Los secretos de los 20 meses que tardó CAVAL en cerrar el negocio de Machalí

El 26 de agosto de 2013, Victorino Arrepol Garrido estalló en ira. El hombre de confianza de Mauricio Valero Illanes, propietario junto a Natalia Compagnon Soto de CAVAL, se había quedado sin opciones. Restaban sólo cinco días para que se cumpliera el plazo fatal establecido por el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, que obligaba a CAVAL a entregar una boleta de garantía por US$1millón que le permitiría mantener la primera opción de compra de los predios Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego en Machalí. Pero las finanzas de la empresa iban de mal en peor: CAVAL no tenía fondos. Y para entonces las gestiones de Arrepol con los bancos para conseguir el crédito que cerraría la compraventa de los terrenos en Machalí, estaban en punto muerto.

Victorino Arrepol

Los dos bancos a los que habían recurrido –Santander y Banco de Chile- no daban luz verde, pese a que CAVAL había ofertado millonarios incentivos a quienes le pudieran “facilitar” el negocio. A Iván Garrido Concha, ex ejecutivo del Banco de Chile, se le ofrecieron –según correos electrónicos hoy en manos de la Fiscalía– tres pagos que totalizaban $150 millones para apurar los trámites.

Ese 26 de agosto, Arrepol descargó su furia contra Sergio Bustos Baquedano, hoy conocido por demandar a CAVAL por adeudarle cerca de $200 millones en remuneraciones y premios. Bustos había sido llevado por el mismo Arrepol a CAVAL para apoyarlo con las gestiones con los bancos y fue él quien contactó a Garrido.

“Tus colaboradores son una porquería, no sirven para nada”, le habría dicho un desesperado Arrepol a Bustos, a sabiendas de que la cuenta regresiva del síndico estaba corriendo y que existían varios otros interesados y con espaldas financieras para adquirir los terrenos en Machalí.

En los últimos días de agosto de 2013, el jugoso negocio que CAVAL venía preparando hacía por lo menos seis meses –y para el cual incluso se había creado una división inmobiliaria con tres expertos– estaba a horas de irse por el despeñadero.

ARTILLERÍA PESADA

Fue esa misma noche del 26 de agosto que en su desesperación a Bustos se le ocurrió contactar a un viejo amigo, el abogado Andrés Levine Contreras. Desde entonces, Levine jugó un papel decisivo –y hasta ahora desconocido– no sólo en las gestiones que permitieron que el síndico Herman Chadwick siguiera considerando a CAVAL como la opción preferente de compra, sino también en el cierre definitivo del negocio con la empresa Silca, propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva Martínez.

Lo que aún no tiene respuesta es por qué CAVAL, que para esa fecha era prácticamente insolvente (según prebalance de agosto 2013) y no mostraba ningún avance en la consecución del crédito bancario para adquirir los terrenos de Machalí, logró mantener tras reiterados vencimientos de los plazos acordados ante el síndico de quiebras, su  opción de compra prioritaria. Levine, en ese contexto, entró a hacer magia.

Levine decidió participar del negocio. Lo hizo sin formalizar ningún vínculo contractual con CAVAL, y sólo bajo la promesa de abultados premios si se concretaba el “Proyecto Machalí”: Mauricio Valero le habría ofrecido UF 7.000 (más de $160 millones) si el negocio llegaba a puerto. CAVAL jugaba al todo o nada y quienes se fueron integrando al proyecto aceptaron las condiciones del juego.

La elección de Levine en medio de la crisis no era baladí. El abogado, conocido por llevar la defensa en 2007 de los hermanos José Miguel y Mauricio Mazza Alaluf, acusados de lavado de dinero, dijo conocer al abogado Herman Chadwick Piñera (padre del síndico, con el que además comparte oficina) de los tiempos en que ambos estudiaron Derecho en la Universidad Católica y, además, tenía línea directa con Mauricio Larraín Garcés, presidente del Banco Santander entre 2002 y 2014 (hoy director titular y a quien le envía un afectuoso correo electrónico).

