Los políticos y lobbistas que lanzó al ruedo el primer condenado del caso Registro Civil

La tarde del 27 de octubre último, sin que la prensa reparara en él, Andrés Contardo Santibáñez llegó hasta la Fiscalía Centro Norte para entregar una declaración de relieve. El doble asesor informático, quien trabajó en una millonaria licitación sobre tecnología e informática para el Registro Civil al tiempo que vendía información a una de las empresas concursantes, TATA Consultancy Services, entregó nombres de políticos y lobbistas que frecuentaban al director del servicio por asuntos de negocios. No fue una declaración gratuita. Días antes, el doble asesor negoció un juicio abreviado en el que reconocía sólo uno de los dos delitos que se le imputaban en un comienzo: revelación de secreto con grave daño a la causa pública.

El juicio abreviado fue realizado el miércoles 20 y se tradujo en dos penas para el doble asesor: una de tres años y un día por revelación de secreto con carácter de consumado y una segunda de 541 días por el mismo hecho, pero frustrado. Si bien podrá cumplir el castigo en régimen de libertad vigilada, y se le aplicó una multa de sólo 36 UTM ($1.320.444) que podrá pagar en doce cuotas, fue un hecho significativo: es el primer condenado en un caso de múltiples aristas e imputados. Aunque Contardo no es cualquier imputado.

Además de ser el nexo fundamental entre el Registro Civil y la empresa TATA, asomó como la punta de un iceberg de lo que la fiscalía considera un plan mayor de defraudación. De ahí la importancia de lo que dijo y calló el doble asesor en su declaración ante la fiscalía.

Entre lo que calló se cuenta todo lo relativo al rol de los ejecutivos de TATA. En cambio sí apuntó contra el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, y el grupo de influencia que giraba a su alrededor, imputándoles haber hecho gestiones por distintas empresas en los tiempos en que el servicio preparaba dos millonarias licitaciones. Una sobre plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática, por US$ 80 millones. La otra para producir los carnés de identidad y pasaportes, por US$ 300 millones. De acuerdo con el citado testimonio, mientras ambos procesos estaban en curso, Arenas solía reunirse en las oficinas del servicio con el ex diputado Jorge Schaulsohn y el ex ministro de Justicia Isidro Solís, dos de sus antiguos correligionarios y amigos.

Según Contardo, no eran reuniones de camaradería. Schaulsohn representaba a la empresa norteamericana Digimarc, interesada en adjudicarse la licitación por los US$ 300 millones. El ex asesor asegura que sus reuniones con Arenas tenían el objetivo de conseguir ese contrato, algo que Schaulsohn ha negado.

Aún más alto apuntó Contardo al identificar al ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, como representante de Entel en la misma licitación.

A los políticos agregó a un abogado que identificó como Alejandro Vergara, quien habría actuado en representación de Solem, una empresa que se adjudicó una tercera licitación para un laboratorio de biometría facial.

Contardo también lanzó el nombre del ex carabinero Segundo Joaquín Mora, acusándolo de actuar en favor de la firma española Indra en una licitación que el ex director no alcanzó a asignar antes de ser removido. Arenas habría decidido favorecer a esta multinacional, adjudicándole el negocio de los carnés de identidad y pasaporte desde antes que las bases de licitación fueran publicadas.

Los cuatro personajes –Schaulsohn, Solís, Vergara y Mora- circulaban habitualmente por las oficinas de Guillermo Arenas y, según la misma declaración, manejaban códigos de lealtad y confianza entre sí.

A la citada declaración de octubre le siguió una última, fechada el 22 de diciembre, que no varió mayormente de la anterior. Con excepción de ciertas precisiones sobre errores y detalles referentes a algunas de las personas aludidas, el asesor informático ratificó los dichos previos que sellaron la negociación para llevarlo a juicio abreviado.

En rigor, las últimas dos declaraciones no constituyen una confesión ni entregan pruebas de sus acusaciones. Sin embargo, pueden tener impacto político y pueden ser de utilidad para los propósitos de la fiscalía y los querellantes: demostrar que el ex director del Registro Civil utilizaba su cargo para conseguir coimas a cambio de la adjudicación de millonarias licitaciones.

PRINCIPIOS FIRMES

El nombre de Jorge Schaulsohn salió por primera a la luz pública en este caso cuando el ministro de Justicia, el radical Carlos Maldonado, denunció ante el Ministerio Público que el nombre del primero estaba entre las personas que ejercían “ofertas de influencias indebidas” para conseguir negocios con el Registro Civil. La denuncia fue gatillada por una investigación publicada sólo cuatro días antes por CIPER, lo que detonó el escándalo por la relación de TATA con Contardo y las irregularidades en la licitación.

