Encargado de la agenda legislativa del gobierno es investigado por pagos de SQM

Vea el segundo reportaje de esta serie: «74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN»
Vea además: «Los nombres y conexiones políticas detrás de las empresas que facturaron a SQM«

La arista Soquimich, abierta por la investigación de los ilícitos tributarios cometidos por los dueños del Grupo Penta, terminó siendo un misil que esparció esquirlas en la derecha y la Nueva Mayoría. La ampliación de la denuncia criminal que hizo este jueves 2 de abril Impuestos Internos (SII), en la que se pide investigar a 172 contribuyentes, involucra a altos dirigentes oficialistas y opositores, sus familiares y colaboradores. Todos quedaron bajo la sospecha de haber recibido dineros de la empresa que controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, emitiendo boletas por trabajos que no se realizaron.

El monto que involucra el nuevo paquete de 846 boletas y facturas que podrían haber financiado ilegalmente a políticos, suma más de $4.340 millones (US$6,9 millones). Tan solo una parte de los US$11 millones reconocidos por el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, como el universo total de los pagos irregulares efectuados por la minera durante seis años.

Las cifras hablan por sí solas de la magnitud de la cooptación de la política por la empresa privada. Porque la nueva denuncia del SII abrió otras líneas de investigación a empresas que usaron el mismo procedimiento para influir en la dictación de leyes y la toma de decisiones que las favorecieran. Una de las aristas que emerge es el sector pesquero. En la nueva nómina del SII aparecen personas que ya han reconocido en la indagación haber facturado a empresas pesqueras a petición de una estrecha colaboradora de Pablo Longueira, quien como ministro de Economía fue el encargado de negociar y promulgar la controvertida Ley de Pesca (vea el segundo reportaje de esta serie: 74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN).

Juan Marco Moreno

El control que tienen las empresas sobre las leyes que se tramitan en el Congreso, implica financiar a todos los sectores. Así lo evidencia la nueva denuncia de Impuestos Internos que incorpora a la lista de los investigados por recibir pagos de SQM a un hombre clave en el manejo de la agenda legislativa de La Moneda: el abogado Juan Marco Moreno Rosales (PPD), funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Moreno es, además, presidente del Tribunal Supremo del PPD y operó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet.

En la nómina del SII, después del rastreo realizado por CIPER de sus vinculaciones políticas y familiares, figuran siete personas ligadas a la Democracia Cristiana, las que suman un monto de $171,6 millones pagados por SQM (vea la nómina). Otras tres son militantes del PPD, con facturas por $35 millones. También aparecen 12 personas vinculadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), con pagos de SQM por $329 millones (vea la nómina).

La mayor cantidad de facturas cuestionadas involucra a la UDI, con 59 contribuyentes bajo investigación, por facturas que superan los $536 millones, además de los dineros que recibieron corporaciones ligadas al gremialismo y que también son investigadas. En la ampliación de la denuncia criminal del SII, CIPER detectó otras 15 personas relacionadas a Renovación Nacional, recibiendo pagos de SQM por $316,5 millones.

LAS CONFESIONES

La importancia que reviste esta ampliación de la denuncia del SII y que ahora deberá investigar el Ministerio Público, es que la base probatoria en que se sustenta la acción judicial fue proporcionada por el principal acusado: la plana ejecutiva de Soquimich. A ello se agrega que algunos de los que integran la nómina de los investigados, ya han reconocido haber emitido facturas por trabajos no realizados a petición de destacados dirigentes políticos de un amplio espectro.

Fue el 25 de marzo que el actual gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac Tampier, entregó el primer reconocimiento de los ilícitos cometidos al responder por oficio a la Superintendencia de Valores y Seguros:

“La Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta. El valor acumulado de todas dichas boletas y facturas para tales seis años asciende a aproximadamente US$11 millones”.

En el mismo oficio, el gerente de SQM reconoció que la falta de justificación para estos millonarios pagos detonaron la salida de su antecesor y hombre de confianza histórico de Julio Ponce Lerou: Patricio Contesse, quien habría guardado silencio al ser llamado a declarar “para no autoincriminarse”.

