Inversión minera: Sistema de evaluación ambiental rechazó solo el 7% de 600 proyectos en 7 años

Entre enero de 2012 y hasta 2020 se ejecutarán en Chile 30 nuevos proyectos mineros de cobre por un valor total de US$ 54.346 millones de dólares. La cifra es impactante. Equivale a todo lo que gastó el Estado de Chile en 2011. Para hacer realidad esos proyectos, las grandes compañías deberán cumplir con una serie de pasos y trámites ante diversos organismos públicos. Un itinerario donde la gran conquista pasa por obtener las concesiones de exploración y explotación minera, las cuales, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, las otorga un juez. Clavada esa bandera, el resto de los trámites, confidencian expertos en el tema, requiere más paciencia que estrategia pues en Chile las puertas a la inversión extranjera están abiertas de par en par. Sobretodo en el área minera.

Una prueba de esto último es el récord de inversiones que se registró en el país en 2011. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Comité de Inversiones Extranjeras, el año pasado la inversión extranjera directa (IED) autorizada en Chile sumó US$ 13.790 millones, un 4 % más que los US$ 13.262 millones anotados en 2010. Al clasificar estas inversiones por rubro y monto, la minería se lleva por lejos el primer lugar (29 solicitudes por US$ 9.668 millones), seguida por Servicios (27 solicitudes por US$ 2.299 millones) y Electricidad, gas y agua (5 solicitudes por US$ 810 millones).

Al dar a conocer estas cifras, el vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Matías Mori, dijo que 2011 había sido un año “muy bueno” para Chile, pues se había aprobado un monto histórico de solicitudes de inversión. «Los inversionistas extranjeros valoran las buenas condiciones que existen en Chile para hacer negocios. Nuestro país se caracteriza por ser confiable, con reglas claras», se felicitó Mori.

Las nuevas estadísticas han hecho que Chile brille a nivel internacional. Según el último Informe Mundial de Inversiones de Naciones Unidas, Chile se ubicó por primera vez dentro de los 20 países que recibieron más IED. Y de acuerdo a un estudio del Banco Mundial de 2010, Chile es el país “más abierto” de América Latina.

Pero estos record son vistos con preocupación por académicos como Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland y estudioso del sistema tributario chileno. En su opinión, los datos de inversión extranjera dan cuenta más bien de un país que incentiva la llegada de capital foráneo sin reparar necesariamente en la calidad de las inversiones que se realizan y los costos que pueden traer en materia medioambiental. El hecho de que la mayoría de las inversiones que se hacen en Chile sean mineras es más una alerta que una buena noticia para López.

-Aquí se habla mucho de inversión. Y el problema es que hay una sobreinversión en capital físico y una subinversión en capital humano. En los últimos cinco años, las empresas privadas del cobre han tenido ganancias del 80% anual de su capital. Cuando las tasas de ganancias son tan espectaculares, y se gravan de una forma tan leve, el capital se orienta a ese tipo de actividades en vez de tecnología, por ejemplo. Y además de regalarles los recursos naturales, también les regalamos el medio ambiente. Entonces, indirectamente, el sistema tributario favorece que no se instale aquí una industria tecnológica y estimula en cambio la extracción de minerales –señaló a CIPER.

PROPIEDAD MINERA: LA ESENCIA DEL NEGOCIO

Antes de concretarse, una gran inversión minera que llega a Chile debe cumplir con una serie de etapas y pasos por organismos del Estado. El Comité de Inversión Extranjera es uno de ellos. Allí se evalúa el origen de los recursos y se autoriza (o se rechaza) la firma de un contrato entre el Estado y el inversionista extranjero para que éste ingrese el capital para llevar adelante el proyecto. El contrato implica, sobre todo, enormes beneficios tributarios para el inversionista foráneo.

