Cura que se suicidó tras confesar abuso a menor fue vicario de Educación y exoneró a profesora lesbiana

Parque El Morado es una de esas calles con la inusual característica de marcar el límite de una ciudad. A un lado de aquella cinta de asfalto se alinean las últimas casas de la Villa La Palmera 4, que son también las últimas del Gran Santiago. Por el otro, sólo el pasto de una suave loma salpicada de espinos. Ese cerrito es la frontera natural entre la zona urbana de San Bernardo y los campos que anuncian la vecina localidad de Nos. La única construcción que se levanta más allá de la cuneta sur de Parque El Morado y que le arrebata un pedazo de falda a la loma, es un templo católico de paredes blancas, con su torre de campanario erigida en solitario y la casa parroquial aledaña.

A las siete de la mañana, habitualmente ese pedazo de campo alberga un bullicioso coro de pajaritos. Tendría que haberlos escuchado el sacerdote René Aguilera Colinier cuando a esa misma hora el pasado jueves 9 de septiembre salió al cobertizo de la casa parroquial de la iglesia Santísima Trinidad. Pero es muy probable que no haya reparado ni en trinos ni gorjeos. Tampoco en el fresco de la mañana. El cerebro del párroco había trabajado durante toda la noche en total soledad, en un diálogo directo y desnudo con su conciencia.

Los peritos que analizaron su cuerpo horas más tarde, establecieron que esa noche no ocupó su cama, ni comió ni bebió. Tampoco dejó rastro de haber consumido medicamentos. El presbítero René Aguilera salió al cobertizo a escoger una viga. Ahí se colgó. A las 07:30, estiman los especialistas, ya no había vida en el cuerpo de aquel hombre que había prometido consagrar la suya a Dios.

“Tocaciones” y besos

Cientos de personas acompañaron el cortejo fúnebre que despidió al sacerdote Aguilera. Sus feligreses y las comunidades de los colegios donde fue capellán, lo querían. Algunos lo recuerdan como un hombre delicado, sensible, acogedor. En la noche del viernes 10 se ofició una misa en su memoria en la misma parroquia Santísima Trinidad. La homilía fue del obispo de San Bernardo y religioso del Opus Dei, Juan Ignacio González:

-No comprendemos cómo un hombre como el padre René tomó esa resolución. Hay que dejar ese juicio a Dios. Hemos visto a la gente llorando y como obispo miro al cielo y digo: “Señor, no lo entiendo, pero tú sí” -dijo el prelado en su sermón.

Pero además de Dios, el obispo González también sabía por qué el presbítero Aguilera había tomado el camino del suicidio, aunque fuese una vía vedada para los católicos y más aún para un predicador de la fe. También lo sabía el fiscal adjunto de San Bernardo, Claudio Gutiérrez, y los efectivos del OS 9 que concurrieron a realizar las pericias que acompañan al levantamiento de un cuerpo.

Gutiérrez había partido al lugar apenas fue informado del hallazgo. El descubrimiento lo hizo la señora que hacía el aseo en el inmueble. Encontrar un cadáver en una casa parroquial es un hecho del todo inusual. Pero que además se tratara de un suicidio y que el occiso fuera el párroco, era una mezcla francamente insólita que muy probablemente precedería a otras sorpresas. Y así fue.

El fiscal Ricardo Sobarzo, hoy a cargo de la investigación, recuerda que esa mañana, en la casa parroquial, se tomó declaración a representantes de la diócesis que concurrieron al lugar. Ellos indicaron que el día anterior, cerca de las 22:00, el presbítero Aguilera recibió a dos dignatarios del obispado. Efectivamente, los vicarios para la Educación y de la Zona Centro de la diócesis, protagonizaron con Aguilera una reunión tan dolorosa como urgente. En esa cita -que se extendió hasta cerca de la medianoche-, el párroco reconoció que dos días antes había hecho tocaciones en los glúteos e intentado besar a un escolar de 14 años cuando concurrió a confesar a alumnos del colegio católico Teresiano de San José, donde oficiaba de capellán.

Orientación sexual

La denuncia contra Aguilera Colinier provocó un verdadero cataclismo en la diócesis que dirige el conservador obispo González. El presbítero Aguilera era considerado un confiable experto en trabajo con menores y había sido hasta diciembre de 2007 nada menos que el vicario para la Educación del obispado.

