Bienes, platas y deudas de los alcaldes III: Las comunas más importantes de regiones

En la cabecera norte de la isla grande de Chiloé sencillamente ignoraron la puesta en marcha de la reforma a la Ley 18.575, la que obliga a los jefes comunales -entre otras autoridades- a entregar a la Contraloría una declaración con todos los bienes, intereses y deudas que poseen al momento de iniciar su gestión y otra cuando finalizan su periodo. En el municipio de Ancud nadie se dio por enterado de la norma que dio origen a las declaraciones de patrimonio, formulario que desde junio de 2006 deben llenar las autoridades ejecutivas y legislativas cada cuatro años, y cuyo fin es que los ciudadanos puedan fiscalizar si hay enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Y nadie se encargó de representarles su incumplimiento de la Ley.

Porque aunque parezca increíble, hasta esta semana el alcalde de Ancud no había presentando su declaración. Su actitud es un verdadero indicador de las falencias que evidencia este sistema. En más de dos años, la Contraloría regional jamás fiscalizó al edil Pablo Ossio (DC) ni le notificó que, al no haber cumplido con esta obligación legal, se exponía a una sanción que va de 5 a 15 UTM (entre $180.000 y $540.000).

Y si el objetivo final de estas declaraciones es que se conviertan en una herramienta eficaz contra la corrupción a través de la activa fiscalización ciudadana, lo ocurrido en este municipio chilote revela su ineficacia: ni siquiera los partidos políticos opositores a la gestión de Ossio se dieron el trabajo de chequear la existencia del documento y la veracidad de su contenido. De hecho, los seis concejales de Ancud -en cuyos cargos recae la labor fiscalizadora de la gestión alcaldicia- tampoco entregaron sus declaraciones de patrimonio.

El proceso, aun cuando está destinado a cautelar la probidad pública, mantiene en pie una barrera que dificulta el rol fiscalizador de los ciudadanos. De acuerdo con el fallo adoptado por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2005, la Contraloría no puede entregar fotocopias ni reproducciones en formato electrónico de las declaraciones de patrimonio. Los interesados en el patrimonio de sus autoridades sólo pueden consultar los originales y copiarlos a mano o con grabadoras de audio. Para quienes residen en pequeñas comunas de provincia, la valla es mucho más alta. Para acceder a las declaraciones de sus autoridades locales, deben desplazarse en horario laboral a la ciudad donde se encuentre la sede regional de la Contraloría.

CIPER solicitó a la Contraloría consultar estos archivos. Copió los datos en formularios idénticos a los que usan las autoridades y publica ahora esas reproducciones para facilitar la labor de fiscalización de los ciudadanos. Después de los dos primeros capítulos dedicados a los bienes e inversiones que declaran los alcaldes metropolitanos, la serie se cierra con esta tercera entrega que contiene las declaraciones patrimoniales de los jefes comunales de los 27 municipios más importantes de regiones. (Ver declaraciones de alcaldes de la zona metropolitana norte y declaraciones de alcaldes de la zona metropolitana sur).

Un atraso de dos años

A comienzos de esta semana, cuando CIPER consultó por qué no figuraba la declaración de Ossio en el archivo de la Contraloría, la jefa de Personal de la Municipalidad de Ancud, Adriana Yánez, respondió que el formulario nunca fue llenado ni entregado por el alcalde. También confirmó que otras 28 personas que ocupan cargos directivos en el gobierno comunal, tampoco cumplieron con la obligación legal

A dos años de la entrada en vigencia de la norma, y en una curiosa coincidencia, la funcionaria comentó que precisamente todos los formularios serían presentados a la Contraloría la próxima semana. El trámite extrañamente se apuró y las declaraciones de Ossio y otros 20 funcionarios municipales fueron despachadas este miércoles 13 a la Contraloría Regional de Puerto Montt. Con tono de alivio, Adriana Yánez comentó ese día que sólo faltaban las de los concejales. De hecho, en esa misma jornada remitió a CIPER una copia del formulario que llenó el alcalde –fechado el 11 de este mes-, pero sin timbre de ingreso de la Contraloría.

El alcalde Ossio, quien no respondió las solicitudes de entrevistas de CIPER, tampoco había presentado su declaración de intereses, de acuerdo a la respuesta de Adriana Yánez. Un dato no menor, si se considera que las faltas relacionadas con la declaración de patrimonio sólo tienen multa en dinero, pero aquellas referidas a los intereses económicos del declarante -profesión u oficio y sociedades en las que participa- pueden ser castigadas hasta con la destitución si se detectan omisiones graves.

Atrasos en Arica e Iquique

La norma que regula las declaraciones patrimoniales de las autoridades estipula que éstas deben hacerse ante notario hasta 30 días después de haber asumido el cargo y deben actualizarse cada cuatro años o cada vez que se produzca un “hecho relevante” relacionado con los bienes, inversiones, intereses o deudas del funcionario. También tendrán 30 días de plazo para actualizar la ficha cuando se cambien de puesto dentro de la administración pública.

Además del alcalde de Ancud, que ostenta el récord en materia de retraso, otros jefes comunales que están en deuda con la Contraloría son los del extremo norte: Waldo Sankán, de Arica y Myrta Dubost, de Iquique: dos municipios en los que las irregularidades han dado paso a juicios de destitución. Ambos asumieron como alcaldes suplentes y aunque la ley los obliga a entregar su declaración porque ocuparon un nuevo puesto, no informaron sobre su patrimonio.

Los 30 días de plazo expiraron hace rato para Sankán (PPD), que reemplazó al destituido Carlos Valcarce el 20 de mayo pasado. Lo mismo ocurre con Dubost (independiente pro Alianza), que en abril de 2007 ocupó el sillón del que fue expulsado Jorge Soria.

