Quiénes fueron los casi mil donantes públicos de la campaña de Bachelet

Los comandos de los cuatro candidato presidenciales –Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera- ya empezaron a recibir las transferencias de fondos depositados por aquellos donantes a sus campañas políticas que prefieren que sus nombres permanezcan en secreto. Si se repite lo acontecido durante la elección de 2005 –la primera presidencial en la que operó la Ley de Financiamiento y Gasto Electoral-, la gran mayoría de los aportes serán por esa vía y permanecerán reservados.

La única excepción de la última presidencial fue Michelle Bachelet. Mientras Joaquín Lavín y Tomás Hirsch no recibieron aportes privados de carácter público y Sebastián Piñera sólo registró $4.000.000 de una empresa en la cual participa como socio –Inmobiliaria Aconcagua-, durante la primera vuelta la actual presidenta recibió casi mil donaciones de particulares que estuvieron dispuestos a hacer públicos sus nombres.

A través de una solicitud de acceso a la información pública hecha al Servicio Electoral (Servel), CIPER tuvo acceso a la nómina completa de dichos aportantes, entre los que se encuentran importantes personeros del gobierno de Ricardo Lagos, así como también varios de quienes integrarían más tarde el gabinete de Bachelet.

Una de las críticas que se le hace a la ley de financiamiento electoral chilena es que permite que los grandes financistas de las campañas políticas permanezcan anónimos y que sean muy pocos los que den la cara, como ocurre en países como Estados Unidos, donde existe un registro público de cada uno de los donantes. Pero esta característica es valorada por un experimentado recaudador de la Concertación, quien apunta que la reserva de los donantes ha permitido que los grandes grupos económicos no tengan herramientas para presionar al gobierno invocando su carácter de financistas de su campaña.

Y aunque la normativa permite conocer montos globales, otro recolector de fondos, afirma que la falta de regulación da espacio para que aún exista la vieja figura del maletín con efectivo que entrega fondos al margen de la ley. Ello se constata al observar la poco prolija rendición de cuentas que han hecho hasta ahora los distintos candidatos y la escasísima fiscalización de la que han sido objeto desde que entró en vigencia la ley.

Como sea, gracias al listado entregado por el Servel por primera vez se conoce una nómina tan extensa de donantes, que si bien hacen aportes modestos, suman $154 millones.

La nómina del Servel contiene bastantes errores de digitación. Por ejemplo, identifica como Eduardo Beltrán a Eduardo Bitrán, en ese momento director del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y quien luego fue nombrado ministro de Obras Públicas por Michelle Bachelet. El actual presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad aparece donando $500.000 a la campaña.

No fue el único. Varios de quienes se convertirían en integrantes de la administración Bachelet apoyaron financieramente su candidatura. Los aportes más bajos los registran el asesor de la Dirección de Presupuestos, Julio Valladares, con $15.000, y el subsecretario del Trabajo, Mauricio Jélvez, quien donó $25.000. Con $50.000 se pusieron su primera ministra de Mideplan, Clarisa Hardy; la actual embajadora en Francia, Pilar Armanet; la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic; la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinoza; el gerente general de TerraSur, Antonio Dourthé y el ministro de Minería, Santiago González, quien puso dos veces esa suma.

El director jurídico del Consejo para la Transparencia, Enrique Rajevic, aportó $60.000, el ex presidente del Consejo de Equidad, Patricio Meller aportó $75.000, el director de Fonasa, Hernán Monasterio, donó $100.000, lo mismo que el jefe de la División Jurídica de la Segpres, Jorge Claissac y el ex director de Polla, Máximo Aguilera. Un poco más generoso fue el gerente general de Enap, Rodrigo Azócar, quien entregó $200.000, al igual que la ex ministra de Minería, Karen Poniachik y la directora ejecutiva de la Ciudad Parque Bicentenaro, Adriana Delpiano.

El fallecido economista Jaime Crispi, quien dirigió la Comisión de la Infancia, puso $250.000, mientras que la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, aportó $300.000, al igual que el jefe de gabinete del ministro del Interior y vicepresidente del Metro, Carlos Mladinic. El ex presidente de Enami, Oscar Landerretche Gacitúa, hizo dos aportes, que suman $550.000.

Quienes al momento de la campaña se desempeñaban en la administración Lagos también abrieron su chequera. Juntos en la planilla aparecen varios de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluyendo al ministro Nicolás Eyzaguirre ($500.000), su jefa de gabinete, Marta Tonda ($30.000) y su encargada de prensa, Tatiana Klima ($20.000).

El llamado “segundo piso” de asesores de Ricardo Lagos en pleno aportó a la campaña de Bachelet: Pedro Durán, Carlos Vergara y Ernesto Ottone donaron $100.000 cada uno, mientras que Guillermo Campero aportó la mitad de ese monto y Enrique París puso $60.000.

Otros nombres que tuvieron cargos durante el gobierno anterior y que aparecen como donantes son el ex subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán ($200.000); el ex subsecretario del Interior y ex ministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil ($400.000); el ex ministro de Minería, Alfonso Dulanto ($300.000); el ex presidente de Conicyt, Eric Goles ($150.000); la ex ministra de Mideplan y hoy directora de la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandra Krauss ($50.000) y el ex subsecretario de Gobierno Jorge Navarrete ($200.000).

