Hasta el año pasado sumaban 67 colegios y 65 mil alumnos
Sostenedores vinculados a la DC recibieron en 2013 más de $41 mil millones en subvenciones
19.11.2014
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Hasta el año pasado sumaban 67 colegios y 65 mil alumnos
19.11.2014
Desde 2006 el cargo más peligroso del gobierno es el de ministro de Educación. Ese año Martín Zilic (DC) apenas duró tres meses y cayó empujado por el «movimiento pingüino». Lo reemplazó Yasna Provoste (DC), quien sucumbió en 2008 por una acusación constitucional, el mismo expediente que en 2013 puso fin a la participación de Harald Beyer en el gabinete. La sucesora de Provoste, Mónica Jiménez, se llevó un jarrazo de agua ante las cámaras y en 2011 Felipe Bulnes salió percutado por las masivas marchas estudiantiles. Ahora es Nicolás Eyzaguirre (PPD) quien sufre los corcoveos inherentes al cargo. Ocho de los 16 ministros de Educación nombrados desde 1990 han sido militantes de la Democracia Cristiana (DC), precisamente la tienda oficialista desde la que ahora se critica con fuerza a Eyzaguirre.
Los “encontrones” verbales entre militantes DC, PPD y PS que acusan o defienden a Eyzaguirre, han arreciado. El eje de la disputa es la tramitación del primer proyecto de la reforma educacional, que pretende terminar con el lucro, la selección y el copago. Un sector de la DC no está de acuerdo con ese plan y lo ha hecho sentir.
El golpe más contundente a Eyzaguirre lo propinó Edmundo Pérez Yoma (DC), ex ministro del Interior del primer gobierno de Bachelet: «El ministro de Educación no ha sido capaz de explicar bien al país qué es lo que quiere, cómo quiere llegar y en qué plazo (…). En el Mineduc, en el ministro, está el origen de toda la discusión política, de todos los problemas del gobierno».
Tres semanas antes, el 21 de octubre, el timonel del partido, Ignacio Walker, criticó el objetivo de la reforma: “Yo creo que aquí faltó un diseño inicial de privilegiar la educación pública”. Y una semana después el senador Andrés Zaldívar (DC) hacía callar a su colega Fulvio Rossi (PS), quien acusó que «hay un sector de la DC que está demasiado vinculado al negocio de la educación». «Que mejor guarde silencio», increpó Zaldívar.
En el Senado la discusión de la reforma se extenderá, a lo menos, hasta enero próximo. En medio del debate, CIPER indagó las vinculaciones que existen entre militantes DC y sostenedores de colegios subvencionados que sacan dividendos de su gestión, pero que al mismo tiempo prestan un servicio educacional autorizado por la legislación vigente. Dejamos fuera a los miembros de la DC que participan en la administración de colegios subvencionados sin fines de lucro, a través de corporaciones o fundaciones, como es el caso de los ex ministros de Educación Mariana Aylwin (Corporación Aprender) y José Pablo Arellano (Belén Educa).
Los vasos comunicantes más significativos entre el mundo DC y el de los empresarios de la educación particular subvencionada orbitan en torno a dos núcleos: la Universidad Miguel de Cervantes y el grupo económico Norte Sur.
El rector de la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) es Gutenberg Martínez, ex presidente DC y segunda mayoría en la última elección del Consejo Nacional de ese partido, celebrada en julio pasado. Duro crítico del proyecto de reforma educacional, Martínez se sienta en el directorio de la UMC junto a otros conocidos militantes DC y también con cinco importantes dueños de colegios particulares subvencionados: Alejandro Hasbún Ramírez, Víctor Aguilera Vásquez, Francisco Salazar Parra, Rodrigo Bosch Elgueta y Walter Oliva Munizaga (también militante DC). Dos de ellos -Hasbún y Oliva- están en la categoría de “megasostenedores” por los abundantes recursos que reciben del Estado (vea el reportaje de CIPER: “Así operan los siete ‘megasostenedores’ que lideran el negocio”).