Ante los dichos del ministro de Justicia, el aludido reconoció ser amigo de Guillermo Arenas y representante legal de la firma norteamericana Digimarc, que pretendía el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes. Pero no obstante ello, el ex dirigente PPD y actual ChilePrimero, quien en 2006 dejó la Concertación denunciando que a ésta la animaba una “ideología de la corrupción”, negó haber ejercido influencias con su amigo. De paso, dijo además que quienes pretendan involucrarlo en asuntos turbios “se van a pisar la cola”.

No pasó mucho tiempo antes de que alguien desoyera sus advertencias. Primero fue el dueño de Sonda, Andrés Navarro, quien en una entrevista con Qué Pasa dijo haber sido visitado por Schaulsohn para ofrecerle sus buenos oficios ante las licitaciones en curso del Registro Civil. Sin embargo, tras ratificar sus dichos ante la fiscalía, Navarro se negó a firmar su declaración.

Después fue el turno de José Orlandini, gerente de la división de servicios de integración y outsourcing de Sonda. El ejecutivo dio cuenta ante la fiscalía de que el nombre de Schaulsohn era mencionado a modo de rumor en la industria como uno de los lobbistas que ofrecía sus servicios a cambio del 8% del valor de la propuesta. Unos 24 millones de dólares.

El gerente general de la empresa de informática y telecomunicaciones Protab, Felipe de Vidts, también tuvo algo importante que decir al respecto. Según el diario La Segunda, ante la fiscal Alejandra Godoy, quien conduce la investigación, De Vidts dijo que el dirigente de ChilePrimero se había acercado a él para ofrecerle “una participación privilegiada en el proceso” de licitación de las cédulas de identidad y pasaportes. “El da a entender que tiene la llegada, que conoce el Registro Civil”.

De acuerdo con este testimonio, la idea de Schaulsohn era que Protab se aliara a Digimarc y actuara como ejecutor de proyecto. Así se lo habría hecho saber a De Vidts. También le habría informado que la licitación para la plataforma tecnológica del servicio, que precedía a la otra, ya estaba adjudicada en favor de TATA.

Jorge Schaulsohn ha negado las imputaciones anteriores. También ha desconocido haber siquiera visto a Andrés Contardo, no obstante que éste refiere que fue Arenas quien los presentó en las oficinas del Registro Civil. Schaulsohn y Arenas son amigos entrañables desde los años en que militaban en la juventud del Partido Radical. De ello da cuenta un díptico de campaña de la candidatura a diputado por el distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel) que Arenas emprendió sin éxito en 1997, en el cual Schaulsohn firma la siguiente declaración: “Con Guillermo trabajamos desde los 14 años. Hemos estado en muchas jornadas de lucha. Tiene opiniones claras y firmes principios”.

EL EX MINISTRO

El Partido Radical (PR) es también el origen de la amistad entre Guillermo Arenas e Isidro Solís, el otro político señalado por el asesor informático como uno de los intermediarios en las licitaciones del Registro Civil. Aunque a fines de los ’80 el primero se mudó al PPD y el segundo permaneció en el PR, ambos amigos coincidirían en destinaciones políticas.

A comienzos de los ’90 Arenas asumiría como jefe de Administración y Finanzas de la Dirección de Seguridad Publica e Información, más conocida como La Oficina, de la que Solís sería director. Este último, al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrado ministro de Justicia y propuso el nombre de su amigo Arenas a la cabeza del Registro Civil, dependiente de esa cartera.

El entonces vicepresidente del Partido Radical permaneció sólo un año al frente del Ministerio de Justicia. En marzo de 2007 la Presidenta la pidió la renuncia. Su regreso a la actividad privada coincidió con el inicio del proceso de licitación de los carnés de identidad y pasaportes en la que Solís, de acuerdo con el testimonio del asesor informático, habría procurado influir en favor de la empresa Entel. En ese entonces el conglomerado de telecomunicaciones chileno apostaba a adjudicarse el negocio mediante una alianza con la empresa norteamericana L-1 Identity Solutions. Esta última, que fabrica verificadores y cédulas de conducir, adquirió en 2008 Digimarc, la empresa que representaba Jorge Schaulsohn.

Entel también tenía intereses en la licitación de la plataforma tecnológica. Mediante una alianza con la multinacional TATA, que resultó favorecida en circunstancias irregulares, ofreció el servicio de comunicaciones. Su propuesta tenía un costo cercano a 9.000 UF mensuales, casi el triple de lo ofrecido en este ítem por los otros dos competidores representados por Sonda y Quintec.

