Guerra por la fortuna Ossandón Larraín revela confusa trama tributaria

«Hoy no tengo relación con nadie de mi familia. Mi familia confía ciegamente en mi hermano Bernardo. Mis papás confían ciegamente en él», dijo Manuel Ossandón Larraín a CIPER, refiriéndose por primera vez públicamente a la querella que puso junto a su esposa, Sara Bustamante, contra su hermano mayor Bernardo Ossandón Larraín por “falsificación, uso malicioso de instrumento público falsificado, apropiación indebida y estafa”. Manuel explica que en 2004 tenía un patrimonio de US$200 millones y que hoy, debido a operaciones societarias realizadas por el primogénito de su familia, no tiene nada: solo cuentas por cobrar que debiera pagarle una sociedad creada en las Islas Vírgenes Británicas, llamada Real State Golden Investments, Inc, la cual no le ha pagado nada y probablemente nunca lo haga porque no tiene obligación de hacerlo. «Yo quiero que acá se haga justicia, que se descubra la verdad y me devuelvan mi dinero», agrega.

La pugna dentro de la familia Ossandón Larraín, relatada por primera vez por The Clinic, ha estremecido a la elite chilena. En la causa que se sigue en la fiscalía Centro Norte a cargo de la fiscal Macarena Cañas se han visto involucrados el abogado RN Roberto Ossandón, el Opus Dei, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, pues es pariente de los Ossandón y debido a eso se inhabilitó para conocer una grave arista de presunta evasión tributaria que se desprende de la batalla por esta herencia y que está investigando el SII, según confirmaron fuentes de ese organismo a CIPER.

La investigación por los impuestos no pagados cobra gran relevancia hoy, cuando se discute la reforma tributaria propuesta por el gobierno que pretende recaudar U$700 millones y destinarlos enteramente a mejorar la educación pública en Chile. Según el querellante Manuel Ossandón, en las operaciones que lo dejaron sin patrimonio se habrían evadido impuestos por casi U$ 400 millones de dólares, más de la mitad de lo que el gobierno espera recaudar.

Según describe Sergio Contreras, uno de los abogados de Manuel Ossandón, el dinero de su cliente, que estaba fundamentalmente en sociedades de inversión e inmobiliarias, se traspasó a distintas sociedades controladas por su hermano hasta llegar a la citada Real State Golden. Como resultado de estas operaciones, esa sociedad “tuvo un importante incremento patrimonial, calculado en UF 18.970.240 (equivalente a $ 428.646.421.075, o a US$ 884.262.859). Este impuesto patrimonial estaría afecto a la tasa del 35% de Impuesto Adicional”, planteó Contreras en un documento enviado el 12 de marzo pasado al SII.

Actualmente el SII está interrogando a toda la familia Ossandón Larraín y a sus asesores legales y tributarios para que expliquen los movimientos realizados por Bernardo Ossandón y así verificar si efectivamente en ellos se vio perjudicado el Fisco. Para ello los funcionarios deben confirmar si se generó un “incremento patrimonial” en Real State Golden. La tarea no es fácil. El fiscalizador de Impuestos Internos debe examinar cada una de las operaciones financieras involucradas -que son muchas- para determinar cuales revisten visos de ilegalidad. Y ello porque a pesar de que el sentido común sí diría que en muchos casos como estos se está violando la ley, el sistema está hecho para los resquicios legales que permiten, con asesoría de buenos expertos, evadir impuestos.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a CIPER que se han identificado dos figuras que parecen calzar con lo obrado por Bernardo. La descrita en el nº2 del artículo 20 de la ley de renta, o la descrita en el n°5 del mismo artículo. En breve, o estamos ante un “20-2” o un “20-5”, según resume un especialista. Si ocurre lo primero, no hay impuesto adeudado. Si es lo segundo, sí paga. Y mucho.

