Los dineros de la Corporación Cultural de Providencia: el hoyo negro de la administración de Labbé

Osvaldo Rivera Riffo podía mirarse la jornada completa si así lo quería. Podía hacerlo para ajustar sus corbatas o pañuelos de diseño italiano. O para acomodarse las colleras y entallarse el traje. O, simplemente, por el gusto de mirarse. Lo hacía en el imponente espejo de ancho marco dorado que daba a su oficina un toque de palacio francés. Un espejo señorial, de esos que ocupan la pared desde el piso al techo, ubicado justo frente al amplio escritorio que Rivera utilizó en los últimos diez años. En ese despacho alhajado con alfombras persas y una fina araña de cristal, Rivera administró generosos fondos destinados a actividades culturales. Lo hizo por encargo de un camarada de antiguas trincheras: el entonces alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Lo hizo con recursos municipales que llegaron a sumar más de mil millones de pesos anuales. Y lo hizo hasta abril de este año, cuando la nueva alcaldesa Josefa Errázuriz le cerró la llave de los fondos. Pero Rivera se las ingenió para que ella le entregara otros $494 millones, suma que le permitió beneficiarse con una última tajada de dinero público.

El Palacio Schacht, un edificio neoclásico que se hizo construir un cónsul honorario de Alemania, fue un segundo hogar para Rivera Riffo. Allí, en el segundo piso del inmueble signado con el 1.995 de avenida 11 de septiembre, estaba su despacho. De la amplia oficina ya han sido retirados sus efectos personales, entre ellos una foto de Augusto Pinochet enmarcada en plata. Sobre el escritorio solo quedan dos tarjeteros. En ellos, como testimonio de un pasado esplendor, hay cinco tipos diferentes de tarjetas de presentación que acreditaban a Osvaldo Rivera Riffo como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia y director del Instituto Cultural de Providencia, los dos cargos que ostentó en paralelo desde 2001 hasta el pasado abril.

En el palacio que albergó al Instituto Cultural y a la Corporación Cultural de Providencia hoy reina el silencio. Solo se escucha el taconear de los tres turnos de guardias que pasan sus horas lentamente y que poco conocen de las exposiciones y recepciones que ahí se montaron en la última década. Y menos de las fiestas para los íntimos del director que terminaban a altas horas de la madrugada. Retazos de la historia de lo que ahí sucedía y que daba vida a esos salones se la llevaron la treintena de subalternos que Rivera Riffo despidió el 4 de marzo pasado.

Esa oleada de finiquitos fue el punto final de un verano tormentoso. A comienzos de este año, la nueva alcaldesa resolvió no traspasar a la Corporación Cultural de Providencia los $848 millones, provenientes del presupuesto municipal, que financiarían su gestión 2013. Esos fondos habían sido autorizados por Cristián Labbé, con el acuerdo del concejo municipal, en una de sus últimas actuaciones como alcalde antes de entrar a la campaña en que finalmente fue derrotado.

La nueva administración reparó en que todos los años Labbé traspasaba cientos de millones de pesos que Rivera Riffo rendía con boletas y facturas que la contraloría municipal visaba sin acreditar que el dinero se hubiese gastado en lo que se declaraba. Además, como la corporación es una entidad privada, el municipio era apenas uno más de sus 151 socios, por lo que, a pesar de ser su principal financista, tenía cero control sobre los gastos. Así lo refrendó un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 4 de abril de este año, que auditó la rendición de los gastos 2012 de la corporación. Ese informe dejó en evidencia que la contraloría municipal había validado desembolsos que no estaban respaldados.

Desde 1996 -cuando Labbé asumió su primer periodo como alcalde- hasta este año, la Municipalidad de Providencia traspasó un total cercano a $13 mil millones a la corporación cultural. Una cifra que es equivalente al presupuesto anual de comunas como Cerro Navia, Conchalí y San Miguel (vea los aportes municipales a la corporación desde 1996 a 2013, según datos de la contraloría municipal).

La decisión de la alcaldesa Errázuriz de cortarle la sal y el agua a la corporación, desató una guerrilla. Rivera Riffo se atrincheró durante el último verano en el palacio Schacht y exigió que le entregaran los $848 millones, argumentando que ese monto había sido aprobado conforme a las normas por la alcaldía de Labbé y su Concejo Municipal. Josefa Errázuriz se negó a ceder y todo hacía presagiar que el round tomaría el largo camino de los tribunales.