Lo que nadie de CAVAL había logrado en varias semanas, Levine lo consiguió en un par de días. Tras reunirse con Chadwick Larraín, Levine obtuvo del síndico una  prórroga de 45 días hábiles, a partir del 5 de septiembre,comprometiéndose en ese plazo a finiquitar el negocio. Para ello dejó un cheque en garantía firmado por Valero (en representación de CAVAL) por $70 millones (ver documento). Una cantidad muy inferior al millón de dólares que se le exigió inicialmente. Cuáles fueron los argumentos desplegados por Levine para convencer al síndico de modificar las estrictas condiciones y seguir considerando a CAVAL como comprador preferente, son preguntas aún sin respuesta. CIPER intentó varias veces comunicarse con Herman Chadwick Larraín, pero no respondió.

Herman Chadwick Larraín

El contrato entre el síndico y CAVAL se firmó el 5 de septiembre de 2013 y allí se dejan instrucciones para que Chadwick cobre el cheque de $70 millones si “la parte compradora se desiste del contrato prometido o no cuenta con los fondos necesarios para el pago del precio acordado por la compraventa dentro del plazo” (ver contrato).

Pocos días después y paralelamente a sus gestiones con Chadwick, Levine le envió un correo electrónico al presidente del Banco Santander, Mauricio Larraín, pidiéndole que la institución bancaria ordenara una nueva tasación de los predios de Machalí. El Santander ya había hecho dos tasaciones de los terrenos, las que habían sido solicitadas por CAVAL, pero ambas habían resultado fallidas.

“Si esperamos una tasación de calidad, seria y fidedigna que permita sacar el negocio adelante, es la que se originará con la intervención de la gerencia, la que obviamente escapará a todo eventual manejo por parte de quienes esperan que CAVAL no logre concretar el cierre del negocio suscrito con el síndico”, le escribió Levine a Bustos en un correo electrónico el 11 de septiembre de 2013.

ENTRA EN ESCENA RAÚL CONTRERAS

En esta tercera tasación las gestiones se instalaron al más alto nivel. Es por esos días, principios de septiembre, que entra en escena un segundo abogado: Raúl Hernán Contreras Medina.

Raúl Contreras fue contratado por CAVAL para el perfeccionamiento del contrato de cierre de negocio con el síndico Herman Chadwick y, para que junto a Levine, intentaran dilatar el plazo de 45 días estipulado en el documento. Tomando en cuenta la compleja situación financiera de CAVAL, mientras más tiempo hubiese para conseguir el crédito para pagar las UF 265.980 ($6.131 millones),mejor.

Con la llegada de Contreras la ofensiva de CAVAL se potenció. Contreras es uno de los socios fundadores del estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz Limitada (hoy Guerrero-Olivos), sociedad de la que en enero pasado y en medio de la crisis generada por el Caso Penta, se retiró uno de sus socios históricos, el ex senador Jovino Novoa Vásquez (UDI). Allí, Contreras forjó estrechos vínculos con los socios. Entre ellos, con Carlos Olivos Marchant, que hasta septiembre de 2014 fue miembro del directorio del Banco Santander. CAVAL aprovechó las redes de contactos de Levine y Contreras para intentar obtener el crédito para comprar los terrenos de Machalí. Con la premura de la cuenta regresiva corriendo, CAVAL también en esos días multiplicó su ofensiva con el Banco de Chile.

El 14 de octubre de 2013, Sergio Bustos le pidió a Raúl Contreras que a objeto de “defender nuestra posición en los bancos con mayor claridad” programaran un viaje con Levine para conocer los predios de Machalí en compañía de Mauricio Valero.

LA PRÓRROGA DE CHADWICK

El 16 de octubre de 2013, y pasados varios días desde que se firmara el contrato entre CAVAL y el síndico Chadwick (5 de septiembre), Victorino Arrepol le pidió al abogado Raúl Contreras que obtuviera del síndico el máximo de plazo “mientras se hacen los trámites bancarios necesarios”. Contreras de inmediato redactó una carta para el síndico de quiebras.

