Las huellas que dejó el lobby en la Ley de Fármacos

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Este martes 19 de noviembre, mientras el Congreso bullía entre abrazos y comentarios post electorales, en un pasillo del Senado se fraguó un acuerdo político transversal, en la antesala de la sesión de comisión mixta sobre el proyecto de Ley de Fármacos. Una hora más tarde, se aprobó por unanimidad y con la anuencia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, un artículo de alta sensibilidad para la población y que permite cambiar en la farmacia el medicamento recetado por el médico por uno genérico, cuando exista bioequivalencia certificada. Es decir, un fármaco que ofrece garantías de que cumple con las mismas propiedades terapéuticas del de marca, pero que es más barato.

Comisión mixta

Se trataba de un punto trabado en una ley urgente que intenta corregir y regular los graves problemas de acceso a los medicamentos en nuestro país. La discusión se dilató meses, por una disputa económica –con millonarios intereses de por medio– de una industria farmacéutica poderosa, que se resiste a nuevas regulaciones y que se ha volcado a defender sus intereses en el Congreso.

Lo que está en juego es el reordenamiento de un negocio que hoy controla un grupo de farmacias –Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada– con el 95% de las ventas y que en 2012 les generó ingresos por US$1.500 millones. El otro actor del negocio está compuesto por los laboratorios farmacéuticos, un grupo de 60 empresas, diez de las cuales controlan el 47% de los ingresos totales, que en 2013 ascienden a US$1.066 millones, según cifras de IMS Health.

En esta ley hubo tres puntos básicos en juego, aunque no todos lograron sobrevivir a la tramitación legislativa. Primero, se buscaba abrir la competencia para que entren nuevos actores al negocio, como supermercados y otros locales, rompiendo el monopolio de las farmacias en la venta de medicamentos y apostando a una baja en los precios. Segundo, poner atajo a la cadena de incentivos que contamina la relación entre laboratorios, farmacias, médicos  y vendedores, abriendo la venta en góndolas de medicamentos que no requieren receta, sin tener que pasar por un intermediario. Y tercero –muy ligado a lo anterior– es lo que se aprobó en la comisión mixta y que obliga a los médicos a escribir siempre en la receta –además del nombre de fantasía– el nombre genérico que lo identifica por su principio activo en la denominación común internacional, siempre y cuando tenga certificación de bioequivalencia. Una medida de alto impacto para la industria, no sólo para los laboratorios que producen medicamentos de marca con patente o similares, sino también para las farmacias que generan importantes ingresos con la venta de marcas propias.

CIPER investigó cómo han operado las redes del lobby farmacéutico en el Congreso en los últimos tres años, desde que ingresó a trámite el primer proyecto de ley sobre medicamentos. A pesar de que los parlamentarios son reacios a hablar públicamente del tema, finalmente admiten haber sido testigos y objeto de las prácticas y estrategias que utilizan las farmacéuticas, los gremios, las empresas de comunicaciones y el propio gobierno, para imponer sus agendas: reuniones privadas, minutas con indicaciones para votar, llamados telefónicos e incluso agresivas ofertas preelectorales como moneda de cambio.

Quien abrió los fuegos fue el ministro Jaime Mañalich cuando acusó directamente y sin ambigüedades a la industria farmacéutica de ser “el lado oscuro de la fuerza”, utilizando un “lobby gigantesco” en beneficio de sus intereses. Y apuntó, de paso, a parlamentarios coludidos con el sector. La grave acusación, sin precedentes, de la principal autoridad de Salud del país, obligó a reaccionar a los legisladores y catapultó la sospecha del lobby al primer lugar de la tabla.

VELÁSQUEZ: “ME OFRECIERON AYUDA PARA LA CAMPAÑA”

La primera ofensiva del lobby farmacéutico se produjo a fines de 2010 cuando el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, envió a la Cámara un proyecto de ley que permitía vender medicamentos que no requieren receta (OTC por su sigla en inglés “over the counter”) en supermercados, minimarkets y otras tiendas de conveniencia (ver proyecto). Rápidamente, las cadenas farmacéuticas advirtieron allí una amenaza concreta de perder el control de una parte de su negocio al abrirse una puerta para que el retail entrara con fuerza a competir.