Para Rivera Riffo la situación era apremiante. No podía sentarse a esperar la sentencia de un tribunal. Debía pagar sueldos de los funcionarios de la corporación y cancelar deudas que arrastraba desde el 2012, por el montaje de exposiciones y el Festival de Jazz. En la primera semana de marzo, apurado por las obligaciones y sin los recursos del municipio, finiquitó a todos los trabajadores sin pagar indemnizaciones. La mayoría lo denunció a la Dirección del Trabajo.

Finalmente, la alcaldesa, con el aval del Concejo Municipal, accedió el 9 de abril a entregarle $494 millones. El acuerdo se hizo con una condición: el dinero se utilizaría para pagar en primer lugar las indemnizaciones de los trabajadores. Y como Rivera y su segundo al mando -el gerente general de la corporación, Juan Antonio Bolumburu- no habían sido despedidos, no debían cobrar finiquito. A la fecha del acuerdo, la corporación -aunque dejaba de percibir los recursos municipales- seguía teniendo vida legal y tanto Rivera como Bolumburu se mantenían a su cabeza (vea una copia del acuerdo).

Para sorpresa de muchos, Rivera Riffo fue uno de los primeros que cobró indemnización. Y se pagó $22,6 millones. Para el resto de los trabajadores la situación fue distinta: no cobraron porque reclamaron que se les ofreció menos de lo que les correspondía por ley y recurrieron a la justicia.

Para graficar el estupendo empleo que tenían Rivera y Bolumburu, basta con señalar que, al menos en los últimos tres años, los sueldos de ambos sumaban el equivalente a un 15% del monto anual que entregaba el municipio a la corporación. Según cifras aportadas a CIPER por el contralor de la municipalidad, Guillermo Risopatrón, Rivera Riffo recibía $8.129.000 mensuales y Bolumburu, $4.450.000.  Juntos, sus sueldos sumaban más de la mitad del dinero que mensualmente se destinaba a pagar la nómina de los 27 trabajadores de la Corporación: Rivera y Bolumburu ganaban, en conjunto, más de $12,5 millones, mientras el resto se repartía $19,4 millones (vea la planilla de honorarios y sueldos 2012 de la corporación).

SOLDADO DE LA CAUSA

Osvaldo Rivera Riffo es ingeniero agrónomo y se desempeñó como vicerrector de asuntos académicos en la Universidad de Talca hasta 1983. En marzo de ese año asumió como titular de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). En ese puesto se encargó de restringir la publicación de noticias contrarias a los principios del régimen militar. En una entrevista difundida el domingo 2 de diciembre de 1984 por Las Ultimas Noticias, definía su tarea en Dinacos como la de un “soldado de la causa”. Poco después ocupó el puesto de director general de Televisión Nacional. En su primera entrevista como tal, publicada por La Segunda el 21 de febrero de 1985, dejó en claro cuáles iban a ser sus principios programáticos: “Va a desaparecer el terror, la violencia, todo lo que tenga contenido diabólico”.

Rivera no alcanzó a estar más de un año en TVN. Con la misma rapidez con que había irrumpido en la esfera pública un par de años antes, su figura desapareció en el último lustro del régimen militar. Según relató a CIPER un amigo de Rivera, quien pidió la reserva de su nombre, al ex director de Dinacos le gustaba contar que en ese periodo ofició como espía: “Siempre me contaba sus historias de espionaje en Argentina, Uruguay y Brasil. Contaba que vivía disfrazándose, viviendo en los mejores hoteles, como empresario chileno, pagado por el gobierno”.

La misma fuente relata que a mediados de los ‘90, Rivera tenía decidido radicarse en Paraguay. En 1996 estaba embarcado en un proyecto para abrir un restaurante en Asunción, cuando el coronel (r) y ex ministro de Augusto Pinochet, Cristian Labbé Galilea (UDI), se convirtió en alcalde de Providencia. Labbé invitó a Rivera a trabajar con él.

Al asumir como alcalde, Labbé ocupó la presidencia de la Corporación Cultural de Providencia, una entidad privada que desde 1994, gracias a un convenio con la municipalidad, gestionaba todas las actividades culturales de la comuna con aporte financiero del municipio. De esta forma, Labbé figuraba a los dos lados del mesón: como alcalde proponía y aprobaba, con el concurso del concejo municipal, los fondos públicos que se destinaban a la corporación; al mismo tiempo, como presidente de la corporación, recibía ese mismo monto y definía junto a Rivera en qué se gastaba. Labbé rechazó hablar con CIPER sobre su rol en la corporación y su relación con Rivera.