Ese mismo día el gerente general de SQM asumió el mismo monto de pagos sin respaldo (US$11 millones), ante analistas internacionales. No fue un arrebato de sinceridad. A estas alturas en SQM saben que no sólo la legislación chilena les caerá encima, sino también la internacional, al ser una de las mayores empresas nacionales que opera en los mercados externos donde las reglas sobre sobornos y pagos ilegales a políticos acarrean sanciones son muy duras.

Roberto Guzmán Lyon

De hecho, en la nueva denuncia criminal de Impuestos Internos se incluye una nómina de 28 personas que CIPER identificó sin relación a pagos a políticos, pero sí vinculados a uno de los hombres de mayor confianza del controlador de la minera, Julio Ponce Lerou: el abogado Roberto Guzmán Lyon (ver nómina). Guzmán, ex presidente de Oro Blanco e involucrado en el “Caso Cascada”, está siendo investigado por su participación en el mecanismo que se usó en la minera para ocultar ganancias y derivarlas sin pagar impuestos. Las personas relacionadas con Guzmán recibieron pagos por $584,5 millones de SQM.

De allí que el impacto que recibió este jueves la minera fue muy duro. Porque la ampliación de la denuncia criminal tiene un principal acusado: los directivos de Soquimich. Será el Ministerio Público quien deberá ahora investigar a cada uno de los contribuyentes que el SII identificó como receptores de los pagos sin respaldo reconocidos por la propia gerencia de la minera. Y serán ellos los que deberán demostrar que la contabilidad de SQM se equivoca y que efectivamente realizaron trabajos. El desfile de políticos recién comienza.

SOQUIMICH EN LA MONEDA

En la nómina de los nuevos investigados por el SII por boletas sin justificación de servicios prestados a Soquimich, aparecen dos abogados que llevan directamente al PPD y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres): Juan Marco Moreno Rosales (con pagos por $15 millones) y Luis Andrés Carracedo Aguayo (boletas por $5 millones). Ambos están relacionados a la consultora Altercom Asociados, la que también figura en la nómina de los nuevos investigados por el SII, recibiendo pagos de SQM por $10 millones. Su accionista principal es el mismo abogado Juan Marco Moreno Rosales, actual presidente del Tribunal Supremo del PPD.

El abogado Luis Carracedo Aguayo también participó en la propiedad de Altercom (hasta julio de 2012, período investigado), y registra una sociedad con el abogado Oscar Aitken Lavanchy, quien fuera albacea, asesor tributario de Pinochet y constituyó varias de las cuentas en paraísos fiscales en las que el ex dictador recibió comisiones por la compra y venta de armas.

Juan Marco Moreno (Fuente: angelino.cl)

Juan Marco Moreno trabajó en la última campaña de Michelle Bachelet como “enlace territorial”, y hoy se desempeña en la Segpres, uno de de los principales ministerios políticos de La Moneda, desde el inicio del gobierno (marzo de 2014), en su División de Relaciones Políticas e Institucionales, con un remuneración mensual de $3,5 millones. En su perfil en LinkedIn dice que su función es “planificar, coordinar y seguimiento a la estrategia de monitoreo parlamentario de manera de cumplir con la agenda legislativa gubernamental, identificando la ruta crítica en la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso Nacional”. Allí también se califica como un “asesor senior experto legislativo en materias políticas e institucionales entre gobierno y parlamento”.

El abogado y presidente del tribunal Supremo del PPD recibió remuneraciones de ese partido en los años 2004 y 2005 y registra pagos en 2006 de una de las sociedades de Enrique Correa Ríos, dueño de una de las principales empresas de lobby y comunicación estratégica del país (Imaginacción). Además, Moreno fue asesor jurídico de tres municipalidades controladas por el PPD: Hualpén (enero 2013-marzo 2014), con la alcaldesa Fabiola Lagos; Lo Prado (agosto 2012-noviembre 2012), con el alcalde Gonzalo Navarrete, y Vichuquén (marzo 2012-marzo 2014), con el alcalde Román Pavez. También fue director jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia (mayo 2006-febrero 2008), y de la Gobernación Provincial del Maipo (julio 2009-julio 2010), ambas controladas entonces por el PPD. Moreno es además socio del estudio jurídico Rabah, Chaer Mohor &Asociados desde enero de 2010, especializado en temas corporativos, tributarios y regulatorios del sector eléctrico y telecomunicaciones.