El segundo centro que reúne intereses de militantes DC y sostenedores de colegio es el grupo económico Inversiones Norte Sur, un conglomerado surgido tras la venta del Banco del Desarrollo. Entre sus directores se cuentan Vicente Caruz, histórico financista del partido, y Alberto Etchegaray Aubry, ex ministro de Vivienda de Patricio Aylwin. El grupo Norte Sur participa en la propiedad de 19 colegios subvencionados y el ex ministro de Educación Sergio Molina figura como presidente de varias de esas sociedades educacionales. En otras aparece el ex intendente de Los Lagos, Iván Navarro, y el empresario educacional Ramón Oliva.
En conjunto, los sostenedores relacionados con militantes DC a través de Inversiones Norte Sur y la Universidad Miguel de Cervantes representan un total de 67 colegios subvencionados que educan un universo de 65 mil alumnos, gestión por la que el Estado les entregó el año pasado una suma global que superó los $41.198,2 millones (equivalente a unos US$ 70 millones).
Estas cifras no incluyen los dineros que algunos de estos sostenedores reciben a través de sus consultoras ATE (Asistencia Técnica Educativa), las que contratan en sus propios colegios y se pagan con la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a mejorar la educación de los niños más pobres. De acuerdo con cifras entregadas a CIPER por el Ministerio de Educación, entre 2011 y 2012 el sostenedor y militante DC Walter Oliva autocontrató su ATE (llamada Innovación Tres) para asesorar sus colegios. Por estos servicios recibió un total de $1.058 millones.
En la ATE de Oliva trabajaba su ex esposa, Claudia Peirano, también militante DC, quien inicialmente fue nominada por la Presidenta Michelle Bachelet para ocupar la Subsecretaría de Educación, pero no pudo asumir por este evidente conflicto de interés. Claudia Peirano es socia de otra ATE (Gestión Educativa), la que también trabajó para los colegios de Oliva en 2011 y 2012 y recibió un pago de $56,7 millones.
La Universidad Miguel de Cervantes es un establecimiento pequeño, sin acreditación y, por lo tanto, sin acceso a los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE). No es un negocio, comparada con otras universidades privadas. Pero se ha convertido en un punto de reunión para personeros DC y empresarios de la educación. Incluso, el edificio de la UMC -Mac Iver 370- albergó por un tiempo la sede de la Conacep, entidad que reúne a los dueños de colegios particulares subvencionados y donde la DC mantiene una fuerte presencia a través del presidente del gremio, Hernán Herrera, militante y cercano a la ex senadora Soledad Alvear, esposa de Gutenberg Martínez.
En el debate sobre la reforma educacional, Martínez se ha manifestado a favor de que los sostenedores puedan arrendar los edificios donde funcionan los colegios. La propuesta era respaldada por el Ministerio de Educación, pero con los votos de diputados de la Nueva Mayoría fue rechazada porque se consideró que dejaba abierta la puerta al lucro.
«Si se prohíbe la posibilidad de que se pueda arrendar, me parece que es una limitación a la posibilidad de que profesores puedan generar un proyecto educativo. Ahí lo que se está señalando es que sólo podrían fundar colegios en Chile el Estado o quienes tengan mucho capital. Creo que eso es una grave limitación a un principio básico que es la libertad de enseñanza», declaró Martínez a revista Capital el 30 de octubre, en un tema crucial del debate que se lleva a cabo en la comisión de Educación del Senado.
La mesa del directorio de la UMC es presidida por el ex embajador de Chile en Colombia, Oscar Pizarro Romero (DC), y se sientan a ella sus correligionarios Marigen Hornkohl (ministra de Educación en el periodo de Ricardo Lagos y de Agricultura en el primer gobierno de Michelle Bachelet), Edmundo Hermosilla (ministro de Vivienda con Frei Ruiz-Tagle), el ex diputado Zarko Luksic y los abogados Luis Ortiz Quiroga y Carlos Figueroa (ex ministro del Interior de Frei Ruiz-Tagle). Junto a ellos integran el directorio los ya mencionados sostenedores Oliva, Hasbún, Bosch, Aguilera y Salazar, quienes en conjunto representan 48 colegios, con un total de 47 mil alumnos, los que el año pasado recibieron una suma global de $31.531,9 millones por concepto de subvención normal y preferencial (SEP).