Existe también otra alternativa. La han enunciado a CIPER distintos expertos entrevistados a lo largo de esta investigación. Para ellos es posible que no haya ni estafa ni evasión tributaria. Que toda la operación de Bernardo Ossandón haya respondido más bien a una estrategia para unificar el patrimonio familiar y controlarlo desde una sociedad fuera de Chile. ¿Los motivos para eso? Varios: evitarse para siempre el problema del impuesto a la herencia y mantener los cuantiosos recursos familiares bajo una sola dirección.

Para lograr realizar eso todos los familiares debieron estar de acuerdo, incluyendo el querellante Manuel Ossandón. Sin embargo, a lo largo de este proceso que duró años, por algún motivo Manuel se habría arrepentido.

-En mi opinión, se trata de una planificación tributaria en la que todos estaban de acuerdo. Y lo que pasó aquí es que el avión iba en vuelo y alguien se bajó. En realidad, se tiró; y no sabemos si se tiró con paracaídas -metaforiza una fuente conocedora de las operaciones que hacen las familias ricas chilenas para proteger sus bienes.

Otro experto tributario dijo a CIPER: “Lo que objetivamente logró Bernardo Ossandón con las modificaciones, fue llevarse todo el dinero para afuera y que nunca más tuvieran que preocuparse del impuesto a la herencia. Pero esto tiene un precio y es caro: que los hermanos no pueden hacer lo que quieran con lo que ‘sienten’ suyo. Las platas no pueden volver a Chile o ser invertidas directamente por los hermanos. Y además, no todos los hermanos participaron como iguales. Ciertamente el hermano mayor tenía el control, probablemente porque el abuelo (que les heredó todo) confiaba sólo en él”.

De acuerdo a esta figura, al lanzarse del avión en vuelo Manuel dejó expuestos los intereses de toda la familia.

EL ORIGEN

Manuel y Bernardo Ossandón Larraín forman parte de una de las familias más adineradas de Chile. El patrimonio familiar está avaluado en más de US$1.000 millones: poco menos de lo que posee el clan Angelini, quienes aparecen en el ranking Forbes con U$1.200 millones.

La principal fuente de riqueza de los Ossandón Larraín es su patrimonio inmobiliario: terrenos en Lo Barnechea que se han traspasado de generación en generación multiplicando su valor comercial. A ello se suman instrumentos financieros –fondos mutuos-, que son administrados fundamentalmente por las corredoras Larraín Vial y Celfin Capital; derechos de agua y acciones en empresas como Entel, Cencosud, Corpbanca y Madeco. Debido a que este conflicto está cruzado por el tema tributario, hay que señalar que la fortuna de los Ossandón está asentada en áreas que tienen un tratamiento tributario privilegiado con “fuertes incentivos tributarios”, según los expertos.

Un asesor de la familia resume así la situación: «Tienen un flujo de dinero importantísimo libre de impuestos».

La historia familiar señala que en 1938, su bisabuelo, Bernardo Larraín Cotapos, adquirió una parte importante de la hacienda La Dehesa, de una superficie aproximada a las 4.000 hectáreas. Tras su muerte, los terrenos fueron heredados por sus cinco hijos, entre ellos el abuelo de los Ossandón Larraín: Bernardo Larraín Vial. A fines de los ‘50, la hacienda se dividió entre los descendientes, y a Larraín Vial le correspondió la mayor parte de los terrenos que hoy constituyen el loteo privado “Golf Lomas de La Dehesa”; y otras tierras que suman unas 1.500 hectáreas de la actual comuna de Lo Barnechea (esta comuna tiene en total 102 mil 370 hectáreas).

Bernardo Larraín Vial tuvo una sola hija, María Soledad Larraín Troncoso, quien se casó con Gabriel Ossandón Valdés, fundador de la corredora de propiedades Ossandón. De este matrimonio nacieron cinco hijos, los hermanos Ossandón Larraín, que constituyen el eje de esta historia: Bernardo, Gabriel, Manuel, María Soledad y María Teresa.

En vida, el abuelo Larraín Vial les traspasó a su hija y a sus cinco nietos prácticamente toda su riqueza, dejando a cada uno de los hermanos con un patrimonio que por entonces sumaba aproximadamente U.F 4.000.000 (los US$ 200 millones iniciales de esta historia). En la querella contra su hermano, Manuel precisa cómo formó su patrimonio: “Mi abuelo (…) me hizo importantes donaciones desde una temprana edad, las que me permitieron ir formando el patrimonio que tenía antes de salir de Chile”.

