Quiebra de la U. del Mar: dueños que lucraron reclaman pago de $4 mil millones

La Junta de Acreedores de la Universidad del Mar (UDM) acordó el 14 de julio iniciar la cobranza judicial a los miles de alumnos y ex alumnos que se encuentren morosos en el pago de sus aranceles. Los más afectados serán aquellos que se titularon y egresaron y mantienen deudas impagas. Para incentivarlos a ponerse al día, los acreedores acordaron condonarles hasta un 30% del capital adeudado y un 50% de los intereses. Pero, si el alumno finalmente no paga, se dará paso a la cobranza judicial.

Para aquellos estudiantes morosos que aún son parte de la universidad, se les ofrecerá una rebaja de entre un 15% y un 20% del capital adeudado, y la condonación del  50% de los intereses. Si no regularizan su situación, “no podrán tomar ramos del segundo semestre en forma definitiva”. En ambos casos la cobranza judicial se hará efectiva “para los deudores con morosidad que supere el $1.000.000” (ver acta de la junta de acreedores).

La decisión de la Junta de Acreedores de la Universidad del Mar de utilizar el cobro de la deuda de sus alumnos, ante la imposibilidad de rematar los inmuebles que pertenecen a sociedades relacionadas de sus dueños, resulta sorprendente. Y ello no sólo porque los estudiantes han sido las principales víctimas de la debacle de esa institución, sino porque los responsables de la crisis, sus cuatro controladores, también forman parte de la junta de acreedores y podrían beneficiarse con la recuperación de casi $4 mil millones.

La resolución de iniciar acciones contra los estudiantes morosos se originó en la sentencia judicial del 14 de abril pasado, que determinó la quiebra de la Universidad del Mar (Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar). La quiebra fue solicitada por los trabajadores de la UDM a raíz del no pago de sus sueldos y cotizaciones. La falta de caja se había iniciado poco antes del escándalo que desató el pago por la acreditación de la universidad y el lucro desmedido de sus dueños, revelados por CIPER (ver reportaje). Y se agravó con el juicio por cohecho y soborno que llevó a su rector a la cárcel.

Todo ello, sumado a la estampida de profesores impagos, agravó la incertidumbre y provocó que gran parte de los alumnos dejaran de pagar sus aranceles. Como los dueños de la UDM no inyectaron más dinero y, al contrario, sacaron todo lo que pudieron a través de sus sociedades relacionadas, el desmoronamiento se precipitó. A pesar de que todo ocurrió a la luz pública, ninguna autoridad intervino para evitar la debacle de una universidad que tenía más de 20 mil alumnos en todo el país.

La abusiva situación que hoy viven los alumnos de la Universidad del Mar resulta clave para examinar la calidad del proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso y que crea la figura del administrador provisional para las instituciones de Educación Superior que entren en crisis financiera y/o académica.

ACREEDORES QUE NO SON TALES

La decisión de iniciar la cobranza judicial se adoptó en la primera reunión de los acreedores, realizada el 8 de julio pasado en uno de los edificios de la que llegó a ser la tercera universidad más grande de Chile, con 22 mil estudiantes en 18 sedes desde Arica a Punta Arenas. En la junta participaron quienes, de acuerdo al síndico Cristián Herrera Rahilly, poseen créditos que “gozan de verosimilitud”: 115 acreedores que reclaman en total $21.166 millones. Entre ellos figuran los docentes y trabajadores de la UDM, bancos y financieras, AFP’s, Isapres y el Fisco.

Héctor Zúñiga

Entre todos ellos destacan tres sociedades que reclaman sobre $ 2.000 millones y en las que participan los dueños de la UDM: Raúl Baeza (fallecido en 2013), Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga. Las pretensiones económicas más sorprendentes corresponden al último de estos socios, quien a través de familiares, sociedades relacionadas y también directamente, aspira a conseguir otros $1.800 millones.