El propietario de la sede de la UMC en calle Mac Iver es Inmobiliaria Educacional, sociedad anónima que originalmente fue conformada por varios de los directores de la universidad, siguiendo un modelo común a la mayoría de las instituciones privadas de educación superior. La inmobiliaria fue constituida en junio de 2004 con un capital de $22.500.000. La UMC paga un arriendo mensual de $7.566.853 a la inmobiliaria dueña del edificio y transparenta en su página web que algunos miembros de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes son accionistas de Inmobiliaria Educacional. También informa que integrantes de la corporación tienen relación de parentesco con accionistas de la inmobiliaria o que participan como socios de alguna sociedad accionista de ella, aunque no indica los casos específicos.
Gutenberg Martínez fue consultado por CIPER sobre la razón por la que han confluido en la UMC un grupo de importantes sostenedores y si esta relación influye en el debate interno de la DC sobre la reforma educacional. El ex presidente DC se encontraba fuera del país y respondió por escrito:
“Nuestro Directorio está compuesto por 15 miembros, de ellos cinco participan de colegios subvencionados y han sido un gran aporte a la universidad, que tiene un sentido académico y social, donde sus miembros pagan una cuota social anual destinada al fondo de becas de la institución. Nuestros alumnos en un 90%, más menos, provienen de colegios municipales y subvencionados y somos la universidad primera o segunda en este aspecto. Sobre el 70% trabajan y sobre el 80% reciben algún tipo de beca de la institución (…). La universidad como tal no ha fijado una posición sobre la reforma educacional en trámite. Los miembros de la universidad, como cualquier ciudadano, tienen el derecho de hacerlo si así lo estiman”.
-¿Cree usted que para el debate en el Senado sería un ejemplo de transparencia que todos los partidos y parlamentarios expusieran públicamente las relaciones que tienen con sostenedores?
-En cuanto a las incompatibilidades e inhabilidades parlamentarias están señaladas en los textos legales y las comisiones de ética del Congreso las han explicitado y tienen facultades al respecto. Por lo que yo sé, todas las corrientes políticas tienen entre sus militantes personas que participan en el área de la educación.
Entre las personas que participan en el área de la Educación que están relacionadas con la UMC, se cuenta el sostenedor de la red de colegios que recibe más aportes estatales a nivel de la región metropolitana: el grupo Hasbún Ramírez. Conformado por las familias Hasbún Ramírez y Ramírez Caselli, este grupo recibió en 2013 subvenciones estatales por un monto de $15.166 millones, según información proporcionada por el Ministerio de Educación (Mineduc). Con el copago de los apoderados, sus ingresos se elevaron a $17.937 millones (vea la ficha con el detalle de los ingresos en 2013 del grupo Hasbún Ramírez).
Según los cálculos que maneja el Ministerio de Educación, las utilidades de los sostenedores oscilan entre 10% y 15% de sus ingresos. De esta forma, el grupo Hasbún Ramírez pudo haber obtenido una utilidad superior a $ 1.700 millones en 2013. En un artículo publicado por El Mostrador en mayo pasado, el gerente del área de Educación del grupo Norte Sur señaló que la rentabilidad que ellos obtenían iba de un 8% a un 10% de los ingresos, pero reconoció que hay sostenedores que pueden sacar hasta un 15%.
Víctor Aguilera Vásquez había cumplido 20 años cuando recibió su título de profesor en la Normal de la UC. El mismo día de la graduación se le acercó una monja teresiana que le ofreció contrato en una escuela de la población Santa Laura, de El Bosque. Han pasado casi 50 años y ahora es dueño de nueve colegios. Hasta 2013 tenía diez, pero cerró el Anexo Colegio Lo Errázuriz, de Maipú, por baja matrícula. Actualmente controla siete establecimientos a través de tres sociedades comerciales y dos mediante la Fundación Creando Futuro (FCF), que él preside y donde son directores sus hijos Daniel y Víctor. La fundación, además, gestiona otros dos establecimientos cuya administración le fue cedida por las municipalidades de Padre Las Casas (La Araucanía) y Lo Barnechea.
