de los responsables del proyecto, el arquitecto Felipe Reyes Vergara, quien era jefe de la Unidad de Construcciones, participando además junto a Carrasco en el comité de evaluación de la licitación por esta obra, también renunció a la universidad. Las sospechas de haber recibido sobornos también recaen sobre él.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

La situación se agrava si se considera que el historial de irregularidades que involucra a miembros de la USACH se arrastra incluso desde antes que Isolux ganara la licitación. En pleno proceso de evaluación de las propuestas de los dos oferentes (Isolux y la empresa Transportes y Excavaciones), la compañía española manejaba el detalle de oferta de su competidora y ya sabía que el resultado de la licitación se inclinaría a su favor. Fue desde la propia comisión de evaluación –conformada por Carrasco, Reyes y el prorrector de la USACH, Pedro Palominos Belmar– que se filtró la información a los directivos de Isolux. Así se lee en el correo electrónico de Juan Carlos de Goycochea a sus superiores en España:

“Ni el plazo ni los antecedentes son públicos, pero te puedo decir que tuvimos mejor plazo de ellos (…) pero estamos unos US$ 4 millones por encima del presupuesto oficial (…) No obstante, por la misma vía que sabemos todo esto, hemos logrado un dictamen de la comisión que obra en mi poder, que aconseja la adjudicación a Corsán. Esto por supuesto es absolutamente confidencial y no debe ser transmitido a nadie, menos en Chile” (ver correo).

A pesar del nutrido prontuario de anomalías de Isolux en la USACH, su rector, Juan Manuel Zolezzi, señaló a CIPER que recién en febrero pasado, a vuelta de sus vacaciones, se enteró de que había una empresa española haciendo obras para la universidad: “Por lo del puente Caucau pregunté si había alguna empresa española trabajando con nosotros y ahí recién me enteré”. Zolezzi niega haber tenido contacto hasta hoy con alguno de los representantes de la compañía, cuyo contrato aún sigue vigente (ver recuadro).

LOS OPERADORES DE ISOLUX EN CHILE

A lo largo de esta investigación, fuentes consultadas por CIPER acusaron la existencia de operadores en Chile que le habrían abierto las puertas a Isolux-Corsán con distintas autoridades de alto nivel para el cierre de los siete contratos que totalizan $141 mil millones. Cuando en agosto de 2013 Juan Carlos de Goycoechea comenta en el correo electrónico que envío a sus superiores en España haberse sentado con varias autoridades para lograr las millonarias adjudicaciones, queda planteada la interrogante respecto de quién o quiénes le facilitaron las reuniones informales en Chile.

Las mismas fuentes señalan que esas gestiones fueron pagadas por Isolux contra entrega de facturas de distintas empresas constructoras y de asesoría cuyos trabajos nunca se realizaron.

Son cerca de US$800 mil ($480 millones) los que Corsán Corviam Construcción habría presuntamente  desviado para esos fines a través de pagos a un puñado de empresas.

Alexis Yáñez Alvarado

CIPER tuvo acceso a una serie de facturas pagadas por la compañía a distintas empresas contratistas en construcción y asesorías.  Entre ellas se cuenta la Constructora Santa Sofía de Los Ángeles y Asesorías Praxis, ambas pertenecientes al reconocido lobista Alexis Yáñez Alvarado, ex operador político de la Concertación y con vínculos transversales en el poder político (vea reportaje de CIPER: Las conexiones con el lobby de los principales negociadores del gobierno en el Congreso). A través de Inversiones Santa Sofía, Yáñez es propietario del 50% de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de otro 20% de la sociedad a través de Asesorías Praxis. La propiedad de Praxis Yáñez la comparte en partes iguales con su esposa.

Las  facturas de Yáñez a Corsán Corviam Construcción, emitidas por Constructora Santa Sofía y también por Asesorías Praxis, datan de marzo y mayo de 2014. Son en total $190 millones de pesos. Dos de ellas detallan supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de la USACH y una tercera, la de Praxis, fue emitida a la filial de Isolux por concepto de “Asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción” (ver facturas).

Otra empresa, Sierra Leona Construcciones, le emitió en enero y febrero de 2013 dos facturas a Corsán Corviam Construcción por un total de $113 millones por “Servicio de Ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas). Sierra Leona Construcciones, cuyo giro es la comercialización de áridos y movimiento de tierras, fue creada en diciembre de 2010 por Matías Alfonso Ugalde Vásquez.

En noviembre de 2013, Ugalde compareció ante la justicia en carácter de imputado por estafa y suplantación de identidad. En diciembre de 2011 Ugalde, identificándose como Matías Ugalde Pinochet, realizó compras en una tienda de Las Condes por un total de $28 millones, las que pagó con ocho cheques cuyo titular era otra de sus empresas, Sociedad de Servicios Mecanizados. Al momento de girarse los cheques la sociedad había dejado de existir. Ugalde arrastra, además, otros tres juicios por giro doloso de cheques.  Pero los episodios de actos ilícitos de Ugalde no terminan allí. Producto de otras estafas se creó incluso una página en Internet para denunciarlo y advertir sobre sus artimañas.