Pedro Velasquez, diputado independiente

Para las cadenas de farmacias, los llamados OTC  representan un 25% aproximado de los US$1.500 millones que obtuvieron como ingresos en 2012 por venta de medicamentos, porcentaje que es similar para los laboratorios farmacéuticos (23%). En los últimos cinco años, según el estudio que encargó el Ministerio de Economía –“El mercado de los medicamentos en Chile”, abril de 2013–, la cantidad de unidades vendidas aumentó en un 30% y su precio creció en un 17,3%. En esta categoría se incluyen analgésicos, antiinflamatorios, antigripales, descongestionantes, antihistamínicos y otros productos farmacéuticos que no son medicamentos.

Para quienes conocen el negocio, en este segmento están cifradas las mayores expectativas de crecimiento y de ahí el interés de nuevos actores en entrar a competir. Por eso, las farmacias entraron a la cancha legislativa.

El diputado José Manuel Edwards (RN) fue enfático al describir el lobby: “En ningún otro proyecto de ley me ha tocado sentir tanta presión de los lobbistas de las farmacias como la que sentí respecto de éste. Con ello no estoy diciendo que exista corrupción o algo parecido, pero sí que hubo un lobby escandaloso”.

El diputado independiente Pedro Velásquez reveló a CIPER un episodio que da cuenta de una práctica de lobby frecuente en el Congreso, como lo admitieron otros parlamentarios que no quisieron hablar públicamente. Velásquez –quien fue censurado en 2013 y no pudo asumir la segunda vicepresidencia de la Cámara por tener pendiente una deuda con el municipio de Coquimbo, tras condena por fraude al Fisco– cuenta que, mientras se tramitaba este proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara, una persona le solicitó una reunión en sus oficinas parlamentarias.

–Me pidió audiencia una persona que trabaja en el Congreso para un área de asesoría, una persona que siempre veo tomando notas en distintas comisiones, pero cuyo nombre prefiero no revelar. Lo recibí y me dice que tiene contacto con ejecutivos de una farmacia. “Ellos quisieran conversar contigo para agradecerte por el tema de tu voto, porque has mantenido el voto de no vender medicamentos en los supermercados. Ellos quieren que tú cuentes para cualquier cosa, en el ámbito de la campaña, en lo que tú estimes conveniente. El día de mañana vienen las elecciones y ellos se ponen a disposición tuya”, agregó. Yo le pregunté cuál es el objetivo de ellos. Y su respuesta fue: “que mantengas tu voto”.

El diputado Velásquez se negó a revelar el nombre de la cadena farmacéutica a la que aludía su interlocutor.  El registro indica que en la sesión de la Comisión de Economía en la que se votó el detalle del proyecto, el diputado entró y salió de la sala y sólo votó uno de los artículos: se opuso a abrir el negocio a los supermercados y otras tiendas de conveniencia, en la misma línea de lo que planteaban las cadenas de farmacias.

El parlamentario aclara que su decisión fue previa a la conversación con el emisario de las farmacias: “Le dije a la persona que me pidió la audiencia que yo no necesitaba nada para mi campaña. Y no es que no lo necesite, pero le aclaré que si yo voto así (en contra) es por los pequeños farmacéuticos que se van a ver perjudicados y obligados a cerrar sus puertas si se abre la competencia, y no por favorecer a las cadenas de farmacias”.

Según relata Pedro Velásquez, la conversación no se detuvo ahí:

–Esa persona me preguntó también si había otros diputados que estuvieran indecisos, porque me dijo que había un lobby muy fuerte del gobierno para cambiar los votos y que ya había algunos diputados que se habían dado vuelta. Terminó recomendándome que no fuera a cambiar mi voto por la presión del gobierno.