En paralelo, el inversionista debe tener identificados los lugares donde va a realizar su explotación minera. En esa etapa juegan un papel central abogados y peritos, quienes son los encargados de constituir la propiedad minera en Chile ante los tribunales de Justicia. Como dijo a CIPER el abogado Jerónimo Carcelén, “la propiedad minera es la esencia de este negocio, por lo que no puede haber ninguna ventana para que el día de mañana se pueda perder esa propiedad”.

En esta fase los plazos son extensos. De acuerdo a Carcelén, “normalmente pasan 8 a 10 años” entre que se realiza la exploración de un terreno y se toma la decisión de llevar adelante el proyecto.
De acuerdo a una investigación realizada por CIPER, una de las mayores dificultades que experimentan hoy en Chile los inversionistas extranjeros es encontrar un terreno donde realizar la exploración minera: buscar vetas de cobre, realizar los primeros sondajes. En las regiones del Norte, por ejemplo, prácticamente no hay espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos. Según estudios de Cochilco, el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgada en concesiones mineras, el 69% de la Región Antofagasta, el 70% de la Región de Atacama y el 58% de la Región de Coquimbo.

El mercado de la minería, al igual que el de las Isapres, farmacias, AFP y el retail, está concentrado en pocas manos. De hecho, de acuerdo a lo investigado por CIPER, en sólo 20 nombres se divide la propiedad de 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada en Chile.

Un ejemplo de cómo funciona el mercado de la propiedad minera es el del abogado Pablo Mir, uno de los mayores titulares de hectáreas de exploración en Chile y quien es socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana. De acuerdo a la nómina de mayores propietarios de Sernageomin, en 2007 Mir estaba en el séptimo lugar con 213.500 hectáreas (apenas tres puestos más atrás que el gigante Soquimich). En 2010, pasó al lugar 13, con 157.700 hectáreas, casi la mitad de las que posee el poderoso grupo Luksic a través de su holding Antofagasta Minerals.

-¿Por qué aparezco con muchas propiedades mineras? Básicamente por dos razones: una es que tengo clientes extranjeros que quieren asegurar determinadas zonas para explorar, pero como formalmente no están constituidos en Chile, piden la concesión a nombre mío. Como en esta cuestión de los minerales el primero que llega gana… Otra situación que se da mucho tiene que ver con un tema estratégico. Muchas compañías no quieren que se sepa que son ellos los que están en determinado lugar –explicó Mir a CIPER.

Otro testimonio de la fuerte pugna existente por la búsqueda de hectáreas para exploración y la escasa transparencia de este mercado, lo entregó Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals:

-En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía -señaló.

LAS DEBILIDADES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

“Por razones ambientales es casi imposible que un proyecto se pueda paralizar”, afirma Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). En esa frase el dirigente resume su profundo cuestionamiento a la normativa con que se enfrentan los grandes proyectos mineros en Chile una vez que superan la fase de la exploración inicial y la entrada de capitales. Las estadísticas le dan la razón. Entre 2005 y 2012, el Servicio de Evaluación de Ambiental aprobó 620 proyectos mineros y rechazó 39.

El gran poder de los proyectos, según el ambientalista, está en la fuerza que les da la concesión minera y en todo un sistema que funciona con el ánimo de hacer lo más expedito el trámite para el inversionista extranjero.

-A las empresas se les otorga la concesión minera sin ningún tipo de evaluación medioambiental. Además, hay un dictamen de un juez, lo que genera una doble protección pues la Constitución establece que la concesión minera es inexpropiable. Por otro lado, si la empresa ya ha sido autorizada para ingresar sus inversiones vía DL 600, adquiere todas las salvaguardas que ofrece este decreto para la inversión extranjera. Además, hay que recordar que en 1997 entraron en vigencia los Tratados de Libre Comercio, por lo que en caso de controversia la empresa puede acudir a sistemas de arbitraje como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). En ese contexto la evaluación de impacto ambiental es una cuestión meramente decorativa -analiza Cuenca.