La descripción de Manuel calza con una práctica tributaria de muchas familias chilenas de alto patrimonio: no ejecutan la herencia para eludir el impuesto correspondiente; en cambio, traspasan los bienes en vida a través de donaciones informales o de ventas de derechos sociales que nunca se pagan o de mecanismos que no pagan impuestos a las donaciones y herencias.

Es aquí donde el hecho de «saltar del avión» puede traerle fuertes costos a Manuel, según explicó a CIPER un experto tributario: «Manuel tendrá que explicar ante el SII si pagó el impuesto a la herencia y las donaciones por todo lo que el abuelo le «donó» en vida, al igual que toda la familia. La consecuencia de tirarse del avión sin paracaídas es que también él tiene que dar explicaciones de los impuestos que probablemente no pagó».

En su declaración a la fiscalía, Bernardo Ossandón rechaza todos los cargos y atribuye las acusaciones de su hermano Manuel a la envidia que sentía por el hecho de que el abuelo lo hubiera elegido a él para administrar el negocio familiar. Insiste en que la fortuna en disputa provenía del abuelo y que cuando Manuel habla de «mi patrimonio» y «mi dinero» genera “la falsa idea de que bienes producto de su esfuerzo le han sido arrebatados «. Por el contrario, Bernardo precisa que en los cinco años en que Manuel vivió en Estados Unidos «mi estimación preliminar es que recibió una suma cercana a los $400 millones por el solo hecho de ser parte de las sociedades (familiares) y sin haber trabajado un sólo día para que ellas produjeran tales rentas».

En su acusación, Manuel ha hecho salir a la luz otros detalles de los manejos tributarios de la familia y que hoy también son investigados por el SII. Entre ellos destacan las enormes diferencias que habría entre los ingresos que Bernardo Ossandón declara ante el Servicio de Impuestos Internos y los millonarios activos que administra.

De acuerdo a antecedentes que el propio SII allegó a la causa, entre 2005 y 2011, Bernardo Ossandón declaró como base de su global complementario montos que fluctúan entre los 10 y los 35 millones de pesos al año. Esto significa que, a lo largo de los últimos seis años, el administrador de una de las principales fortunas de Chile ha pasado largos períodos viviendo con menos de un millón de pesos al mes. Excepto en 2005, el único año en que, en vez de solicitar devolución de impuestos, Bernardo Ossandón pagó tributos.

Estos montos no se condicen con los gastos en que habría incurrido Bernardo Ossandón en esos mismos años y que se reflejan, por ejemplo, cuando adquirió (el 16 de junio de 2006) el sitio vecino al de una propiedad que posee en La Dehesa. De acuerdo a antecedentes aportados al juicio, el monto que pagó Bernardo Ossandón fue de $201.077.590, a seis años plazo. En su acusación, Manuel planteó que era imposible, a partir de los ingresos que Bernardo había declarado, que financiara compras como la señalada.

CIPER se contactó con los abogados de Bernardo Ossandón y con otros integrantes de la familia Ossandón Larraín para conocer su versión sobre las acusaciones de Manuel, pero declinaron referirse al tema.

CÓMO LO HIZO BERNARDO SEGÚN MANUEL

El eje de la acusación de Manuel Ossandón en contra de su hermano se remonta a julio de 2004, cuando Manuel y su esposa Sara Bustamante partieron a Estados Unidos a estudiar. Al irse, Manuel le dejó un poder a su hermano para administrar las sociedades que él tenía:

18,84% de Forestal Los Alerces Ltda., RUT 77. 531.420-6. Capital social de $ 1.422.462.633, equivalente a UF 90.340.

12,6% de OGF Inversiones Ltda., RUT 77.531.030-8 Capital social de $12.833.809.482, equivalente a UF 789.158.

19,27% de Inversiones Los Olmos Ltda., RUT 77.725.350-6. Capital social $ 296.237.078.685, equivalentes a UF 18.273.211.