Aguilera aseguró a CIPER que su plan es traspasar todos o parte de los colegios de su patrimonio a la FCF, entidad sin fines de lucro, siguiendo así el camino propuesto por el Ministerio de Educación para los colegios particulares subvencionados. El educador y empresario relató que en una reunión de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Educación con más de un centenar de sostenedores de la zona poniente de Santiago, a la que él asistió, les confirmaron que si traspasaban sus colegios a entidades sin fines de lucro podrían seguir arrendando los edificios de los establecimientos a sociedades relacionadas.
En su caso, dijo, algunos de los inmuebles que ocupan sus establecimientos pertenecen a la Fundación Creando Futuro y otros son de una sociedad anónima familiar a la que las escuelas pagan arriendo.
El primer colegio lo creó en 1982 y hoy tiene casi 400 alumnos: el Centro Educacional San Andrés de Maipú. Siendo académico de la Universidad de Santiago buscó un barrio carente de escuelas y lo encontró en el sector de Pajaritos con Américo Vespucio, donde se construía una población de 400 viviendas. Invitó al emprendimiento a dos colegas profesores: Iván Navarro Abarzúa y Héctor Gutiérrez Salazar (hoy director de la FCF).
Aunque Aguilera se declara independiente, el Centro Educacional San Andrés fue su primera asociación comercial con un militante DC, en este caso Iván Navarro, quien posteriormente encabezó la Dirección General de Deportes (antecesora del Instituto Nacional del Deporte) en el gobierno de Patricio Aylwin y después fue intendente de la X Región en el de Ricardo Lagos.
Su crecimiento como sostenedor continuó en 1998 cuando ingresó a la sociedad de Servicios Educacionales, Industriales y Comerciales Simón Bolívar, sostenedora de la Escuela Industrial Simón Bolívar de Quinta Normal. En 2011 constituyó su empresa individual Víctor Francisco Aguilera Vásquez Servicios Educacionales E.I.R.L. donde concentró otros cinco establecimientos: Liceo Particular INSUME (Ñuñoa), Colegio Lo Errázuriz (Maipú), Colegio El Prado (Pudahuel), Colegio San Felipe (Pudahuel) y Escuela Básica Nº 149 San Marcel de Buin.
Los nueve colegios de Aguilera y de la FCF, más los dos que administra por cuenta de municipios, atendieron en 2013 a 5.317 alumnos, según los datos del Ministerio de Educación, y recibieron $3.813,7 millones por subvención normal y subvención preferencial y otros $540,9 millones que aportaron las familias de los estudiantes como «copago». En total, sus ingresos fueron $4.354,7 millones (vea una ficha con el detalle de los ingresos de los colegios de Aguilera).
Desde 1997 Aguilera tiene constituida una sociedad con sus hijos Víctor, Iván y Daniel: Aguilera Gutiérrez S.A. Fue con esta sociedad que en 2003 se desprendió de la Universidad San Andrés, de la que llegó a ser el controlador con el 66,6%. La fusionó con la Universidad Autónoma del ex diputado y ex ministro de Justicia Teodoro Ribera (RN). La Universidad Autónoma del Sur y Aguilera Gutiérrez S.A. constituyeron Uniservi S.A. en 2003, pero la relación fue breve y al cabo de un año la Autónoma le compró su parte.
Su meta de completar todo el ciclo de la educación, desde la sala cuna (administra dos de la municipalidad de La Pintana) hasta la educación superior, se cumplió cuando la Fundación Creando Futuro compró el Instituto Profesional Carlos Casanueva. Ese instituto está acreditado desde 2010 y hasta 2013 acumulaba un total de $267,1 millones correspondientes a Créditos con Aval del Estado entregados a 153 de sus alumnos. La sede del instituto comparte terreno con el patrimonial edificio de la FCF en calle Londres 46. «Aquí está parte de los excedentes de nuestros colegios», asegura Aguilera, refiriéndose a la bien conservada mansión de comienzos del siglo XX.
