La conexión de Patricio Rojas con el caso Mirage y sus negocios con el Ministerio de Defensa

Una amistad mucho más profunda que la conocida hasta ahora une al ex ministro DC con Bartolomé Dezerega, quien recibió dineros que la justicia belga catalogó como coimas por la compraventa de los Mirage Elkan. Su hijo Alejandro trabajó con Rojas en Defensa y ha sido su socio en una desconocida entidad sin fines de lucro que le vendió estudios a ese ministerio y a otras reparticiones estatales. Este organismo fue creado por Rojas poco antes de dejar el gobierno de Aylwin, junto a tres de sus subsecretarios. Por esa entidad pasó otro de sus amigos: el general (r) Ramón Vega, procesado en el juicio por las coimas. En paralelo, Alejandro Dezerega creó una empresa de asesorías financieras que tiene cuentas en el mismo banco de Miami en que su padre recibió casi US$ 3 millones vinculados a las comisiones ilegales. Cuando el escándalo comenzó a ventilarse, los Dezerega y Rojas vendieron parte de sus bienes raíces.

Nuevos antecedentes -pesquisados y confirmados por CIPER durante los últimos dos meses- revelan el estrechísimo vínculo que une al ex ministro de Defensa Patricio Enrique Rojas Saavedra con Bartolomé Dezerega y a su hijo Alejandro, ambos investigados judicialmente por el pago de US$ 3 millones desde una cuenta desde donde se distribuyeron las coimas por la compra de los cazabombarderos belgas (1994). El nexo devela el modelo de negocios que Rojas diseñó ese mismo año con la desconocida Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) -cuando todavía era ministro de Patricio Aylwin- y en la que también participó el general (r) Ramón Vega, el principal procesado por el juez Omar Astudillo en el mismo proceso.

La trama arranca a partir de tres datos ya conocidos: Uno, entre quienes recibieron dineros vinculados al pago de coimas por la millonaria operación de los Mirage, figura el ingeniero Bartolomé Benedicto Dezerega Salgado (75 años); dos, que este antiguo militante DC y ex gerente general de TVN recibió casi US$ 3 millones en una de las cuatro cuentas bancarias a su nombre en el banco Espírito Santo de Miami; tres, que Dezerega es un viejo amigo de Patricio Rojas y que su hijo, Alejandro Bartolomé Dezerega Petoohoff, fue asesor del entonces titular de Defensa.

En parte por eso, el juez Astudillo interrogó a Rojas (76 años) en enero pasado y decretó varias diligencias cuyos resultados se ignoran pues le quitó el acceso a las partes.

Rojas y Dezerega Salgado son íntimos y leales amigos desde los inicios de los ’60, amistad que se convirtió en un lazo indisoluble a raíz de una doble tragedia familiar que le provocó un duro trauma a éste último y en la que contó con la ayuda clave de Rojas. Tanto es así, que los domicilios de ambos son casi contiguos porque así lo decidieron ellos mismos al construir sus casas en 1963 a escasos metros en las calles Huara Huara y Vichato, en Las Condes.

Así, en 1990, fue el propio Rojas quien llevó a Bartolomé Dezerega a la gerencia general de Televisión Nacional. Para Dezerega fue volver a la función técnica que le cupo –también de la mano de Patricio Rojas- en la fundación de ese canal a fines de los ’60. Tres ejecutivos de TVN de los ’90 dijeron a CIPER que más de una vez le oyeron decir a Dezerega que “le debía la vida” a Rojas.

El nexo de Rojas con Alejandro Dezerega Petoohoff (41 años), no sólo es la prolongación de la estrecha y cómplice amistad del ex ministro de Defensa con Dezerega padre. Este ingeniero civil electricista mantiene una extensa relación laboral con Rojas, desde abril de 1992, cuando entró a trabajar primero como asesor del ministro de Defensa y luego –en octubre del mismo año- como profesional a contrata en el grado 4 del mismo ministerio. Fue ese contrato el que le permitió a Dezerega Petoohoff sólo dos meses más tarde ser beneficiado por Rojas con lo que en la administración pública llaman una “beca de oro”.

En diciembre de 1992 partió a la Escuela Naval de Monterey, California, al curso “Resource Planning and Management for International Defense”, comisión de servicio que se prolongó hasta el 16 de junio de 1994, recibiendo durante todo ese período -además de las asignaciones de su destinación- su sueldo y una serie de otros viáticos. Ya iniciado el gobierno de Eduardo Frei, esos beneficios motivaron reparos y recortes presupuestarios de sus superiores.

Dezerega Petoohoff renunció al Ministerio de Defensa en mayo de 1995 –cuando dependía del nuevo ministro, Edmundo Pérez Yoma-, pero su relación con Rojas se prolongó a través de una entidad poco conocida y que se convirtió en una de las actividades remuneradas del pediatra por largos años: la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES). Un organismo sin fines de lucro creado por el ex ministro para hacer estudios y proyectos en temas de seguridad y defensa, y venderlos a potenciales interesados. Varios de ellos los compró el Ministerio de Defensa. Dezerega Petoohoff ha integrado esa entidad desde 1994 hasta por lo menos el 2005, y durante el 2002 formó parte de su directorio.