19,27% de Inversiones Lomas de la Dehesa Ltda., RUT 77.864.930-6. Capital social $15.591.425.194, equivalentes a UF 961.747.

11,76 % de Inversiones San Francisco Ltda., RUT 77.920.690-4. Capital social $ 36.695.120.320, equivalente a UF 2.185.805.

11,76 de Inversiones La Carpa Ltda., RUT 77.920.620-3. Capital social $ 36.695.120.320, equivalente a UF 2.185.805.

99% DM Inversiones Ltda., RUT 77.851460-5 en la cual es socio con su esposa.

En todas las sociedades (salvo en DM) Manuel Ossandón era socio de sus cuatro hermanos y de sus padres. El valor comercial de su patrimonio, según los abogados de Manuel, era de UF4.000.000, lo que equivale hoy a unos US$200 millones.

Según la querella de Manuel, su hermano Bernardo, asesorado por el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle (contra el cual también se querelló) y por el experto tributario Gabriel Tolosa Blanco, «argumentando la necesidad de hacer una reorganización tributaria de los bienes familiares», usó el poder notarial que le había entregado Manuel para hacer lo siguiente:

1) Bernardo creó la sociedad Lomas II, en donde DM Inversiones (de propiedad de Manuel) es una de las socias con el 16,667% del capital (los otros socios son los padres y hermanos a través de sus sociedades). Lomas II tiene un “administrador estatutario” que es Bernardo Ossandón. ¿Qué significa eso? Que está en los estatutos y por tanto nadie lo puede sacar.

2) Bernardo hace que Lomas II compre los activos de Lomas I y Los Olmos. Esos activos están avaluados en UF 3.676.047. La particularidad de esta compra es que Lomas II se compromete a pagar esos activos en 60 años plazo, sin intereses y sin cuotas fijas, “solo según la voluntad del deudor”.

Es necesario detenerse en ese punto. Para los acusadores se producen ahí dos hechos importantes. Con ese tipo de venta, las sociedades Lomas I y Los Olmos parecen haber sido perjudicadas mientras que Lomas II, al tener una deuda tan “blanda” se ha beneficiado.

Así lo explicita en su querella por estafa la esposa de Manuel: “Es fácil comprender que no vale lo mismo un crédito que se puede cobrar inmediatamente que otro que se podrá cobrar en 60 años más. (…) Esta disminución del valor económico de los activos de mi cónyuge, trae consigo un gran incremento del valor económico para el deudor Lomas II pues lógicamente al estar financiada en un tan largo plazo, sin obligación de pagar intereses, goza de una situación muy ventajosa para desarrollar todos sus negocios. Demás está señalar que todos desearíamos tener la suerte de podernos financiar en estas condiciones”.

3) La venta, con las mismas condiciones, se repitió calcada con los activos de las sociedades San Francisco y La Carpa. En este caso Lomas II compró sus activos por $10.044.183.104 pagaderos a 60 años.

Hay que apuntar, sin embargo, un hecho curioso. Hasta aquí parece no haber perjuicio para Manuel Ossandón, puesto que lo que eventualmente pierde por los malos negocios que han hecho sus sociedades de Las Lomas I, los Olmos, San Francisco y La Carpa, lo recupera con la gran posición que tiene Lomas II de la cual es socio a través de DM.

4) Para entender el siguiente paso hay que tener presente que la venta de los activos que se acaba de relatar, generan varias “cuentas por cobrar” a 60 años. Dice la acusación que Bernardo Ossandón transfirió esas cuentas por cobrar a la sociedad Real State, creada en las Islas Vírgenes y que tiene como administrador a Bernardo Ossandón.

Como evidentemente estas cuentas por cobrar son difíciles de cobrar, el traspaso se hizo con un gran descuento de $ 17.360.744.397.