Para el sensible cargo de director del Instituto Cultural de Providencia (ICP), dependiente de la corporación, Labbé nombró a Osvaldo Rivera Riffo, quien quedó encargado de llevar la gestión y producción de eventos de una institución con un presupuesto millonario.

Para ejecutar el gasto, Rivera requería el visto bueno de Enrique Solanich Sotomayor, quien oficiaba como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia. La relación entre ambos fue tensa. Solanich había sido nombrado en 1994, bajo la alcaldía de Carmen Grez. Era profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y tenía un magister en Teoría e Historia del Arte.

-Mi gestión, desde el inicio, fue procurar que fundamentalmente hubiera personas formadas en arte y cultura, avaladas por estudios que así lo indicaran. Fui contratando a personas que no solo tuvieran interés en el arte, sino que estuvieran respaldados por estudios -comentó Solanich a CIPER. Rivera Riffo, no calzaba con ese perfil.

Solanich cuenta que bajo su administración las subvenciones que recibía el Instituto Cultural, entonces dirigido por Rivera, se concedían por ítem y asociadas a un gasto específico. Y esos dineros, dice, pasaban por una exhaustiva fiscalización de la Contraloría Municipal: “Trimestralmente debíamos rendir los fondos municipales y estábamos sujetos a un riguroso control. Por ejemplo, los presupuestos los debíamos presentar por triplicado y justificar cuándo y por qué habíamos escogido uno y descartado otro”.

En abril de 2001 el alcalde Labbé le pidió la renuncia a Solanich: “Estoy satisfecho con tu gestión, pero quiero entregar tu cargo a una persona de mi confianza, me dijo el alcalde. Ahí, Osvaldo Rivera Riffo pasó a ser director del Instituto Cultural de Providencia y, al mismo tiempo, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural”, relata Solanich.

Así, desde 2001, Rivera controló todos los gastos de la gestión cultural de Providencia. Y su presupuesto fue incrementado pues a partir de 2002, la subvención municipal pasó de $511 millones a $664 millones. El aumento no pararía, hasta alcanzar un techo de $1.068 millones en 2012.

-Con la renuncia de Enrique Solanich, Osvaldo Rivera tuvo el camino llano, ya que se entendía directamente con el alcalde. Enrique se había transformado en el primer obstáculo de Osvaldo para no desordenarse con las platas. Enrique, siempre que tenía dudas (respecto de si correspondía hacer un gasto), pedía autorizaciones al Consejo Municipal, lo que molestaba mucho a Osvaldo, porque, según él, era una burocracia innecesaria -comenta un funcionario que trabajó con ambos.

La gota que colmó el vaso de la discordia cayó a propósito de una exposición de Andy Warhol y otra de Man Ray, ambas programadas para 2001. Según cuentan los ex empleados de la corporación, Solanich estimó que debía consultarse al Concejo Municipal si se justificaba el gasto que Rivera quería asignar a esos eventos. Poco después de ese cuestionamiento a la gestión de Rivera, Labbé le pidió la renuncia a Solanich.

La controversia quedó registrada en dos cartas escritas por Rivera en septiembre de 2000, dirigidas a Labbé y a Solanich, donde defiende su decisión de gastar US$33 mil en la exposición de Warhol y US$31.800 en la de Man Ray. CIPER tuvo acceso a estos documentos por intermedio de un estrecho ex colaborador de Rivera.

No fue la única controversia ni la más sensible que enfrentó Rivera en esos meses. Poco antes, en agosto de 2000, una auditoría municipal cuestionó la pertinencia de diversos gastos de la corporación y, particularmente, de los ingresos de Rivera. La respuesta de Rivera está en una carta que le dirigió al alcalde Labbé y a la que CIPER tuvo acceso: “Cristián me cuesta mucho entender que el modesto sueldo que gano en esta corporación sea cuestionado en este informe por un ‘pelafustán de cuarta categoría’ perteneciente al Departamento de Control de la Municipalidad de Providencia (…). Tampoco entiendo que se haya hecho un informe con un criterio municipal estatal a una corporación que en derecho es privada y de la cual los proyectos cuestionados sean aquellos en los que tú estás directamente involucrado (Fiesta Dieciochera y Música en el Parque Bustamante)”.