El 18 de octubre Chadwick Larraín recibió una carta de CAVAL, firmada por Mauricio Valero, en la que señala que se ha designado a los abogados Raúl Contreras Medina y a María Loreto Ried para coordinar con quien designe el síndico la elaboración y suscripción de la escritura pública pendiente. “Atendido que el perfeccionamiento de la compraventa prometida puede significar una involuntaria demora, no imputable a CAVAL, le manifiesto y reitero expresamente la disposición y voluntad de mi representada de estar llana a cumplir en el menor tiempo posible con sus obligaciones contenidas en el cierre del negocio”, se señala en uno de los párrafos (ver carta). Herman Chadwick designó a una de las abogadas de su equipo, María Clara González Lozano, como interlocutora de los abogados de CAVAL.

La estrategia de Contreras estaba dando resultado. En un correo electrónico, el abogado le comentó a Bustos que, pese a que los plazos apremiaban, la mejor opción era “no entregar mayores comentarios (al síndico) respecto de las dificultades o imposibilidad de celebrar el contrato de compraventa dentro del plazo estipulado, lo que iremos develando según sean los planteamientos del síndico o sus representantes”.

Los primeros días de noviembre de 2013, y en vista de que aún no se obtenía el crédito, CAVAL ofreció a Chadwick una garantía de $100 millones para extender la vigencia del contrato hasta fines de mes. Según se desprende de varios correos electrónicos entre Bustos y Levine, en esa última negociación, las gestiones estuvieron a cargo sólo de Mauricio Valero y del operador del síndico, Juan Díaz Sepúlveda, quien, según publicó La Tercera, habría sido el contacto clave entre el síndico de quiebras y CAVAL.

Según se lee en los correos electrónicos intercambiados el lunes 4 de noviembre por los representantes de CAVAL, el síndico de quiebras aceptó la prórroga para el pago total del valor de los tres terrenos en Machalí. Dos días después, en Santiago, tuvo lugar la polémica reunión entre una de las dueñas de CAVAL, Natalia Compagnon, su esposo, Sebastián Dávalos, y el controlador del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

Cuando el síndico Chadwick Larraín depositó en esos mismos días el cheque de garantía del Banco Santander dejado por CAVAL, éste rebotó: había caducado. De inmediato, según relató a CIPER el propio Chadwick a fines de febrero, Valero llegó con una nueva pieza bancaria: un vale vista por $100 millones, pero esta vez del Banco de Chile. Y eso tenía una lectura: había luz verde para el crédito solicitado a Luksic por Compagnon y Dávalos.

De la crucial reunión del 6 de noviembre de 2013, quedaron algunos damnificados. Uno de ellos fue el abogado Andrés Levine.

“Obtenida la segunda prórroga quedé marginado por CAVAL de toda posibilidad de negociar la garantía de la misma, lo que estaba seguro de lograr. Me entiendo contratado, como en su oportunidad se habló contigo y Victorino, no sólo para obtener la opción en forma factible para CAVAL, sino además para aportar mis esfuerzos para que el negocio saliera adelante, lo que creo haber demostrado”, le escribió Levine a Sergio Bustos en un correo electrónico fechado el 7 de noviembre.

Levine fue puesto en el congelador. Pero no se fue solo. Desde ese momento, el abogado Raúl Contreras dejó de ser mencionado en los emails que circularon entre los directivos y asesores de CAVAL.

LA DESCONOCIDA CARTA GANTT DE CAVAL

Más de 20 meses transcurrieron desde el inicio de las negociaciones de CAVAL por los terrenos de Machalí hasta la firma del contrato de compraventa con Silca, de propiedad del empresario rancagüino Hugo Silva, quien los adquirió el 15 de febrero pasado. En ese período, los ejecutivos de CAVAL transitaron desde el optimismo exultante hasta las sospechas de confabulaciones para hacerles perder el negocio.