Los documentos oficiales de la CEES muestran varias irregularidades desde su fundación, desde la falta de pertinencia y transparencia sobre el origen del financiamiento de algunos de sus trabajos, hasta anomalías en el origen de sus ingresos y en el desglose de sus balances. Y entre sus principales clientes figura el ministerio de Defensa.

En paralelo a esa actividad, Dezerega Petoohoff creó y administró Premium Risk S.A., una empresa de asesorías financieras que tiene una cuenta en la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo. La cuenta es una de las cuatro que su padre, Bartolomé Dezerega, abre en dicha entidad, donde recibió los pagos que investiga Astudillo. Dichos dineros llegaron a lo menos a tres de las cuatro cuentas –y no sólo a una como se ha dicho hasta ahora- en doce depósitos detectados el ’95 principalmente, y que continuaron el ’96, ’97 y el último corresponde al ’98. La justicia belga determinó que esas transferencias obedecen a comisiones por la compraventa de los cazabombarderos.

Más tarde, cuando el Caso Mirage comenzaba a develarse, Premium Risk empezó a liquidar varios bienes raíces.

El análisis de diversos documentos oficiales de la CEES que CIPER ha obtenido mayoritariamente por la vía del acceso a la información pública (oficios reservados, órdenes de compra, memorias, actas y archivos), indica que la historia de dicha corporación exhibe un sinnúmero de irregularidades desde su fundación, desde la falta de pertinencia y transparencia sobre el origen del financiamiento de algunos de sus trabajos, hasta anomalías en el origen de sus ingresos y en el desglose de sus balances.

Lo anterior genera gruesas interrogantes ya que el ministerio de Defensa, y también el de Interior en algunos casos, según afirmó el propio Patricio Rojas, han sido sus principales clientes. Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa en distintas presidencias de los últimos 20 años, afirmaron a CIPER en forma separada y bajo reserva de su identidad, que esa cartera le pagaba a Rojas en forma anual por estudios que no se justificaban, práctica que se cortó en una fecha no precisada. Los documentos que el ministro de Defensa Francisco Vidal entregó a CIPER –no así su antecesor, José Goñi, quien se negó a la búsqueda- sobre su relación con la CEES permiten un primer análisis a fondo sobre este punto.

El cuadro se complica con los testimonios recogidos por CIPER que aseguran que la relación de Rojas con el ex comandante en jefe de la FACh, general (r) Ramón Vega –uno de los principales procesados por las coimas de los Mirage- fue mucho más allá del ámbito institucional y se tradujo en una estrecha amistad. No es de extrañar entonces que en uno de los estudios que la CEES enviara a un ente estatal solicitando su financiamiento, aparezca Vega como el investigador a cargo. Ese y otros antecedentes indican que el ex uniformado participó en la mencionada Corporación de Estudios Estratégicos al igual que Dezerega Petoohoff.

Comenzando con el pie izquierdo

El 7 de enero de 1994, faltando algo más de dos meses para que Patricio Rojas abandonara el Ministerio de Defensa, él y otras nueve personas constituyeron la CEES ante el notario Eduardo Javier Díaz Morello. El listado incluye a tres subsecretarios que habían servido bajo sus órdenes: Jorge Kindermann Fernández (Carabineros), Marcos Sánchez Edwards (Guerra) y Mario Fernández Baeza (Aviación). El primero se encontraba ese día en funciones, mientras que Sánchez se había cambiado al Ministerio de Justicia como subsecretario.

De los otros seis fundadores de la CEES, dos trabajaban en la misma cartera: la asesora jurídica y abogada María Eugenia Navarrete, y su segundo en Defensa, Claudio Troncoso Repetto (hoy director jurídico de la Cancillería). La lista incluye a tres antiguos militantes DC: Eduardo Zúñiga Pacheco, Eduardo Patricio Palma Carvajal y Eduardo Arriagada Moreno. El último de los firmantes del documento fundacional fue Carlos Eduardo Rojas Saavedra, hermano mayor del ex ministro, quien ocupó siempre el cargo de tesorero de la CEES y cuyo rol en esta historia es a lo menos interesante.

Sólo dos meses y dos días demoró la tramitación de la personería jurídica para la corporación sin fines de lucro de Patricio Rojas, a pesar de que el trámite demora como mínimo más de un año. El 9 de febrero de 1994, la subsecretaría de Justicia dictó el Decreto 244 que se la otorgó y que fue publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo, el último día del gobierno de Aylwin. El dictamen lleva la firma del entonces subsecretario de Justicia, Marcos Sánchez Edwards, quien a la vez era socio fundador de CEES.

Este detalle no es recordado por ninguno de los creadores de la CEES consultados por CIPER. El mismo Patricio Rojas, en esta entrevista insiste en que no recuerda “nada” del mismo y añade:

– Usted comprende que todos esos decretos van a trámite de razón de la Contraloría. Si no hubiera sido de acuerdo a Derecho, habría sido rechazado u objetado. Si no fue objetado, es porque estaba ajustado a Derecho.

Además de su paso por las subsecretarías de Guerra y Justicia, al abogado Marcos Evaristo Sánchez Edwards (60 años) lo une con Rojas una amistad de años. El propio Rojas dice que “es amigo mío desde antes del Ministerio de Defensa, por haber sido ambos DC, y sigue siendo mi amigo y muy dilecto”. Así debe ser, porque Marcos Sánchez no sólo acompañó a Rojas en la CEES, sino que actuó como representante suyo en varias operaciones inmobiliarias y hasta fue testigo de la esposa del ex ministro en un juicio por una propiedad en Concón.