Héctor Zúñiga es uno de los principales responsables de la crisis que llevó a la UDM a ser cerrada. En 2013 pasó cerca de medio año preso acusado de soborno y de lavado de activos en el juicio que se abrió por la venta de la acreditación de su universidad. Un fraude donde el principal acusado es Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Según informó La Tercera a comienzos de julio, la fiscalía y la UDM llegaron a un acuerdo para que esta institución reconozca, en un juicio abreviado, el haber sobornado a Díaz para obtener la acreditación, lo que le permitió acceder a $6.000 millones aproximadamente, dinero que procedía del Crédito con Aval del Estado (CAE).

UNA FORTUNA EN PAPELES INSERVIBLES

La Junta de Acreedores de la Universidad del Mar fue presidida por el abogado Eric Avsolomovich Péndola, representante del Banco de Créditos e Inversiones (BCI), al que la UDM debe $4.750 millones, lo que equivale al 22,44% de la deuda total.

En la reunión, el síndico de quiebras informó que ya se habían recuperado cerca de $850 millones a través de distintos juicios. También dio cuenta de que varios inmuebles de la UDM ya están listos para su remate. Pero debido a que la mayor parte de los edificios en los que funcionaba la UDM eran de propiedad de las inmobiliarias de los propios dueños de la universidad (sociedades relacionadas), será imposible utilizar la misma vía del remate para obtener el dinero que se requiere. Dado los vacíos legales con que funcionan las universidades en Chile, se decidió entonces que la recuperación se hará a través de acciones judiciales en contra de los alumnos morosos en sus aranceles.

El monto total de la deuda que involucra a los estudiantes ha sido difícil de estimar. La última cifra que se conoce data de 2012, cuando ascendía a unos $50 mil millones. El entonces rector Raúl Urrutia personalmente vio en la Casa Central de la UDM, en Reñaca, una habitación llena de pagares impagos de alumnos. En ese momento, parecían papeles inservibles (ver reportaje de CIPER).

Cuando en 2010 el fondo de inversiones Southern Cross intentó comprar la UDM, manifestó un gran interés por esos pagarés. Southern Cross sí sabía cómo sacarles partido, pues llevaba años rentabilizando las deudas de quienes compraban en la multitienda La Polar, por entonces su empresa estrella. Como quedó en evidencia cuando La Polar se desmoronó en julio de 2011, a sus clientes morosos les repactaban unilateralmente las deudas, aplicándoles altos intereses. Luego, el monto total de esas deudas, en su mayoría incobrables, eran exhibidas en sus balances como “activos por cobrar”. Así, hacían aparecer a La Polar ante inversionistas y AFP’s como una empresa con un flujo sólido y ascendente de capital. Hasta la debacle.

En la investigación de la Fiscalía Oriente por la venta de acreditaciones de instituciones de Educación Superior que realizó Luis Eugenio Díaz Corvalán, aparecieron detalles de cómo Southern Cross pretendía comprar la UDM (lo que está prohibido por la ley) y de la importancia que los pagarés tenían en ese trato. Según el abogado Alejandro Leiva, quien intervino en el negocio en representación de uno de los dueños de la UDM, Mauricio Villaseñor, cada socio recibiría de Southern Cross un millón de dólares al momento de la transferencia del control. El resto, el monto mayor del precio que se negoció por la UDM, “se pagaría a cambio de la cesión de las letras de cambio que los estudiantes habían entregado por créditos directos. Nominalmente, alcanzaban a cerca de $50 mil millones”, dijo Leiva.

Cuando Southern Cross paralizó el negocio en 2011 –debido a la presión social de los estudiantes que se oponían al lucro y al estallido de la estafa de La Polar-, esa fortuna en pagarés volvió a ser una ruma de papeles inservibles.

A partir de ese momento, la suerte de esos documentos se volvió incierta. En diciembre de 2012 los alumnos de la UDM se tomaron la casa central como reacción al cierre ordenado por el Ministerio de Educación (ver decreto). Y mientras los tribunales debatían si procedía o no una quiebra (la que se decretó en abril de este año), los alumnos comenzaron a revisar los  documentos buscando pruebas que les permitieran demostrar que habían sido estafados.

