Nuevo nexo con escuelas de Walter Oliva hacía inviable permanencia de Claudia Peirano en Educación

La renuncia de Claudia Peirano a la Subsecretaría de Educación, a sólo una semana de ser nombrada y un mes antes de asumir formalmente, fue sorpresiva en términos políticos. Después de los sucesivos respaldos públicos del futuro gobierno, incluido el de la presidenta electa Michelle Bachelet, se esperaba un dique de contención a los múltiples cuestionamientos a su nombramiento que coparon la agenda pública. Sin embargo, los flancos abiertos por su participación en el grupo de colegios con fines de lucro de propiedad de su ex esposo eran más profundos de lo que parecían en un principio. Cuando se revisan los registros públicos del Ministerio de Educación aparece un antecedente que hasta ahora no ha sido mencionado: Peirano era parte de la planta de profesionales contratados por la Agencia de Asistencia Técnico Educativa (ATE) de su ex marido, Walter Oliva, para prestar servicios a sus propios colegios utilizando los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La lógica con que fue creada la Ley SEP es que los alumnos más vulnerables requieren más apoyo para su aprendizaje y por lo tanto los colegios que atienden niños en esa condición reciben una subvención mayor por cada uno de estos estudiantes. Para garantizar que esos fondos se gasten exclusivamente con fines educacionales –en el financiamiento de sus planes de mejoramiento educativo–, la ley estableció muchas restricciones, entre ellas, que la contratación de consultorías profesionales sólo podría realizarse a través de empresas específicamente inscritas en un registro que lleva el Ministerio de Educación (Mineduc). Así nacieron las ATE, aunque muchas funcionaban ya desde antes como consultoras.

Pese a que la Subvención Escolar Preferencial es considerada una buena política educativa, la ley pronto mostró varias debilidades. Algunas fueron modificadas, pero otras han permanecido sin cambios. Entre ellas, una que posibilita que los sostenedores de los colegios creen sus propias ATE para luego autocontratarlas, lo que abre la posibilidad de que obtengan ganancias con fondos públicos a través de los servicios que se prestan a sí mismos a través de empresas relacionadas.

Walter Oliva, ex marido de Claudia Peirano

Fue ese resquicio el que aprovechó el ex esposo de Claudia Peirano, Walter Oliva. Inscribió como ATE a Innovación Tres, una consultora creada el año 2000 con su madre Aurelia Munizaga y su hermano Cristián Oliva Munizaga, quien se retiró de la sociedad dos años más tarde (ver registro del Diario Oficial). Pero en esa ATE también tiene una participación relevante Claudia Peirano: en el registro del Mineduc, el equipo de trabajo de Innovación Tres está compuesto por cuatro profesionales, entre ellos Peirano. La empresa consultora ofrece catorce tipos de servicios y Peirano está a cargo de diez de ellos (ver registro) .

Sólo el servicio de “Reestructuración administrativa y planificaciones y cobertura curricular” registra evaluaciones de quienes la han contratado (doce evaluaciones en total). Entre los directores que trabajaron con ella, las notas oscilan entre 6,7 y  6,9, mientras que entre los sostenedores la nota es invariablemente un 7. Al abrir el cuadro de colegios que han evaluado el trabajo de Peirano en Innovación Tres, se despliegan los nombres de la Escuela Particular Teniente Dagoberto Godoy de La Granja, de la Escuela Básica Teniente Dagoberto Godoy de El Bosque y del Liceo Teniente Dagoberto Godoy N° 3 de Lo Prado. En todos ellos el sostenedor –el que la evalúa con nota 7– es la Sociedad de Colegios Teniente Dagoberto Godoy S.A. y son parte de la Red Crecemos, propiedad de Aurelia Munizaga y su hijo Walter Oliva, el ex marido de Peirano, es decir, los mismos dueños de la ATE que la contrató.