En función de ese importante rol, CIPER le solicitó en al menos tres ocasiones a Sánchez una entrevista para este artículo. La respuesta fue siempre que estaba muy ocupado y que lo llamáramos “la semana siguiente”. Sólo el miércoles de la semana pasada, después de haberse informado que Patricio Rojas había sido entrevistado por CIPER, Sánchez llamó para hacer una precisión.

– Si se fija bien, en el decreto que le otorga la personalidad jurídica a la CEES dice “por orden del Presidente de la República, Francisco Cumplido, Ministro de Justicia. Lo transcribo para su conocimiento…”, y ahí viene mi nombre. El subsecretario lo único que hace es ser ministro de fe del ministro que firmó -dice, omitiendo que, pese a ese formalismo, fue su responsabilidad darle personalidad jurídica express a la CEES.

Sánchez ha sido investigado –al igual que otros- como una de las posibles personas que figura en la correspondencia incautada en Bélgica bajo la identidad falsa de “Marcos González” y que participó en la negociación de las comisiones ilícitas con los representantes de los Mirage Elkan. Esa “chapa” corresponde al encargado de contactar al entonces ministro Rojas para concretar el negocio. El nombre está en un fax incautado a Claude Baudrenghien, representante de Sabca en Chile (empresa que negociaba la venta de los aviones), donde se afirma que el contacto más cercano de los belgas con el pediatra DC es el hoy fallecido representante de empresas de armamentos Carlos Honzik. El fax agrega que: “Vega deseaba tener una decisión en abril y el ministro actual (Rojas) presiona para antes del 11 de marzo, pero desea más plata”. Honzik fue el mayor distribuidor de las coimas por compra y venta de armas desde los ’70 a los ‘90’, principalmente a Pinochet.

Los primeros días de marzo –y los últimos antes del cambio de gobierno- parecen haber sido decisivos para la firma final del contrato. El miércoles 2, Patricio Rojas informó en rueda de prensa que la decisión final era inminente. Y el domingo 6, el ministro de Defensa belga, Leo Delacroix, anunció oficialmente el interés de Chile por comprar a ese país la flota de Mirage 5, y se mostró dispuesto a venderlos, recalcando que las Fuerzas Armadas locales “están controladas por civiles”. Así consta al menos en las notas publicadas por El Mercurio.

“Marcos González” figura en otro documento clave incautado a Baudrenghien –enviado a Sabca-, donde se lee: “Mi sensación es que en la repartición de las comisiones parece ser que el ministro (Patricio Rojas) debe ser el centro gravitante del sistema y no los militares. Es preciso tener una indicación sobre la forma de contactar a los políticos, ya que son ellos los que deciden en lugar de los militares. Hay que volver a recontactar a Marcos (González) y disculparme, habría llamado a mi hotel para encontrarse el fin de semana. Es un punto de entrada directo y posible, vuelve de un viaje en el sur con el ministro Rojas”.

El “viaje al sur” podría ser –según publicó La Tercera en enero último- uno que hizo Rojas como ministro a bordo de la patrullera Ortiz de la Armada, durante la primera semana de febrero de 1994, a Puerto Montt, la Laguna San Rafael, Aysén, Chaitén y Coyhaique. Entre los civiles que lo acompañaban estaban el entonces senador DC y miembro de la Comisión de Defensa, Sergio Páez, y el a esa fecha subsecretario de Justicia y ex de Guerra, Marcos Sánchez Edwards.

Las platas que no cuadran

Volviendo al origen de la CEES, el mismo día que Rojas, Sánchez y Kindermann dejaban el gobierno -mientras Mario Fernández volvía a la Subsecretaría de Aviación-, comenzó a funcionar legalmente dicha entidad. Reconstruir lo que hicieron sus integrantes durante los primeros tres años de su funcionamiento no ha sido fácil. Pese a que la ley obliga a las entidades sin fines de lucro a remitir a la subsecretaría de Justicia el registro de sus actividades y contabilidad, fue imposible obtener documentación oficial completa que acredite qué hizo y quiénes participaron en dicha corporación entre los años 1994 y 1996. CIPER formuló en reiteradas ocasiones solicitudes de acceso a la información a dicha cartera, la que respondió asegurando que enviaban copias de todos los papeles que la entidad de Rojas les había entregado. Del resto no hay noticias. Tampoco sanciones.

Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa -en distintas presidencias de los últimos 20 años- afirmaron a CIPER en forma separada y bajo reserva de su identidad, que esa repartición le pagaba a Rojas en forma anual por estudios que no se justificaban, práctica que se cortó en una fecha no precisada.

El dossier incluyó las memorias y balances contables entre 1997 y 2004, más copias de las actas de directorio y de asambleas de socios entre 1998 y 2005. La subsecretaría sostiene que los documentos faltantes nunca le fueron entregados por la CEES: “Tanto las memorias de los años 1995, 1996, 2005, 2006 y 2007, como los balances de los años 2005, 2006 y 2007 han sido solicitados a la entidad mediante Providencia N° 1374, de fecha 20 de febrero de 2009, del Departamento de Personas Jurídicas de esta Cartera de Estado, reiteradas a través de Providencia N° 1706, de fecha 10 de marzo de 2009”.