Sankán hizo un mea culpa: “Debo ser sincero, no sabía que había que actualizar esta declaración al asumir el cargo como alcalde suplente ni tampoco fui informado por quienes deberían ser responsables en la parte administrativa. Pero, más allá de las responsabilidades, me doy por enterado y no tengo ningún problema en actualizar mi declaración de patrimonio”. Claro que el reconocimiento no significa que se ahorrará la multa. Esto, claro está, si es que alguien decide llevar la denuncia a la Contraloría o directamente a los tribunales. Lo mismo corre para Ossio y Dubost.

Una situación radicalmente distinta es la que afecta al alcalde de Los Andes, Manuel Eduardo Enrique Rivera Martínez (UDI), cuya declaración no figura en los registros de la Contraloría. No obstante, el edil aconcagüino puede dar fe de que no ha incurrido en una irregularidad: Rivera hizo llegar a CIPER una copia del formulario, debidamente timbrado por la Contraloría Regional de Valparaíso e ingresado a esa repartición con el número 04091 del 21 de julio de 2006.

Sociedades y negocios

Al revisar las declaraciones patrimoniales de los alcaldes de ciudades de regiones, un dato que salta a la vista es que muy pocos de ellos participan en sociedades comerciales, en contraste con lo que ocurre con los jefes comunales metropolitanos. Sólo cinco de los 27 ediles que componen la nómina de las comunas de provincia, integran sociedades (uno de ellos participa en tres y otro, en dos). En cambio, entre los 49 alcaldes de los comunas metropolitanas, 19 integran sociedades con fines de lucro.

En todo caso, el edil de Los Ángeles, Joel Rosales Guzmán (independiente pro Alianza), en su declaración deja en claro la importancia que concede a sus negocios privados. En los espacios que el formulario destina a registrar la dependencia administrativa y el cargo (“municipalidad” y “alcalde”, respectivamente), Rosales prefirió poner primero su empresa “Servicios Forestales y Transportes Rosales” y se apuntó como “socio”. Después agregó -a mano- las referencias al municipio y a su puesto de alcalde. De hecho, en el espacio donde debía consignar el lugar en que se desempeña, Rosales no puso la dirección de la Municipalidad de Los Ángeles (Caupolicán 339), sino la de su negocio: Valdivia 300, oficina 303.

Similar actitud tuvo el alcalde de Coquimbo, Óscar Enrique Pereira Tapia (DC), quien no se registra en el formulario como “alcalde”, sino como jubilado del Servicio Nacional de Salud.

La declaración de patrimonio más “liviana” en este grupo de ediles de provincia, es la del alcalde de Rancagua, Carlos Arellano Baeza (DC), quien sólo apuntó los datos referidos a su nombre, estado civil, domicilio y lugar donde desempeña sus funciones. El resto de la ficha lo dejó en blanco. Arellano asegura que, salvo su sueldo a fin de mes, no tiene más fondo financiero que sus bolsillos. Ni siquiera una tarjeta de crédito.

En el ranking de la “austeridad”, le sigue el alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo (DC), cuyas únicas propiedades son la sede democratacristiana local, a la que asigna un valor comercial aproximado de $20 millones, un PC y un bote (además de otro bien mueble ilegible). El resto, sólo deudas: un crédito hipotecario por 835 UF y tres créditos de consumo.

Dinero bajo el colchón

El único edil de regiones que no esperó el cambio de mando municipal o que se cumplieran cuatro años desde que hizo el primer formulario para actualizar el documento, fue el de La Serena, Raúl Saldívar Auger (PS), quien cambió su declaración para informar una nueva adquisición. Efectivamente, en su primera ficha (19 de julio de 2006), Saldívar no informó inmuebles. Pero en su última declaración (21 de noviembre de 2006) apuntó una vivienda inscrita a su nombre ese mismo año.

El alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC), al parecer decidió proteger su privacidad y no llenó los siguientes campos obligatorios al declarar un bien inmueble: destino, ubicación, los antecedentes de la inscripción en el conservador (número, fojas y año) y si está sujeto a gravámenes (aunque más adelante consigna que tomó un crédito hipotecario por 1.348 UF en el BancoEstado). Cornejo sólo anotó que tiene la propiedad «plena o individual», que el inmueble está inscrito en el conservador de bienes raíces de Valparaíso y que su rol de avalúos es 08030-00013.

Finalmente, el dato curioso y sorprendente lo puso el suspendido jefe comunal antofagastino, Daniel Adaro (independiente, ex DC), quien se vio obligado a dejar su cargo porque el Ministerio Público lo investiga por fraude al fisco. Adaro fue reemplazado por Gonzalo Dantagnan (DC) el 30 de julio pasado y aún no se cumple el plazo de 30 días para que el alcalde suplente actualice su declaración. De acuerdo con los datos que puso Adaro en la ficha que llenó el 2006, al parecer no confía en los bancos o quería dar una contundente muestra de la eficacia de los mecanismos de seguridad ciudadana de su municipio. El alcalde suspendido declaró que guarda en su casa nada menos que $22 millones en efectivo.

La siguiente es la nómina de las declaraciones de patrimonio de los alcaldes de las 27 ciudades más importantes de regiones. Salvo aquellos datos consignados en las declaraciones de los alcaldes de Ancud y Los Andes, los antecedentes de las restantes fueron tomados de los documentos archivados en la Contraloría. En concordancia con el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2005, en lo relativo a proteger la privacidad de los declarantes, se han tarjado detalles de las direcciones de sus inmuebles y las placas patentes de sus vehículos.