5) Real State, para saldar esa cuenta, emitió un pagaré por US$112.732.106. Manuel denuncia que su hermano le entregó una fotocopia de ese pagaré. Lo mismo ocurrió con la venta de los derechos que tenía en las sociedades OGF y Forestal Los Alerces. Transformaron esos activos en cuentas por cobrar y luego en un pagaré fotocopiado. En esos dos papeles estaba lo que quedaba de su patrimonio. Pero ni siquiera eso se podía cobrar porque no eran los documentos originales.

En el aspecto tributario Manuel denuncia que a través de las operaciones descritas Real State aumento su capital sideralmente y debía pagar impuestos por ello. Explica que al comprar créditos con tanto descuento y, al mismo tiempo, no pagar nada por esos créditos, su patrimonio creció. Como esta operación la hizo con todos los hermanos, la acusación afirma que Real State tuvo un incremento de capital de UF 18.970.240, el cual estaría afecto a la tasa del 35% de Impuesto adicional.

Son básicamente esos movimientos los que los fiscalizadores observan con paciencia de entomólogo para saber a qué tipo de negocio corresponden. “Si en estas operaciones se hubiese traspasado dinero, sería muy claro que se debe pagar impuesto, pues habría un incremento patrimonial”, dice una fuente que conoce el caso. “Pero en estas operaciones no hubo traspaso de dinero sino “títulos de crédito”.

De ahí la disyuntiva de si se trata de un 20-2 o un 20-5. La primera normativa se refiere a rentas derivadas del control de “capitales mobiliarios” como intereses, derivados financieros, etc. En ese caso la ganancia de capital que está afecta a impuesto aparece cuando se venden esos activos comprados a precio tan convenientes. Pero si es un 20-5, con el solo hacer la operación, se reconoce que se produjo un incremento de capital que debe pagar el impuesto adicional del 35 por ciento. En este caso, la declaración debió presentarse en abril de 2009. Es decir hay una enorme evasión tributaria.

6) Pero eso no fue todo lo que ocurrió. Como se ha dicho, Lomas II había acumulado los activos de cuatro sociedades y Manuel Ossandón era dueño del 16,667% de ella a través de inversiones DM. Días antes de que Manuel volviera a vivir a Chile, el 10 de septiembre de 2009, Bernardo cedió los derechos de DM a la sociedad Inversiones Cordillera Limitada (propiedad de Real State (99,96%) en conjunto con el abogado Rodrigo Ruiz-Tagle (0,04%) y administrada, otra vez, por Bernardo. Pese a que DM contenía activos por más de UF 2.400.000 la cesión se hizo por $100.000, que es el precio que pagó Manuel al constituirla en 2002.

7) Lo que ha pasado hasta este momento es que todos los bienes salieron de las sociedades de los hermanos Ossandón y se concentraron en Real State la sociedad asentada en las islas Vírgenes. Este movimiento parece confirmar la tesis de quienes sostienen que todas estas operaciones se hicieron para reunir el capital familiar en un solo lugar y asegurar su control en una sola mano. ¿Se trató de una estafa? Para algunos especialistas consultados, depende de quién es Real State. Pero eso no está claro y es uno de los puntos que debe definir el SII.

Según la acusación de Manuel, el administrador y verdadero controlador de Real State es Bernardo Ossandón Larraín.

Según Bernardo, en cambio, el verdadero dueño de Real State es una Fundación. La Fundación Educacional BLV (Bernardo Larraín Vial), constituida en Panamá el 30 de diciembre de 2009. Así lo explica Bernardo Ossandón, en una presentación que hizo ante la Fiscalía el 18 de enero de 2012:

“La Fundación Educacional BLV (…) es dueña, a través de Real State, de todas las sociedades del grupo. Dicha fundación tiene como sus beneficiarios principales a nuestros padres, Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Larraín Troncoso. Y como beneficiarios sustitutos sus cinco hijos, Bernardo, el propio Manuel, Gabriel, María Soledad y María Teresa, quienes han de sustituirlos a su fallecimiento”

Los querellantes dudan de esta versión. Según ellos, hasta ahora Bernardo Ossandón no ha entregado ningún antecedente que pruebe que esta fundación es la dueña de Real State. “No hay ninguna seguridad de que las acciones de Real State hayan sido traspasadas a la Fundación BLV. De hecho, en la Fundación constituida en Panamá no aparecen aportadas dichas acciones”, plantearon a Ciper.

