Lo que los ministros pusieron y omitieron en sus declaraciones de patrimonio e intereses

No hay duda de que el ministro de Energía, Ricardo Raineri, se leyó y aprendió muy bien la norma antes de elaborar sus declaraciones de patrimonio e intereses, como lo exige la ley a las autoridades del Estado desde 2006. O tiene muy buenos asesores. Porque las tres sociedades comerciales que incluye en ambos documentos son precisamente aquellas en las que aparece vinculado en distintas bases de datos oficiales, financieras y económicas del país. También agrega dos casas, tres vehículos y un crédito hipotecario por el que declara una deuda de UF 909. En estricto rigor, no hay información que falte ni datos de más: lo que declara Raineri se ajusta por completo a la regla. Entonces, para los ciudadanos no debería ser difícil saber cuál es su patrimonio y menos dónde están sus intereses para la transparencia de su gestión. No es así, porque tal cual está hecha su declaración y la de la mayoría de los ministros, es imposible tener claridad sobre una serie de rubros donde sí podría haber conflictos de intereses.

Apenas se supo el 9 de febrero el nombre de quienes integrarían el gabinete del Presidente Sebastián Piñera, CIPER comenzó una investigación para determinar si la actividad finnciera de cada uno de ellos podría significarles algún tipo de conflicto de interés en el desempeño de sus cargos. Una vez finalizada esa tarea, en la tarde previa al terremoto del 27 de febrero, se le envió una carta a todos los nuevos ministros para preguntarles por la vigencia de los vínculos con las sociedades que aparecían ligadas directa e indirectamente a ellos en diferentes bases de datos oficiales. Raineri fue uno de los primeros en responder.

En su respuesta, el titular de Energía dijo que Minnesota Consulting Group Ltda., es una sociedad pequeña, «con un patrimonio que no es importante», a través de la cual se ha dedicado a hacer asesorías en temas de regulaciones sectoriales tanto para el sector público como privado. Esas asesorías, agregó, han sido en materia de energía, telecomunicaciones, portuarias y sanitarias, entre otras. Y aunque un mes después la sociedad sí figura en sus declaraciones, en los formularios no aparece detallado lo que le dijo a CIPER. Así, imposible conocer ni el tipo de actividad que realiza ni el valor de ese patrimonio que el ministro calificó de “poca importancia”.

Lo mismo pasa con otra de sus sociedades declaradas: Inmobiliaria e Inversiones Dogwood S.A., una firma de inversiones que, según reconoció a CIPER, ha invertido en propiedades, pero no puede asegurar que no posea acciones en empresas de electricidad u otras del sector energético. En su respuesta, Raineri señala que es probable que tenga algunas en Copec. «Y si las tiene, no creo que sean mayores a los $10 millones; son marginales», dijo. Esa información tampoco está contenida en ninguna de sus declaraciones, lo que hace imposible determinar a través de ellas si los intereses de esa o cualquiera de sus empresas están involucrados de una u otra forma con las decisiones que deberá tomar a la cabeza su cartera.

En todo caso, que Raineri o los demás 21 ministros del gobierno de Sebastián Piñera hayan omitido ese tipo de datos en sus declaraciones no significa que estén incurriendo en alguna ilegalidad. En los hechos, por más que se ciñan a las reglas del juego, la información solicitada resulta insuficiente. En octubre de 2008, CIPER publicó las acciones y sociedades que los senadores no incluyeron en sus respectivas declaraciones de patrimonio e intereses. Esa investigación hizo públicos tanto los vacíos legales en la norma que impiden la correcta aplicación de la ley, como las omisiones que directamente la infringen. Esas dos lagunas son las mismas que hoy impiden que se pueda conocer a cabalidad cuáles son los bienes y dónde están los intereses de los ministros.