Uno de los documentos que encontraron mostró que ya en 2004 el entonces ministro de Educación Sergio Bitar y la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet (actual rectora de la Universidad de Las Américas) estaban al tanto del desastre que se vivía en la UDM y la dejaron continuar.

LOS PAGARÉS QUEMADOS

Pero no sólo los alumnos revisaron esos documentos. También lo hizo el artista plástico Francisco Tapia (Papas Fritas), quién según su propia confesión ante los tribunales, sustrajo y quemó pagarés de los alumnos, tras lo cual expuso sus cenizas en el centro cultural GAM.

Francisco Tapia (Papas Fritas)

En el video que acompañó su instalación artística, explicó: “Mi proyecto busca acabar con el deudor. Fui a la universidad con el fin de sacar las letras y pagarés que estaban en la Universidad del Mar y que eran buscados por el síndico de quiebras para que la banca pudiera seguir cobrando a estos estudiantes. Los alumnos me ayudaron a cargar la Kombi sin saber que yo me estaba llevando ahí, en aquellas cajas, todas las letras de la deuda de los alumnos. Tranquilamente fui, uno por uno, quemando esos pagarés, liberando de la deuda a cada uno de los estudiantes de la Universidad del Mar. ¡Ya no tienen que pagar más compañeros, no tiene que pagar nada más!”.

El síndico Herrera Rahilly concurrió a la sede Reñaca para verificar si la historia era cierta. En su informe a la junta de acreedores señaló que el área de finanzas de esa sede “se encuentra totalmente destruida, los documentos en completo desorden en el piso; algunas de las cajas de fondos fueron abiertas, otras trabadas sin poder abrirse, por lo que habrá que contratar un cerrajero experto”. El síndico solicitó un informe pericial “sobre la pérdida que ha generado esta situación”.

El contenido de ese informe no se conoce, pero lo que sí es efectivo es que en la Sede Reñaca de la UDM no estaban todos los pagarés impagos de sus alumnos. Una de las razones del fracaso de esta institución, es que cada sede funcionaba como un feudo independiente, con un grupo distinto de socios lucrando con los aranceles y créditos de los alumnos. Es por eso que en cada sede se llevaban contabilidades distintas. Y en cada una había pagarés.

FONDOS DEL CAE PARA FEUDOS PERSONALES

El grueso de los acreedores de la UDM son ex trabajadores, docentes y directivos de la UDM, que reclaman alrededor de $9.000 millones, lo que representa un 41% de la deuda total. El monto no contempla solo indemnizaciones, sino también sueldos impagos y prestaciones sociales que la UDM dejó de cancelar casi al mismo tiempo que fracasaba el negocio con Southern Cross.

Los trabajadores alegan tener preferencia entre los acreedores, basándose en el artículo 2.472 Nº 8 del Código Civil, que se refiere a las indemnizaciones por término de contrato y por años de servicio. En ese artículo funda también sus pretensiones el socio controlador y ex rector de la universidad, Héctor Zúñiga, para reclamar $982 millones. ¿Cómo se justifica una indemnización tan alta? Vale la pena detenerse en este punto porque da cuenta de uno de los pasajes más turbios de la historia de la Universidad Del Mar.

Eugenio Díaz

En agosto de 2011, cuando el plan para vender la UDM a Southern Cross aún estaba vigente, Héctor Zúñiga se fue de vacaciones. En su reemplazo en la rectoría quedó el socio Mauricio Villaseñor, quien en cosa de días se dio cuenta de que las cosas estaban mal. El problema más grave eran los recursos del Crédito con Aval del Estado (CAE), que debían llegar a la universidad en septiembre. Esos dineros se habían conseguido gracias a los sobornos pagados a Luis Eugenio Díaz para que les diera la acreditación, requisito indispensable para tener acceso al CAE. La UDM estaba en una situación muy precaria y todas las sedes esperaban la llegada de $2.500 millones para pagar sus operaciones normales.