Para los abogados de Manuel Ossandón, aún cuando el argumento de la Fundación fuese verdad, el único resultado claro de todo esto es que su defendido perdió por todos lados. “Manuel cambió su condición de propietario y administrador de US$ 200 millones por una expectativa de ser beneficiario de una Fundación en la que expresamente se dice que no podrá tener nunca administración de los bienes que le pertenecían y por pagarés que suman aproximadamente US$ 200 millones, que se niegan a pagarle y cuyos originales se encuentran en poder de Bernardo Ossandón Larraín”, señalaron a Ciper.

Manuel Ossandón explica que a los pocos meses de volver a Chile, y «sin sospechar lo que había ocurrido con mi patrimonio», se comunicó con su hermano para recuperar el control de sus sociedades. Este lo hizo firmar un documento donde Manuel validó todo lo obrado por Bernardo.

“Ese documento lo redactó Rodrigo Ruiz-Tagle, quien también era mi abogado. Llegué y firmé. Era tal la confianza que yo tenía en mi hermano, que no lo leí ni me di cuenta de que estaba aceptando todos los movimientos societales que él había realizado”, contó Manuel a Ciper.

LOS DESCARGOS DE BERNARDO

Ni Bernardo Ossandón ni sus abogados aceptaron contestar las preguntas de CIPER sobre estas acusaciones. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía, hecha en enero de 2012, hace un extenso relato con su versión de los hechos. Afirma, desde el inicio, que las denuncias de Manuel son el resultado de «celos y resentimientos» producto de que a él le correspondió -junto su abuelo y a su padre-, administrar el patrimonio familiar durante varios años.

Bernardo explica in extenso que para los Ossandón Larraín era importante mantener el patrimonio familiar unido. Dice que Manuel estuvo de acuerdo con eso y solo en el último tiempo desconoció lo pactado. De hecho Bernardo acusa que todas las operaciones descritas en las querellas se hicieron con su consentimiento y tenían por objeto «la protección familiar de los derechos patrimoniales de cada uno de los participantes de esta estructura societaria».

El acusado añade que «Manuel ha recibido, a lo largo de los años, cuantioso dinero con cargo a los derechos que le han sido reconocidos en las sociedades familiares y el patrimonio de todos ha sido utilizado para financiar también en parte proyectos de inversión liderados por él, los cuales han resultado en completos fracasos».

La meta de mantener el patrimonio familiar unido, dice Bernardo, explica las ventas a 30 y 60 años que Manuel califica de perjudiciales para sus intereses. Dice que con ese tipo de traspasos los Ossandón Larraín buscaban desincentivar la venta de los derechos sociales a terceros, «como una forma de reducir el riesgo de que se incorporaran extraños que rompieran la estructura familiar. Muchas de las condiciones que hoy Manuel presenta como raras y sospechosas, tales como la venta de los derechos sociales a plazos largos de 30 o 60 años se explican precisamente por el común interés de todos los involucrados en generar condiciones que privaran de valor inmediato de mercado a los derechos que nos iban siendo reconocidos».

Fuentes cercanas a la familia sostienen que la idea de hacer fluir todos los bienes y recursos sociales hacia una sociedad en las Islas Vírgenes fue del abuelo y que Manuel, mientras el hombre estuvo activo, no se atrevió a contradecirlo. Solo tras la muerte del abuelo explicitó su deseo de salir del mundo Ossandón Larraín, controlado por el primogénito. Pero el entramado societal estaba hecho justamente para impedir esas fugas.

«Lo que hacen muchos patriarcas de estas familias adineradas es crear estas sociedades y controlar lo que va a ocurrir en el futuro con cada peso. Por eso tienen un Trust (en este caso, la fundación en Panamá) que determina cómo y en qué momento se van a distribuir las platas. Pueden hasta controlar el dinero que le llega a un nieto dependiendo de dónde y qué estudia, si se casa o no», describió un experto tributario consultado por CIPER.