Interés desconocido y patrimonio voluntario

Habían transcurrido cuatro días desde que se empezaron a publicar las declaraciones de patrimonio e intereses de los ministros cuando surgió la polémica. El 15 de abril, el diputado RN Nicolás Monckeberg solicitó de manera urgente al Ejecutivo que se planteara una modificación a la normativa que exige la presentación de estos formularios a las autoridades del Estado. Esto, porque si bien las declaraciones son obligatorias para el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, entre otros altos funcionarios públicos, parte de la información que debe incluir el documento patrimonial es de carácter voluntario. Y de los 22 ministros, sólo cinco incluyeron datos de esa índole.

-No puede ser que la ley diga que es voluntario declarar ciertas cosas, porque se presta para malos entendidos. (…) La transparencia a medias no existe –dijo el parlamentario oficialista.

Horas más tarde, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, dijo que a su juicio la declaración está «bien diseñada» y que la «esencia es que está funcionando la ley tal como fue concebida». Pero cinco días después, al cumplirse un año desde que entró en vigencia la Ley de Transparencia, su compañero de bancada, el senador Hernán Larraín, presentó un proyecto de ley para reformar la normativa de las declaraciones de patrimonio y así lograr que la valorización de los bienes sea obligatoria.

Sea como sea, lo cierto es que, tal como está la ley, no existe un ente del Estado que fiscalice la exactitud de lo declarado por las autoridades. No es un vacío menor. Porque la ley pretende que los intereses de las autoridades sean públicos para así evitar que incurran en conflictos de interés al tomar decisiones que puedan beneficiar sus negocios o los de las personas relacionadas a ellos, ya sean naturales o jurídicas. Eso se complementa con el conocimiento público que debe existir también de su patrimonio, de modo que al dejar el cargo se puedan comparar sus declaraciones y así fiscalizar si existió o no enriquecimiento ilícito durante su gestión. Con ese fin, las reglas son claras en determinar lo que debe incluirse en los distintos formularios, pero también dejan fuera datos importantes.

El decreto que rige las declaraciones de intereses señala que deben anotarse todas las actividades profesionales y económicas del declarante, ya sean remuneradas o no. Además, debe contener el detalle de la relación existente con las entidades con y sin fines de lucro donde se presten esos servicios. Pero en los formularios no hay ningún recuadro para anotar el área o rubro en que se desarrollan dichas organizaciones. Entonces, se puede saber el nombre y tipo de persona jurídica, además del tipo de relación entre ésta y el declarante, pero no en qué área están sus intereses.

Por ejemplo, es imposible determinar a quién, en qué área o qué tipo de servicios presta la sociedad Asesorías e Inversiones Las Tórtolas Ltda., que aparece en la declaración de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. Tampoco si alguna de las tres sociedades que declara la titular de Vivienda, Magdalena Matte, tiene algún tipo de inversión en el área de su cartera. Debido a este vacío, ninguna de las declaraciones de intereses de los 22 ministros sirve efectivamente para cumplir el objetivo de la ley.

Sobre las declaraciones de patrimonio, el reglamento exige que las autoridades incluyan todos los inmuebles y vehículos motorizados de cualquier tipo y que tengan en cualquier forma de propiedad; valores de los que el declarante sea titular y se transen en Chile o en el extranjero; y derechos en comunidades o en sociedades constituidas en el país o en el exterior, además de deudas y otros datos relevantes. Y aunque muchos de los ministros dejan en blanco espacios que deberían llenar por obligación, lo cierto es que cada uno de esos puntos deja a criterio del declarante algunos datos importantes para conocer su patrimonio real.

En el caso de los inmuebles y los vehículos, el declarante es libre de decidir si incluye datos como la tasación fiscal y su valor comercial. Entonces es fácil saber cuántas propiedades o autos tiene un ministro, pero imposible conocer cuánto representa de su patrimonio personal. En el apartado dedicado a sociedades o comunidades, la casilla donde se detalla el patrimonio total de la entidad también queda a discreción de la persona que llena el documento. Así, no se puede aclarar si el porcentaje de participación en ella significa una inversión de mil pesos o de millones. También son voluntarios los datos como el valor de los depósitos a plazo o cuentas corrientes que posea el declarante. Y si sus deudas son inferiores a las 100 U.T.M. (aproximadamente $3,7 millones), tampoco existe la obligación de incluirlas.