En la página web de Altercom, el actual responsable de seguimiento de leyes del gobierno en el Congreso,  aparece como “asesor en diversas materias reguladas por la ley eléctrica, tanto a clientes nacionales como extranjeros, asesorías en instrumentos de inversión extranjera tales cómo DL 600 o capitulo XIV del compendio de normas del Banco Central, Inmobiliarias y empresas constructoras, así como también en ámbito de la Radiodifusión Sonora y de sus normativas, evaluando nuevas tecnologías digitales para radio y televisión abiertas (broadcasting). Realiza asesorías para la Subsecretaria de Telecomunicaciones en la reestructuración del espectro radioeléctrico”.

También se califica como un “experto en Justicia Electoral asesorando organizaciones intermedias tales cómo sindicatos, centros de padres y organizaciones políticas en materia contenciosa electoral”.

EL REGISTRO DE ALTERCOM

Cinco fueron los socios que crearon Altercom en febrero de 1998 (nombre original:»Báez, Jara, Avaria, Pereira & Moreno y Compañía Limitada»), con Juan Marco Moreno Rosales y José Eduardo Báez Faúndez a la cabeza. Meses después quedarían como únicos dueños Moreno Rosales y un nuevo socio: Luis Andrés Carracedo Aguayo. En julio de 2012, Carracedo le vendió su parte a Alex Fabián Moreno Garay, y fue entonces queJuan Marco Moreno Rosales se convirtió en el accionista principal con un 99,5% de la propiedad.

Elabogado Luis Andrés Carracedo Aguayo dejó en 2012la consultoraAltercom e integra además como persona natural la lista de Impuestos Internos en la arista de las boletas sin respaldo efectivo de servicios prestados a Soquimich (por $5 millones). Carracedo es socio del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy y del ingeniero Fermín Vásquez De Pablo, en una sociedad de explotación agrícola y generación y distribución de energía eléctrica («Compañía de Producción y Comercio San Pablo»).

Aitken ocupó un alto cargo en Famae y creó varias sociedades en paraísos fiscales tanto para Pinochet como para sus finanzas personales, todas investigadas por la justicia en Chile y en Estados Unidos por las comisiones de venta de armas que por ellas transitaron. Entre ellas, las más importantes son Tasker Investment y «Eastview Finance”, en la que confluyeron otras tres empresas: Cornwall Overseas Corp., controlada por el mismo Aitken; Berthier Investment Inc., controlada por Karel Honzik, el principal intermediario de armas de Pinochet; y por Lego Corp., de propiedad del que fuera director de Fame, general (r) Guillermo Letelier Skinner.

Entre los clientes que la consultora Altercom anuncia en su página web, figuran: Entel, Novojet, Corona, Inter Export Telecomuicaciones (entre julio de 2013 y octubre 2014 obtuvo cuatro contratos con Carabineros y uno con la Onemi por $48.828 millones en total)), Andes Lift Elevadores, Comercial Ecuador Limitada, PIT Telecom y Soquimich.

Será la investigación judicial y la de Impuestos Internos la que dilucidará qué asesorías le hizo efectivamente Altercom a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou y cuáles no tienen respaldo. Lo mismo ocurrirá con las boletas y facturas de los abogados Moreno Rosales y Luis Carracedo Aguayo.

Del PPD hay otro funcionario de gobierno incluido en la nómina de la denuncia del SII: Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, actual director nacional del Sernageomin, aparece emitiendo facturas para la minera controlada por Ponce Lerou por $5 millones.