A pesar de los cuestionamientos a la gestión de Rivera y a sus ingresos, Labbé decidió nombrarlo en la vicepresidencia ejecutiva de la corporación, en desmedro de Solanich. De esta forma, Rivera reunió en sus manos todo el poder para decidir los gastos de la corporación. El alcalde Labbé le entregó esta facultad sabiendo, como lo acreditan las cartas ya citadas, que Rivera rechazaba que la corporación fuese auditada por la municipalidad, bajo el argumento de que se trataba de una entidad privada, y que calificaba de “pelafustanes” a los funcionarios que debían controlar su gestión financiera.

INGRESOS NO DECLARADOS

Además de la subvención anual directa, la corporación gozaba de otro aporte de la Municipalidad de Providencia que le permitía recaudar dinero. El municipio le había cedido cuatro importantes inmuebles en comodato: Instituto Cultural (avenida 11 de Septiembre 1.995); Museo Tajamar (avenida Providencia 222); Sala Parque de las Esculturas (avenida Santa María 2.205) y Centro Cultural Montecarmelo (Bellavista 0594). El arriendo de estos bienes patrimoniales para eventos y fiestas privadas le generaba a Rivera ingresos sobre los cuales la municipalidad no tenía ningún control. Lo mismo ocurría con las donaciones de empresas y particulares que Rivera gestionaba por su cuenta.

-Aparte de las platas que nos entregaba el municipio, Osvaldo Rivera empezó a pedir platas por fuera, lo que estaba bien. El problema es que solicitaba platas o arrendaba a empresas las instalaciones y los cobraba a nombre propio, no del instituto. Esto se comenzó a saber y fue una de las razones por las que Solanich lo molestaba -comenta un antiguo colaborador de Rivera en la corporación.

Una de las operaciones cuestionadas fue un contrato de arriendo del Parque de las Esculturas en marzo de 2000, por $3 millones, monto que la empresa Memory Producciones le pagó a Rivera. En abril del mismo año, Rivera extendió un recibo sin logo del Instituto Cultural tras recibir una donación de $2 millones. También se le cuestionó un canje con el Hotel Neruda, valorizado en $1,3 millón. El hotel puso su logo en los catálogos de las exposiciones y en la sede del Instituto Cultural colocó un pendón del gimnasio Body Care. A cambio, cedió los servicios del gimnasio por un año, los que podían ser usados sólo por Rivera, su sobrino Gerardo Rivera Ugalde y el relacionador público del instituto, Cristián Hurtado Salas.

René Silva fue director del Centro Cultural Montecarmelo, dependiente de la corporación cultural, hasta 2006. Ese año selló su salida del cargo, dijo a CIPER, cuando se negó a firmar un documento que justificaba un pago que jamás se realizó. Días después de la presentación del grupo de flamenco del Estadio Español en el Montecarmelo, Silva recibió una boleta, enviada por Rivera, que debía firmar. Era el comprobante por un pago supuestamente cancelado al elenco del Estadio Español. El problema era que el grupo había actuado gratis.

-El comprobante era por una suma de varios millones que nunca se pagó al grupo de flamenco. Así que le exigí que quitara mi firma de esa boleta, lo que hizo, pero poco después terminé siendo echado de Montecarmelo, sin mayores explicaciones –contó Silva a CIPER.

Otra situación que, a juicio de Silva, motivó su salida, ocurrió después de que firmó un acuerdo con el restaurante El Origen para que se instalara en Montecarmelo:

-Ellos pagaban un arriendo y daban almuerzo al personal que trabajaba conmigo. Ese pago lo recibía la corporación. Un domingo teníamos un acto para niños y se presentó el alcalde Labbé. Después de una corta conversación sobre las actividades que estábamos realizando, me pregunta: “Oye, ¿y cómo vas tú en la parada del arriendo del restaurante?”. Para mí fue una ofensa y le respondí que no trabajaba así.

El uso irregular de boletas para justificar gastos ante la Municipalidad de Providencia que describe René Silva, fue una práctica que perduró hasta el final. Así lo comprobó CIPER al revisar las rendiciones de gastos de 2011 y 2012, aceptadas por la contraloría del municipio. En estos legajos figuran varias boletas electrónicas a nombre de Daniela Lagos, todas por $150.000 que se pagaron por servicios de iluminación en diferentes exposiciones o espacios administrados por la corporación. CIPER contactó a dos de los auxiliares de la corporación que se encargaban de la iluminación en las exposiciones, los que negaron conocer a Daniela Lagos y confirmaron que nunca se arrendaron materiales por este concepto, ya que contaban con focos y equipos propios, los que instalaban ellos mismos.