En rigor, la apuesta de CAVAL partió cuando sus dueños pusieron la mira en las 44 hectáreas en Machalí que poseía la sociedad de Patricio Wiesner del Solar y su esposa Helga Riffart Richards, la que había entrado en cesación de pagos por lo que su venta pasó a ser administrada por el síndico Herman Chadwick.

La extensa documentación que preparó CAVAL para iniciar el negocio y a la cual tuvo acceso CIPER (ver documento), da cuenta de que el plan original de Compagnon y Valero era vender primero al menos 8 hectáreas de los terrenos a Horst Paulmann, dueño de Cencosud, para la instalación de un supermercado Jumbo. Pero el paso previo indispensable para ello era conseguir el crédito bancario para comprar los terrenos.

En documentos y correos electrónicos queda en evidencia una situación hasta ahora no conocida sobre por qué fracasó el crédito solicitado originalmente por CAVAL al Banco Santander.  Como se verá más adelante, el conflicto se originó en sucesivas y controvertidas tasaciones ordenadas por ese banco a empresas del rubro.

Las gestiones con el Banco Santander se iniciaron en Concepción, en junio de 2013, en la sucursal de calle O’Higgins 560, con el ejecutivo de la Banca Empresas, Patricio Morales Ponce. El 3 de julio, Morales le informó a los directivos de CAVAL que «la compra de los terrenos se encuentra en proceso de evaluación por parte de nuestro comité, ante lo cual le daremos una respuesta a la brevedad«.

Sergio Bustos

Un documento elaborado por CAVAL de octubre de 2013 («Presupuesto de Venta Proyecto Machalí») refleja el optimismo inicial de los socios sobre el negocio (ver documento). Sólo días antes, la empresa había firmado con el síndico Chadwick el segundo contrato “de cierre de negocio» por los predios Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, el que daba 45 días hábiles para suscribir la compraventa por la que deberían pagar algo más de $6.131 millones.

En el «Presupuesto de Venta» se puede leer el cronograma con las etapas calculadas por la empresa. Así, en agosto de 2013 ya debía estar adjudicada la adquisición y en octubre se registraba el pago al síndico Chadwick, una vez aprobado el crédito bancario. El siguiente paso era la venta de los predios de manera escalonada hasta mayo de 2014, ello porque la empresa calculaba que en enero de ese año se aprobaría el cambio del Plan Regulador de Machalí y el precio de los terrenos se dispararía.

Compagnon y Valero calculaban vender las 44,3 hectáreas en UF 832.000 (cerca de $20.000 millones), con lo que obtendrían un margen bruto de casi $14.000 millones. La primera recaudación –que no requería del cambio de uso de suelo- provendría de la venta de 8 hectáreas «aptas para la instalación de malls y un proyecto hotelero». Para este proyecto se aprovecharía una granjería que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcción que permite extender en cuatro hectáreas el uso urbano a terrenos de uso agrícola que son colindantes.

Este documento interno de la empresa revela que CAVAL apuntaba a los gigantes del retail como compradores potenciales para el paño más apetecido por estar a orillas de la Carretera del Cobre. Allí se lee que están «a la espera de reunión con grupo Cencosud (Horst Paulmann). Una vez controlada la compra (8 hectáreas)». Y se agrega: «Grupo Mall Plaza se ha acercado al municipio de Machalí para manifestar su interés en la adquisición de terreno para la construcción comercial. Contacto octubre 2013» (ver documento).

Como interesados en las otras 36 hectáreas se menciona a la Inmobiliaria Sinergía (grupo Cueto-Sarquis-Kassis), empresa Pixels, Inmobiliaria Siena e Inmobiliaria Pocuro.

CÓMO SEDUCIR A PAULMANN

El interés por seducir a Cencosud como su primer comprador, queda de manifiesto en correos electrónicos intercambiados por dos de los principales agentes que puso CAVAL para concretar su negocio en Machalí: Victorino Arrepol y Sergio Bustos. El 1 de septiembre, a las puertas de firmar la promesa de compraventa con el síndico Chadwick, y mientras se planificaba una reunión para obtener el crédito bancario, Bustos le puntualiza en un correo a Arrepol lo que se requiere para “presentar y desarrollar el negocio de promesa de compraventa con Cencosud”.