SIETE DC BAJO SOSPECHA

Diputado Roberto León

Seis personas vinculadas a la Democracia Cristiana integran la nómina de investigados por el SII en esta nueva camada de pagos irregulares de Soquimich. En total, todos ellos recibieron pagos de SQM por $171,6 millones. De ellos, el que figura con el monto más alto es Roberto Javier León Araya, hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC). Las boletas que entregó a la minera suman $123,7 millones.

El diputado León ha dicho que su hijo es ingeniero agrónomo y que efectivamente hizo asesorías para SQM, aunque hasta ahora no ha entregado detalles de esos trabajos. El parlamentario ha sido cuestionado por su rol en la investigación que hizo la Cámara de Diputados a los ilícitos de SQM en Cascadas. Allí fustigó duramente al presidente de la comisión indagatoria, Nicolás Monckeberg (RN), pues a su juicio no se abordaba la eventual conexión del ex presidente Sebastián Piñera con los hechos pesquisados. La posición de León, tendiente a involucrar a Piñera, estaba en total sintonía con la defensa del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.

El segundo monto más alto pagado por SQM a una persona con nexos en la DC, corresponde a Jazmín Cecilia Pavez Borbaran: $25 millones. Ella aparece como militante del partido, habilitada para votar en las recientes elecciones internas, en la nómina que se puede consultar en la web de la DC. Entre sus antecedentes laborales figura que trabajó en 1998 con el ex intendente de Valparaíso, Iván de la Maza (DC). Además, está inscrita en el Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, dependiente de Sence, como representante legal de la OTEC Mypes Capacitación Limitada, cuyo socio principal es el también militante DC Alejandro Bascuñán Espinoza.

En el tercer peldaño de los honorarios más altos pagados por SQM a contribuyentes relacionados con la DC, figura Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero, miembro del concejo municipal de Antofagasta y hermano del senador por la Segunda Región, Pedro Araya. En la denuncia del SII aparece emitiendo boletas para SQM por un monto total de $12 millones. Aunque fue electo concejal como independiente, pertenece a una familia de tradición DC: su padre fue dirigente, diputado y alcalde de Antofagasta representando a ese partido. Su hermano Pedro fue diputado por esa zona en representación de la DC entre 2002 y 2010, en 2009 renunció y se reeligió como diputado en un cupo del PRI, pero en 2013 ganó la elección a senador como independiente apoyado nuevamente por la DC.

Juan Pablo Destuet González emitió boletas para SQM por $6,5 millones. Su perfil de LinkedIn indica que entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. Antes, entre 2009 y 2010, trabajó como procurador en la oficina de abogados de Jaime Pilowsky (DC), actual diputado por Peñalolén. En el mismo bufete del parlamentario -Cisternas, Concha y Pilowsky Abogados- se desempeña Gonzalo Javier Infante Urrejola, quien entregó boletas a SQM por un total de $4 millones. (Vea Nota de la Redacción con la carta enviada por el diputado Pilowsky).

Jorge Pizarro Soto

Sonia Elizabeth Jaramillo Villar es la última de la nómina de la denuncia del SII con vínculos con la DC. Ella emitió una boleta para SQM por $350 mil. Sonia Jaramillo es diseñadora gráfica y en el portal de transparencia de la Municipalidad de Maipú registra un contrató a honorarios durante 2012, bajo la alcaldía del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC). Por la “implementación de soporte a la Dirección Alcaldía” cerró el año con una remuneración bruta de $1,5 millón mensual. En 2013, ya durante la gestión del actual jefe comunal Cristián Vittori (DC), se le contrató por todo el año con una remuneración de $1,7 millón, bajo dependencia directa del alcalde. En 2014 sus honorarios aumentaron a $2 millones y para este año está contratada con una remuneración de $2,3 millones por mes.

La nueva lista del SII también incluye a un hijo del senador Jorge Pizarro, actual presidente de la DC. Sebastián Pizarro Cristi es el representante legal de la empresa Ventus Consulting, la que emitió 11 facturas a SQM por un total de $45 millones.