Omisiones legales v/s transparencia discrecional

Como el formulario para declarar el patrimonio contiene casilleros para incluir información voluntaria, el hecho de que 17 ministros hayan dejado la totalidad de ellos en blanco no implica ninguna irregularidad. La omisión de estos datos puede ser cuestionable sólo porque al obviarlos se incumple con el espíritu de la ley, pero no con sus exigencias. Por eso el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, cuando fue consultado por Radio Bío Bío por no incluir ese tipo de datos en su declaración de patrimonio, no dudó en decir que “la legalidad la cumplí a plenitud”. Sin embargo, hubo cinco que sí consideraron importante llenar esos espacios para clarificar de mejor manera a la población cuáles son y cuál es el valor de sus bienes.

La vocera del Gobierno, Ena Von Baer, anota en su declaración que su casa en Vitacura está avaluada en $57.255.597, lo que también la tiene endeudada: debe $55 millones por el crédito hipotecario que adquirió para comprar el inmueble. Sobre la empresa Semillas Baer Ltda., en la que participa junto a varios de sus hermanos, entre ellos Karina -la nueva integrante del directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura en reemplazo del recientemente nombrado intendente del Maule, Rodrigo Galilea-, sólo indica que posee el 15% de los derechos sociales. Además, señala que ya no participa en su administración.

El ministro de Planificación, Felipe Kast, declara cuatro inmuebles, todos en copropiedad, y en dos de ellos entrega datos voluntariamente: la tasación fiscal de una casa en Las Condes avaluada en $251.701.744, y de otra en Puerto Varas, cuyo valor es de $35.711.291. En ambas su propiedad corresponde al 20%. Es también uno de los pocos que incluye el porcentaje de derechos y capital de las sociedades que declara. En su caso, son cinco, entre las que hay una juguetería que en su sitio web señala que pronto abrirá un restaurante. La suma de sus aportes en ellas asciende a los $56,6 millones.

Otro de los cinco miembros del gabinete que entregan información no obligatoria, es el titular de Transportes, Felipe Morandé. El ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile no sólo declara una propiedad tasada en $161 millones, un vehículo Peugeot de 2004 con un valor comercial de $5.000.000 y deudas por UF 11.863, sino que además en tres de las cinco sociedades que incluye, apunta el porcentaje de su participación y el valor del capital social. Con eso, se puede inferir que entre los derechos que posee en Agrícola Santa Dorita Ltda. y el Estudio Felipe Morandé y Cía. Ltda, sumado al aporte de $25 millones al fondo de inversión que declara en Geners Capital S.A., su patrimonio a través de estas entidades alcanza los $405,7 millones.

Sin embargo, el ministro Morandé no entrega ninguna información acerca del valor que tiene el 0,5% que posee en Carcava S.A., una sociedad que inició actividades en 2008 y que en Impuestos Internos aparece bajo del giro “otras actividades empresariales N.C.P.”, ni del 0,75% de derechos que declara en Viña Quintay S.A., donde es socio del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Este último indicó a CIPER que deberá rectificar su declaración de patrimonio porque la sociedad Inversiones Unión S.A., que sí incluyó en el documento, no se encuentra activa y corresponde a “un pedazo de tierra en Casablanca” que no desea vender.

El caso de los otros dos ministros que componen el grupo de los que agregan a sus declaraciones información adicional es, a lo menos, paradójico. Si bien sus documentos tienen el valor agregado de incluir detalles que no exige la norma, CIPER comprobó que tanto el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, como el canciller Alfredo Moreno –además de otros tres jefes de ministerios-, omiten datos que en los formularios tienen el carácter de obligatorios.

Los 26 incumplimientos a la ley

Un día antes de que asumiera su cargo al mando de la cartera de Defensa, el ministro Ravinet envió su respuesta a las consultas que le hizo CIPER, al igual que a los demás 21 ministros, antes del terremoto. En ella, reconoció su participación directa e indirecta en 16 de las sociedades que en los registros oficiales aparecen vinculadas a él.

-Dado que no tienen conflicto de interés con la Cartera Ministerial que desempeñaré, no es mi intención venderlas, a menos que la ley lo obligue –indicó en su carta.