El 6 de noviembre de 2013, el mismo día de la reunión entre Luksic con Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, vuelve a aparecer Cencosud en un correo de Bustos: «Don Victorino: Levine hizo su pega para lo cual fue contratado, ya que la compra misma estaba radicada en el Banco Santander y la venta conversada con Cencosud y varias constructoras«. En marzo de 2014, la venta de las ocho hectáreas experimentó un gran avance. En un correo electrónico del 19 de marzo, Bustos le informó al abogado Andrés Levine que “Arrepol me dijo que Paulmann de Cencosud tiene un verdadero interés por las 8 hectáreas y que el lunes próximo se decide el negocio”. El 30 de marzo, en otro correo dirigido al mismo Levine, Bustos le informó: “Según Victorino (Arrepol) la venta a Paulmann sale antes del 15 de abril”.

No fue así. Aunque se desconoce cuál fue la razón por la que el negocio entre CAVAL y Horst Paulmann fracasó, otro correo electrónico intercambiado entre Andrés Levine y Sergio Bustos sugiere que el negocio habría sido traspasado al futuro dueño de los tres terrenos: Hugo Silva. En ese correo del 6 de agosto de 2014, Bustos le da cuenta a Levine de una  conversación con Victorino Arrepol: «Quedé medio PLOP cuando me dijo que esta empresa de la Sexta Región (Silca) negociaría con Paulmann para JUMBO».

CONFLICTO CON EL BANCO SANTANDER

Mientras los operadores de CAVAL aceleraban sus contactos inmobiliarios para organizar la posterior venta de los terrenos de Machalí, la solicitud de crédito ante el Banco Santander en Concepción experimentaba tal nivel de dificultades que los directivos de la empresa decidieron trasladar la gestión a la sucursal Ñuble del mismo banco, en Santiago.

CAVAL necesitaba que las tasaciones de los terrenos superaran las UF 300 mil ($7.170 millones) para que los predios fueran aceptados como garantía del préstamo bancario. Tres tasaciones sucesivas dieron distintos resultados, lo que hizo que los dueños de CAVAL entraran en pánico por las presuntas filtraciones y deliberados obstáculos que encontraban en su interlocución con el Banco Santander.

El conflicto estalló el 10 de octubre de 2013 cuando Mauricio Valero le envió una carta al agente de la sucursal Ñuble, Jorge Farah Silva, en la que acusó la grave «filtración» provocada por la tasadora Carolyne Vargas Vidal, de la empresa externa Tinsa: «La tasadora designada tenía vinculaciones a través de su esposo con el propietario de los terrenos en cuestión, situación que se tradujo en la filtración de la documentación confidencial del proyecto de negocio y análisis de suelos, exponiendo a mi empresa en el proceso de negociación. Información reconocida por ella a un ejecutivo de nuestra empresa».

Según denunció Valero en su carta, en paralelo a la tasación para CAVAL, Tinsa le hizo otra tasación a los propietarios del terreno (Wiesner y Helga Riffart) «utilizando nuestra información e imágenes proporcionadas de manera reservada a la tasadora. Grave problema de conflicto de intereses y falta a la reserva de información«. Valero señaló en la misma carta que Vargas tasó los predios en UF 210.000, mientras que a Wiesner se los valoró por sobre las UF 300.000.

Los ejecutivos del Santander ofrecieron una segunda tasación, sin costo para CAVAL, la que hizo la empresa Madrid y Peña. Como se sabe, el tasador fue Wilfredo Valdés, hoy Seremi de Vivienda de la Sexta Región y el valor que asignó fue de UF 240.000. «Inexplicablemente la tasación nunca llega a nuestras manos», reclamó Valero a Farah.

Se acordó una tercera tasación, a cargo de Valuaciones de Chile. El 9 de octubre CAVAL recibió el informe. Valero acusó en su carta: «Increíblemente contiene comentario interno del banco que las propiedades no son aptas como garantía ya que no se realizaron estudios legales».