El primer contacto entre la empresa y el sistema medioambiental se produce en la etapa de la prospección minera, cuando la compañía realiza sondajes de exploración para evaluar la prefactibilidad del proyecto y dimensionar la cantidad de mineral existente. En esta primera fase, las empresas en general ingresan al sistema una DIA (Declaración de Impacto Ambiental). En los casos en que la intervención es más compleja, la compañía debe presentar una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). La diferencia entre ambas es la profundidad de los estudios, las exigencias que se le hacen a la compañía y que la EIA contempla la participación de la comunidad.

Según Cuenca, ésta es otra de las graves debilidades del sistema. En Chile, la participación ciudadana es escasa. De hecho, entre 2005 y 2012 más del 90% de las evaluaciones realizadas por el Sistema de Evaluación Ambiental fueron DIA, es decir, no se consultó a la comunidad. Pero también, cuando la comunidad puede participar (a través del EIA), se enfrenta a un proceso engorroso y demasiado técnico que la mayor parte de las veces complica a las poblaciones afectadas.

Eso descubrieron investigadores del OLCA luego de realizar, a comienzos de 2011, un catastro de los conflictos ambientales con la Gran Minería en el norte de Chile. Los resultados arrojaron 16 situaciones problemáticas, fundamentalmente vinculadas con la disminución de los recursos hídricos y la contaminación de comunidades y zonas naturales. Las empresas cuestionadas son precisamente las más grandes mineras: Soquimich, Collahuasi, BHP Billiton, Barrick, Vale, Los Pelambres y Teck Cominco. Y en todos los casos, las compañías se habían sometido a los requerimientos de la autoridad medioambiental.

“La participación ciudadana en el SEIA es baja y no vinculante, sumado a que los plazos para participar son reducidos y en un nivel técnico difícil de acceder por parte de las comunidades afectadas. Asimismo, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son elaborados por las misma empresas, con lo que se duda de la veracidad de sus resultados”, concluyeron los investigadores del OLCA tras estudiar los 16 conflictos.

Pero además, es frecuente que las compañías sometan al Sistema una evaluación parcelada de sus proyectos. Por ejemplo, se presenta una DIA por la realización de sondajes; y otra declaración aparte por la acumulación de residuos mineros. Ello, pese a que todas las obras son parte de una misma iniciativa madre.

-Como una forma de eludir una evaluación integral, las compañías presentan al sistema un gran proyecto subdividido en cinco. ¿Por qué se presenta parcelado? Porque tenemos un sistema que no evalúa impactos agregados, sino proyecto a proyecto. De esta manera, no se puede evaluar el impacto total de las iniciativas. Por ejemplo, en el caso de Pascua Lama toda la polémica se concentró en los glaciares, pero en 2006 se aprobaron en cadena otra serie de proyectos: un centro logístico donde la minera se apropia de una parte del aeropuerto de Vallenar; un camino que se construye en la Cuarta Región; los tendidos eléctricos; una central térmica; otros pequeños yacimientos para explotación de calisa -critica Cuenca.

El caso de Pascua Lama es un buen ejemplo de las insuficiencias de la legislación medioambiental. Una vez que el proyecto recibió la resolución de calificación favorable, la comunidad diaguita Huascoaltino decidió presentar una denuncia en contra del Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los argumentos de la comunidad apuntaron a que el proyecto minero está emplazado en territorio ancestral y que fue aprobado en contra de la comunidad y sin consulta.

-En Chile agotamos todos los recursos. Se hicieron observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental, se formularon reclamaciones administrativas y presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que fue rechazado. Hoy estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el fondo de nuestra denuncia -explicó a CIPER, Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano que representó a la comunidad ante la Comisión.

Para 2012, la comunidad diaguita espera tener el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acoger su denuncia, el caso se presentaría ante la Corte Interamericana, donde se sigue una tramitación que debiese extenderse por uno o dos años. Es curioso como el calendario de la comunidad coincide como reloj con el cronograma de Barrick, los dueños de Pascua Lama, quienes esperan que su proyecto minero esté operativo justamente el primer trimestre de 2013.