Justicia agregó que los balances de 1995 y 1996 estaban en el Archivo Nacional. Allí se encontraba una carta enviada por la CEES a Justicia el 28 de mayo de 1996, en la que, según se lee, adjuntaban ambos registros contables y “una copia del acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad”. La sorpresa fue que si bien los balances estaban –o algo que dice ser un balance porque son simples y escuetos recuentos de ingresos y egresos-, el segundo documento no se encontraba donde debía, lo que impide comprobar quiénes integraban el directorio y otros cargos. Considerando lo que sigue, la omisión no es irrelevante.

Los papeles hallados en el Archivo Nacional exhiben una de las tantas contradicciones de la historia de la CEES. Aunque la carta enviada por dicho organismo a Justicia dice textualmente que, “durante el año 1994 la Corporación no tuvo actividad”, el balance de 1995 ya indica que hay un “saldo anterior” de $ 2.113.543. Es decir, alguna actividad debió haberse llevado a cabo en 1994. A falta de documentos de la entidad sobre ese año, se les preguntó a los fundadores de la CEES. De los consultados, el único que recordó algo sobre sus inicios fue Patricio Rojas.

Según el ex ministro, en 1994 –entre otras cosas- la agrupación buscó “potenciales demandas de estudios, y hasta presentó el primer proyecto”, pero al revisar sus apuntes precisó que “el primer trabajo contratado” se hizo en 1996.

Las palabras del ex ministro contradicen por partida doble a este segundo set de documentos. Por un lado, la ya citada carta de la CEES dice que en 1995 “se ejecutó un estudio encargado a la Corporación por el Ministerio de Defensa Nacional”. Y por otro, los balances del mismo año indican que la CEES recibió en 1995 ingresos por un total de $53.710.318. Eso incluye el mencionado “saldo anterior” de $2.113.543, más los ítemes de “Aportes nacionales”, “Aportes internacionales”, “Intereses ganados” e “Ingresos por explotación”.

Descontando los gastos y, siempre según el balance, al final de su segundo año de funcionamiento la CEES tenía en caja $29.566.265. Cifra que tampoco se ajusta a lo que dice el ex ministro cuando explica cuánto recaudaba anualmente su corporación:

– Cada estudio costaba alrededor de 12, 13, 14 millones, y era más o menos un estudio al año. Con suerte, cuando tocaba estudios.

Esta es la primera de las numerosas y gruesas incongruencias que arrojan sólo los balances de la entidad que han podido ser recuperados, y que abarcan desde 1995 a 2004.

Tanto es así, que si se toman los números de todo ese período, no hay nada que explique por qué 1995 fue por lejos el año más rentable de la corporación de Rojas. Mientras ese año entraron poco más de $50 millones de pesos, los ingresos de cada uno de los años con balances recuperados, sin considerar el ítem “Saldo Anterior”, jamás superaron los poco más de veinte millones de pesos. Eso, sin considerar que hasta ahora no han aparecido las contabilidades del año 1994 y del 2004 en adelante, si las hubiera.

Más adelante, a partir de 1997, el análisis de la documentación de la CEES obtenida en la subsecretaría de Justicia y que fue contrastada con la información de los estudios contratados -que CIPER solicitó y obtuvo del Ministerio de Defensa- confirma que la corporación de Rojas le vendió diversos estudios a la misma cartera que él había encabezado, y en la cual varios de sus integrantes trabajaron. Incluso, uno de sus miembros entre 1994 y 1998, Eugenio Cruz Pinochet, siguió siendo funcionario de dicho Ministerio.

Según los documentos enviados por el Ministerio de Defensa, la corporación de Rojas le vendió 6 estudios o proyectos entre 1997 y 2005. A eso se suma otro trabajo financiado por el Fondecyt el ‘96. No obstante, las memorias y documentos de la CEES mencionan a lo menos otros ocho trabajos terminados y de los cuales sólo se conocen tres de sus compradores: las fundaciones Konrad Adenauer y Santillana y el Ministerio de Defensa. Con respecto a este último, a pesar de que en la memoria de la CEES del ’95 figura un estudio encargado por esa repartición, ésta no encontró ningún trabajo con la corporación ese año.

Las actas de la CEES también mencionan frecuentes tratativas con otros mandantes, entre ellos el Ministerio del Interior. Pero sobre éstos no hay información precisa. Pese a que CIPER le envió a dicha cartera una solicitud de acceso a la información el pasado 12 de marzo, a la fecha no ha emitido una respuesta respecto de si se pagó a la entidad del ex ministro o no, y cuáles fueron los montos involucrados.

Sólo la subsecretaría de Desarrollo Regional respondió que en sus archivos no se encontraba ningún estudio pagado a la CEES. La misma petición se hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores. En su respuesta, el subsecretario aseguró que en sus registros no figura ningún contrato.