En esa primera votación y primera prueba de fuerzas, el gobierno consiguió mayoría en la Comisión de Economía para aprobar la venta de medicamentos OTC en supermercados y otros locales afines. Pero se encontró con la primera muralla en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por el férreo rechazo de los diputados Enrique Accorsi (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Manuel Monsalve (PS), Víctor Torres (DC) y la diputada Karla Rubilar (RN), única representante del oficialismo. La llamada “bancada blanca” de los seis diputados médicos se convertiría, a partir de ese momento, en un poderoso dique de contención para frenar la apertura del mercado farmacéutico, usando siempre argumentos médicos para respaldar sus votaciones.

Según un estudio publicado por el Centro de Estudios Horizontal –think tank de la derecha liberal dirigido por Hernán Larraín Matte–, si se aprobara la apertura total del mercado para los medicamentos OTC, se generaría un ahorro para la población de US$50 millones al año en un escenario conservador y US$180 millones en un escenario optimista, producto de la caída en los precios generado por una mayor competencia. En términos concretos, una familia del quintil más pobre ahorraría $1.776 al año en el primer escenario y $6.486 en el mejor de los casos, considerando que destina un 70% de su gasto en salud a la compra de medicamentos.

La insistencia del gobierno en abrir la competencia en el rubro farmacéutico apunta a resolver el grave problema de acceso a medicamentos que hoy padecen las personas más vulnerables que viven en zonas apartadas, marginales y en situación de completo abandono, sin posibilidad de acceder a una farmacia o un servicio de salud (ver reportaje sobre zonas ocupadas).  Datos objetivos avalan sus dichos. Según la Encuesta Nacional de Uso Racional de Medicamentos realizada por el Ministerio de Salud (2011), un 29% de la población compra medicamentos en lugares no autorizados –quioscos, ferias y comercio ambulante–, que no cumplen con las medidas sanitarias ni la fiscalización debida. Y allí compran no sólo medicamentos de uso común, sino también los que se venden bajo receta médica, con los peligros que implica acceder a medicamentos que pueden estar vencidos o en mal estado.

El diputado y médico Juan Luis Castro (PS) no está de acuerdo con liberalizar el mercado: “¿Cómo se va a evitar que las estaciones de servicio, los bares o los restaurantes vendan remedios vencidos? Si el sistema de salud llega a todos los puntos del país, ¿por qué no puede distribuir medicamentos bajo supervisión sanitaria en las postas rurales y consultorios? Con ello se evitaría que cadenas de supermercados como Walmart, Lider o Jumbo lucren con el mercado farmacéutico”.

Los diputados médicos aseguran que el acceso directo a medicamentos en el retail es riesgoso por la automedicación y los peligros de intoxicación, especialmente para menores de edad. Ese argumento es en parte respaldado por el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, quien citó las conclusiones de un estudio realizado por el Centro de Información Toxicológica de la UC (CITUC, del que fue director) en 2012: casi un 60% de las intoxicaciones se debe a la ingesta de medicamentos, con mayor riesgo para los menores de edad en el consumo de OTC y especialmente, en casos de intentos de suicidio. Por eso, alertó sobre la necesidad de que se extremen las medidas de seguridad en los envases y condicione de venta, en caso de que se abra el acceso directo en la venta para estos medicamentos.

Más allá del negocio en juego en el proyecto de ley en trámite, lo cierto es que la regulación del acceso a los medicamentos es clave en un país que exhibe la tasa más baja de farmacias por habitante en América Latina (1 por cada 9.438), con 50 comunas que no tienen ni una farmacia o almacén farmacéutico a la redonda. A ello se suma que el precio de los medicamentos ha subido un 23% en los últimos cinco años, provocando fuerte impacto en la población más vulnerable que destina un 70% de su gasto en salud a comprar medicamentos de primera necesidad.

El alza concertada en los precios entre las tres cadenas principales de farmacias quedó en evidencia con la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en diciembre de 2008 concluyó que hubo un acuerdo para controlar el precio de 222 medicamentos, muchos de ellos para enfermedades crónicas. El Tribunal de la Libre Competencia aplicó la máxima multa (US$ 20 millones) a Cruz Verde y Salcobrand por colusión. A su vez, la Corte Suprema dejó a firme el acuerdo conciliatorio entre la FNE y Farmacias Ahumada, y ratificó las multas a las otras dos cadenas. Está pendiente un recurso interpuesto por el Sernac para indemnizar y compensar a los afectados por la colusión.