CIPER se comunicó con Daniela Lagos, quién dijo que había trabajado un tiempo en Montecarmelo como iluminadora en una obra de teatro, y reconoció que lo que en realidad hacía era entregar boletas a pedido de funcionarios de la corporación, pero sin haber prestado los servicios. Por cada boleta, admitió, se quedaba con el 10% del impuesto que devuelve el SII.

A Patricia González, una de las funcionarias más antiguas de la corporación, le sorprendieron tres facturas presentadas en la rendición de gastos 2012. Los documentos suman $58.219.920 por poner luminarias en el Parque de las Esculturas. La factura 043 corresponde a un pago de $10, 8 millones (IVA incluido) por la instalación de 12 luminarias. El monto de cada una de las dos facturas restantes (049 y 052) es de $21.677.040, pero la primera fue por colocar 60 luminarias y la otra por poner apenas 24 (ver facturas). “Recuerdo que lo que se hizo fue un trabajo rápido, donde se colocaron unas ampolletas. De verdad, me asombran los montos”, comenta Patricia González.

CIPER consultó a la Contraloría Municipal de Providencia por estas facturas. La respuesta fue que los montos para ejecutar esos gastos los presentó el ex alcalde Labbé y los aprobó el Concejo Municipal. Los funcionarios sólo revisaron que las facturas se ajustaran al monto aprobado, que sumaba un total de $99 millones y que, además de la iluminación, contemplaba una caseta para un café literario (ver documento).

Uno de los contralores internos señaló: «no teníamos cómo adivinar si falsificaban gastos o no. Y cuando detectábamos alguna boleta que era de un gasto que no correspondía, la devolvíamos. Recuerdo una vez que presentaron unas boletas de reparación de una casa que no era ni de la corporación ni de la municipalidad. Se las devolvimos. Y ellos volvían a presentar boletas nuevas que sí estaban dentro de los gastos para los cuales se destinaba la subvención».

Patricia González trabajó 11 años en la corporación. Dice que llegó a estimar a Rivera y que le obedecía incluso cuando le pedía cosas que ella no compartía, como duplicar, triplicar y hasta quintuplicar las cifras de asistentes a las exposiciones y talleres:

-Yo le entregaba una cifra de la asistencia a los talleres y habían venido, suponte, unas 20 personas al mes. Y él me decía: «Patricia tú debes contar todas las veces que esas personas entran y salen del instituto». Por lo que al siguiente mes esas personas se habían transformado en 40, ya que debía contarlas cuando llegaban y cuando se iban. Para talleres en los que no se anotaba nadie, llamaba a su hermana, Cecilia Rivera, que trabajaba en la municipalidad con adultos mayores, y le decía que tenía que conseguirse tantas personas. Después, Rivera las becaba y así los talleres estaban completos. Yo soy ingeniera, por lo que estas cosas no me cuadraban.

Otro de los funcionarios que trabajó con Rivera es Manuel Fuentes. Estuvo encargado de las comunicaciones y relata un episodio que, a su juicio, retrata el tipo de liderazgo que ejercía Rivera: “Él domingo 30 de septiembre de 2007, cuando Osvaldo Rivera estaba en Turquía, salió una entrevista en Emol sobre los planes de la corporación. La entrevista la dio Juan Antonio Bolumburu y no lo mencionó (a Rivera). Al día siguiente, Rivera me mandó un correo tirándome las orejas. Mi misión, encargada por él, era que apareciéramos en los medios con las actividades culturales. Pero, ahí entendí que lo más importante era que él apareciera” (vea el correo).

LA DERROTA

Fue a mediados de septiembre del año pasado cuando se conocieron las primeras encuestas que indicaban que esta vez la elección del alcalde de Providencia no sería coser y cantar para el abanderado de la derecha. Cristián Labbé había ganado con holgura las últimas cuatro elecciones (1996, 2000, 2004 y 2008), pero el sondeo realizado por MORI arrojó un empate estadístico: 47% a favor de Labbé y 45% para la abanderada opositora, Josefa Errázuriz. Los ex empleados de la corporación dicen que en esos días Rivera comenzó a preocuparse por el futuro.

-Yo era la encargada de la agenda de eventos y de la noche a la mañana tuve que adelantar uno que estaba programado para un mes más tarde, solo para que le sirviera de campaña al alcalde. Fue una locura. Era la inauguración de la escultura monumental «Altazor», en homenaje a la obra de Vicente Huidobro. Había que hacer una placa y nadie me la podía fabricar por el poco tiempo del que disponíamos. Al final lo conseguimos y se hizo todo en cuatro días -cuenta Patricia González (vea la invitación al evento).