En las memorias de la entidad sin fines de lucro de Rojas, se hace mención, por ejemplo, a trabajos para un seminario organizado por el Centro de Estudios Socioeconómicos y Políticos para América Latina (CESPAL) en Buenos Aires (mayo 1995); y otro para el Diálogo Unión Europea- Grupo de Río sobre “Medidas de Confianza Mutua”, realizado en Punta del Este (Uruguay), en octubre del ’95. Si se toma en cuenta que hasta 2003 era posible para los entes públicos ocupar los fondos reservados para pagar estudios, es probable que jamás se tenga precisión sobre cuántos trabajos se le pagaron al CEES y por qué montos.

Otra de las actividades de la CEES investigadas por CIPER fueron los proyectos que la corporación de Rojas presentó a los concursos de Fondecyt para obtener su financiamiento. De los seis que registra dicha entidad, sólo ganó uno tras un complejo –y hoy criticado- proceso de aprobación y que le reportó financiamiento estatal por $21.663.000, lo que cubrió una encuesta, pasajes aéreos, honorarios, y un completo equipamiento de oficina: una impresora y un computador, entre otros. Este último trabajo abre la puerta a una nueva y reveladora faceta del trabajo de la CEES.

Un general en escena

“De la seguridad hemisférica colectiva a la cooperación para la paz en el continente” se llamaba el proyecto que la CEES presentó a concurso de Fondecyt en 1996, indicando que el propio Rojas era su investigador principal, junto a dos co-investigadores: Claudio Troncoso –socio fundador del CEES y hoy director jurídico de la Cancillería- y el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador en Estados Unidos, Patricio Silva Echenique, quien falleció en 1997.

Al revisar los expedientes del proyecto almacenados en el Archivo Nacional, aparecen nuevas dudas. El trabajo fue inicialmente aprobado con un financiamiento para tres años (1996 a 1998) de $33.913.000. Pero durante el largo proceso de evaluación, el Fondecyt decidió recortarle el último año. La suma que recibió al final la CEES fue $21.663.000. Un destacado académico que estuvo a cargo de la evaluación del estudio, indicó que el recorte se habría debido a una de dos razones: a un ajuste general de fondos o porque se estimó que el trabajo no ameritaba semejante gasto. Y a modo de conclusión sobre lo que se le pagó a la entidad de Rojas, acotó:

– Los fondos que le asignaron me parecen, y siempre me parecieron, excesivos, abultados. Me dio la impresión que querían montar una oficina con lo que ganaron en el concurso Fondecyt.

El trabajo se basó en una serie de encuestas y entrevistas en profundidad a “altos jefes militares y autoridades” de Chile, Argentina y Uruguay, para lo cual la CEES contrató los servicios de la consultora MORI. Académicos con experiencia en el trabajo de Fondecyt señalan que ya es anómalo que se haya financiado con dineros públicos un trabajo que descansaba sobre “una suerte de subcontratación” en lugar de tareas propias.

Lo que más despertó comentarios entre los profesionales que recordaban este caso fue que no había constancia de que la CEES cumpliera un requisito importante en ese medio: que su estudio fuera publicado y divulgado por canales académicos y no políticos. “Es una manera de certificar si el trabajo es o no aceptable para la comunidad académica”, grafica uno de ellos.

Casi dos meses antes que Rojas dejara el gobierno de Aylwin, Rojas constituyó la CEES junto a otras nueve personas. Entre éstas se contaban tres subsecretarios que habían servido bajo sus órdenes: Jorge Kindermann Fernández (Carabineros), Mario Fernández Baeza (Aviación) y Marcos Sánchez Edwards (Guerra). El primero se encontraba ese día en funciones, mientras que Sánchez era entonces subsecretario de Justicia y como tal firmó el decreto que le otorgó personalidad jurídica a la entidad.

Pese a que durante el proceso Rojas sugirió publicar el estudio en la Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, finalmente eso no ocurrió. El mismo ex ministro confirma lo anterior, pero explica que tal trámite se cumplió cuando el trabajo se dio a conocer en un seminario realizado junto a la Fundación Konrad Adenauer, en noviembre de 1997, en el Diego Portales. “Entendimos que la publicación del seminario era cumplir con la obligación; se editó un folleto”, afirmó. Uno de los especialistas consultados es tajante:

– Ese seminario de Defensa es uno del “Club de Toby”, no es académico.

A propósito de la Fundación Konrad Adenauer, en el dossier entregado por la subsecretaría de Justicia la entidad alemana –históricamente muy cercana al financiamiento de la DC- es mencionada en varias ocasiones como cliente de la corporación: por ejemplo, las actas del directorio de 1998 hablan del estudio “Servicio Militar Obligatorio” costeado por dicho organismo, aunque no se explicita en el balance el monto recibido. Otro comprador de proyectos fue la Fundación Santillana, con la cual la CEES firmó un contrato en 1999 para el trabajo “Hacia una nueva estructura de la Educación Básica en Chile”. Los nexos de Rojas con la Fundación Santillana datan de los años 70, según él mismo lo relató a CIPER.

Volviendo a Fondecyt, CIPER le consultó formalmente a dicho organismo estatal si la CEES había participado en otros concursos. La respuesta fue que lo había hecho en otras cinco ocasiones entre 1995 y 1997, sin lograr la aprobación. Pero Fondecyt se negó a detallar –argumentando que se trataba de antecedentes confidenciales- sobre qué versaban dichos proyectos y quiénes eran los encargados directos por parte de la corporación.