-Imagínese cómo nos ha afectado esto. El padre René era un hombre con una impecable trayectoria de trabajo con niños y jóvenes. Era muy querido por los alumnos y apreciado por los apoderados. Nosotros queremos que se investigue, tenemos la esperanza de que esto no sea más que un hecho puntual y hemos dado toda nuestra cooperación. Nos preocupa también por la imagen que se proyecta, porque él fue vicario para la Educación –dice el canciller de la diócesis, presbítero Eric González.

Fue el sacerdote Eric González el que confirmó a CIPER que Aguilera reconoció ante los dos vicarios que efectivamente había incurrido en “actos impropios” con el menor que lo acusó.

El suicidio y la denuncia por abusos resultaron sorprendentes, además, porque como vicario a cargo de la Educación, Aguilera había hecho gala de su celo moral en cuestiones relativas a conductas sexuales. Fue él quien en 2007 le informó a la profesora de religión Sandra Pavez que no seguiría haciendo clases debido a que ella asumió públicamente su orientación sexual lésbica.

La historia de la maestra Pavez da para película de Almodóvar. Tratando de sublimar su orientación sexual ingresó a un convento a los 18 años. Durante ocho años fue monja, hasta que se enamoró de una novicia. Dejó los hábitos y el entonces vicario para la Educación de la diócesis de San Bernardo, el sacerdote Andrés Theunissen, conociendo su orientación sexual, la ayudó para que pudiera ejercer como profesora de religión.

En 2007 ella llevaba 22 años trabajando siempre en el mismo colegio de San Bernardo -la escuela Cardenal Samoré- y requería, como todos los profesores de religión, que el vicario le entregara un certificado de idoneidad que la habilitara para ejercer. Pero ese año, tras recibir llamados anónimos que le informaron sobre la orientación sexual de la docente, el entonces vicario Aguilera la llamó a una reunión:

-Yo podría haberle hecho un cuento, haberle dicho que sólo me estaban molestando por teléfono, pero mirándolo a los ojos le dije: “Sí, soy lesbiana”. Lo hice porque consideré que no tenía por qué estar ocultando lo que soy -relata hoy la profesora Pávez, quien también le informó que convivía con una pareja hacía diez años.

La docente recuerda que el sacerdote Aguilera le dijo: “¡Usted no puede hacer clases de religión! ¿Con qué moral predica a Cristo? ¿Cómo a los niños les habla de Dios y de Cristo, si usted es lesbiana?”.

-No tiene nada que ver mi orientación sexual con lo que mi corazón sienta con mi fe. Mi principio de vida es la verdad y enseñar a un Jesucristo vivo, que nos ama tal como somos -dice que le contestó.

“Después va y se confiesa”

Sandra Pavez recuerda que el sacerdote Aguilera le propuso que si ella dejaba de convivir con su pareja podrían alcanzar un acuerdo.

-Me dijo “lo que pueden hacer es que se visiten los fines de semana, pero ante el barrio donde usted vive, ante la gente, que no la vean que vive con esa mujer dentro de la casa” -señala la maestra.

“Si usted tiene algo con ella, después va y se confiesa”, fue la sugerencia que escuchó del sacerdote. Pero la profesora no lo aceptó:

-Lo miré y le dije “padre, usted es un vicario de la iglesia, ¿cómo me puede decir esto? O sea, Cristo sirve para sacarse las culpas”. Yo creo que el sacramento (de la confesión) no es para sacarse las culpas y seguir pecando.

Sobre el destino final de Aguilera, la maestra dice que lamenta su muerte y que no le guarda rencor. Al conocer las circunstancias en que falleció el presbítero, ella asegura que ahora entiende muchas cosas, en especial el trato que él le propuso para usar la confesión como método para “sacarse” la culpa:

-Creo que debe haber sufrido mucho, en silencio…

Aguilera finalmente derogó el certificado de idoneidad de la profesora Pavez y le impidió seguir haciendo clases de religión. Ella buscó ayuda en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), y el abogado Alfredo Morgado interpuso un recurso de protección en su favor. El obispado le ofreció pagarle una carrera de pedagogía con especialización en otra asignatura si ella dejaba sin efecto la acción judicial y desistía de hacer pública su denuncia. Pero la profesora tampoco aceptó.