Por coincidencia, la comuna de El Bosque -como en el caso de Víctor Aguilera- también fue el punto de partida de otro grupo de sostenedores vinculados a la DC a través de la UMC: Francisco Salazar González y su familia, dueños de la Sociedad Educacional José Abelardo Núñez, de la que depende la Red JAN. El grupo también controla la Sociedad Educacional Domingo Faustino Sarmiento y a la Sociedad Educacional San Felipe.
Treinta y un años pasaron desde que se fundara la Escuela Particular José Abelardo Núñez con 91 alumnos, en San Bernardo (1978), hasta que en 2009 se creó la Red José Abelardo Núñez (JAN). Francisco Salazar, el iniciador del grupo, es un profesor normalista y su red tiene cinco colegios subvencionados: Escuela Básica Abelardo Núñez Nº 3 y Colegio Polivalente Nuevo Centro Educacional JAN (ambos de Huechuraba), Centro Educacional JAN Nº 1 (San Bernardo), Colegio José Abelardo Núñez Murúa (Puente Alto) y el Colegio José Abelardo Núñez de El Bosque (de la sociedad San Felipe). De la Sociedad Domingo Faustino Sarmiento dependen otros tres establecimientos: Colegio de Adultos José Abelardo Núñez, Colegio de Adultos de San Bernardo y Colegio de Adultos de El Bosque.
Los ocho centros educativos sumaban 6.828 alumnos según antecedentes del Mineduc en 2013. Por concepto de subvención normal y SEP recibieron ese año $3.561 millones y por el copago de los apoderados otros $1.001 millones. (Ver ficha de ingresos del grupo Salazar Parra).
La familia, cuyos fundadores son el matrimonio de profesores formado por Francisco Salazar González y Nancy Ludmila Parra Marín, a quienes se sumaron después sus hijos Francisco (ingeniero comercial) y Paola (educadora de párvulos), tiene más de diez sociedades entre educacionales, de inversiones e inmobiliarias, siendo Inversiones E.F.E.S. a través de la cual participan en Inmobiliaria Educacional, dueña de la sede de la Universidad Miguel de Cervantes.
Los padres constituyeron en 1982 la Sociedad Educacional José Abelardo Núñez. En 2000, los hermanos Francisco y Paola constituyeron la Sociedad Educacional Domingo Faustino Sarmiento, de la que dependen las escuelas de adultos. En 2010, Nancy Parra junto a sus hijos, representando a las sociedades Inmobiliaria e Inversiones Santiago e Inversiones E.F.E.S., crearon la Sociedad Educacional San Felipe.
Los Salazar Parra están vinculados con otros sostenedores a través de negocios distintos al educacional. En 2007, Francisco hijo, en representación de E.F.E.S. concurrió con Asesorías e Inversiones Los Conquistadores, representada por Alejandro Hasbún Ramírez, a la modificación de Asesorías e Inversiones El Trébol, aumentando el capital de $ 2 millones a $62 millones. E.F.E.S. pagó con 25 acciones de Inmobiliaria Educacional, la propietaria del edificio de la Universidad Miguel de Cervantes.
En agosto de 2013, E.F.E.S., junto a Inversiones Futuro y Desarrollo (del sostenedor DC Walter Oliva Munizaga) y Alejandro Canto Bravo, constituyeron Equipamientos Médicos América Chile. Los Salazar Parra también son socios con Oliva en la Importadora, Exportadora y Comercializadora B.C.O.S. Trading Services. Hasta 2013 también fue parte de esa empresa el sostenedor Rodrigo Bosch.