CIPER logró obtener dicha información de otras fuentes, que arrojaron otra sorpresa. En uno de esos cinco estudios figura como investigador principal el ex comandante en jefe de la FACH y entonces retirado general Ramón Vega Hidalgo, el principal procesado hasta ahora en el juicio de los Mirage. El hecho probaría que Vega se vinculó a la corporación de Rojas bajo alguna calidad, que por la documentación de la CEES que no aparece se hace imposible precisar.

El negocio del clan Dezerega

El hasta ahora desconocido nexo de Rojas con Vega no es el único que vincula al ex ministro y a la CEES con los protagonistas del Caso Mirage. Hay otro ingrediente que se suma a la férrea amistad del médico DC con Bartolomé Dezerega y su relación laboral con su hijo, Alejandro Dezerega Petoohoff. Este último constituyó el 19 de julio de 1995 la sociedad anónima cerrada Premium Risk S.A., junto a José Antonio Buenaño González (ingeniero civil), Carlos Antonio Parada Abate (abogado), y Juan Carlos Delaunoy Campusano (contador auditor). La sociedad fue publicada en el Diario Oficial el 2 de agosto del mismo año.

Los socios iniciaron la empresa con un capital de un millón de pesos -a través de la emisión de cien acciones- y definieron como giro una amplia gama de actividades: asesorías financieras, inversiones inmobiliarias, intermediación, compra y venta de toda clase de bienes y hasta servicios educacionales.

Al momento de crear su empresa, Dezerega Petoohoff ya había pasado del aparato público al mundo privado, pero no de un viaje. Dos meses después de regresar de su “beca de oro” en California, ingresó como socio de la CEES en agosto de 1994, según un acta escrita a mano que la corporación entregó a CIPER. Sin embargo, no renunció al Ministerio de Defensa sino hasta mayo de 1995, por lo que siguió trabajando en ambas partes durante nueve meses. Un mes después de abandonar el Diego Portales, constituyó su propio negocio.

En paralelo a su trabajo en la agrupación de Rojas, el negocio de Premium Risk comenzó a crecer. En mayo de 1996, sus accionistas aumentaron el millón de pesos con que habían comenzado a un capital de poco más de $ 184 millones, a través de la emisión de nuevas acciones. Así lo registraron ante notario el 4 de junio. Ese mismo día, Bartolomé Dezerega aparece en escena transfiriéndole a la sociedad, a modo de aporte, una oficina -la 221- que tenía en el Edificio Médico Manquehue, en el 5.900 de avenida Vitacura.

El ex gerente de TVN había comprado ese inmueble en 1993, época en que concretó otras operaciones inmobiliarias: ese mismo año adquirió otro inmueble en la calle Napoleón, y al año siguiente (1994) un departamento en la Avenida Borgoño, que une Viña del Mar y Reñaca.

A esas alturas, Dezerega padre figuraba como miembro del directorio de la empresa de su hijo. Nadie sabía entonces que el viejo amigo de Rojas tenía cuatro cuentas en el Banco del Espírito Santo de Miami: una de Premium Risk, otra personal suya, otra de Shanghai Overseas Investments Ltd., y una de Nor-Sur Management Consultants. En al menos tres de estas cuentas Dezerega recibió los 12 depósitos que suman hasta ahora US$ 2.995.000 provenientes de una cuenta del representante de armamentos Conrado Ariztía. Él y Dezerega son viejos amigos: sus hijos –según publicó La Tercera– fueron compañeros en el Grange (ver recuadro con la operación de los pagos de las comisiones por la compra de los Mirage).

El resto del ‘96 parece haber sido crucial para Premium Risk. El 30 de septiembre, sus accionistas repactan la sociedad y deciden “aprobar el pago de acciones por medio del aporte de bienes raíces”, según consta en la escritura notarial extractada en el Diario Oficial. En la misma se mencionan dos transferencias inmobiliarias, ambas hechas por Bartolomé Dezerega: en una aporta el inmueble de calle Napoleón que había comprado en 1993, y en la otra el departamento adquirido en Reñaca en 1994. Ambas propiedades sumaron $114.600.000.

El último día de 1996, Premium Risk compró un departamento y bodega en calle Latadía a Olga Petoohoff Porskoriakova, la esposa de Bartolomé Dezerega y madre de Alejandro Dezerega. En abril 1998, la sociedad vuelve a aumentar su capital a casi $239 millones, para lo cual se emitieron más acciones. La empresa recién vuelve a registrar movimientos importantes el año 2006, cuando el Caso Mirage ya comenzaba a ser conocido en Chile. A partir de entonces, Premium Risk empieza a vender las propiedades con las que había engrosado su capital, hasta desprenderse de todas las nombradas.

Entre los cinco proyectos que la corporación de Rojas envió a Fondecyt –y que no fueron aprobados para su financiamiento- hay uno en que, según fuentes consultadas por CIPER, figura como investigador principal el ex comandante en jefe de la FACH y entonces retirado general Ramón Vega Hidalgo, el principal procesado hasta ahora en el juicio de los Mirage.