Según declaró el abogado Alejandro Leiva a la fiscalía, los recursos del CAE ($2.500 millones) no arribaron completos, pues el Banco Internacional reclamó $1.500 millones: “Ahí nos enteramos que Zúñiga había hecho una operación con ese banco, a espaldas de la Junta Directiva de la UDM, obteniendo del banco un anticipo a cuenta de los fondos del CAE, a cambio de un mandato irrevocable de cobro”.

¿Qué hizo Zúñiga con ese dinero? Aparentemente lo gastó en la UDM. Pero en su parte de la universidad: en las sedes que él controlaba financieramente.

El abogado Carlos Zelada, representante del socio Sergio Vera, confirmó lo descrito por Leiva precisando que, en la Junta Directiva de la UDM, se tomó el acuerdo de que los dineros del CAE se usarían para permitir la continuidad de la institución, pero Zúñiga “obtuvo un anticipo del Banco Internacional a espaldas de la junta directiva, y el uso de ese dinero no lo informó a nadie”.

Pero hubo un hecho más grave aún. El  abogado Zelada declaró que, en garantía de ese anticipo que recibió del Banco Internacional, Héctor Zúñiga entregó al banco las letras que los alumnos beneficiarios del CAE habían dejado en custodia en la universidad a favor de la UDM: “Esas letras eran en respaldo por el CAE que debían percibir, por lo que no podían ser entregadas a terceros, aspecto improcedente que personalmente le señalé a Zúñiga”.

Según refirieron los abogados Zelada y Leiva, esta operación irregular fue determinante para la salida de Zúñiga de la rectoría de la UDM en noviembre de 2011. ¿Cuánto dinero recibió por dejar la UDM? Cuando fue entrevistado por CIPER, Zúñiga dijo que no había recibido nada (ver entrevista), pero ante la fiscalía el abogado Leiva lo desmintió: “El acuerdo económico consistió en que se le entregó al señor Zúñiga participación accionaria en las inmobiliarias Rancagua y del Mar (propietarias de los edificios de la UDM en Viña del Mar), más una pensión por 10 años de $ 7 millones mensuales”.

El abogado Zelada dijo que, además, Zúñiga recibió “un finiquito laboral por años de servicio de alrededor de $80 millones”. Poco después de ese acuerdo, la UDM colapsó. Es posible que a Héctor Zúñiga no se le haya pagado nada. De hecho, los $80 millones, más la pensión de 10 años, totalizan $920 millones, la suma que reclama en la quiebra de la universidad. Visto así, estos recursos no corresponderían a una indemnización con derecho a preferencia, como asegura Zúñiga ante el tribunal, sino que formarían parte de lo que se le adeuda por la venta de la universidad, operación que está prohibida por la ley.

TODA LA FAMILIA EN LA FILA

Las inmobiliarias Rancagua y del Mar que menciona el abogado Alejandro Leiva en su declaración, también reclaman dineros en la quiebra de la UDM. La primera, registra un capital de $2.081 millones y dice ser acreedora de la UDM por $860 millones. La Inmobiliaria del Mar, con un capital reconocido de $1.364 millones, asegura que la universidad le adeuda $1.012 millones.

Si bien hasta el fracaso del intento de venta de la UDM a Southern Cross, ambas sociedades eran propiedad en partes iguales de los cuatro socios, es posible que con la operación descrita por Leiva, Zúñiga sea el beneficiario principal de lo que reciban ambas inmobiliarias.

Otra sociedad controlada por los cuatro ex dueños de la UDM –Sociedad de Inversiones del Mar- reclama $175 millones. Creada en abril de 2011, con un capital de $474 millones, era controlada en ese momento por Zúñiga y Cía, Inmobiliaria e Inversiones Vera (del socio Sergio Vera), Servicios de Consultoría y Asesoría Integral (del socio Raúl Baeza), y Minerva Gutiérrez, ex mujer de Sergio Vera.