Para finalizar Bernardo Ossandón cuestiona duramente el desconocimiento que su hermano dice tener sobre Real State. En su declaración ante la fiscal, Bernardo asegura que Manuel, entre 2003 y 2009 (el periodo en el cual dice haber sido estafado) fue director y apoderado de Real State, «teniendo poderes para representarla actuando en forma individual». Añade que esta sociedad invirtió «debido a su insistencia, más de 1 millón de dólares en proyectos inmobiliarios en Florida, Estados Unidos»

Bernardo se pregunta ¿cómo puede ser que diga que de Real State «ignora por completo sus dueños, su capital, su solvencia»?

Consultado sobre este punto, los abogados de Manuel respondieron: «El hecho de que haya sido eventualmente director y apoderado no significa nada, pues en este tipo de empresas no se hacen reuniones de directorio en fechas prefijadas ni tampoco se les informa a ellos sobre la marcha de los negocios. A este respecto, Bernardo Ossandón incluso pudo haber nombrado director a una persona que nunca supo que ostentó ese cargo. Aquí lo importante es que ellos demuestren qué aprobó Manuel y en qué decisiones y acuerdos participó».

EL OPUS

Según Bernardo Ossandón hoy todo el patrimonio familiar está en manos de la Fundación Educacional Bernardo Larraín Vial (BLV), cuyo reglamento fue redactado el 19 de marzo de 2010.

Entre los principios fundacionales que dan vida a la institución, se señala: “deseamos la unidad fraternal de todos nuestros hijos, de nuestros nietos y demás descendientes. Nos causaría un gran dolor que los bienes y dineros propiedad de la fundación causen división y envidia entre ellos, por ello creemos conveniente mantener la unidad de este patrimonio, lo cual encomendamos a los futuros administradores (…) mantener la unidad, tanto familiar como patrimonial”.

En el punto siguiente, se plantea que el objetivo de esta fundación es “ayudar a los descendientes en línea recta de los fundadores a que vivan en forma digna y reciban una educación, tanto valórica como técnica, de calidad. De este modo, esperamos que nuestros hijos, nietos y demás descendientes vivan conforme a lo valores y principios que nosotros hemos intentado vivir a lo largo de nuestras vidas”.

También queda claro en este reglamento quiénes son los que toman las decisiones y quiénes están más lejos de esos ámbitos. Los apoderados generales de la fundación son los padres de la familia Ossandón Larraín junto a Bernardo, el mayor de los hermanos. En el mismo punto se establece con claridad que “el Consejo de la Fundación no podrá designar como administrador de la Fundación y de las filiales que dependen de ella a don Manuel Antonio Ossandón Larraín, o alguno de sus descendientes mientras éste se encuentre vivo”. Lo curioso es que es el único de los hermanos sobre el que se establece esta restricción.

Respecto a los destinos del patrimonio familiar, María Soledad Larraín Troncoso y Gabriel Ossandón Valdés, figuran como los “únicos beneficiarios de la totalidad de los bienes, activos e ingresos de la Fundación”. Tras su fallecimiento, los beneficiarios de los bienes son sus hijos.

Según una fuente consultada por CIPER este reglamento debe leerse como la herencia del abuelo Larraín Vial, con algunas indicaciones para marginar al díscolo de la familia: Manuel. La frase «Tras su fallecimiento, los beneficiarios de los bienes son sus hijos», cumple con el otro objetivo de todo este entramado societario: evitar el pago de la herencia de los hijos de la pareja.

Para finalizar, en el reglamento la familia se pone también en el lugar de que los hijos no estén. Y en ese caso, los Ossandón Larraín optan por dejar sus recursos en las manos del Opus Dei.

En el artículo V del reglamento se lee: «Si luego de realizadas las diligencias requeridas no es posible determinar algún Beneficiario (…) el resto de los activos netos de la Fundación será donado a: Prelatura Personal del Opus Dei en Chile; en subsidio a la Universidad Los Andes; en subsidio a la Fundación Educacional Lo Barnechea y en subsidio a la Iglesia Católica en Chile».