El recurso fue rechazado, pero la Corporación de Educación de San Bernardo -en vista del apoyo que le ofrecieron los apoderados y sus colegas- le ofreció que siguiera en la escuela Cardenal Samoré, pero como inspectora, cargo que aún ejerce.

Denuncia tardía

El fiscal Sobarzo dice que su investigación se orienta en dos sentidos. En primer lugar, establecer si hay más menores -de la parroquia y de los colegios atendidos por el presbítero Aguilera como capellán- que denuncien haber sufrido abusos a manos del occiso. Hasta ahora no hay indicios de aquello.

En segundo término, la indagatoria pretende comprobar si las personas que conocieron el relato del menor actuaron con la diligencia que establece la ley para formalizar la denuncia como una forma de proteger al niño. La investigación de CIPER indica que no fue así y que la principal preocupación del colegio fue dar aviso al obispado antes que a la justicia, las autoridades de Educación y la familia de la víctima.

Los artículos 175 y 176 del nuevo Código Procesal Penal son taxativos al señalar que los profesores, directores e inspectores de establecimientos educacionales que se enteren de delitos que afecten a los alumnos y que hubiesen tenido lugar en el establecimiento, tienen un plazo de 24 horas –“desde el momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”- para hacer la denuncia formal. Pero la forma en que operó la escuela Teresiana de San José no se ajustó a lo indicado en la norma, tal como quedó registrado en un comunicado del propio colegio difundido por el obispado de San Bernardo.

El director de la escuela, Ricardo Vásquez, relató a CIPER que una vez al mes el presbítero Aguilera, en su rol de capellán del colegio, concurría a confesar a los alumnos. Así sucedió, por última vez, el lunes 6 de septiembre. Extrañamente, porque habitualmente lo hacía, ese día el menor B.A.P.M., no quiso participar en el sacramento. Reservadamente, su profesora jefe le preguntó por qué no deseaba confesarse y el alumno le relató que en la última ocasión el sacerdote le había tocado los glúteos y había intentado besarlo.

De acuerdo con la versión del director Vásquez, la profesora de inmediato concurrió a la dirección del colegio para dar cuenta del hecho. La dirección resolvió poner la situación en conocimiento de un “equipo asesor” de la congregación religiosa sostenedora de la escuela (Carmelitas de Santa Teresa de Jesús). Según señaló el director, ese “equipo asesor” cuenta con abogados, los que habrían tomado en sus manos la formalización de la denuncia. Pero ese procedimiento no se concretó en el plazo que indica la ley.

El martes 7 el menor se entrevistó con una psicóloga del “equipo asesor”. La profesional le señaló a la dirección de la escuela que la versión del muchacho era “verosímil”. Con ese antecedente, dice el director Vásquez, se resolvió dar aviso al obispado y se comunicó al sacerdote Aguilera la suspensión de su capellanía.

El presbítero Eric González señaló a CIPER que fue él quien recibió la denuncia en el obispado, debido a que el titular de la diócesis, Juan Ignacio González, se encontraba en Argentina. El obispado, dice, recién se enteró de los hechos el miércoles 8, entre las 17 y las 18:00.

Ya habían pasado más de 48 horas desde que la dirección de colegio se había enterado de la posible comisión de un delito contra un alumno al interior de la escuela y a las únicas autoridades que informaron fue a las de la Iglesia Católica local.

Investigación privada

El fiscal Sobarzo dice que se están investigando las razones por las cuales no se cumplió la ley y se privilegió informar a la iglesia antes que al Ministerio Público, a la familia del menor y a las autoridades educacionales. La Secretaria Ministerial de Educación (Seremi) Metropolitana puso en marcha una indagatoria administrativa y el miércoles 15 envió un funcionario a recopilar antecedentes sobre los procedimientos adoptados por el colegio. La Seremi no respondió las consultas de CIPER sobre el estado de esa investigación.

El director del colegio asegura que no se hizo la denuncia antes porque el martes 7 aún estaban recopilando antecedentes para ponerlos a disposición de la fiscalía. Pero el fiscal Sobarzo es categórico al afirmar que la ley no da espacio para que se desarrollen investigaciones privadas y que lo único que deben hacer las personas que están obligadas por el Artículo 175 es formalizar la denuncia antes de 24 horas.