LAS BOLETAS DEL PRI

Miguel Adolfo Zaldívar Larraín militaba en la Democracia Cristiana cuando fue electo senador en 1993. Cuando dejó el Congreso en 2009, su partido era otro. En 2007, tras 40 años de militancia y de haber sido su presidente por tres años, fue expulsado de la DC, acusado de “construir un pacto político con la Alianza”. Su fama de “díscolo” se convirtió en rebeldía al votar a contracorriente del oficialismo en la asignación de más recursos para el Transantiago. Su siguiente paso fue sumarse al Partido Regionalista Independiente (PRI), creado en 2006. Tras salir del Senado, el entonces presidente Sebastián Piñera lo designó embajador de Chile en Buenos Aires. Fue en esa ciudad que falleció, en febrero de 2013, producto de un cáncer al páncreas.

Eduardo Salas Cerda (Fuente: Twitter E. Salas)

En los registros que SQM entregó al SII y que fundamentan la denuncia por la emisión de boletas sin que haya sustento de servicios prestados, y que ahora la justicia investiga en la arista del financiamiento ilegal de campañas políticas, Zaldívar figura recibiendo pagos por $20 millones. Junto a quien fuera la figura principal del PRI, en la lista del SII aparecen otros 11 dirigentes y personas vinculadas a ese partido, recibiendo todos un total de $329 millones de Soquimich. 

Humberto De la Maza Maillet fue electo en 2013 para presidir el PRI.Siete años antes había fracasado en su intento de llegar a la Cámara de Diputados, como candidato de la Democracia Cristiana por el Distrito Nº 12. Durante los años siguientes, entre 2006 y 2009, trabajó como asesor experto en Recursos Humanos en el Servicio Nacional de Aduanas.Registra remuneraciones de la agencia de Aduanas de Juan Sanhueza y Alex Avsolomovichy, entre 2003 y 2006, honorarios cancelados por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar. Emitió boletas a SQM por un total de $45 millones.

El secretario general del PRI, el abogado Eduardo Edmundo Salas Cerda,aparece entregando boletas a SQM por un total de $73 millones.Fue candidato a diputado por el Distrito Nº 9 en las elecciones parlamentarias de 2009, pero no fue electo. Entre junio de 2010 y marzo de 2014, Salas fue asesor de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En 2012 asumió como administrador de la campaña de Juan Pablo Covili Neira para concejal de Lumaco. Como Salas no entregó las cuentas de ingresos y egresos de esa candidatura, el Servel lo multó con 10 UTM. Este año, Salas ha sido parte activa de las gestiones que ha realizado su partido junto a Evópoli para crear una nueva coalición política.

Salas justificó los pagos de SQM afirmando que hizo de un estudio “sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en Arica, Parinacota y Tarapacá” para la minera, que le fue pedido en marzo de 2010 por Adolfo Zaldívar, informe por el que recibió $39 millones. Además, señaló que entre abril y noviembre de 2011, hizo también informes para SQM “sobre la aplicación de la Norma ISO 26000 (responsabilidad social de la empresa) y otros, cuyos pagos gestionaba la oficina de Adolfo Zaldívar. Nunca conoció a nadie de Soquimich y los informes se los entregó siempre a Zaldívar.

Jorge Osvaldo Brito Gajardo fue en 2009 candidato a diputado por el Distrito Nº 42, en la lista del PRI, aunque en una carta aclaratoria que envió al Diario de Atacama a comienzos de marzo, aseguró no ser militante del PRI ni miembro del Consejo Regional  del Biobío, como lo aseguró un reportaje publicado en ese medio. Hoy figura como asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en manos de Osvaldo Delgado, militante del PRO (partido de Marco Enriquez Ominami). En total, Brito emitió boletas por $40 millones a la minera.

Su hermano, el abogado Cristian Daniel Brito Gajardo, también aparece en la nómina del SII. En 2009, fue el administrador general electoral del PRI, y en virtud de ese rol el Servel le formuló cargos por no haber presentado a tiempo los informes de ingresos y gastos de la campaña a diputado del candidato del PRI, Alex Andrade Veli (Distrito Nº 60). Fue también asesor parlamentario del senador Adolfo Zaldívar. Las boletas que emitió a SQM suman $20 millones.

