La batalla de los alumnos de la U. del Mar para salvar los documentos que prueban cómo se montó el fraude

Por eso, los estudiantes no dejaron entrar a Ried al edificio que, desde que está en toma, tiene todos sus accesos bloqueados. Para ellos, haberle permitido a el ingreso habría significado no sólo reconocer que la universidad es una empresa y la legitimidad del fallo judicial, sino que además desprenderse de una poderosa arma con la que cuentan hoy para acreditar el fraude del que fueron víctimas: los miles de documentos que los estudiantes han ido descubriendo en las antiguas oficinas de los controladores de la universidad, en bodegas e incluso en salas de clase.

Se trata de cientos de carpetas y archivadores que contienen información clave para dar cuenta de cómo los controladores de la universidad –Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga- crearon durante años y sin control alguno una estructura de lucro en torno a la UDM hasta convertirla en lo que es hoy: la muestra más brutal y dramática de la profunda crisis del sistema de Educación Superior en Chile.

Entre los documentos hallados por los alumnos -y a los que CIPER tuvo acceso-, se encuentran actas de la junta directiva de la UDM y de los directorios de sus empresas relacionadas, informes contables, estados financieros, correos electrónicos, contratos de arriendo, comprobantes de pago, escrituras de inmuebles e incluso chequeras repletas de pagos a los mismos controladores. Su importancia es vital para demostrar cómo la universidad se fue endeudando y entregando como garantía a los bancos la deuda de los alumnos para pagar sus estudios. Y también, de cómo los dineros de la corporación se fueron desviando hacia las sociedades que los mismos dueños de la UDM crearon para obtener utilidades.

Un ejemplo de ello es el Informe de Auditoría Contable, Tributaria y Legal del “Proyecto Reñaca” que el 15 de julio de 2011 envió el abogado Álvaro Benavides a Héctor Zúñiga, quien entonces, además de ser miembro de la Junta Directiva, era rector de la universidad. Ese documento, que los estudiantes encontraron en la oficina de Sergio Vera -con comentarios anotados de su puño y letra-, se refiere precisamente a los contratos sobre el edificio que Raúl Soto y sus compañeros mantienen en toma desde fines de 2012, el mismo inmueble donde se ubica la Casa Central de la UDM.

Para su construcción -cuya inversión total superaba los $7.138 millones- la universidad suscribió en 2005 convenios de colaboración o joint venture con dos sociedades que pertenecen a los cuatro controladores: Inmobiliaria del Mar S.A. e Inmobiliaria Rancagua S.A. La UDM aportó poco más de $1.906 millones. El resto lo financiaron las dos inmobiliarias. Los convenios estipularon que una vez terminada la obra, el inmueble sería propiedad de las dos inmobiliarias, las que luego se lo arrendarían a la universidad. Pero los controladores no sacaron dineros de sus cuentas propias, sino que adquirieron un crédito con Seguros Vida Security Previsión S.A., para adquirirlo vía leasing. Ese crédito fue pagado con los arriendos que le cobraron a la UDM, pero el monto fijado en los contratos de arriendo duplicaba el valor del leasing. Con ello, los controladores no sólo pagaron su crédito sino que también retiraron mensualmente utilidades.

Los convenios además establecieron que la universidad recibiría como pago por su inversión el traspaso de la propiedad de todos los bienes muebles destinados a la habilitación del edificio. Pero eso nunca ocurrió. El informe contable explica la razón.

Allí se señala que como esos bienes muebles (accesorios de baños y cocina, ascensores y calefacción, entre muchos otros) formaban parte de la edificación, no podían ser inventariados aparte, por lo que su entrega a la UDM nunca se materializó. Aún así, las inmobiliarias firmaron en 2010 dos contratos de compraventa de esos bienes que, según el informe contable del abogado Benavides, “parten de un supuesto inexistente” y “nunca debieron efectuarse por no corresponder a la realidad”. Además, señala otras facturas y pagarés a favor de la universidad que nunca se concretaron, pagos de arriendo a las dos inmobiliarias incluso antes de que el edificio terminara de construirse y dineros que la corporación aportó a la construcción y que no se contabilizaron en la liquidación de los contratos. Según agrega el mismo abogado Benavides, esos últimos documentos contables “deben mirarse como inexistentes, ya que no tienen sustentación jurídica alguna”.

Desde que Armanet enviara esa carta a Villaseñor, han pasado casi siete años. Años en que precisamente la falta de fiscalización por parte del Estado permitió que la UDM llegara a fines de 2012 al colapso. Y sólo cuando la crisis ya era irreversible y la corporación insolvente,  vino la revocación de su reconocimiento y la paralización de su proyecto. Aún así, el Estado no se hizo cargo del fraude a los estudiantes y de su futuro.

Ahora, los alumnos tienen tres opciones: seguir batallando para que el Estado asuma su responsabilidad y se haga cargo de la universidad, asegurando su continuidad; aceptar el cierre y continuar sus estudios allí hasta 2015, con una calidad de la educación sin garantías (algo que ya habrían hecho unos 5.000 alumnos); o postular al plan de reubicación que propuso el ministro de Educación, Harald Beyer, al que, según cifras oficiales, ya se habrían acogido 2.100 estudiantes. Camilla optó por la primera.