Los otros tres profesionales que prestan servicios para Innovación Tres también presentan un conflicto. Alex Castillo, profesor de Inglés, es el gerente de Gestión Educacional de la Red Crecemos (ver CV)  y la única referencia que presenta en el registro de la ATE es de un colegio de la misma red de Oliva. Una situación similar registra la sicóloga Gabriela Saldías, coordinadora de Gestión de Innovación Tres (ver CV) y de la Red Crecemos (ver página web), y la profesora Paulina Estrada, quien de acuerdo a su CV (ver) es coordinadora académica de Innovación Tres, el mismo cargo que tiene en la Red Crecemos (ver página web).

Un artículo de La Tercera señala que entre 2009 y 2010, Innovación Tres sólo prestó servicios de ATE a los colegios de Oliva, por un total de $165 millones. El sitio del Ministerio de Educación no informa sobre los montos, pero registra consultorías hasta 2013. “No importa este doble vínculo, si está bien fiscalizado y creo que esa es nuestra situación. En la medida que tengamos un trabajo transparente y honesto hacia los alumnos y profesores, no veo preocupación”, dijo en 2012 Oliva a La Tercera.

El mismo artículo, publicado en julio de 2012,  consignaba también el conflicto entre Claudia Peirano y los colegios de Oliva a través de Grupo Educativo, ATE de la que Peirano es socia y que había asesorado a los colegios de su entonces esposo por $26 millones a través de subvenciones SEP. La pareja formalizaría su divorcio a fines de ese año.

LOS FLANCOS DE PEIRANO

Los problemas para Claudia Peirano empezaron pocos días después de su designación, el viernes 24 de enero, cuando artículos de El Mostrador y CIPER mostraron algunos de los vínculos de la nueva subsecretaria con Walter Oliva, quien es considerado un ícono de los empresarios que lucran con la educación particular subvencionada por el Estado. Además, CIPER recordaba la carta enviada a El Mercurio por Peirano y otras personas ligadas al mundo de la educación, en el que se hacía un llamado a priorizar el gasto en educación escolar en vez de ofrecer gratuidad universal en la Educación Superior (ver carta).

Las publicaciones despertaron fuertes críticas de los actuales dirigentes estudiantiles y también de aquellos que saltaron al Congreso, como Gabriel Boric y Camila Vallejo. El golpe mayor lo dio el propio hijo de Peirano, el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Ignacio Oliva, pues mientras ella optó por el silencio y no aclaró si ahora apoyaba la gratuidad en la Educación Superior, el joven señaló: “Es evidente que con la subsecretaria yo tengo un vínculo, es innegable. Sin embargo, hoy en día tenemos roles distintos, estamos en veredas opuestas”.

Valentina Quiroga, la mujer que reemplazará a Peirano en la Subsecretaría de Educación

En la Democracia Cristiana, partido que apoyó su designación, surgían voces críticas, particularmente de la ex ministra de Educación Yasna Provoste, pero el consejo de ese partido optó por darle un espaldarazo al tiempo que la instaba a transparentar sus conflictos de interés. Walter Oliva, quien también es un histórico dirigente DC, optó por guardar silencio, y su posición se veía aún más complicada porque actualmente tiene una relación sentimental con la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón.

El gobierno electo sacó la voz recién el jueves, a través del nuevo ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, y el viernes, con el respaldo del próximo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Como la presión no amainaba, el fin de semana la presidenta electa, Michelle Bachelet, realizó unas inusuales declaraciones desde su casa de veraneo en Caburgua para apoyar a su subsecretaria. Es por eso que causó sorpresa que este martes 4, la única vez que Peirano se decidió a hablar, fuera para renunciar. “He decidido dar un paso al lado y no asumir como subsecretaria el 11 de marzo”, dijo Peirano, luego de ratificar por primera vez que sí estaba de acuerdo con la gratuidad universal propuesta por el programa de Bachelet.

Poco más tarde, se anunciaba su reemplazo por la ingeniera Valentina Quiroga, quien dirigió el equipo que elaboró la propuesta educacional de Bachelet.  Actualmente es directora ejecutiva de la fundación Espacio Público y fue fundadora de la ONG Educación 2020.

