Carabineros pagó US$3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó

Más de $1.841 millones pagó Carabineros por un “sistema de interceptación, grabación y monitoreo de comunicaciones”. En simple: un equipo para “pinchar” teléfonos. La adjudicación se decidió el 29 de noviembre de 2013, pero el contrato se firmó el 5 de marzo de 2014. El equipo se pagó en dólares: US$ 3,3 millones. Por ese precio, los funcionarios del OS-7, unidad a cargo de la interceptación de llamadas, esperaban contar con una “joyita” de última generación que permitiera dar de baja al obsoleto sistema ETI que operaba desde 2001. Pero al menos hasta mediados de diciembre de 2014, nueves meses después de que se firmó la compra, el nuevo sistema aún no podía ponerse en funcionamiento: al equipo le faltaban importantes accesorios técnicos para operar como estaba previsto cuando se determinó su adquisición.

La compra del sofisticado sistema de escuchas telefónicas ha sido duramente criticada internamente por oficiales de las áreas de logística y adquisiciones de la institución. Varios de ellos dijeron a CIPER que en lugar de exigir al vendedor que solucionara el problema, ejecutar las garantías o devolver el producto y rehacer la licitación, el mando decidió que se compraran los elementos faltantes, pero con cargo al presupuesto de Carabineros. Otros funcionaros señalaron a CIPER que el error no fue del proveedor, sino de las unidades que organizaron la licitación -la Dirección Nacional de Logística y el OS-7-, quienes no habrían consignado en las bases de la licitación el requerimiento de los accesorios.

General Marcos Tello Salinas

Lo cierto es que, ya sea porque se brindó un trato preferencial indebido al proveedor o bien por un error interno, el nuevo sistema que debía proporcionar una pieza clave para el desarrollo de las investigaciones judiciales contra el narcotráfico y el crimen organizado, pasó casi un año sin operar desde que se aprobó su compra. En todo ese tiempo se siguió trabajando con el equipo ETI que ya presentaba serias deficiencias, incluyendo la pérdida de grabaciones en juicios de alta connotación pública (vea el reportaje de CIPER “Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos pinchados”).

La adquisición del nuevo equipo se realizó a través de una licitación privada. CIPER pidió a Carabineros los documentos de la licitación y una entrevista con un oficial responsable del Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC), unidad encargada de las compras de tecnología. La institución informó que analizaría si podía acceder a nuestra solicitud, debido a que se trataba de un tema de “inteligencia”. Hasta hoy no ha habido respuesta.

CIPER tuvo acceso a documentos y testimonios que indican que el responsable de la adquisición y quien finalmente firmó el contrato fue el general Marcos Tello Salinas, jefe de la Dirección Nacional de Logística (Dilocar). El proveedor fue Mipoltec, cuyo propietario es Jorge Patricio Lorca Rivera.

Jorge Lorca ha tenido un ascenso meteórico en el ámbito de las empresas proveedoras de Carabineros. Diez meses antes de adjudicarse esta licitación privada para vender un sistema avaluado en US$3,3 millones, se desempeñaba como técnico informático a cargo de efectuar la mantención de equipos vendidos a Carabineros por otra empresa: Tecnodata, la misma que en 2012 protagonizó el escándalo de los sobreprecios en la compra de sistemas para detectar tráfico de drogas (vea el reportaje de CIPER “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”).

La sociedad Mipoltec fue constituida por Jorge Lorca y su esposa, Brigitte Rosas Llasquen, en mayo de 2013, apenas seis meses antes de que Carabineros le adjudicara esta millonaria licitación. La sociedad declaró un capital inicial de $3 millones. Lorca aportó el 83,33% de esa suma y su cónyuge, el 16,67%. En el registro que publica el Diario Oficial quedó inscrito como domicilio de la sociedad una casa de la Villa San Osvaldo, en San Bernardo. En noviembre de ese mismo año, la Resolución 188 de Carabineros dio cuenta de que Mipoltec se adjudicó la licitación privada del equipo de interceptación telefónica.

En el currículo que publica en la red Linkedin, Jorge Lorca indica que estudió la carrera de Analista de Sistemas en Inacap; de 2005 a 2007 trabajó en Fundación Coanil; entre 2007 y enero de 2013 fue empleado de Tecnodata y desde febrero de 2013 se presenta como gerente general de Mipoltec.

La empresa de Lorca se dedica a la venta y arriendo de productos computacionales y de equipamiento electrónico de uso policial y militar. También realiza asesorías. Además de la licitación privada de Carabineros, Mipoltec se ha adjudicado 13 licitaciones públicas que involucran un total de $547,8 millones, según los registros de la plataforma Mercado Público (ver recuadro). En el portal de Chileproveedores registra dirección en Pedro de Oña 021 (Ñuñoa). En algunas de las licitaciones que ya ganó, se agregan otras direcciones comerciales: la ya mencionada de San Bernardo y otra de San Miguel.