Hoy Entel postula a la licitación de los carnés de identidad y pasaportes a través de Cientec, de su propiedad, que a la vez actúa en sociedad con la francesa Sagem Sécurité. Su representante en este proceso de licitación es el ex ministro y abogado radical Juan Agustín Figueroa.

CARABINERO EN RETIRO

Pese al lobby que según Contardo habrían ejercido los amigos de Arenas, el mismo asesor asegura que para 2007 el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes ya estaba adjudicado a la española Indra. Esta poderosa multinacional habría contado con los influyentes oficios del ex oficial de Carabineros, Segundo Joaquín Mora. El asesor informático lo señala como uno de los hombres de confianza de Arenas y quien habría intermediado para la concreción del negocio. Según su versión, el acuerdo habría sido afinado en varias reuniones en las que participaron Arenas, Contardo y representantes de los españoles.

Contardo asegura haber escuchado de boca del propio Arenas que la decisión de adjudicar irregularmente el negocio a la firma española provenía del ministerio de Defensa chileno. También le habría confidenciado que para los españoles el negocio no era muy relevante en términos monetarios.

Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre. También es uno de los siete postulantes para la fabricación de las nuevas cédulas y pasaportes que debe dirimirse en febrero. Sin embargo, quedó en un mal pie al impugnar sin éxito el actual proceso.

Aunque el asesor informático no entrega mayores antecedentes respecto de Segundo Joaquín Mora, CIPER pudo establecer que éste fue jefe de Comunicaciones de Carabineros y hombre de confianza del ex director de la institución, Rodolfo Stange. Desde 1991, cuando pasó a retiro como teniente coronel, se dedicó a los negocios.

Fue en estas nuevas ocupaciones, por intermedio de un socio, que Mora conoció a Eric Schnake. Trabaron amistad y al tiempo el primero se mudó a las oficinas del abogado en calle Catedral y comenzó a tratar a los amigos del dirigente PPD. Uno de ellos era Guillermo Arenas, quien llegó a trabajar a las oficinas de Schnake una vez que salió del Instituto de Salud Pública. Se hicieron amigos y socios en negocios inmobiliarios. Una década después, cuando Arenas asumió la dirección del Registro Civil, Mora comenzó a visitar las oficinas del servicio para tratar acerca de los negocios venideros.

CIPER comenzó a investigar la relación entre Arenas y Mora en mayo de 2008, estableciendo los vínculos pero no logrando certificar irregularidades. El trabajo de reporteo llegó rápidamente a oídos de Arenas, según consta en las interceptaciones telefónicas ordenadas por la fiscalía. Aunque la información que tenía sobre el trabajo periodístico contenía numerosos errores, el ex director del Registro Civil llamó alarmado a su amigo Isidro Solís para pedirle que ejerciera influencias para parar la publicación:

“Pero acuérdate que Joaquín Mora es mi amigo. Páralos para que no lo nombren (…) Es un ex oficial de Carabineros de alta weá. Yo tuve con él estrictamente negocios inmobiliarios. Tres negocios inmobiliarios. El primero de ellos con una factura de él de más de 100 millones, de hace más de 10 años atrás, donde me compré mi casa, con el pelado Schnake, pero en esta otra weá. Cero, coma cero, cero. ¿Cachai?”, le dijo Arenas a Isidro Solís en una conversación grabada por la policía.

CONSULTORA INTERNACIONAL

Mora no sólo habría oficiado de intermediario con la española Indra. También tomó contacto con la empresa Quintec para ofrecer sus servicios en la adjudicación de las licitaciones del Registro Civil bajo la administración de Arenas. Los vínculos de Mora con Quintec se remontaban a un proyecto de licitación de la central de comunicaciones de Carabineros en el que el ex uniformado ofició de asesor para esa empresa. Los contactos se retomaron en 2007, y según dijo a CIPER un ejecutivo de Quintec, en esa oportunidad Mora “habló de un plan estratégico de tres licitaciones que el director del Registro Civil tenía contemplado para el servicio en materia informática”.

En particular a Mora le interesaba promocionar un proyecto para la venta externa al servicio de certificados emitidos por el Registro Civil. “Nos dijo ‘esto es lo que hemos diseñado con el director del servicio, Guillermo Arenas’, informándonos que para esta licitación el contrato tendría una duración de cuatro años y su monto alcanzaba US$ 40 millones”.

Mora gestionó con Arenas una reunión en la que participaron ambos junto a otros representantes del Registro Civil y Quintec. Pero de acuerdo con la misma versión, las gestiones habrían sido interrumpidas una vez que los ejecutivos de Quintec recibieron el recado proveniente de la dirección del servicio: la adjudicación del negocio implicaba el pago de $100 millones al momento de la licitación y otros $100 por cada uno de los cuatro años que establecía el contrato. Fuentes cercanas a Mora descartan cualquier irregularidad y sólo admiten que se gestionaron reuniones con Arenas para el proyecto con Quintec.