De acuerdo a fuentes cercanas a la familia Ossandón Larraín, Bernardo es uno de los mayores donantes del Opus Dei en Chile. De hecho, según su hermano Manuel, hasta hace unas semanas Bernardo aparecía en la página web de la Universidad Los Andes como uno de los principales benefactores de esta casa de estudios, vinculada estrechamente a esa prelatura.

“Mi hermano aparecía como miembro del directorio de amigos de la Universidad. Pero lo sacaron de la web”, asegura, y sospecha que esto tiene que ver con el escándalo que sacude a su familia.

El Opus ha seguido de cerca la marcha de este caso. «De hecho, antes de que llegara a la justicia, un sacerdote de la prelatura intentó mediar en la disputa entre los hermanos. Pero no tuvo éxito», explica un abogado de Manuel.

Buena parte de los más estrechos colaboradores de Bernardo Ossandón son hombres cercanos al Opus y a la citada Universidad Los Andes. En las escrituras de algunas de las sociedades de la familia, aparece por ejemplo como árbitro Orlando Poblete Iturrate, ex ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet y actual rector de la Universidad de los Andes. O el abogado Luis Felipe Hübner Guzmán, socio del estudio UH&C, especialista en derecho tributario y también académico de esa casa de estudios.

Otros dos personajes clave en esta historia y que se han transformado, según diversas fuentes, en los «orejeros» de Bernardo Ossandón son los hermanos Roberto e Ignacio Ossandón Irarrázabal, de la familia del alcalde de Puente Alto (Coté Ossandón) y de la ex directora de la Junji (Ximena Ossandón). Los Ossandón Irarrázabal, primos hermanos de los Ossandón Larraín, están entre los miembros fundadores de Renovación Nacional y son financistas del partido.
Según cercanos a la familia Ossandón Larraín, habrían sido ellos quienes convencieron a Bernardo de la conveniencia de centralizar el patrimonio y dejarlo bajo el control del hermano mayor. «El mismo mayorazgo que ellos ejercen en su familia, solo que con una fortuna bastante menor, que no debe superar los 40 millones de dólares», dice un conocido de ambas familias.

Roberto Ossandón fue socio de Bernardo y comparte con el padre de los hermanos Ossandón Larraín la administración de la corredora de propiedades Ossandón. Su hermano Ignacio, en tanto, durante muchos años, fue asesor financiero de la familia Ossandón Larraín a través de la corredora Larraín Vial. De hecho, el propio Manuel le encargaba a Ignacio que adquiriera instrumentos financieros a su nombre.

Hoy Manuel mantiene una profunda distancia con esta familia. En su querella acusó a uno de los socios del estudio de abogados de Roberto Ossandón, Marko Jürgensen, como autor del delito de “falsificación y uso malicioso de instrumento público falsificado”. Según Manuel, Marko, quien fue compañero de universidad de Bernardo, participó en la operación para falsificar la firma de su abuelo y, de esta manera, obtener la representación de Real State que le permitió a Bernardo realizar las operaciones societarias que terminaron por despojarlo de su patrimonio.

Así lo plantea en la querella:

“El imputado Marko Jüngersen, que representa a la sociedad extranjera “Real State”, usó –a sabiendas- el instrumento público falso que daba cuenta de su personería. Con esta maniobra dolosa logró desnaturalizar mi patrimonio personal, a tal punto que éste desapareció de mi esfera de custodia (…)”.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por los querellantes, Roberto Ossandón también habría desempeñado un papel en esta operación de falsificación. Entregaron como evidencia un documento donde aparece la firma de Ossandón, quien habría sido testigo del eventualmente falso otorgamiento de poder a Marko Jürgensen por parte del abuelo de los Ossandón Larraín. CIPER consultó sobre este punto a Roberto Ossandón quien señaló que prefería no referirse al tema.

Para avalar su acusación de falsificación, los abogados de Manuel presentaron dos informes periciales que concluyen que el documento a través del cual Bernardo Larraín Vial entrega el poder de representación de Real State a Marko Jürgensen tiene una firma falsa: la del abuelo. (Ver informe)