La inauguración se hizo el domingo 23, solo tres días antes de que se dieran a conocer públicamente los resultados de la encuesta MORI.

El ex encargado de las relaciones públicas del Instituto Cultural, Andrés Martínez, reconoce que con dinero de la corporación se arrendó un camión tipo “tres cuartos” que se guardaba en su casa y que se usó para apoyar la campaña de Labbé. Todas las mañanas los empleados del instituto Rodrigo Contreras, Juan Villagra, Alex Mosquera y Danilo Aspee, recorrían la comuna en el camión instalando “palomas” de Labbé y de otros candidatos a concejales de la UDI. Por las noches las recogían y llevaban el camión a casa de Martínez.

La intervención de los empleados de la corporación en la campaña electoral había comenzado mucho antes. El 3 de agosto, cuando faltaban dos meses para que se iniciara formalmente el periodo de campaña, el gerente general de la corporación, Juan Antonio Bolumburu, recibió pasada la medianoche un correo electrónico enviado por un caricaturista: “Hola, don Osvaldo (Rivera) me pidió que te enviara esta caricatura”, decía el mensaje. En archivo adjunto iba un dibujo en el que aparecía la candidata opositora Josefa Errázuriz con cuerpo de lobo y vestida con piel de cordero. Montada sobre ella aparecía el concejal PPD Rodrigo García Márquez enarbolando una bandera roja con la hoz y el martillo.

Bolumburu, reenvío el dibujo a la oficina de prensa de la corporación. Ahí se realizó una reunión reservada, en la que participó Rivera, Bolumburu y una tercera persona. Analizaron la caricatura y resolvieron pedir un cambio: que el concejal no apareciera sobre la candidata Errázuriz. En la noche del mismo 3 de agosto, Bolumburu recibió, también por correo, la caricatura modificada. La idea, según contó un ex funcionario de la corporación que fue testigo de este episodio, era “viralizar” el dibujo, enviándolo desde una dirección de correo electrónico anónima a todos los contactos del Instituto Cultural y de la misma corporación (vea los correos que recibió Bolumburu).

En las elecciones del domingo 28 de octubre, Rivera pasó la tarde en el comando de Labbé. Lo acompañaban su hermana Cecilia y tres funcionarios de la corporación. Uno de los que estaba en ese grupo dijo a CIPER que cuando se confirmó la derrota, “Rivera se llevó las manos a la cabeza y dijo que sin la ayuda de Labbé era muy difícil mantener los estándares. Se le vino el mundo encima. Comentó que si la nueva alcaldesa no aceptaba presidir el directorio (de la corporación) en las mismas condiciones que Labbé, iba a tener que renunciar”.

La misma persona, que ocupaba un cargo directivo en el Instituto Cultural de Providencia, cuenta que un mes después Rivera ya no pensaba en renunciar y decía que sólo daría un paso al lado a cambio de una buena indemnización: “Yo le dije que si no renunciaba podía poner en riesgo a los 30 trabajadores. No me respondió. Sentí que le hablé al aire. Ya había escuchado que él, junto a Juan Jorge Lazo (asesor jurídico de la corporación), estaba preparando la estrategia para luchar por los $800 millones. Para presionar iban a echar a todos los trabajadores, diciendo que como la municipalidad no les había pasado el dinero comprometido, se veían obligados a despedirlos. En los primeros días de marzo se empezaron a despachar las cartas a los trabajadores” (Vea una de esas cartas).

LA NEGOCIACIÓN

El martes 25 de septiembre del año pasado, la sesión Nº 162 del Concejo Municipal fue especial. Era la última que presidiría Cristián Labbé antes de retirarse para trabajar en su campaña a la reelección. Ese hito no pudo tener mejor marco: Labbé inició la reunión informando que la municipalidad había obtenido el Premio Iberoamericano a la Calidad. Según consta en el acta, el alcalde informó que el premio “es entregado por el Rey de España al Presidente de la República”. Después se conocería que el premio no lo entregaba ni el rey ni el gobierno español, sino una institución representativa de los 17 países de la comunidad iberoamericana, como lo aclaró la embajada hispana.

En la misma sesión, tras las congratulaciones por el galardón, Labbé presentó los documentos para otorgar en 2013 una subvención del orden de $900 millones a la corporación.