El director general de CAVAL discrepó también del valor de la tasación (UF 150.640), y anunció acciones legales: «Inexplicable es que esta tasación difiera en forma tan relevante de las otras (…) Mi representada está analizando las posibilidades de iniciar acciones legales para evaluar las responsabilidades de las empresas tasadoras, como los perjuicios que se han ocasionad a CAVAL Ltda.» (ver documento).

La seguidilla de problemas experimentados con el Banco Santander hizo pensar a los directivos de CAVAL que había interesados en despojarlos del negocio.

LAS DUDAS DE UN EJECUTIVO DEL BANCO DE CHILE

Finalmente el Banco Santander rechazó otorgarle el crédito a CAVAL. Una nueva vía de negociación se abrió con el Banco de Chile. Fue entonces que Sergio Bustos y Victorino Arrepol se contactaron con el ejecutivo de Banca Grandes Empresas, Juan Figueroa Espinoza. En un correo electrónico del 10 de septiembre de 2013, Figueroa le solicitó a Bustos informes para iniciar el trámite: «Detalle de asesorías realizadas y en curso por parte de CAVAL, detalle curricular de los socios, respaldo de otras ofertas recibidas por el síndico, cartas de oferta por parte de eventuales compradores de terrenos (ejemplo: Paulmann), IVA 2012 y 2013 de CAVAL, declaración de renta realizada en abril 2013 de CAVAL, datos de tasadores que realizaron la tasación en Santander. Ideal si tienen la copia de la que les informaron”.

La deficitaria situación financiera de la empresa amenazó con convertirse en el principal obstáculo para la obtención del ansiado crédito. «Sería bueno contar con algún prebalance, dado que el de diciembre de 2012 es deficitario patrimonialmente», acotó el alto ejecutivo del Banco de Chile en su correo. La lacónica frase escrita por Figueroa encendió las alarmas en CAVAL.

El 23 de septiembre, el gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño, envió al ejecutivo del banco el prebalance. Inmediatamente aparecieron las dudas de Figueroa por la cuenta «Proyectos por Cobrar» que alcanzaba a $898 millones: «Las ventas según IVA no reflejan las ventas denominadas ‘Proyecto Desarrollo 2013’ por $898 millones; ¿cuándo se facturan y a qué corresponden?”. La respuesta de Carreño fue escueta: «A un bien que estamos adquiriendo dentro de las próximas dos semanas y se venderá dentro del 2013». El ejecutivo del Banco de Chile volvió a la carga: «Entonces no podemos considerarlo dentro del balance dado que ambos eventos aun no suceden. ¿Alguna otra venta por facturar?». Carreño respondió más lacónico aún: «Por el momento no».

En definitiva, el prebalance de CAVAL no pudo ser incorporado en su carpeta en el Banco de Chile (ver prebalance).

EL PORTAZO DE ITAÚ

El pesimismo cundía al mismo ritmo que la caja de CAVAL aumentaba su déficit. En busca de una nueva vía de escape los ejecutivos de CAVAL decidieron simultáneamente gestionar con el Banco Itaú el crédito que les permitiera financiar la compra de los terrenos de Machalí.  A la ejecutiva de la Banca Empresa de dicha institución, Gloria Norambuena, se le entregaron varios documentos, entre ellos, el mismo mencionado «prebalance».

El trámite fue breve. El 10 de octubre de 2013, Norambuena envió a Sergio Bustos y Victorino Arrepol el siguiente correo: «Estimados, al revisar la empresa con mi jefatura me informa que no podemos ver el tema ya que detrás hay familiares de políticos y no podemos ver estas empresas. Les agradezco el tiempo».

Fue en ese preciso instante que el Banco de Chile se convirtió en la única tabla de salvación. La reunión entre Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos con Andrónico Luksic el 6 de noviembre fue la llave que quebró la sucesión de puertas cerradas. A diferencia de lo ocurrido con el Santander, la tasación del Banco de Chile arrojó UF 310.000 por los tres predios, exactamente el valor que necesitaba CAVAL para cuadrar la hipoteca por el crédito de más de $6 mil millones. En noviembre la exultación y las sonrisas volvieron a las oficinas de CAVAL. Y el 13 de diciembre –en la víspera de la segunda vuelta presidencial- el banco le aprobó oficialmente el millonario préstamo.