Por lo demás, una cartilla informativa del Ministerio de Educación indica que “Al detectarse que un niño(a) ha sido víctima de cualquiera de alguno de los delitos sexuales, los directores, inspectores y profesores del establecimiento educacional tienen la obligación, según lo establece el código procesal penal, de denunciar el hecho ya sea a Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o tribunales de garantía. No es misión del profesor investigar los hechos, esto es función de los sistemas policiales y judiciales”.

Si la forma en que la congregación sostenedora del colegio encaró el episodio tuvo el fin de proteger al presbítero Aguilera y la imagen de la iglesia antes que al menor agredido, seguramente lo dejará de manifiesto la investigación de la fiscalía. El fiscal Sobarzo estima que la indagatoria tomará entre tres y cuatro meses.

Discernimiento

Un punto que también se debe dilucidar es por qué el colegio no informó a los padres del menor. Según el director Vásquez, la razón es que el propio menor solicitó que no se pusiera al tanto a su familia “hasta que él estuviera preparado”. Por lo mismo, dice, se le mantuvo la asistencia de la psicóloga.

-Nosotros estimamos que era un derecho del alumno pedir que no se informara de inmediato a sus padres, puesto que la nueva ley establece que a los 14 años un menor tiene discernimiento –explica el director Vásquez.

Pero el fiscal Sobarzo considera que ese razonamiento es errado y que lo que debe primar en estas circunstancias es el plazo para hacer la denuncia establecido en el artículo 176 del nuevo Código de Procedimiento Penal: “Y si lo que procede es formalizar la denuncia, obviamente que los padres del menor resultan informados”.

CIPER consultó a la mamá del niño cómo se informó de los hechos y cuándo fue que su hijo relató los abusos al personal del colegio. Pero ella declinó conversar sobre la materia en resguardo del menor y de la familia, a los que no quiere exponer en la prensa. El canciller del obispado, Eric González, señaló a CIPER que la iglesia ya tomó contacto con la familia del niño “para acompañarla” y que hay un acercamiento entre ambas partes.

El fiscal informó que la madre denunció formalmente los hechos el 13 de septiembre en la 14ª Comisaría de Carabineros, en San Bernardo: siete días después de que la dirección del colegio se enterara del abuso y cuatro días más tarde que el presbítero se suicidara. Esa es la única denuncia que consta en el proceso, señala el fiscal Sobarzo, pues la información aportada por religiosos del obispado y por un integrante del “equipo asesor” de la congregación de la escuela fue recopilada en el marco de la investigación por el suicidio y no se considera una denuncia como tal.

-La fiscalía se enteró de la acusación de abuso cuando el sacerdote ya estaba muerto –informa, taxativo, el fiscal Sobarzo. El Ministerio de Educación y la familia del menor, también.

El canciller de la diócesis, Eric González, dice que el obispado actuó con la máxima urgencia, tal como está prescrito en los nuevos protocolos adoptados por el Vaticano para enfrentar casos de abusos cometidos por sacerdotes.

-Recibida la denuncia se abrió automáticamente una investigación eclesiástica. Ese mismo día los dos vicarios concurrieron a la casa del padre René y cuando él les confirmó que había una conducta impropia de su parte, le dijeron que al día siguiente, a primera hora, se comunicaría la situación a la fiscalía. Ambos le pidieron que él asistiera a la fiscalía y quedaron de ir juntos en la mañana. Le ofrecieron compañía durante la noche, pero él no quiso –relata el canciller, quien indica que el religioso Aguilera atravesaba por una depresión producto del fallecimiento de su madre y de los efectos secundarios de un by pass gástrico que lo había hecho bajar de peso aceleradamente.

El fiscal Sobarzo concuerda en que si se hubiese actuado conforme a lo que indica la ley, probablemente no habría quedado abierta la ventana de tiempo que dio pie al suicidio. Y también en que se trata de una consideración que se debe tener en cuenta como medida de protección del menor que se atreve a denunciar el abuso y que queda expuesto -injustamente- a sentirse responsable de la muerte del adulto acusado.