La proposición de Labbé fue aprobada el 27 de noviembre, en la sesión Nº 168 del Concejo Municipal, justo un mes después de la derrota del ex alcalde. Una curiosa coincidencia enmarcó la jornada. Al inicio de la reunión se informó que esa misma mañana se había entregado al municipio el Premio Iberoamericano a la Calidad en la embajada de Chile en España. No estuvo ni el rey ni el Presidente Sebastián Piñera, como lo había informado Labbé dos meses antes. De hecho, ni siquiera asistió Labbé. El galardón fue recibido por una pequeña delegación de tres funcionarios municipales.

Fue en esa sesión del concejo, apenas una semana antes de que Josefa Errázuriz asumiera la alcaldía, que se aprobó una subvención de $848.161.000 para la corporación. El único que votó en contra fue el concejal Rodrigo García Márquez (PPD) (vea el acta de la sesión).

Recién instalada en la alcaldía, Josefa Errazuriz solicitó un informe sobre el presupuesto comunal y las principales subvenciones municipales. En ese proceso se encontró con la confirmación de que la municipalidad no tenía injerencia en la gestión de la corporación cultural, por ser una entidad de derecho privado. Incluso, en septiembre de 2012, la corporación se había opuesto, bajo el mismo argumento, a ser fiscalizada por la Contraloría General de la República.

Las nuevas autoridades consultaron directamente a la corporación qué papel tenía el municipio en su proceso de toma de decisiones. La respuesta fue un certificado enviado por el gerente Bolumburu, que confirmó que la municipalidad tenía la misma injerencia que cualquier otro socio en la gestión de la entidad (vea el documento).

La corporación, se informó a la alcaldesa, es una persona jurídica sin fines de lucro, regulada por las normas del Código Civil. Con ese marco legal, la única obligación de “transparencia” que debe cumplir en relación a su administración es entregar anualmente su Memoria y Balance al Ministerio de Justicia, pero esos documentos sólo contienen descripciones genéricas de ingresos y gastos, presentadas en cuentas no sometidas a auditorías o controles externos (vea las Memorias y Balances de la corporación entregadas al Ministerio de Justicia en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011).

-Nos encontramos con que desde hacía ya varios años esta corporación había prescindido de la municipalidad en cuanto a su administración y que se regía por un directorio donde el alcalde anterior era representante de la municipalidad y también socio como persona natural. Él integraba el directorio en calidad de persona natural. Cuando se retira, toma su lugar en el directorio otra persona, por lo que ya no quedó ninguna presencia municipal -señaló a CIPER la directora jurídica del municipio, Ximena Salazar.

La abogada también precisó que la corporación estaba impedida de lucrar con los cuatro inmuebles que se le habían cedido en comodato: “(Los inmuebles) estaban en poder de privados que hacían un uso que no estaba estipulado en el comodato. El convenio decía expresamente que no se podía lucrar con ellos y que eran entregados para realizar funciones culturales establecidas. A medida que fuimos avanzando nos encontramos con una gran caja de pandora. Esto nos llevó a dar término al convenio”.

El jefe de gabinete de la nueva alcaldesa, José Eduardo Donoso, explica por qué decidieron negociar con Rivera Riffo, a pesar de las irregularidades detectadas, y entregarle una última partida de $494 millones:

-Desde el punto de vista legal, no había nada que hacer. Debíamos entregarle los $800 millones. Pero, desde el punto de vista ético, era impresentable. Así que pensamos qué podíamos hacer y la única solución era negociar: le pasábamos un monto bien menor de lo estipulado, pero recuperábamos no solo los inmuebles, sino también las obras de arte que estaban en manos de la corporación. Obras que los artistas incautamente habían entregado pensando que las donaban a la municipalidad. Así que tuvimos que recomprar todo esto para la municipalidad.

Según el acuerdo propuesto por la alcaldía y aprobado por el concejo el 9 de abril, la corporación se comprometió a restituir al municipio los cuatro inmuebles cedidos en comodato, las obras emplazadas en el Parque de las Esculturas  y otras obras pictóricas. Asimismo, le cedió en comodato al municipio, por diez años, las obras de la “Colección Bicentenario”.