La ingeniera agrónoma Leticia Angélica Olavarría Cárcamo, también figura entre las personas que emitieron boletas a SQM sin justificación válida de los trabajos realizados. La empresa minera le pagó $36 millones. Olavarría forma parte de la camada de militantes DC que emigraron en 2008 junto a Adolfo Zaldívar y otros parlamentarios al PRI. Actualmente es consejera general de ese partido. En 2002, cuando Ricardo Lagos era presidente, fue designada seremi de Agricultura en la Región de Valparaíso, donde estuvo cuatro años. Tras su salida, asumió como gobernadora provincial de San Felipe. Entre junio de 2011 y junio de 2014 se desempeñó como asesora internacional del Gobierno Regional de Valparaíso. En las elecciones de 2013, fue candidata del PRI a la Cámara de Diputados (Distrito Nº 10).       

En los estatutos del PRI, María Fernanda Correa Lasa es identificada como secretaria y ministro de fe. Ella emitió boletas a SQM por $30 millones. En 2013 recibió honorarios de un partido político y una empresa: el PRI y Celulosa Arauco. 

Su hermana, Carola Mónica Correa Lasa, es otro de los nombres que figuran en la nómina del SII. Registra actividades por servicios de banquetería desde 1997. Las boletas que emitió a SQM suman $15 millones. 

Patricio Sergio Purcell Avendaño también es sindicado por el SII como una de las personas que aparecen con pagos bajo sospecha de SQM por un total de $15 millones. Se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar. Es hijo del agente de aduanas Patricio Purcell Echeverría, aunque no trabaja en su agencia, sino que en otra de la competencia: es jefe de oficina en la agencia de Sanhueza y Avsolomovich, la misma que registra pagos al presidente del PRI, Humberto de la Maza.

Adolfo Zaldivar

Purcell dijo en la indagatoria que a través de Adolfo Zaldívar se enteró que SQM necesitaba una Agencia de Aduanas, y asegura que hizo toda la presentación entre septiembre y noviembre de 2012, trabajo por el que cobró $15 millones. Y agregó: “De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar, a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que nadie me llamara nunca para consultarme nada más…El mismo trabajo hice para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir que no había relación directa con las empresas y por valores similares”. 

Rodrigo Gómez Peña era en 2008 subsecretario general del PRI, cuando Jaime Mulet presidía ese partido. Ese mismo año, mientras recibía pagos del ex senador Adolfo Zaldívar, formó parte de la Comisión Electoral que elaboró las listas de candidatos que poco después presentarían al Servel para participar en las elecciones municipales. Fue también miembro del Consejo General del PRI. Gómez aparece emitiendo boletas por $10 millones a SQM. 

Julieta Florentina Cruz Figueroa aparece entregando boletas a SQM por $10 millones. En 2006, siendo aún militante de la DC, Julieta Cruz fue intendenta de la Región de Atacama. En registros oficiales aparece recibiendo pagos de la DC, pero actualmente no figura en el registro de militantes en la web de ese partido. En 2009 fue candidata a diputada por el Distrito de Vallenar y Caldera, pero en un cupo del PRI. Desde 2008 figura contratada por la Superintendencia de Insolvencia (dependiente del Ministerio de Economía), donde se desempeña como jefa del Subdepartamento de Servicios Generales y Subdepartamento de Recursos Humanos, recibiendo una remuneración bruta mensual de $4,5 millones.

Rodrigo Alejandro Vásquez Poblete figura con boletas emitidas a SQM por $15 millones. Vásquez también está vinculado al PRI, partido del que fue candidato a concejal por la comuna de Maipú, sin éxito, en las elecciones municipales de 2008. Al año siguiente se integró al Tribunal Supremo del PRI.

EL SOLITARIO RADICAL

Ignacio Arturo Rojas Rojas es el único radical que se puede identificar en la nómina de personas que incluyó el SII en la ampliación de su denuncia criminal en contra de SQM. La minera le pagó $6 millones. Rojas es periodista y entre 2009 y 2011 recibió honorarios de su partido y también del Comité de Senadores del PRSD. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía, como apoyo de comunicaciones y coordinación de prensa.