FARMACIAS MOVILES ESTRATÉGICAS

José Manuel Edwards, diputado RN

La investigación de CIPER indica que las cadenas farmacéuticas probaron una segunda estrategia para revertir la votación de los diputados que estaban por liberalizar el mercado de la venta de medicamentos. Mientras se discutía el primer proyecto del gobierno en la Comisión de Economía, la cadena Cruz Verde activó –por coincidencia o no– un plan para llevar farmacias móviles a localidades apartadas. La ruta diseñada incluyó la localidad de Hualpín (región de La Araucanía), una de las que representa el diputado José Manuel Edwards (RN), quien debía votar el proyecto en la Comisión de Economía. Fue el mismo Edwards quien después dejó en evidencia el hecho en la sala: “Como diputado por Hualpín, por supuesto que agradezco a la cadena de farmacias que envió una farmacia móvil a la zona, pero quiero expresar que esa no es una solución”.

–Los representantes de Cruz Verde me ofrecieron incluir las localidades que represento en su plan de enviar farmacias móviles a zonas apartadas, las que efectivamente tienen serios problemas de abastecimiento de medicamentos. De hecho, meses después se concretó el servicio en Hualpín, una de las comunas que represento –confirmó a CIPER, el diputado Edwards.

A pesar del beneficio concreto para su comuna, Edwards mantuvo su voto. En el registro de la comisión se observa que votó a favor de todos los artículos que apoyaban ampliar la venta de medicamentos más allá de las farmacias. Luego, en una segunda instancia, cuando se repuso esta idea incorporando el articulo 129C dentro de la ley de fármacos, José Manuel Edwards mantuvo la misma posición.

DIPUTADO TUMA: “HUBO OFRECIMIENTOS CONCRETOS DE CRUZ VERDE”

Joaquín Tuma

Joaquín Tuma (PPD), también integrante de la Comisión de Economía, fue otro  beneficiado por la ruta de farmacias móviles de Cruz Verde en las mismas localidades de la región de La Araucanía que representa Edwards. Pero hubo matices: en el acercamiento del que fue objeto –afirma– nunca le mencionaron las farmacias móviles sino “otros ofrecimientos”:

–Los representantes de Farmacias Cruz Verde me estuvieron pololeando durante muchos meses, hasta que se dieron cuenta de que no iba a modificar mi posición porque primero está el interés de las personas que viven en mi zona y que no tienen acceso a medicamentos –dijo Tuma a CIPER.

Tuma recuerda que “un muchacho que representaba a Cruz Verde, del que no recuerdo su nombre, me visitaba en mi oficina o me abordaba en la cafetería, planteándome que no era bueno que este proyecto se aprobara”

–¿Alguna vez le insinuó ayuda a cambio de que modificara su voto?
–Directamente no, pero indirectamente sí. A uno le ofrecen cosas, pero la verdad es que yo fui muy cortante. No puedo legislar en esas condiciones. No acepto que se me insinúe ese tipo de ayuda, no dinero, pero ofrecimientos de cosas que podrían entusiasmarlo a uno.

–¿Apoyo para su campaña?
–No sé si fue eso, más bien hubo un ofrecimiento de facilitarme las cosas, no en forma personal, sino que eran ofrecimientos para mi comuna. No quiero entrar en más detalle. Pero no se concretó, incluso me ofrecieron conversaciones con ejecutivos de alto nivel, que yo no acepté.

Si se revisa el registro de votaciones, Tuma no sólo votó contra la opinión de las farmacias, sino que fue el único diputado que se desmarcó de la Concertación y se alineó con la Alianza, a favor de abrir la competencia a supermercados y otros.