Por su parte, la municipalidad se comprometió a entregar a la corporación $494.335.368. De esta cifra se restarían $44.335.368 que la corporación debía al municipio como saldo pendiente de la rendición del Festival Providencia Jazz 2013. Por tal razón, la municipalidad haría un pago efectivo a la corporación de $450 millones. Ese monto se cancelaría bajo la condición expresa de que la corporación debía destinarlo, en primer término, “al pago de indemnizaciones de sus trabajadores, así como remuneraciones adeudadas, según listado que se adjuntará a la escritura de transacción” (vea la lista).

El 23 de abril pasado, ante el notario Cosme Gómez, la municipalidad firmó el documento de 14 páginas que contiene la transacción extrajudicial. Allí quedó consignado que el pago se realizaría con un primer cheque de $350 millones, suma que la Corporación debía utilizar para pagar el finiquito de sus trabajadores y otras deudas (vea la nómina de los acreedores). Después de cancelar esas obligaciones se le extendería un segundo cheque por los restantes $100 millones, dejando establecido que ambas partes daban término a cualquier relación entre ellas y declarando que mientras estuvieron vinculadas “obraron de buena fe”.

FINIQUITOS

La nómina de los trabajadores que debían firmar sus finiquitos quedó en la notaria de Eduardo Avello, en calle Orrego Luco. La abogada que representa a una veintena de estos ex empleados, Carolina Contreras, señaló a CIPER que no se incorporó el mes de aviso en el cálculo del pago a sus clientes:

-Fui hablar con el señor Javier Leturia, que estaba de presidente de la corporación, y me dijo que se me iba a incorporar en la negociación entre la municipalidad y ellos, en lo referente al pago a mis representados. Sin embargo, nunca me dejaron participar. Después me enteré por el contador de la corporación, cuando fuimos a la Inspección del Trabajo, que él había calculado los montos sin el mes de aviso que correspondían a cada trabajador y se los pasó al contralor de la municipalidad. Nunca le preguntaron a los trabajadores si esa cifra estaba en regla.

Uno de los primeros que concurrió a firmar su finiquito fue Osvaldo Rivera, quien cobró $22.610.093. Lo hizo  junto a quien oficiaba de contralor de la corporación: Pedro Osses Sotz, quien cobró $13.445.751.

-Lo curioso es que Osvaldo Rivera haya cobrado el finiquito sin que exista ningún autodespido ni renuncia de su parte. Por el contrario, aún sigue ejerciendo en su rol de director, ya que llamó a cada uno de mis clientes pidiéndoles que vayan a firmar el finiquito que se les ofrece con un monto menor. Cuando me enteré, llamé a Rivera y le dije que cualquier negociación con mis defendidos la debía hacer por mi intermedio. Me dijo un par de pesadeces y cortó -cuenta la abogada Contreras.

El pasado 20 de mayo se realizó la primera audiencia de conciliación en el Juzgado Laboral de calle San Martin 950. Karla Vargas, ex empleada de la corporación, fue representada por la abogada Carolina Contreras. La demandante reclamó, al igual que el resto de los trabajadores, que se le había negado el mes de aviso. Según el finiquito que ofrecía la corporación, a Karla Vargas le correspondían $3.937.194. Pero su abogada alegó que el monto ascendía a $5.249.592. La jueza propuso un monto intermedio, pero inclinando a las pretensiones de la demandante: $4.900.000. Las partes aceptaron. Karla Vargas llevaba tres meses sin ingresos.

Tras esta primera audiencia bastante auspiciosa para los ex trabajadores y mientras se esperaba la próxima cita en el tribunal -fijada para el 15 de julio-, la abogada que representa al resto de los trabajadores, Carolina Contreras, recibió un llamado del asesor jurídico de la corporación, Juan Jorge Lazo, quien le entregó un mensaje de parte de Osvaldo Rivera Riffo. La abogada cuenta que, aunque Rivera ya finiquitó su relación con la corporación, le mandó a decir “que no habrá acuerdo para el resto de los trabajadores, si no firman el finiquito que ellos proponen”.

Ahorrarse uno o dos millones por cada trabajador no es un tema banal para quienes siguen en la corporación si quieren seguir en el rubro y mantener sus sueldos, ahora sin el aporte municipal. Rivera, quien rechazó conversar con CIPER, ha comentado a algunos cercanos que necesita ayuda porque tiene varios proyectos en carpeta. Y para ello necesita que los últimos $100 millones que aún debe recibir de la municipalidad no experimenten ni una sola rebaja a cuenta de la diferencia que reclaman los trabajadores en sus finiquitos. Rivera apuesta a que ellos, sin remuneración y sin trabajo, terminen agotados aceptando sus condiciones.