Un matrimonio es el origen de los colegios de la familia Bosch Elgueta, cuyo hijo, el ingeniero comercial Rodrigo Bosch, fue presidente de la Conacep y en la actualidad, además de sostenedor, integra el directorio de la Universidad Miguel de Cervantes.
En octubre pasado, ya como ex líder gremial, consultado sobre los arriendos que pagan los colegios a sus propios dueños a través de sociedades relacionadas, dijo a La Tercera que uno de sus dos colegios sería afectado si la nueva ley lo prohibiera. Recordó que cuando se aplicó la Jornada Escolar Completa, los colegios recurrieron a los bancos para ampliar sus instalaciones: «No le prestaban dinero a un gestor educacional y nos pidieron formar inmobiliarias para entregar a estas entidades los créditos. Y los arriendos se fijaron para pagar estos préstamos”.
Ana Lucía Elgueta Elgueta había quedado viuda un año antes de su esposo, el médico veterinario Fernando Bosch, pero continuó el proyecto familiar. Así, abrió en 1980 el Colegio San Fernando en Peñalolén, con 78 alumnos. Gracias al crecimiento inmobiliario de la comuna, tres años más tarde pudo ampliar las instalaciones. Puso después la mirada en Puente Alto.
Dos centros escolares tiene la Sociedad Educacional San Fernando: el Colegio Particular San Fernando (Peñalolén) y el Colegio Particular Mirador (Puente Alto). Entre ambos sumaban 2.916 estudiantes en 2013. De acuerdo a los registros del Mineduc, el Estado ese año les traspasó $2.099 millones por subvención normal y SEP. A su vez, los apoderados aportaron con $420 millones por copago, de manera que los ingresos totales ascendieron a $2.520 millones. (Ver ficha de sociedades e ingresos del grupo).
Fue en 1991 que Ana Lucía Elgueta y su hermano Santiago -ambos profesores- constituyeron la Sociedad Educacional San Fernando. Veintitrés años después, en febrero de 2014, efectuaron la más reciente modificación a esa sociedad: Ana Lucía, Santiago y Rodrigo Bosch la dividieron en tres: una continuadora de la original, con su mismo nombre, y dos nuevas: Inversiones Proyecta e Inversiones Isis. La sociedad Proyecta nació con un capital de $222,6 millones, quedando la madre con el 55%, su hijo Rodrigo con el 43% y Santiago Elgueta con el 2%. En el caso de Isis, partió con un capital de sólo $2.650.350, manteniendo la misma distribución los tres socios. Tras la división, la Sociedad Educacional San Fernando, que llegó a tener un capital de $244 millones en 2010, lo redujo a $17,7 millones.
Otra de las sociedades importantes de la familia es Inverbosch Limitada que en 2011 se transformó en Inversiones Inverbosch SpA. La empresa fue constituida en 2002 por Rodrigo Bosch y Felipe Elgueta con un capital de $5 millones, teniendo el primero el 99,99% de la sociedad. En 2011 se dividió, dando origen a Inversiones Mirador SpA. Inverbosch quedó con un capital de $295 millones y Mirador con $859,8 millones, siempre controladas por Rodrigo Bosch, quien no respondió las solicitudes de entrevista formuladas por CIPER.
A Walter Oliva Munizaga le faltaron apenas nueve votos para lograr un escaño en el Consejo Nacional de la DC en julio pasado. Milita en ese partido desde los 15 años, siguiendo el ejemplo de su padre, el también sostenedor Ramón Oliva.
Walter Oliva integra el directorio de la UMC y es socio de Inmobilaria Educacional, dueña del edificio del plantel, a través de Inversiones en Educación Superior, sociedad que constituyó en 2004 junto a Rodrigo Bosch.
Oliva -ingeniero comercial a quien CIPER solicitó sin resultado una entrevista- ha sido dos veces vicepresidente de la DC, consejero nacional y hombre encargado de sus finanzas durante la presidencia de Soledad Alvear. Dentro de la misma DC se le identifica como financista de campañas, pero en menor escala. «No tiene tantos recursos», comentan sus correligionarios, aunque aseguran que apoyó las campañas parlamentarias de los hermanos Ximena y Ricardo Rincón.