EQUIPOS CUESTIONADOS

Aunque durante varias semanas se dijo que el equipo de Bachelet estaba chequeando los perfiles de todas las nuevas autoridades para que estuvieran blindados, los cuestionamientos que sufrió Claudia Peirano dan cuenta de que se descuidaron factores. En este caso, no se calculó el impacto que la señal de su designación tendría en el movimiento estudiantil y tampoco que los lazos de Peirano con Walter Oliva, uno de los íconos del lucro en la educación escolar, abrían un flanco innecesario para la reforma que se pretende impulsar.

Pero Peirano no era el único dolor de cabeza del próximo gobierno. El recién nombrado intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes Tamayo (PS), parece ser una señal de que los chequeos a las nuevas autoridades fueron poco prolijos.  Hace poco más de una semana, el pasado 23 de enero, la fiscalía del Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un duro documento que lleva el nombre de Cartes y que lo responsabiliza de millonarias negligencias en la ejecución de dos contratos viales, donde él actuaba como inspector fiscal: Conservación Periódica Ruta A-45 y Conservación Seguridad Vial Ruta 16.

Mitchel Cartes, futuro intendente de Tarapacá (Fuente: edicioncero.cl)

La investigación de las irregularidades ocurridas cuando Cartes era inspector de las obras comenzó después de su renuncia, y con un grave inconveniente: Cartes se habría llevado el Libro de Obras. Tras reconstruir el cronograma de la ejecución de ambos contratos, el fiscal del MOP a cargo de la indagación administrativa detectó que los dos proyectos partieron con demoras que excedían ampliamente el plazo estipulado en el reglamento, lo que implicaba el cobro de multas a las empresas contratistas o incluso el término anticipado del contrato. Cartes no habría ejecutado ninguna de esas sanciones. El fiscal estableció además, que los estados de pago se habrían realizado sin tener los antecedentes exigidos por la norma, que se aprobaron obras que no eran necesarias, que se evaluaron como Orden de Ejecución Inmediata obras que no correspondían a urgencias y que no existe constancia de antecedentes técnicos topográficos que avalen los volúmenes de las obras, las que fueron canceladas sin que se comprobara su correcta ejecución.

En el sumario, se acusa a Mitchel Cartes de haber quebrantado reiteradamente todos los puntos considerados en las declaraciones del inspector fiscal que acompañan los estados de pago, “provocando con ello cuantiosos daños al patrimonio fiscal”. También se le formulan cargos por mentir para justificar la ampliación de obras en los contratos y así aumentar tanto los plazos como los montos a pagar. En el caso de los trabajos en la Ruta A-45, el precio inicial era $1.251 millones, pero terminó costando casi $340 millones más, es decir, un aumento de 27% respecto al precio original.

“Por todo lo anteriormente expuesto, Mitchel Cartes Tamayo, ha quebrantado sistemáticamente las funciones a él encomendadas. Por lo que amerita las más drásticas sanciones que estima el Estatuto Administrativo, pero a su vez, por el cúmulo de acciones que dañan al patrimonio fiscal y deterioran la imagen y credibilidad del servicio público frente a la sociedad”, dice el documento. Al momento de cerrarse el sumario, Cartes no era funcionario público y por lo tanto no es posible castigarlo, pero si asume en marzo próximo, las eventuales sanciones recobrarán vigencias y comenzará con la hoja de vida funcionaria manchada.

A estos dos casos hay que sumarles el del subsecretario de Bienes Nacionales, Miguel Moreno (PRSD), quien enfrentó una causa por ofensas al pudor en 2011 (ver nota de La Tercera) y algunas historias incómodas para las nuevas autoridades, como la larga huelga que enfrentaba como gerente de una minera el nuevo subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, al momento de ser nombrado (ver reportaje de CIPER), o el sumario administrativo que hace algunos años tuvo en aprietos a la nueva subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría (ver reportaje de CIPER).