También hubo varios personajes históricos de los gobiernos de la Concertación que apoyaron la campaña. Uno de los aportes individuales más cuantioso aparece hecho por el abogado y también ex ministro Carlos Figueroa Serrano: $1.000.000. El sociólogo, consultor y ex director de comunicaciones del gobierno de Aylwin, Eugenio Tironi, entregó $600.000. Isabel Margarita Morel, la viuda del ex canciller Orlando Letelier, registra un aporte de $ 797.000.

Entre los concertacionistas del sector privado destaca el nombre de Francisco Courbis, ex gerente general de Colbún y actual presidente de Eléctrica Pilmaiquén, empresa que cuenta entre sus propietarios al ex presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, y su sucesor en el cargo, Andrés Concha.

Si bien Michelle Bachelet fue la candidata que recibió mayores aportes de empresas –seguida de Joaquín Lavín y Sebastián Piñera- sólo un puñado se animó a hacerlo abiertamente y no en forma anónima. De ellas, al menos dos están ligadas al mundo político. La Consultora de Estudios Financieros, Económicos y Sociales Limitada, que en la nómina del Servel aparece nombrada como “Constructora EFES Ltda.”, pertenece a los directores de La Nación Raimundo Valenzuela (PS) y Enrique Alcalde (UDI), junto al ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, y el ex ministro y consultor Enrique Correa. Su aporte fue uno de los más elevados de todos los recibidos en forma pública: $2.000.000.

En cambio, sólo $50.000 pesos donaron “Vásquez, Ewing, Juppet y Cía, Ltda.”, en la que participan el senador radical Guillermo Vásquez y la ex vicepresidenta de Capredena, Patricia Ewing.

En la nómina de donantes públicos por Bachelet aparecen reiteradamente la jefa de gestión del comando y posterior ministra de Economía, Ingrid Antonijevic; el encargado de finanzas, Marcelo Belmar; el ex subdirector de Impuestos Internos, Benjamín Schutz y el ex ministro Germán Molina. Según explica uno de ellos, no se trata de fondos personales sino que actuaron como recaudadores de pequeños montos que luego ingresaron como aportes públicos.

La misma fuente calcula que en las dos vueltas presidenciales, fueron cerca de $1.000 millones los dineros aportados por personas individuales entre donaciones públicas y reservadas. Esto se logró gracias a una estrategia que contempló una campaña de “aportes ciudadanos” con puestos en la vía pública y a los llamados “anfitriones por Bachelet”.

Esta vía de recolección recaudó gran parte de los dineros de particulares. Eran unos 200 “anfitriones” que tenían como misión organizar encuentros –fiestas, reuniones, cenas- en los que “pasaban el sombrero” en busca de donaciones. Algunos de los nombres que figuran en la lista del Servel pueden haber sido anfitriones que luego depositaban el dinero a su nombre. En cualquier caso el comando disponía de un talonario del Servel en el cual los aportantes que querían hacer pública su donación anotaban su nombre y obtenían un recibo.

Elecciones municipales: opacidad y falta de prolijidad

Causó sorpresa esta semana la revelación del excéntrico empresario Leonardo Farkas de que todos los candidatos presidenciales le habían pedido plata. No es la primera vez. Durante la última elección municipal, Farkas apoyó con $3.000.000 a Waldo Sankan, candidato a alcalde de Arica. Sankan resultó electo y actualmente se encuentra formalizado por fraude al fisco.

De acuerdo a un estudio de Chile Transparente, durante la elección municipal de diciembre de 2008 sólo el 7,8% de las donaciones recibidas por los candidatos tuvieron carácter público. El Servel se encuentra digitalizando estos datos para subirlos a su sitio web, pero a través de la Ley de Transparencia CIPER obtuvo copia de las rendiciones de ingresos de los candidatos a alcalde de las principales comunas del país.

En el análisis de las rendiciones de 241 candidatos a alcalde resulta evidente que las donaciones públicas son mínimas. Pero no sólo eso: los aportantes que dan la cara suelen ser familiares de los candidatos o bien no donan dinero, sino trabajo voluntario o el usufructo de bienes físicos, como vehículos para ser utilizados en actividades de campaña.

Entre los pocos que tuvieron donaciones privadas de carácter público varias rendiciones fueron hechas con poca prolijidad. Hay algunos que no incluyen los nombres en la planilla de ingresos, con lo cual en la práctica dejan de ser públicas. Es el caso del candidato a alcalde por Rancagua, Carlos Arellano (DC), quien registra $6 millones de aportes en efectivo sin indicar quién se los entregó. Lo mismo hizo Adelaida Escalona, postulante democratacristiana por San Felipe, quien además, como muchos de los candidatos, llenó su planilla con letra manuscrita.

Entre las excepciones se encuentra el socialista Marcos López, quien intentó llegar a la alcaldía de Copiapó: 42 de sus aportantes son públicos y aparecen individualizados. Su rendición demuestra además la importancia de la transparencia en el financiamiento de las campañas, pues entre sus donantes figura la intendenta de Atacama, Viviana Ireland, con $1.000.000.