También aparece entre los acreedores una sociedad ligada a sólo uno de los dueños de la UDM: Inmobiliaria e Inversiones Los Placeres, controlada por Mauricio Villaseñor Castro, que reclama $272 millones. A la que se suma Inmobiliaria e Inversiones Valparenas, que demanda $450 millones y donde figuran como socios: Héctor Zúñiga, Raúl Baeza, Pablo Zúñiga (ex gobernador de Valparaíso), Jorge Greenhill y Jorge Aspée.

Raúl Baeza, socio fundador de la UDM fallecido en mayo de 2013

Por último, figuran dos sociedades donde Zúñiga vuelve a tener intereses. El Centro de Estudios Navieros, que reclama $267 millones; y Computer Trainning S.A., que pretende $105 millones. Ambas sociedades están representadas en la junta de acreedores por Marcela Mendía Mendiola, esposa de Zúñiga. En un juicio que el Centro de Estudios Navieros entabló con la UDM, se explica el origen de esa deuda. Se trata de dos préstamos: uno por 6.980 UF, otorgado a la UDM en junio de 2008 (ver primera demanda) y otro de $100 millones (ver segunda demanda),  otorgado en julio de 2011. La esposa de Zúñiga, Marcela Mendía, es dueña del 25% del Centro de Estudios Navieros, Zúñiga posee el 50% y el 25% restante es de la propia UDM (ver sociedades de Héctor Zúñiga).

Otros dos integrantes de la familia Zúñiga también pretenden obtener recursos de la Universidad del Mar en quiebra: Enrique Zúñiga Salinas, ex director de la Escuela de Agronomía, reclama $70 millones; y una de sus hijas, la periodista Catalina Zúñiga Mendía, quien se tituló en 2011 en la UDM y ese mismo año fue nombrada coordinadora de Titulación de la Universidad del Mar, pretende $36,5 millones. El monto fue detallado por la hija de Zúñiga en una demanda laboral que interpuso en contra de la universidad que administraba su familia, en la que denuncia despido sin indemnización, no pago de vacaciones y cotizaciones previsionales y de salud impagas (ver demanda).

¿QUIÉN RESPONDE POR LA MALA CALIDAD DE LA UDM?

En el acta de la Junta de Acreedores de la Universidad del Mar se da por sentada la legitimidad de recuperar los dineros adeudados a través del cobro de pagarés de sus alumnos morosos. El argumento es que estos recibieron un servicio de parte de la UDM, el que les permitió obtener títulos o, al menos, avanzar en sus carreras. Un razonamiento que resulta inverosímil a la luz de las distintas evidencias que se han acumulado en procesos y querellas que grafican el descalabro de la UDM.

Por ejemplo, el SERNAC reunió evidencia de que la UDM hacía firmar a sus alumnos contratos abusivos y no respetaba los servicios convenidos, y presentó en 2012 una demanda colectiva en contra de la universidad (ver demanda). Hay otros documentos oficiales donde ha quedado acreditada la pésima calidad de los servicios educativos de la UDM, situación que fue conocida y tolerada por distintas autoridades del Ministerio de Educación.

Un informe del Consejo Superior de Educación (CSE), encontrado por los alumnos durante la toma de la sede de Reñaca, reveló que, al menos desde 2004, las autoridades tenían antecedentes concretos de la mala calidad de la formación de la UDM. Allí se consigna que el número de carreras aumentó en un 2.683% entre 2003 y 2004, mientras que el número de alumnos creció 277% entre 2001 y 2004. Sin embargo, ni la infraestructura ni el cuerpo docente habían crecido al mismo nivel, haciendo que las condiciones mínimas para brindar buena educación, empeoraran.

Respecto de los docentes, el CSE cuestionó que el número de alumnos por profesor subiera un 25%; y calificó de grave que “la calidad de los docentes, medida en términos del porcentaje con posgrado, disminuyera en un 9%, mientras aquellos con dedicación completa cayeran en un 7%”, Para los fiscalizadores, resultaba evidente que la expansión estaba generando “un claro deterioro de todos los indicadores educativos”.