La primera venta fue el departamento y la bodega de Latadía, comprados a la madre de Dezerega Petoohoff. El 17 de abril Marianela Lezana Soya y Mauricio Tapia Reyes las adquieren por UF 2.232. Luego, el 31 de agosto, venden la oficina en el Edificio Médico Manquehue –la misma que Bartolomé Dezerega había comprado en 1993 y transferido en 1996- a Alfredo Avaria Cañas, en $22 millones. Al mes siguiente, Alejandro Dezerega le vende a Marcela Tschorne en $62 millones, un departamento en calle Vaticano, que había comprado en 1994.

Al año siguiente, 2007, Bartolomé Dezerega vende un departamento también ubicado en calle Latadía, a la Sociedad Asesoría Inversiones Las Vertientes Ltda, en $37 millones. Y el año recién pasado, 2008, Dezerega padre, su esposa, sus cuatro hijos, incluyendo a Alejandro, crean la Inmobiliaria Porvenir S.A. El mismo día de su constitución, el 17 de junio, el jefe del clan le transfiere a la nueva sociedad la casa familiar de calle Vichato, en Las Condes.

Por último, el 27 de noviembre Premium Risk S.A. vende la oficina, bodega y estacionamientos que tenía en calle Napoleón a Paula Montt Cáceres y Eliana Cáceres Bravo, por $53.700.000.

Otros contratos con Defensa

Cuando CIPER le preguntó insistentemente al ex ministro Rojas por cómo describiría su amistad con Bartolomé Dezerega, se negó muy molesto a responder. A los pocos minutos dio por terminada la entrevista. Una reacción algo similar tuvo durante la misma sesión, cuando se le consultó por dudas puntuales en algunos contratos de la CEES. Uno de ellos le permitió a la entidad venderle a la subsecretaría de Guerra un estudio sobre los ministerios de Defensa de Alemania, Francia, España, Reino Unido e Italia. Según copias proporcionadas a CIPER por la misma cartera, el acuerdo fue firmado por Rojas y por el entonces subsecretario Mario Fernández Baeza, el 17 de julio de 1997.

El contrato fijaba un pago de $13 millones y un plazo de entrega para el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero el 4 de diciembre, la entonces directora ejecutiva de la CEES, María Eugenia Navarrete, le envió a Fernández una propuesta para modificar el convenio y prorrogar el plazo hasta el 30 de junio de 1998. En la carta, la abogada alude a “lo que conversaste con Patricio”.

Fernández accedió, y el 24 de diciembre –Nochebuena- modificó el contrato en esos términos. El 30 de abril de 1998 volvió a modificarlo, ya no sólo alargando el plazo hasta el 31 de diciembre de ese año, sino que además, aumentando el monto del contrato de $13 millones a $23 millones.

Ante estos antecedentes, Rojas –sin disimular su incomodidad- sólo indicó que “el estudio era muy complejo y queríamos hacerlo muy bien”, y que eso mismo hizo subir los costos. Agregó que dicho trabajo fue fundamental para reorganizar el Ministerio de Defensa.

Dos meses después de regresar de su “beca de oro” en California, Alejandro Dezerega ingresó como socio de la CEES, en agosto de 1994. No renunció al Ministerio de Defensa sino hasta mayo de 1995, por lo que siguió trabajando en ambas partes durante nueve meses.

Dado que Fernández figura entre los fundadores de la CEES, el episodio obligaba a aclarar si para esa fecha el entonces subsecretario era o no integrante de dicha entidad. Las memorias y actas que cubren el período 1997-2005 –las únicas disponibles- no mencionan al hoy integrante del Tribunal Constitucional, pero tampoco indican si se retiró en alguna fecha. No es lo que ocurre, por ejemplo, con otras renuncias de las que sí se dio cuenta en distintas actas de directorio: María Eugenia Navarrete (1998), Claudio Troncoso (2000) y Eduardo Arriagada (2000).

Rojas manifestó inicialmente que no recordaba ese dato, y que si para entonces Fernández formaba parte de la CEES, podría deberse “a un error, un olvido”, y que “si hay algo que se hizo mal, ¡se hizo mal!”. Horas después de la entrevista, precisó –por intermedio de uno de sus funcionarios- que el entonces subsecretario se había retirado de la entidad “el 30 de agosto de 1994”, según constaba “en un acta” que llegó a CIPER. Allí dice que Fernández presentó su renuncia el 24 de junio de 1994.

A su vez, el propio Mario Fernández explicó que dado su rol en el Tribunal Constitucional no puede dar entrevistas, pero sí nos entregó una copia de su carta de renuncia, con la misma fecha.

Todo queda en familia

Otra arista con sorpresas es la que resulta del análisis de las operaciones inmobiliarias de algunos de los fundadores e integrantes de la CEES. De partida, las oficinas en que ésta funciona se ubican en el quinto piso de Asturias 271, en Las Condes. Es el mismo domicilio que registra la Fundación Valle Lo Aguirre (link a recuadro), entidad vinculada a la Universidad de Chile y de la cual Rojas es vicepresidente ejecutivo.

Los balances de ambas entidades registran que cada una ha pagado durante todos estos años un arriendo por las oficinas 51 y 52, que ocupan todo el quinto piso. Consultado Rojas acerca del arriendo que paga la CEES, dijo recordar que era del orden de los $200 mil, dependiendo del año. Pero sólo el balance de 1996 de la corporación indica que durante ese año se gastaron $7.500.000 por ese concepto, lo que en promedio arroja un arriendo mensual de $625 mil. Sorprendido al ver las cifras, el ex ministro argumentó que esa cifra se “redujo drásticamente” en los años posteriores, debido a la falta de recursos.