En los últimos años su condición de sostenedor que lucra con la educación le ha «penado» en su vida partidaria. «Es una situación muy incómoda», reconoció a La Segunda en 2011. Dirigentes del partido dijeron a CIPER que recibió duras críticas en el Consejo Nacional, cuando integraba esa instancia. «La mayoría de las ocasiones prefirió no responder», recuerdan.
El origen del grupo Oliva y su actual red de colegios Crecemos está en sus padres: Ramón Oliva y la profesora normalista Aurelia Munizaga. Ellos partieron en 1970 con la Escuela Nº 120 Teniente Dagoberto Godoy, en La Granja. Diez años más tarde fundaron otras escuelas en El Bosque, para luego expandirse a Lo Prado, Pudahuel, Quilicura y San Bernardo.
A nivel de la Región Metropolitana, Walter Oliva y su madre (el papá creó su propia red de colegios) ocupan el quinto puesto entre los sostenedores con fines de lucro que reciben más dinero de subvenciones estatales: administran ocho establecimientos a través de cuatro sociedades, con una matrícula de 9.283 estudiantes. Los registros del Mineduc dicen que en 2013 recibieron aportes del Estado vía subvenciones por $6.890 millones y otros $1.550 millones a través del copago que cancelaron los apoderados. (Vea la ficha con los ingresos del grupo Oliva Munizaga)
Además de la Universidad Miguel de Cervantes, el grupo de empresas Norte Sur es el otro núcleo vinculado a la DC que tiene importantes intereses en la educación subvencionada y donde toman asiento como directores de las compañías históricos militantes de ese partido, como el ex ministro de Educación Sergio Molina (bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle) o Iván Navarro, que a su vez es socio del sostenedor Víctor Aguilera en otro colegio.
Según la Memoria 2013 del grupo, de las 54 empresas en las que Inversiones Norte Sur S.A. tiene participación, 27 están ligadas a la educación: 15 sociedades sostenedoras que administran 19 colegios, además de un instituto de educación superior y diez inmobiliarias asociadas a esos establecimientos. En todas, Norte Sur posee una participación del 50%, un esquema que comenzó a aplicar en 2006 cuando se asoció en partes iguales con el Colegio Aconcagua, que imparte enseñanza a más de 2 mil alumnos en Quilpué. Al año siguiente, Norte Sur adquirió el 50% de la Sociedad Educacional Colegio Nacional, que alberga a cerca de 2.500 alumnos en Villa Alemana y Limache. Así, fue asociando colegios hasta sumar hoy más de 17 mil alumnos y un monto cercano a los $9.500 millones recibidos en subvenciones estatales el año pasado, según los datos del sistema Más Información Mejor Educación del Mineduc y la Memoria Norte Sur 2013 (vea la ficha con los recursos públicos recibidos en 2013 por los colegios del grupo)
Inversiones Norte Sur era uno de los controladores del Banco del Desarrollo hasta 2007, año en que esa institución financiera fue vendida a Scotiabank en $213 mil millones. Desde entonces, ha enfocado sus inversiones en los rubros agrícola, financiero y de servicios. En este último, el área educacional agrupa la mayor cantidad de sociedades. El empresario que lideró este enfoque fue Vicente Caruz Middleton, militante DC y reconocido por sus correligionarios como financista de campañas. Caruz fue gerente general del Banco del Desarrollo desde su creación en 1983 hasta 1996, cuando falleció Domingo Santa María y él lo sucedió como presidente del directorio, cargo en el que permaneció hasta la venta del banco.
Bajo la presidencia de Caruz (2008-2012), Norte Sur adquirió la mayor parte de sus colegios. También incursionó en la educación superior: son dueños del Instituto Tecnológico de Computación y tuvieron participación en la Universidad Viña del Mar, la que vendieron a Laureate International en 2009. Dos años más tarde, Norte Sur intentó adquirir la Universidad Central (UCEN), lo que generó un potente rechazo de la comunidad académica y estudiantil (ver reportaje de Ciper). En medio de lo que resultaron ser las primeras protestas contra el lucro en la Educación Superior, la alianza UCEN-Norte Sur se desmaterializó.