Apenas un mes después de haberse constituido como empresa, Mipoltec obtuvo su primera licitación pública, requerida por la PDI para realizar la mantención a nivel nacional de sus equipos RT-8000 y RT-8100, que son utilizados para intervenciones y monitoreos telefónicos. El monto de esa licitación: $29.600.001.

Jorge Lorca es un antiguo conocido de los mandos del OS-7. Poco antes de poner en marcha su propia empresa, el analista fue pieza clave para destrabar una de las crisis más complejas que ha vivido esa unidad en el último tiempo y que le significó a Carabineros un duro round con el Ministerio Público y La Moneda: la pérdida de centenares de grabaciones de interceptaciones telefónicas autorizadas por órdenes judiciales, entre las que se encontraban las del juicio que recientemente terminó con la condena de nueve funcionarios de la PDI acusados de corrupción y torturas.

LÁPIDA PARA EL SISTEMA ETI

En 2012, Carabineros ya había decidido renovar el sistema ETI de interceptaciones telefónicas, pero la licitación se suspendió debido a que en el segundo semestre de ese año estalló el escándalo de las compras con sobreprecio y el Ministerio del Interior puso bajo revisión todas las adquisiciones de tecnología destinadas a la policía.

Curiosamente, fue otro escándalo público el que aceleró finalmente la compra del nuevo equipo. En julio de 2013 CIPER publicó un reportaje que dio cuenta de la pérdida masiva de las grabaciones de llamadas interceptadas por el OS-7, entre ellas las de la mencionada investigación contra detectives de la PDI.

La pérdida de los registros motivó una investigación penal de la fiscalía contra Carabineros y encendió las alarmas de La Moneda por el desprolijo procedimiento policial. En ese contexto, la autoridad se allanó a dar urgencia a la compra del nuevo sistema de “pinchazos”.

La falla del equipo ETI se produjo en octubre de 2012, pero Carabineros no la informó al Ministerio Público hasta mediados de 2013. El error provocó la pérdida de las grabaciones de unas 4 mil llamadas. Tras el desperfecto, el sistema no pudo ser reiniciado y los registros de las llamadas quedaron bloqueados en uno de los servidores del sistema. Los técnicos de Sectrade, la empresa que tenía el contrato para realizar la mantención del equipo y que pertenece a los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, no pudieron normalizar el sistema.

Antes de llegar a las manos de los hermanos Cordero, el servicio de mantenimiento del sistema ETI estuvo por años a cargo de la empresa Tecnodata, por lo que Carabineros recurrió a ella en un intento desesperado por volver a poner en funcionamiento la máquina. Tecnodata envío a su técnico, Jorge Lorca, quien consiguió reiniciar el equipo y normalizar su funcionamiento, aunque no pudo recuperar las grabaciones bloqueadas.

Apenas unos meses después, Lorca fundó su propia empresa y se puso en carrera para acceder al millonario contrato para reemplazar al ETI.

EL ROL DEL TIC

Quienes conocen los pormenores de la licitación, indican que hubo dos factores que jugaron a favor de Mipoltec para que se le adjudicara la compra. El primero fue que los requerimientos técnicos consignados en las bases eran casi idénticos a los del equipo que ofrecía Jorge Lorca. El segundo: el plazo de 50 días estipulado para la entrega del producto, debido a que no había otra empresa en condiciones de conseguir el equipo en tan breve lapso. No obstante, la premura se diluyó una vez que el sistema estuvo en manos de Carabineros, cuando quedó en evidencia que el equipo no se podía poner en funcionamiento.

Jorge Lorca Rivera (Fuente:  sirculatinoamerica.cl)

La pregunta que ronda entre los oficiales relacionados con las adquisiciones que realiza Carabineros es si Mipoltec incumplió las bases de la licitación, en el caso de que haya entregado los equipos incompletos, o si bien el error fue del OS-7, la entidad encargada de determinar los requerimientos técnicos para la compra, si omitió en las bases de la licitación los accesorios faltantes. Para aclarar este punto, CIPER contactó a Jorge Lorca a comienzos de enero y le envío consultas por correo electrónico. Lorca respondió que, por razones laborales, sólo podría responder nuestros requerimientos recién en la primera semana de febrero. A inicios de este mes volvimos a llamarlo, ocasión en que señaló que debía consultar con su abogado si podía hablar sobre una licitación privada de un equipo estratégico para Carabineros, pero no volvió a contactarse con CIPER.