CIPER intentó tener una versión de Cruz Verde pero no fue posible obtener una respuesta. El diputado Tuma no identificó al emisario de la cadena farmacéutica. La única vía disponible para rastrear el ingreso de asesores o representantes de la industria al Congreso es la nómina de asistentes externos que publican las comisiones de Economía y Salud durante la tramitación del proyecto. Según esos listados oficiales, los representantes de Cruz Verde que asistieron como invitados a la Comisión de Economía son Miguel Celedón, gerente general; Max Huber, gerente de Desarrollo y Claudia Brunaud, abogada del grupo. El gerente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Laso, siguió al detalle los debates y votaciones de las comisiones, pero como público. Laso no es un desconocido entre los parlamentarios: antes ocupó el mismo cargo corporativo en Chiletabacos y desplegó un rol activo a favor de su empleador cuando se discutió la Ley del Tabaco.

Representando a Salcobrand, asistieron Roberto Belloni y Alberto Novoa, gerente General y de Asuntos Corporativos, respectivamente; y Sandra Kemp, quien inicialmente se identificó como abogada de la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, y luego asumiría como abogada oficial de Salcobrand.

De acuerdo a esos listados, Farmacias Ahumada fue menos activa, aunque en una oportunidad asistieron los abogados Josefina Court S. y Benjamín Mordoj H., del estudio Ferrada-Neghme. Según explicaron a Ciper, asistieron en representación de los ejecutivos, como parte de una asesoría puntual que ya no realizan. En representación de las tiendas de conveniencia y estaciones de servicios, asistió la abogada Tamara López, quien –al igual que Luis Fernando Laso– tuvo activa participación en la Ley de Tabacos, representando entonces a Chiletabacos.

El primer proyecto que abría a los supermercados la entrada al negocio no pasó la prueba de la Sala en la Cámara y naufragó en la sesión del 8 de agosto de 2012. Los ministros presentes sacaron cuentas de los votos y ante el inminente rechazo de la iniciativa, minutos antes de que se votara, el entonces ministro de Economía Pablo Longueira anunció el retiro del proyecto.

Fue una primera derrota que golpeó al ministro de Salud. Cinco meses más tarde, el gobierno volvió a la carga, incorporando esta idea dentro del proyecto conocido como Ley de Fármacos y que está a punto de convertirse en ley. Pero la venta abierta en supermercados no pasó la prueba, y se rechazó una vez más.

EN SUS MARCAS…WALMART Y LOS SUPERMERCADOS

En esos meses, las cadenas de farmacias ya comenzaron a generar más puntos de venta, en caso de que se aprobara la venta de medicamentos en el retail. Salcobrand, controlada por Empresas Yarur S.A., adquirió el control de la cadena de perfumerías Preunic en abril de 2012 –en plena tramitación del proyecto de fármacos– lo que da un total de 410 locales en su negocio. Cruz Verde, controlada por Guillermo Harding, hizo lo propio a fines de 2011, cuando compró la cadena de perfumerías Maicao, a través de la matriz Socofar.

Las tres cadenas de farmacias tienen laboratorios integrados verticalmente, es decir, participan de la propiedad o están asociados a través de un tercero para la producción de marcas propias. Cruz Verde y el laboratorio Mintlab son filiales de la Sociedad Comercial Farmacéutica S.A (Socofar), una de las grandes distribuidoras de medicamentos del mercado; Farmacias Salcobrand S.A., los laboratorios Productos Farmacéuticos Medipharm Ltda. y Farmacéuticas Medcell Ltda., son filiales de empresas Yarur S.A.; y laboratorios FASA S.A. son filiales de Farmacias Ahumada S.A. En conjunto, las tres cadenas cubren el 60% de los locales de farmacias que hay en el país (2.659), pero lo relevante es el control sobre las ventas totales: el 95% de acuerdo a un estudio de ese mercado que publicó el Ministerio de Economía en abril de 2013, con un crecimiento en las ventas de un 34,1%, entre 2008 y 2013.

Hasta ahora, los senadores de la Alianza han cerrado filas para rechazar  la regulación de la integración vertical de laboratorios y farmacias. Un rechazo que se impuso finalmente cuando un informe de dos abogados constitucionalistas (Patricio Zapata y José Luis Guzmán) estimó suficiente la existencia de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal para la Libre Competencia para evitar abusos.