Lo cierto es que los gastos por arriendo de la CEES sólo se redujeron considerablemente a contar de 1999 y hasta el 2004, año del último balance disponible. En total, durante el período 1996-2004, los balances de la CEES indican que se gastó en arriendo un total de $38.841.072. Las cifras de 1995 no registran egresos por ese concepto, y no hay documentación que detalle cuánto se gastó en 1994, y desde 2005 a la fecha.

El monto gastado cobra relevancia si se considera que el inmueble que abarca las oficinas 51 y 52, más los estacionamientos 3 y 4, y la bodega 6 de Asturias 271 fue comprado el 28 de noviembre de 1994 por Carlos Eduardo Rojas Saavedra, quien registró la compraventa ante el notario Patricio Raby. Es decir, la CEES le pagó arriendo a su propio tesorero y hermano del ex ministro Rojas. Otro tanto ha hecho la Fundación Valle Lo Aguirre.

Cuando se le preguntó a Rojas por este antecedente, airado se quejó que se le estaba insinuando que él era el dueño de las oficinas. Resulta que su hermano falleció el 15 de febrero de 2008, pero la propiedad no la heredó ni su viuda ni sus hijos. Poco más de un año antes, el 26 de enero de 2007, le transfirió todo el inmueble a María Antonieta Olmedo Quero, la esposa de Patricio Rojas. Dicha operación fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces el 24 de diciembre –nuevamente Nochebuena- a requerimiento de Marcos Sánchez Edwards.

Rojas afirmó que la CEES “no paga un peso de arriendo” desde el año pasado (2008), aunque sí lo sigue haciendo la Fundación Valle Lo Aguirre. Pero no aclaró por qué su hermano decidió transferirle el inmueble a su cuñada en vez de a su esposa. Un integrante de la misma corporación y antiguo conocido de Rojas comentó a CIPER que “lo que puede haber ocurrido es que Carlos haya comprado todo eso con plata de Patricio”.

El historial inmobiliario del ex ministro también resulta llamativo. En las declaraciones de patrimonio e intereses que presentó a la Contraloría cuando asumió y luego fue destituido de la presidencia del Sistema de Empresas Públicas (2006-2008), no figura ningún inmueble a su nombre. Su casa de calle Huara Huara está a nombre de su esposa, así como una propiedad en Concón. Hasta 1998, esta última colindaba con otro sitio suyo en el sector conocido como Los Romeros, que María Antonieta Olmedo había recibido en 1995 a través de una resolución de la entonces seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, María Eugenia Mella (DC).

El arriendo que durante años han pagado la CEES y la Fundación Valle Lo Aguirre por sus oficinas fue a parar directamente al hermano de Rojas y permanente tesorero de la corporación, Carlos, quien las había comprado en 1994. Un año antes de morir, el 2007, le transfirió todo el inmueble a María Antonieta Olmedo, esposa del ex ministro de Defensa. En algunos períodos la CEES pagó por ellas más de $7 millones anuales.

Dicho dictamen provocó un largo conflicto judicial con Hernán Jiménez Bulnes, quien la demandó asegurando haber comprado el mismo terreno. Durante el juicio, Olmedo presentó una batería de testigos, todos DC: los entonces senadores Andrés Zaldívar y Juan Hamilton, Marcos Sánchez y el abogado Juan Achurra. Finalmente, en 1998 la esposa de Rojas perdió el caso y el terreno. En la propiedad colindante que aún conserva se levanta hoy un edificio de cuatro pisos, al que suele retirarse a descansar el matrimonio Rojas Olmedo y los hijos de ambos.

Si el ex ministro no declaró propiedades ante la Contraloría, fue porque en cierta forma siguió el comportamiento inmobiliario de su viejo amigo, Bartolomé Dezerega: las que tenía las vendió. Pero no a cualquiera. Por ejemplo, un departamento en Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer que había comprado en 1992 –siendo ministro- se lo vendió a su hijo José Ignacio el 28 de diciembre de 1999 en UF 2.938.

Rojas había comprado un departamento y dos estacionamientos en la calle Bellavista (Reñaca) en 1996, por los que pagó poco más de $64 millones. Lo mantuvo hasta el 2005, menos de un año antes que los Dezerega comenzaran a desprenderse de sus bienes raíces. El 9 de junio –según la escritura correspondiente-, el médico vendió el inmueble a un precio notoriamente menor al que había pagado nueve años antes: algo más de $40 millones. La operación no fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar sino hasta el 23 de diciembre del mismo año.

La compradora fue Susana Sara Cristina Crook Cortés. Muy pocos recuerdan que fue su secretaria de confianza hasta antes que Rojas asumiera como ministro de Defensa, en 1990.

(*) En esta investigación colaboraron las estudiantes en práctica Cristina Soto y Paula Guerra.

Última hora

Tras la publicación de este reportaje, el Ministerio del Interior envió una carta informando que el año 2002 firmó un contrato con la CEES para hacer un estudio sobre la legislación antiterrorista en Estados Unidos y el Reino Unido después de los atentados a las torres gemelas. Pagó $18.000.000. Ver carta (PDF)

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