Varios funcionarios de Carabineros confirmaron que las responsabilidades por esta compra, y por eventuales omisiones en los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, son de la Dirección Nacional de Logística (Dilocar). Según explicaron, el Departamento de Telecomunicaciones e Informática (TIC) revisa y se hace responsable de las compras y licitaciones menores a $8,6 millones (200 UTM). Las unidades que realizan compras mayores pueden obviar la asesoría técnica del TIC, que es lo que habría sucedido en esta licitación. Al interior de Carabineros circula la versión de que el OS-7 diseñó los requerimientos y los entregó directamente a la Dilocar. Los funcionarios del OS-7 recién habrían tomado contacto con el TIC hace tres o cuatro meses, cuando ya habían detectado que faltaban accesorios y necesitaban organizar la compra de esos elementos.

En todo caso, el TIC también tiene un historial de irregularidades en sus compras. En 2012, CIPER publicó el pago de sobreprecios millonarios en las adquisiciones de esta unidad y la existencia de proveedores que tenían ciertos privilegios, como saber de antemano los productos que se licitarían (vea el reportaje: “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad calve de Carabineros”). Luego de esa publicación, tanto la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) como la Contraloría, el Ministerio Público y la justicia militar, realizaron sus propias investigaciones, las que terminaron con el llamado a retiro del general Gerardo González Theodor (Vea: “Los sobreprecios y tratos de palaba que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

LAS FALLAS DEL EQUIPO NUEVO

En las bases de las licitaciones públicas realizadas por instituciones militares o policiales, generalmente queda establecido que apenas el producto sea oficialmente adquirido será sometido a una inspección técnica. Si éste no funciona o presenta fallas, se faculta a la institución a cobrar la garantía o, incluso, anular el proceso. En muchas de las garantías de estos contratos se hace hincapié en que la empresa que obtenga la licitación debe supervigilar, realizar mantenciones y visitas técnicas durante los primeros meses, para verificar que su producto funcione correctamente.

En el caso de esta licitación privada, a pesar de que al instalarlo el equipo no funcionó como estaba previsto, nada de lo mencionado en el párrafo anterior sucedió y hasta ahora no hay explicaciones que lo justifiquen. El sistema adquirido ha ido aumentando su costo final, ya que se han ido comprando los accesorios faltantes con cargo al presupuesto de Carabineros.

Funcionarios vinculados al área de las adquisiciones indicaron que al sistema le faltaban 250 puntos de conexión, los que debían montarse sobre una VLAN (red privada virtual). Además, había que agregar más canales de entrada para aumentar la capacidad de grabación de llamadas. Según señaló uno de estos funcionarios, al sumar estos elementos “se permite que un computador instalado en Arica o en cualquier parte del país se integre al sistema y trabaje con los mismos recursos como si estuviese en Santiago”. En el fondo, se descentraliza por completo la operación y se puede registrar llamadas desde cualquier punto del territorio.

Los accesorios faltantes también tienen por objeto proteger los datos: “Hacen que la información no sea hackeable, porque queda en una nube, pero eso no es barato”, dice la misma fuente. En todo caso, respaldar los datos alojándolos en un sistema externo como este, no los protege en un ciento por ciento de un ataque.

Un experto que trabaja para una empresa que compite con Mipoltec señala que todos estos “parches” finalmente permiten que el equipo intercepte “líneas de voz” (conversaciones telefónicas), pero que las organizaciones delictuales cada vez usan menos esa vía de comunicación y están recurriendo a “líneas de datos” (que operan en Internet).

La misma fuente dice que el equipo adquirido por Carabineros es un modelo EGO, fabricado por la italiana Innova, y que es muy caro porque precisamente puede “pinchar” comunicaciones que usan internet, pero asegura que esa prestación no quedará operativa porque se requiere una modificación legal que obligue a las empresas proveedoras de internet a adquirir equipos que puedan “filtrar” las “líneas de datos” de acuerdo a parámetros de búsqueda que defina la policía. En otras palabras: Carabineros habría comprado un equipo carísimo que no se puede usar en toda su capacidad porque no se ajusta al marco legal en que se mueven las empresas de telecomunicaciones.

Para dejar completamente operativa al menos la grabación de conversaciones con la incorporación de los 250 puntos de conexión sobre la VLAN que se necesita, se abrió una nueva licitación, esta vez a través de Mercado Público, cuya fecha de adjudicación está contemplada para el próximo 23 de febrero. La licitación permitirá arrendar 30 unidades switch durante dos años y ya se presentaron tres ofertas que van desde $32 millones a $47 millones  (Vea las bases administrativas y los requisitos técnicos de esa licitación).

El costo, en todo caso, será mayor, porque agregar los canales de entrada que se requieren significará desembolsar otros $7 millones mensuales, aproximadamente, según confirmaron funcionarios de Carabineros que conocen los esfuerzos que se estaban desplegando al interior de la institución para superar el problema sin exponerse a un bochorno público.