El proyecto de modernización para el Registro Civil trazado por Guillermo Arenas consideró además una cuarta licitación que hoy está bajo cuestionamiento. La idea esta vez consistía en implementar un laboratorio de biometría facial destinado a la instrucción de los funcionarios del servicio en la materia y cuyo costo bordeaba el millón de dólares.

De acuerdo con la última declaración del asesor informático, en la adjudicación a la empresa Solem intervino un abogado llamado Alejandro Vergara, otro de los lobbistas del círculo de Arenas, quien también rondaba las oficinas del fallecido Eric Schnake.

Pero según Contardo, los planes de Guillermo Arenas no se habrían limitado a administrar las licitaciones del servicio. Una vez que concluyera el “proceso de modernización”, y con la experiencia acumulada, pretendía formar junto a su hijo una consultora internacional en materia de registros civiles.

PATRIA Y LIBERTAD

Si bien Andrés Contardo entrega antecedentes valiosos, pues contribuyen a magnificar el plan de defraudación que a juicio de la fiscalía Guillermo Arenas habría montado durante su gestión en Registro Civil, sus últimas declaraciones resultan parciales y en cierto modo decepcionantes para efectos de la persecución penal.

El asesor informático no implica directamente a Arenas en actos ilícitos. Dice no conocer al gestor de negocios Danilo Rivas, señalado por otros imputados como uno de los actores clave en la irregular adjudicación a la empresa TATA por la plataforma tecnológica. No menciona a Rodrigo Codorniu, otro de los personajes señalados como lobbistas. Y no hay una sola palabra que aluda a la responsabilidad que le cupo a los ejecutivos de TATA en el millonario intento de defraudación.

Quienes han seguido de cerca la investigación consideran que si Contardo pasó casi seis meses en prisión y no habló contra sus antiguos empleadores en la empresa india, no lo hará nunca.

Aunque en esos meses de encierro se lo vio deteriorado, por días muy a mal traer, el asesor informático se mantuvo firme en su reserva con respecto a TATA. Tan firme como se mostró al terminó del juicio abreviado del miércoles: pese a la insistencia de los periodistas, Andrés Ruperto Contardo Santibáñez no pronunció palabra.

De 58 años, este ingeniero sin título universitario que se presenta como experto en informática es un hombre formado en cierto rigor militar. Mientras estudiaba Ingeniería en Ejecución en la Universidad de Chile, carrera que no terminó, Contardo militó en Patria y Libertad. No tuvo gran figuración en ese movimiento de extrema derecha, pero uno de sus compañeros de entonces, el empresario y dirigente salmonero César Barros, quien también estuvo en Patria y Libertad, lo recuerda como un cuadro perseverante entre “el lote de la Universidad de Chile”.

El convencimiento de que Contardo no declararía contra los ejecutivos de TATA llevó a la fiscal Alejandra Godoy a negociar un juicio oral con él. Pero no fue la única razón ni menos la principal. El asesor informático es considerado una pieza menor en el entramado de irregularidades investigadas por el Ministerio Público hace un año y diez meses. Y considerando que el objetivo mayor está centrado en demostrar la culpabilidad de Arenas y los más altos ejecutivos de filial de TATA en Chile, el hecho de que Contardo haya sido condenado antes de que se celebren los juicios orales contra aquellos, resulta beneficioso para la fiscalía.

Hay además un factor subjetivo: ante al fracaso de los últimos juicios por fraude al fisco, al menos la fiscalía parte asegurándose una condena. Aunque ésta sea menor y con pena remitida.

No obstante lo anterior, la decisión de resolver la situación de Andrés Contardo mediante juicio abreviado fue intensamente discutida en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde hubo voces disidentes. No todos estaban de acuerdo con esta estrategia de la fiscalía, que además excluía la acusación de cohecho planteada inicialmente en la demanda del CDE. Finalmente se optó por no impugnar el juicio oral, aceptando que la condena permitirá reafirmar las imputaciones contra los jefes del asesor informático.

La decisión judicial sobre Contardo es un hecho significativo. Pero sólo el punto de partida. Inmediatamente después de la condena contra el asesor informático, en una audiencia de apercibimiento de cierre, la fiscal Alejandra Godoy pidió ampliar el plazo de la investigación. Le fue concedido, pero sólo parcialmente. El plazo vence el 27 de marzo. Hay aún diligencias pendientes. Y según anunció la misma fiscal en la audiencia, es probable que sobrevengan nuevas formalizaciones antes de las anunciadas para marzo contra uno de los ejecutivos de TATA. Esto recién está comenzando.