Desde entonces, la representación de Caruz dentro de Norte Sur ha ido disminuyendo, al punto que dejó de controlar el grupo en abril de 2013, cuando se eligió un nuevo directorio con Daniel Mas Poblete y Aníbal Correa Ortúzar en la presidencia y vicepresidencia. La nueva administración se afianzó con un pacto de accionistas en el que una parte que se había mantenido al margen de la disputa de poder, la Fundación Emmanuel, que pertenece al Arzobispado de Santiago, estableció una alianza con el bloque Mas-Correa (ver informe a la SVS). Ocho meses después, en agosto de este año, la Fundación Emmanuel dejó de formar parte de Norte Sur.
Emmanuel fue fundada en 1966 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo. La institución estuvo involucrada en los orígenes del banco del mismo nombre. En conversación con CIPER, el director de la fundación, Pablo Fuenzalida, explicó que estaban buscando salirse de Norte Sur desde que se vendió el Banco del Desarrollo, pues ya se había cumplido la misión social que originó esta alianza y que era generar acceso crediticio a los sectores más postergados.
En agosto de este año el 9,98% de Norte Sur que tenía Fundación Emmanuel quedó distribuido entre Inversiones Marañón e Inversiones Rucalhue (ambas de la familia Correa), además de Inversiones San Carlos (familia Mas), fortaleciendo a los nuevos controladores en desmedro del grupo que representa Caruz.
Alberto Etchegaray Aubry ha sido miembro del directorio de Norte Sur desde 2008, donde llegó desde el Banco del Desarrollo. Participa en la propiedad del grupo mediante la sociedad Domínguez y Etchegaray, que creó junto a Vicente Domínguez Vial en 2004. Cercano a la DC, fue uno de los coordinadores de la visita de Juan Pablo II a Chile en 1987. En 1990 se convirtió en Ministro de Vivienda del Presidente Patricio Aylwin y bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle presidió el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza.
Fue en el contexto de la recolección de fondos para la visita de Juan Pablo II que Etchegaray Aubry fortaleció sus lazos con el empresario Anacleto Angelini. En 1994, cuando dejó el ministerio de Vivienda, Angelini lo invitó a integrarse a su grupo como director en Celulosa Arauco y Constitución, Celco. Como presidente del directorio de Celco en 2005 debió enfrentar una severa crisis por la contaminación del río Cruces que provocó la muerte de cientos de cisnes. En esa contingencia el gerente de Celco era Alejandro Pérez, actual controlador de la Universidad San Sebastián. Hoy, Etchegaray es presidente en los directorios de Red Salud y SalfaCorp.
Sergio Molina Silva, ex ministro de Educación DC, tiene un papel clave en los colegios de Norte Sur. En la Memoria 2013 del grupo aparece como presidente del directorio de 12 de sus sociedades educacionales y de cinco inmobiliarias asociadas a esos establecimientos.
En otras siete sociedades educacionales del grupo aparece como director y/o accionista Ramón Oliva Gallego. Ramón Oliva se asoció en partes iguales con Norte Sur a fines de 2011 y sus colegios Nueva Era Siglo XXI y Nuevo Siglo suman 3.700 alumnos de La Florida, Puente Alto, Curauma y Quillota. Es profesor y padre del sostenedor y dirigente DC Walter Oliva.
En tres de las sociedades que administran colegios de Norte Sur también aparece como miembro del directorio o accionista el DC Iván Navarro Abarzúa y/o su esposa Sandra Papic, también militante del partido, y sus hijos Sandra, Claudia, María Gabriela e Iván. Ex intendente de la X Región, Navarro preside la Sociedad Educacional Colegio Montessori y a la vez tiene el mismo puesto en la Inmobiliaria y Constructora Montessori, cerrando el círculo de los militantes DC ligados al negocio de los colegios que reciben dinero estatal.