-¿En qué curso estás, Camilla? ¿No has pensado en cambiarte de universidad? –le preguntó su profesor mientras aún seguía sentada en las escaleras a la entrada de la sede Reñaca.

-Yo me quedo aquí. ¿Para qué me voy a ir a la Universidad Santo Tomás (UST) o a la U. de Viña del Mar (UVM)? ¿Para que me pase lo mismo? En esas universidades el ministerio también se está haciendo el loco. Me quedan sólo dos electivos, la tesis, la práctica y termino. Pero si me cambio, me bajan a segundo año. Y en la UST están los $13.000 millones en préstamos blandos a empresas relacionadas. Nadie me garantiza que en esas universidades no va a pasar lo mismo que acá. ¡Casi todas están cuestionadas por lucro! Además, tendría que pedir otro crédito para pagar allá y más encima, seguir pagando mi deuda con la UDM. El ministro sigue diciendo que la reubicación es lo mejor que han hecho como gobierno, pero no es así. Eso está demostrado. Pedimos por Ley de Transparencia los 25 convenios que supuestamente tenía el Mineduc con distintas universidades y otras instituciones, pero no existen. Son sólo acuerdos de “buenas intenciones”. Eso lo ratificó el subsecretario de Educación en la Comisión de la Cámara de Diputados.

-Está complicada la cosa. También están la U. Pedro de Valdivia, la UNIACC y la Universidad SEK en ese lote que parecieran ir por el mismo camino que la UDM.

LAS DISPUTAS POR LA REPARTICIÓN DEL CAE

Entre ese martes 19 de marzo y el día siguiente, cuando se llevó a cabo la asamblea de los tres estamentos, más de una docena de personas se acercaron a la sede Reñaca de la U. del Mar para intentar sacar algún documento. Varios docentes y funcionarios administrativos decían que si no rescataban los antecedentes académicos, no podrían comenzar las clases el próximo lunes 1 de abril, como lo estipula el cronograma. A ninguno de ellos se le autorizó el paso a un edificio cercado por sillas, mesas, escritorios y basureros apilados con alambres de púa.

En el sexto piso hay un panel con imágenes de Raúl Baeza, Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga, todos con el signo peso dibujado sobre sus ojos y sus nombres escritos con plumón, enlistados bajo el título: “Personas con acceso denegado”.

La regla que acordó la asamblea de estudiantes es que nadie puede acercarse a los documentos que han decidido cautelar a la espera de una autoridad judicial que les dé confianza. Mientras CIPER estuvo en la sede, sólo a dos personas se les permitió ingresar: dos mamás de alumnos que se acogieron al plan de reubicación propuesto por el Mineduc y necesitaban con urgencia un certificado para que sus hijos pudieran matricularse.

Las medidas de seguridad que han implementado los alumnos no son antojadizas. Desde que el lunes 18 de marzo le negaron la entrada a la síndico María Loreto Ried, temen que el desalojo con fuerza policial sea inminente. Saben que están contra el tiempo para revisar y respaldar la mayor cantidad posible de información que han ido descubriendo. Ya tienen diseñada la estrategia para evitar la pérdida de los documentos a los que sólo ha tenido acceso un grupo selecto de alumnos de la UDM.

La recopilación de la información la ha hecho con extremo cuidado un grupo de estudiantes designados por la asamblea. Usan guantes para no deteriorar los papeles. El cuidado se extiende a la información familiar que guardaban en sus oficinas los controladores, la que permanece en el mismo lugar que se encontró.  Allí están intactas las tres botellas de vino que Sergio Vera mantenía en su oficina, junto a su iPad, su computador, las fotos enmarcadas donde aparecen él y su familia y el pequeño aro de básquetbol con el logo de Harvard que cuelga sobre la puerta de uno de sus estantes. Lo mismo en la oficina de Mauricio Villaseñor, donde los alumnos se encontraron con muebles vacíos y decenas de carpetas y papeles embalados en cajas de cartón.

En una de esas cajas apareció una serie de correos electrónicos impresos que demuestran no sólo cómo la universidad era administrada de forma parcelada por sus dueños –como lo reveló CIPER en una investigación sobre el lucro en la UDM (ver capítulos I, II y III)–, sino que también las disputas entre ellos para repartirse los miles de millones que llegaron tras la acreditación de la institución en 2010: los fondos fiscales del Crédito con Aval del Estado, el CAE.

El primero de esos correos está fechado el jueves 1 de septiembre de 2011 y lo envió el entonces rector, Héctor Zúñiga, a Mauricio Villaseñor con copia a Vera, Baeza y a los abogados Carlos Zelada y Alejandro Leiva, ambos representantes de empresas vinculadas a los controladores en la Junta Directiva. El mail resulta clave, porque se refiere a cómo Zúñiga pretendía usar dineros del CAE para pagar deudas a la constructora RVC, una empresa cuyos dueños son socios del mismo Zúñiga y Baeza en Inmobiliaria Doña Teresa y Comercial Vizú, dos sociedades con las que ambos controlaban las sedes en el norte del país. Esos pagos a RVC servirían para detener las acciones judiciales que ambas empresas habían iniciado en contra de la universidad para reclamar el pago de arriendos, principalmente en la sede de Iquique, luego de que arbitrariamente esas sociedades aumentaran los montos de la renta a la universidad.