“Las serias restricciones docentes que afectan a la mayoría de las sedes, llevan a la presunción de que la educación que entrega actualmente la UDM en un gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias”, concluye el informe del Consejo Superior de Educación.

El severo diagnóstico no redundó en ninguna sanción para la Universidad del Mar. Las autoridades decidieron dejar que siguiera operando y se evitaron el problema de cerrar la UDM y reubicar a los cerca de 12 mil estudiantes matriculados en ese momento. Así, la calidad de la UDM continuó empeorando. En todas las mediciones que se hicieron a sus egresados de Pedagogía (Prueba Inicia) y a los egresados de Medicina (Prueba Eunacom), la UDM apareció siempre en los últimos lugares. No hubo ni una sola reacción del ministerio.

Cuando en 2013 al Ministerio de Educación no le quedó otra alternativa que cerrarla, la calidad de la UDM cobró otra vez su cuenta: resultó muy difícil reubicar a sus 16 mil alumnos. Así lo declaró Felipe Mockridge Araya, seremi de Educación de Valparaíso, en la citada demanda del SERNAC: los alumnos que lograron cupos, “en su mayoría tuvieron un desmedro en su avance curricular de al menos un año en sus nuevas instituciones”. Hubo muchos que no fueron recibidos por ninguna institución.

Mockridge explicó que los más perjudicados fueron los alumnos del área de Salud: “Muchas instituciones les cerraron las puertas haciendo alusión a la mala calidad de las mallas académicas de la UDM”. El seremi olvidó mencionar los juicios por falsificación de su título de médico, que afectaron a un directivo académico y a un profesor de esa misma área de Salud de la UDM.

En su declaración, Mockridge informó de otras irregularidades y dio ejemplos de carreras que no conseguían la cantidad de matrículas necesarias para financiarse y que de la noche a la mañana eran cerradas o fusionadas. En este ámbito, el testimonio que mejor ilustra la argumentación central del SERNAC, lo brindó el estudiante de Teatro, Antonio Gambaro Ramírez, quien acusó que, cuando comenzaban el segundo año de la carrera, y como eran muy pocos alumnos, les ofrecieron pasarlos a tercero y hacerlos saltarse un año de carrera.

-Con mis compañeros acudimos a la casa central en Reñaca a quejarnos y el encargado académico de la UDM insistió que lo que nos proponían era lo mejor: que el teatro era vocación, que un año más o menos, a nosotros, que éramos talentosos, no nos iba a jugar en contra. Nos dijo también que, como éramos pocos alumnos, el plantel de profesores no se alcanzaba a pagar. Por supuesto, el año que nos íbamos a saltar tendríamos que pagarlo igual.

Como los alumnos amenazaron con denunciar a la universidad, el cambio no se hizo. Pero como la carrera no se financiaba, empezó el incumplimiento de la malla curricular por la ausencia de docentes. “De ahí en adelante no tuve los docentes que se prometían en la malla. Ellos mismos nos comunicaron que se iban por el no pago de sus honorarios, siendo que nosotros estábamos al día en los pagos. Nos comenzaron a dar clases alumnos recién egresados y gente que no era docente”, relató Gambaro.

La pesadilla para Antonio Gambaro no terminó ahí.  Cuando intentó cambiarse a la Universidad de Valparaíso, en la UDM le dijeron que no encontraban el programa de la carrera, y finalmente lo rechazaron, ya que no tenía cómo probar que había cursado cuatro años. Tras oír su relato, el abogado de la UDM, presente en el tribunal, le preguntó por qué continuó estudiando ahí si la universidad era tan mala. La respuesta de Gambaro muestra por qué se acumularon los pagarés que ahora harán efectivos los acreedores: “Principalmente, porque era la única carrera de Teatro que ofrecía crédito acá en la región”.