Si bien la ley no le exige que se desvincule de ellas, por no estar ligadas a su área de decisión, Ravinet incurrió en un incumplimiento cuando llenó el formulario un mes después. O más bien, en 15. Es cierto que en su declaración de patrimonio el ministro agrega datos voluntarios como los valores de su casa en Vitacura, su departamento en La Parva y su vehículo, además del detalle de su participación en la única entidad con fines de lucro que declara: Comercial e Inversiones Antilhue S.A., donde tiene una inversión de $1.043.465.994. Pero en ninguno de sus dos documentos señala que esa sociedad es la empresa matriz, a través de la cual participa en otras 15 sociedades que reconoció tener en su respuesta. (Ver cuadro)

Lo mismo pasó con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. En su declaración de patrimonio, el hasta hace poco más de mes y medio director de Sodimac y ex vicepresidente de la sociedad controladora de Falabella, agrega voluntariamente el detalle de gran parte de sus activos. Sólo en acciones posee casi $400 millones. Si a eso se le suman los dos fondos mutuos que agrega en su declaración, el monto de su patrimonio bordea los $1.150 millones. Aunque esa cifra resulta marginal si se compara con la cartera que otorgó en fideicomiso ciego voluntario a I.M. Trust el mismo día que asumió el cargo. En ella, Moreno tiene un capital de $30.400.000.000. Pero dejó afuera un dato cuya inclusión es obligatoria. En ninguno de los dos documentos que entregó a Contraloría aparece la Sociedad de Inversiones M.V. S.A. –a través de ella formaba parte de Telemercados Europa–, ya que consideró que bastaba con incluir la firma por medio de la cual tiene su participación: Sociedad Comercial y Editorial Santiago Ltda. Ese mismo criterio fue el que hizo que Ravinet omitiera sus 15 sociedades, a pesar de que la ley es clara al indicar que éstas deben ser agregadas ya sea cuando los derechos sean del declarante “o a través de sus personas relacionadas”.

En todo caso, los ministros Ravinet y Moreno no son los únicos que incumplieron –ya sea de forma consciente o por descuido- con lo que exige la ley al omitir alguna sociedad en sus declaraciones. De las 107 sociedades vigentes que figuran en registros oficiales vinculadas en forma directa o indirecta a algún ministro de Estado, al menos 26 no son ni siquiera mencionadas en los documentos publicados en los sitios web de los ministerios.

Lo que contestó la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, ante la carta que le mandó CIPER, fue claro y preciso: “La información enviada está correcta”. A ella se le preguntó por su vinculación a las siete sociedades donde, según distintos registros además del Diario Oficial, tiene alguna participación. El 5 de marzo llegó su respuesta. Lo que sorprende es que un mes después, al realizar sus declaraciones de intereses y patrimonio , haya omitido tres de ellas: Inventa Transportes Ltda., Precon Inversiones Ltda. y Prefabricados y Pretensados de Hormigón S.A.

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, también olvidó poner una sociedad en sus declaraciones. En su respuesta a CIPER, Bulnes señaló que a través de Inversiones del Litoral Ltda. posee el 5% de otra sociedad que “tiene terrenos en Reñaca y Concón y que no recuerdo como se llama. En estas mantengo mi participación”.

Pero en los documentos que presentó a Contraloría, no hay mención alguna a esa sociedad. Además, en los registros oficiales no aparece ninguna vinculada a Inversiones del Litoral. En cambio, en las bases de datos sí figura Inmobiliaria Ortúzar y Cía. Ltda., en la que el ministro poseía derechos a través de Felipe Bulnes Serrano y Cía. Ltda., al menos desde 1998, cuando pasó de ser sociedad anónima a responsabilidad limitada. Al constatar que en su declaración de patrimonio no incluyó dicha sociedad, Bulnes informó a CIPER que, a pesar de que ella no cuenta con ningún activo vigente, eso ameritaba ampliar su declaración de patrimonio e intereses para dejar en claro que dicha inmobiliaria tenía una sola propiedad: el estudio de abogados ubicado en el piso 13 de Huérfanos 835. Esas oficinas, dijo, se vendieron aproximadamente en 2005 antes de que él se desvinculara del estudio. En la próxima aclaración de su patrimonio, expresó, incluirá también su calidad de miembro del Colegio de Abogados.