Al día siguiente, Victorino Arrepol le dio la buena noticia a Sergio Bustos. En un correo electrónico escribió: «El banco aprobó el crédito. Lo malo es que lo aprobó por el valor del terreno. El lunes nos pasarán los vales vista. Ahora empezaremos a plantear que nos pasen UF 20.000 para capital de trabajo. Estamos haciendo un par de cosas para tener lucas para Navidad y por supuesto usted está incluido. El terreno ya es nuestro y la empresa mexicana nos entregó la carta de compra. Es por UF1.100.000 ($26.300 millones)».

En efecto, el 6 de diciembre de 2013 CAVAL amarró una oferta de compra por la parcela Santa Elena (terrenos con uso de suelo urbano) y una «opción preferente de compra» por los otros dos predios con una empresa mexicana, pero a condición de que se produjera el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano en el sector Los Nogales de Machalí. De la identidad de esa empresa mexicana no se sabe nada, salvo que en Chile es representada por «Sociedad Aguas Sustentables Chile S.A.», cuyo representante legal es Sergio Covacevich Concha (ver contrato).

EL ESLABÓN PERDIDO

Varios meses después que CAVAL lograra conseguir el crédito con el Banco de Chile y finalmente comprar los cotizados predios de Machalí, el abogado Andrés Levine volvió a tomar un rol protagónico. A principios de agosto de 2014, entró en escena un nuevo interesado en comprar los terrenos adquiridos por Compagnon y Valero: Hugo Silva Martínez, propietario de Silca y de Ruta Ochenta y Seis, entre otras.

El 26 de marzo pasado, El Mercurio publicó que un ex alcalde designado de Rancagua, Mario Barrientos Ossa (1987-1988), había sido el nexo entre CAVAL y Silca. Barrientos, abogado de profesión, se habría presentado frente a Silva Martínez como el “corredor de propiedades de CAVAL”. ¿Cómo llegó Barrientos a CAVAL? El eslabón perdido en esta cadena podría ser Andrés Levine, quien mantenía una amistad de años con Barrientos.

El 6 de agosto de 2014, Bustos le escribió a Levine informándole que había recibido un llamado de Arrepol en el que le comunicó que ya habían vendido las tres propiedades en Machalí a Silca y que la venta había sido gracias a la gestión de Levine.

Levine le respondió diciéndole que eso era efectivo, pero que aún faltaba una reunión con Silva: “En consecuencia, si hacen una oferta y cuál será la oferta es aún una incógnita, pero obviamente es un avance”.

El último email entre Levine y Bustos está fechado el 8 de febrero de 2015. Para entonces, revista Qué Pasa ya había destapado el polémico préstamo del Banco de Chile a CAVAL y por ello la empresa le solicitó a Levine que mediara con Bustos para que suspendiera sus declaraciones a la prensa y la filtración de documentos, a la espera de un arreglo económico.

A las dos de la tarde de ese domingo 8 de febrero, Levine (acompañado de otra abogada de nombre “Catarina”) y Bustos se reunieron en un restaurante de Talca. Según la versión de Bustos, CAVAL le ofreció $135 millones a cambio de su silencio. Él habría pedido un par de días para analizar la oferta. Cerca de las 21.00 de ese mismo día, Bustos le escribió a Levine: “Estimo que fue buena idea de CAVAL solicitarte que tú mediaras en el tema, debido que aparte del papa Francisco, eres la única persona en la que puedo confiar”.

Ese fue el último encargo de los propietarios de CAVAL a Levine. Esta vez, sin embargo, las tratativas del abogado que a fines de agosto de 2013 salvó del despeñadero al “Proyecto Machalí” y, más tarde, consiguió comprador para los terrenos, fracasaron.