El gremio de los supermercados, también parte interesado en cómo resultaría esta ley, no se quedó atrás durante su trámite en el Congreso. Si se abriera la posibilidad de entrar al negocio farmacéutico –con la venta de OTC– podrían participar de un mercado que hoy es pequeño para la cantidad de actores, pero que tiene opciones de expandirse. Algunos parlamentarios reconocieron a CIPER haber recibido contactos informales de ese sector, pero más discretos que las cadenas de farmacias.

En el Congreso y a diferencia de las farmacias, que actuaron por separado, las grandes cadenas –Jumbo, Santa Isabel, Walmart y Unimarc (SMU)– estuvieron representadas en lo formal por Susana Carey, presidente de la Asociación Gremial de Supermercados (ASECH). Sólo en una oportunidad Carey expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, acompañada por el asesor comunicacional del gremio, Juan Pablo Moreno, periodista y socio de la empresa de comunicaciones estratégicas Vanguardia Comunicaciones. Sobrino de Jaime Guzmán, fue asesor de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago y ha participado en el diseño de campañas estratégicas para este partido.

Susana Carey expuso sobre las bondades de abrir la cancha en el negocio de medicamentos OTC apelando a la mayor competencia, transparencia de precios y mayor acceso. Y se apuró en aclarar que este “no es el proyecto de los supermercados”, porque el mercado de los medicamentos OTC representa sólo un 0,3% del total de ventas anuales del rubro, que alcanza a los US$15.300 millones anuales. El interés en participar de este negocio no está, por tanto, en los volúmenes de venta, sino en abrir una nueva ventana para atraer más clientes a los supermercados, como dijo a CIPER un ejecutivo del rubro.

De los gigantes de esta área, Walmart es el que representa la mayor amenaza para el mundo farmacéutico. Esa cadena tiene experiencia en la venta de medicamentos OTC en su matriz de Estados Unidos, con marcas propias elaboradas en laboratorios integrados verticalmente. Precisamente Walmart fue el centro de la acusación que hizo la diputada (PPD) Cristina Girardi al rechazar el proyecto: “Al parecer el Estado sí está muy dispuesto a entregar un nuevo nicho de negocios, por ejemplo, a la cadena Walmart, que ha estado presionando para que se apruebe la iniciativa. Eso es lo que pretende el proyecto”. Lo mismo hizo el diputado (PRSD) Alberto Robles: “La falsa disyuntiva según la cual da lo mismo dónde comprar medicamentos ha sido inspirada por las intenciones comerciales de los laboratorios, de la gente del retail y de Walmart, que acaba de llegar al país”. Mañalich replica: “Nada de eso. Esto no es más que la urgencia por facilitar el mejor acceso de las personas a más y más baratos medicamentos”.

Walmart ha dado señales concretas de interés en el negocio. Entre abril de 2009 y fines de 2010, el Diario Oficial registra a lo menos doce nuevas marcas comerciales a nombre de Wal-mart Stores Inc. en el rubro de productos OTC, bajo la marcas Equate, Member´s Mark y Parent´s Choice. En cuanto a Cencosud, a través de las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, registra en octubre 2013 una inscripción para productos farmacéuticos, higiénicos y sanitarios de uso médico, con la marca 4Allpeople.Por ahora, el retail de Horst Paulmann no tiene laboratorios asociados ni experiencia en productos OTC. En cuanto a la cadena Unimarc, a través de la sociedad SR Inmobiliaria S.A. inscribió en 2009 la marca Unimark, para productos farmacéuticos, veterinarios y artículos higiénicos para la medicina.

El gobierno insistió por todos los conductos regulares para que el Congreso aprobara la venta de medicamentos OTC fuera de las farmacias, en supermercados y otros locales. Sin embargo, la negativa fue rotunda y reiterada. Sólo queda la opción de un veto aditivo por parte del Presidente. Sin embargo, en el gobierno dijeron a CIPER que lo más probable es que se deseche la opción, porque el veto requiere de una mayoría en ambas cámaras que el oficialismo no tiene. En esta oportunidad, privilegiarían promulgar la ley lo antes posible, de modo que lleve la firma del presidente Sebastián Piñera.