Otra información que, si bien puede parecer insignificante, debía haber sido incluida en su declaración de intereses, es el 0,5% de Audax Italiano La Florida S.A.D.P. que el ministro de Minería, Laurence Golborne, tiene a través de Inversiones Kos Ltda.

Como Jaime Mañalich no respondió a las consultas que le hizo CIPER antes y después de que asumiera el mando del Ministerio de Salud, no se pudo verificar si se desvinculó o no de las cinco sociedades que faltan en sus declaraciones: Servicios de Salud Integrados S.A., Diagnósticos por Imágenes Ltda., Seguros CLC S.A., Inmobiliaria CLC S.A. y Sociedad de Prestaciones Médicas Las Condes S.A. Si no lo ha hecho, estaría incurriendo en un claro conflicto de interés, ya que todas están ligadas a Clínica Las Condes, donde hasta hace poco Mañalich era director. Lo que está claro es que otros miembros del gabinete sí se preocuparon de no estar en esa situación apenas los nominaron para sus cargos.

Desvinculaciones de último minuto

Desde que el 9 de febrero se conoció quiénes conformarían el gabinete del Presidente Sebastián Piñera, las críticas por los posibles conflictos de interés que enfrentarían en sus carteras en virtud de su historial en la empresa privada, se convirtieron en un flanco abierto para la nueva administración. Por lo mismo, muchos ministros comenzaron ese mismo día una carrera contra el tiempo para desvincularse no sólo de los directorios que integraban, como lo exige la ley, sino que además de todo aquello que se pudiera prestar para ‘malos entendidos’ antes de asumir el 11 de marzo.

Eso fue lo que ocurrió exactamente con Joaquín Lavín. Apenas supo en febrero que estaría a cargo del Ministerio de Educación, vendió todas sus participaciones en sociedades ligadas al ramo. Por eso, en su declaración de patrimonio sólo aparecen Estudios Económicos Ltda. y Asadep S.A., que corresponde al 3,5% que posee del equipo de fútbol Santiago Wanderers. Y puso término a sus vínculos de años con Desarrollo Educacional La Concepción Ltda., Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda. e Inmobiliaria Ainavillo S.A., relacionadas a la Universidad del Desarrollo, y en las que compartía activos con el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet. Este último vendió el 100% de su parte en Trinitarias, pero se mantiene como accionista de Ainavillo. Además, también se retiró de la sociedad Ediciones Universidad del Desarrollo Ltda.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, vendió durante los primeros días de marzo –según señaló a CIPER- la participación que tenía a través de Inversiones y Rentas Los Naranjos Ltda. en el estudio Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana Abogados Ltda., el que hoy está en medio de las negociaciones entre inmobiliarias y propietarios de edificios dañados por el terremoto como representante de Inmobiliaria Viva. El resto de sus socios compró su parte.

Ese frenesí de venta de sociedades que vivieron los nuevos ministros entre febrero y marzo de este año también se tradujo en inversiones millonarias. Como la operación ejecutada por el canciller Moreno Charme al vender sus derechos en Dersa Tacas Tres Ltda., a través de la cual poseía entre el 1% y el 5% de acciones en S.A.C.I Falabella, con una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos. Se deshizo de ese vínculo el 2 de marzo, al mismo tiempo que se desligó de Inversiones Promac Dos Ltda., propiedad de la familia Del Río.

Algo más austera fue la venta de la sociedad Vox Comunicación Estratégica SpA, que el ministro Golborne formó en septiembre del año pasado. Su participación, equivalente a $5,5 millones, duró sólo hasta febrero de 2010: apenas el Presidente le propuso el cargo en Minería, vendió sus derechos.

-Por el tipo de servicios que ofrecía, era la que más problemas me podría presentar –dijo en su respuesta telefónica a CIPER.